248 resultados para Por ese arrebato innato
Resumo:
Durante miles de años los pueblos aborígenes lucharon exitosamente contra enfermedades, ante lo cual la medicina moderna ha guardado silencio. Por eso, rescatar ritos ancestrales para proteger la salud sexual y reproductiva de las mujeres es una opción que cobra fuerza hoy. En ese empeño, y en busca de una justa articulación entre la medicina moderna y la medicina tradicional, está trabajando el Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud (Gests) de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. Desde su conformación, el Gests se ha comprometido con el desarrollo y la asesoría de programas y proyectos de investigación de los sistemas tradicionales de salud que ayuden con su conocimiento, protección, recuperación, promoción y encuentro con la medicina moderna. En consecuencia, sus miembros han comenzado a estudiar, investigar, diseñar y promover estrategias y modelos que contribuyan con la implementación de una política intercultural de salud. Parte de ese trabajo, que se presenta aquí, recoge conceptos tradicionales sobre cuidado de la mujer, procesos de cambio, pérdidas y adaptaciones, y las expectativas para el futuro de cinco complejos culturales de Colombia. Una etapa importante de la investigación ha consistido en revisar creencias y prácticas, tanto en la literatura mundial especializada como en la memoria viva de las comunidades y en los sistemas médicos tradicionales . En segunda instancia, se han estudiado los efectos de la introducción del modelo biomédico occidental, los choques culturales, los procesos de aculturación y los dramáticos cambios en las tasas de morbi-mortalidad gineco-obstétrica y perinatal, directamente relacionados con procesos de pérdida cultural, en particular de las prácticas tradicionales de cuidados de la mujer. Por ello, la investigación en campo con comunidades se fundamenta principalmente en el ejercicio activo de transformación de las prácticas de salud orientado hacia la recuperación y la protección de conocimientos asociados al cuidado de la mujer. El trabajo ha tenido diversos componentes tales como el reconocimiento y la promoción de cabezas médicas, la formación de agentes interculturales de salud(**), la creación de comités voluntarios de salud, la construcción de jardines medicinales, la realización de talleres para la comunidad dirigidos por profesionales y por mujeres sabedoras, y la promoción activa de la cultura del autocuidado, que aprovecha el rico arsenal terapéutico y conceptual de las medicinas tradicional, popular y moderna. Adicionalmente, se ha realizado un juicioso trabajo de introducción prudente de conceptos y prácticas en la consulta médica que ha arrojado resultados significativos para patologías gineco-obstétricas que la medicina moderna no ha podido solucionar y que han enriquecido la práctica médica y, en particular, los programas de promoción y prevención de enfermedades de la mujer. Actualmente, las investigaciones están dirigidas a recabar evidencia científica, respetando siempre los marcos ontológicos y epistemológicos de los sistemas tradicionales de conocimiento, que aporte para la construcción de nuevas herramientas interculturales para la promoción, prevención y atención primaria de eventos relacionados con la salud femenina, incluyendo conceptos, valores, técnicas y recursos tradicionales .
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Hace veinte años Colombia era un pueblo ausente. Había mucho que escuchar y poco que opinar. La población era un actor silente que no participaba en las decisiones más importantes del país. Pero, para fortuna de la democracia, la Constitución Política de 1991 le dio un vuelco a la realidad colombiana. La participación dejó de ser una utopía y se convirtió en una realidad. Por eso, hoy existen diferentes mecanismos para que las personas puedan incidir en los asuntos que les interesan y que son esenciales para su vida. Esa gran fecha, 1991, además de traer cambios al modelo de Estado, significó un gran avance para la protección de los derechos colectivos. Se introdujo diversidad de normas que buscaban garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Constitución también es conocida como “Constitución ecológica”, pues está basada en una normatividad que encarna, como ninguna otra, los principios del Estado Social de Derecho, como el derecho a una vida digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. No hay duda de que el esfuerzo de la Constitución Política es inconmensurable. Peleó una dura batalla y se encargó de consagrar y proponer mecanismos que hicieran efectivo el derecho a la participación de las personas en materia ambiental. Desde ese momento el país ha avanzado, no se puede negar que en la sociedad se creó una verdadera conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y el ambiente, ya que hoy en día existe una real preocupación por la defensa de lo público. Es tal el cambio de mentalidad que se ha producido, que el interés de los ciudadanos por participar en las decisiones ambientales y de ejercer su derecho a acceder a la información es mucho más contundente que hace veinte años. Sin embargo, la batalla no está ganada, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy por hoy, en gestión ambiental, así como hay un inventario de éxitos, también hay una lista de asuntos sin resolver. Espacios y mecanismos anónimos. Aunque la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Desconocimiento de proyectos. Continuamente se generan conflictos o confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas desconocen cuál es objetivo del proyecto y sus alcances. Contravía.Ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan continuos enfrentamientos. Ausencia ciudadana.Muchas veces las comunidades implicadas no tienen un interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos.
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Se comía plátano todos los días, pero los huevos escaseaban. El vino se usaba para curar males como la gripe, y el carbón para ungir a los enfermos. Se atendía a los más pobres y se salvaba la vida a los soldados sin que, al parecer, hubiera un médico. No es una historia mágica. Es lo que, a fines del siglo XVIII, realmente pasaba en el antiguo Hospital San Juan de Dios de Cartagena de Indias, una institución que a pesar de una enorme precariedad económica salvó la vida a miles de soldados y necesitados. Éstos son sólo retazos de la larga historia que se esconde detrás de un hospital que sobrevivió a las más duras batallas del siglo XVIII, época en la cual la Corona Borbónica Española intentaba llevar a cabo una reforma sanitaria, tanto en España como en sus colonias americanas. En la Nueva Granada, lo que se buscaba era sanear los espacios urbanos, sacar los cementerios de las ciudades, luchar contra las epidemias, reestructurar los hospitales, y hasta poner en circulación más libros sobre salud (Alzate, 2007). Esa nueva política de salud se dirigía, especialmente, a la población libre mestiza, juzgada “dispersa y desordenada”, que formaba lo esencial de la reserva de mano de obra de ese territorio. En síntesis, había que elevar el nivel de salud de los “vasallos”, para así evitar enfermedades y epidemias que reducían la población y destruían el poco excedente de la producción. Todo se trataba de aumentar la riqueza de la Corona.
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¿Cómo pueden las organizaciones llevar prosperidad a los que aún no la han alcanzado? De acuerdo con Cardona (1962), identificar los intereses comunes de empresas e instituciones sociales es el camino para generar bien común para la sociedad. Y ese bien común será mayor cuando las organizaciones trabajan en colaboración con los individuos y grupos con los cuales tienen una relación recíproca que cuando actúan solas. ¿Cuál es la relación entre bien común, responsabilidad social y stakeholders? Crosby y Bryson (2005) dicen que bien común es el régimen actual o potencial de mutuo beneficio producido a través del cuidadoso análisis de los stakeholders. Pocos autores han estudiado la relación entre empresa y bien común (Ardangoña, 1998; Montushi, 2007); sus trabajos se encaminan a mostrar cómo el bien común impuesto por el Estado es la base de la teoría de los stakeholders. En este artículo se muestra cómo más allá de dicha teoría y de la responsabilidad social, las empresas, al ser parte de un contexto social, contribuyen a la conformación de un bien común con sus stakeholders, de manera conjunta, lo que les permite interactuar con la sociedad con la cual cohabitan.
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El cáncer del cuello uterino (CCU), considerado como la segunda causa de muerte por neoplasias malignas a nivel mundial, afecta principalmente a mujeres en edad fértil. Colombia no escapa a esta realidad, puesto que la incidencia anual de CCU se estima entre 32,9 y 36,4 casos en 100 mil mujeres. Para tratar de contrarrestar estas cifras, algunas investigaciones se han orientado al desarrollo de métodos complementarios a la citología a fin de detectar el Virus del Papiloma Humano, agente causante de esa enfermedad. Investigadores colombianos han realizado estudios que apuntan hacia ese objetivo. Uno de éstos ha reclutado, hasta el momento, a 40mil mujeres provenientes de 16 departamentos. Con los datos obtenidos, se ha logrado establecer que en nuestro país hay un gran número de mujeres infectadas por el VPH, las cuales, en su mayoría viven en regiones con altas tasas de morbilidad mortalidad y no tienen fácil acceso a los servicios de salud.
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Estudiar la perdurabilidad empresarial se convirtió desde el año 2004 en el principal tema de investigación para la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. Desde ese momento las investigaciones se orientaron a determinar las condiciones que podían contribuir a la continuidad de las empresas en el tiempo. Apoyados en las líneas de investigación de estrategia, cultura y conocimiento, se desarrolló un estudio en el que se concluye que si una empresa quiere perdurar debe contar con los siguientes elementos: identidad organizacional; formalización para la dirección; cohesión social para la acción; formalización que soporte el proceso de toma de decisiones; conocimiento del sector; diferenciación; dinámica social de los empleados; factores que contribuyen a la eficiencia, consolidación, gestión integral, conocimiento del entorno y el mercado; eficiencia en procesos y gestión financiera.
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A partir de considerar que es imprescindible el estudio de los componentes y procesos internos que se desarrollan en las empresas, el entorno complejo en el que se desenvuelven y las interacciones entre estos dos ámbitos, se formula el presente proyecto de investigación. Este se articula dentro de la línea de Estudios Organizacionales del Doctorado en Ciencias de la Dirección de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario en Colombia. Otras líneas de investigación y docencia de ese doctorado son: innovación, perdurabilidad, complejidad, liderazgo y estrategia. Este documento presenta la fundamentación conceptual del proyecto, sus ámbitos operativos y alcances, así como la metodología general de trabajo y la articulación con otras áreas de actividad en la Universidad.
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En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia Colombiana condenó a un médico por haber prestado sus servicios profesionales a personas pertenecientes a un grupo armado al margen de la Ley. En el presente escrito revisamos ese fallo a la luz de la teoría de la imputación objetiva para diferir de la opinión del Alto Tribunal, por cuanto entendemos que el ejercicio de la medicina jamás constituirá un riesgo desaprobado y éste es un elemento necesario para que pueda hablarse de un delito.
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La educación es un factor fundamental e indispensable para la formación y calidad de vida de todo individuo, su aplicabilidad vista como un derecho y bien fundamental para las personas debe tener la prioridad e importancia merecida por parte de los Estados, en pro del desarrollo no solo de los individuos sino de la sociedad como tal, pues la mejor forma de enriquecerla es a través de libros, colegios, computadores y demás elementos que pertenecen a una verdadera calidad social educativa. En ese sentido, se plantea un estudio de caso del plan sectorial de educación “Bogotá: una grande escuela” en el periodo 2004-2008
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Este documento presenta una revisión de las principales aproximaciones teóricas sobre recursos humanos en ciencia y tecnología y la modelación empírica de las carreras académicas y científi cas utilizando los Curriculum Vitae (CV) como fuente de información principal. Adicionalmente, muestra los resultados de varios estudios realizados en Colombia basados en la teoría del capital conocimiento. Estos estudios han permitido establecer una línea de investigación sobre la evaluación del comportamiento de los recursos humanos, el tránsito hacia comunidades científi cas y el estudio de las carreras académicas de los investigadores. Adicionalmente, muestran que la información contenida en la Plataforma ScienTI (Grup-Lac y Cv-Lac) permite establecer de manera concreta las capacidades científi cas y tecnológicas del país. Palabras claves: Recursos humanos, carreras académicas y científi cas, regresión discreta y modelos de elección cualitativa. Clasifi cación JEL: C25, O15.
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Con la creciente masificación de la enseñanza superior, las universidades afrontan dificultades en el cumplimiento de sus tareas tradicionales. Más concretamente, afrontan el desafío de compatibilizar la enseñanza profesional y la formación humanista e integral de sus estudiantes. En este artículo se evalúan los principales supuestos que obstaculizan en nuestro medio el diseño de un modelo de universidad capaz de afrontar con éxito ese desafío. También se ofrecen algunas indicaciones acerca de los requisitos que debería satisfacer un modelo universitario adaptado a las necesidades de la educación masiva.
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Hace varios años atrás el uso del celular era un bien que muy pocas personas tenían la oportunidad de adquirirlo. Por un lado esta adquisición era muy cara y además había muy poca oferta en el mercado. El uso de los celulares era estrictamente para llamadas urgentes y muy pocas personas podían tener este bien en sus manos. A medida que iban avanzando los años las personas generaban mas necesidades y las empresas hacían todo lo posible por satisfacer estas necesidades. Por esta misma razón las empresas empezaron a ir más allá que simplemente satisfacer estas necesidades. Por lo que empezaron a no solo crear un simple celular que sirviera para llamadas sino un celular que también incluyera cámara, video, mensajes de texto, mails, bluetooth, música, entre más funciones. Hoy en día un celular que no tenga este tipo de funciones es obsoleto y ahora las personas se vuelven cada vez más dependientes a un teléfono celular. Por eso es importante investigar si es verdaderamente importante y necesario tener toda la vida de las personas en el celular, si estas nuevas tecnologías son relevantes para la sustentabilidad de las empresas y también que beneficios trae la evolución de las nuevas tecnologías. En la actualidad se ha dado que para las personas es fundamental el uso de los smartphones, no solo en la vida personal sino también laboral. Por eso es relevante conocer qué tan importante es el Smartphone para las personas y también cómo se puede aprovechar esta tecnología. Para la sociedad en la que vivimos actualmente, estar en contacto con el mundo es fundamental y también ser parte de el, por lo que la aparición de estos smartphones ha permitido que ese acercamiento sea mas rápido y con mayor facilidad. En los últimos años, ha habido un boom en la oferta y demanda de este tipo de productos, en el cual las empresas han estado peleando por ofrecer tanto nuevos dispositivos y tecnologías, como también nuevos servicios en cuanto a conectividad y aplicaciones de estos.
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La constante transformación, tanto en el entorno como dentro de las organizaciones, que es percibida desde los últimos tiempos hasta la actualidad, hace que estas se encuentren cada vez más en limbos estructurales y funcionales. Es así como la comprensión de las nuevas dinámicas de comportamiento de esos organismos surge como alternativa para el desarrollo de nuevos trabajos de investigación que conduzcan a encontrar nuevas opciones que apoyen el proceso de direccionamiento y gerencia bajo la consigna de construir un futuro que permita a la organización ser perdurable en el tiempo. Por lo anteriormente planteado, el proyecto de investigación “Acrópolis de la competitividad bajo un diseño sistémico” es una propuesta que surge de la inquietud sobre cómo cada uno de los elementos (variables) de este modelo influye en el éxito y la perdurabilidad en el tiempo de una organización, con base en el estudio realizado años atrás y plasmado en el texto “Gestión estratégica y competitividad”, del autor Luis Fernando Restrepo Puerta. A manera de descripción general, este estudio se plantea bajo una visión sistémica y luego compleja de las relaciones e influencias que cada uno de los componentes planteados en ese texto tienen dentro de la organización.
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El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.
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Debido a las transformaciones sociales y económicas del mundo por causa de la tecnología, el desarrollo acelerado de los países capitalistas, la guerra constante, el aumento de la pobreza, el deterioro ambiental, entre otros factores que han ocasionado un impacto negativo en la mayoría de los países del mundo, la noción de derecho colectivo ha cobrado gran importancia por su trascendencia en la vida social. Como respuesta a esta nueva problemática que viene surgiendo en torno a lo vulneración y afectación de los derechos colectivos, se consagra en la Constitución Política de 1991 la Acción Popular, como el mecanismo idóneo para la protección y amparo de estos derechos. En ese orden de ideas surgen las Clínicas de Interés Público, con el fi n de promover el uso de estas acciones, fortalecer la investigación en el manejo de estos casos y ayudar a la población menos favorecida y más afectada en la vulneración de sus derechos colectivos, tal es el caso del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario (GAP). El presente borrador de investigación pretende exponer de manera sencilla la estructura, integración, reglamento, funcionamiento del Grupo de Acciones Públicas, así como los criterios utilizados para determinar la viabilidad o inviabilidad de un caso al interior del grupo –estas son las etapas que los estudiantes deben agotar previa la adopción de una estrategia jurídica para la defensa del derecho colectivo–. De la misma manera, se exponen las estadísticas del número de acciones constitucionales interpuestas (acción de Tutela, de Grupo, de Inconstitucionalidad, Popular y de Cumplimiento) con el correspondiente resultado, y un análisis de las sentencias favorables obtenidas por el GAP en la interposición de acciones populares, teniendo como instrumento de análisis el método francés y, por último, un breve glosario que contiene las palabras más empleadas al interior del grupo en desarrollo de sus funciones. El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, como Clínica de Interés Público, gracias a la trayectoria y esfuerzo constante de su coordinador, supervisores y estudiantes, se ha venido fortaleciendo con óptimos y valiosos resultados no sólo en la interposición de acciones, que como se verá a continuación han sido positivas y hasta la fecha se ha logrado la protección efi ciente y efi caz de muchos derechos colectivos vulnerados a varias comunidades, sino también, en relación con su estructura y funcionamiento, que gracias a la investigación, el contacto e interrelación con clínicas de interés público de otros países de mayor trayectoria como Argentina1, Chile2 y Estados Unidos, se ha venido enriqueciendo al punto que –como se ve a lo largo de este escrito– existe ya toda una metodología investigativa para la recepción, análisis y determinación de viabilidad de los casos que serán adelantados por el GAP, con el fi n de obtener así los resultados anhelados. Los casos son elegidos teniendo en cuenta el impacto social, el interés que se busca proteger, y sólo en la medida en que de la defensa del mismo, (haciendo uso del aparato jurisdiccional y de las herramientas que la Constitución Política y el ordenamiento jurídico tienen a nuestra disposición) pueda derivar consecuencias con incidencia en la modifi cación de las circunstancias que alteraron, vulneraron o amenazan con vulnerar el derecho colectivo, y con ello la estabilidad de la comunidad, el caso es asumido por el grupo. Por ello, los casos son asumidos con una perspectiva estratégica que permite enfocar el estudio y la investigación de los casos en torno a dos puntos importantes: la del cliente y la del interés público. El trabajo de la Clínica en la defensa del interés público y de los derechos colectivos, se ha estructurado bajo cinco líneas de trabajo: i) defensa de casos de interés público, ii) desarrollo de investigaciones y trabajos de campo, iii) control y supervisión permanente del caso por parte de los estudiantes integrantes del grupo, iv) participación en encuentros nacionales e internacionales, v) difusión de las actividades de la Clínica. Los casos asumidos por el GAP son utilizados para el trabajo académico con los alumnos de 9° y 10° semestre de Derecho en la Clínica Jurídica; así, además del carácter altruista y el sentido social que se imparte al interior del grupo, se logra que a partir de la defensa de casos concretos y la perspectiva del interés público, los estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos durante la carrera mediante la formulación de estrategias jurídicas, investigación, el desarrollo de una argumentación jurídica orientada a emplear y reformular las nociones y categorías de derecho (en muchos casos inservibles por sí solas), y desarrollar una nueva manera de articular el derecho y el uso de la jurisprudencia –como interpretación de las normas que constituyen nuestro ordenamiento jurídico–, para logar así la realización de los principios constitucionales que caracterizan a nuestro Estado como Estado Social de Derecho.