114 resultados para Explotación forestal


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Los resultados de esta investigación tienen como finalidad abrir los horizontes analíticos en el área del estudio de desarrollo regional, que frecuentemente no contempla la dimensión política, y la estructura conceptual y teórica del desarrollo sostenible además de ilustrar a organismos de carácter público o privado interesados en la materia que posean la capacidad de transformar este acercamiento académico y práctico a una realidad correcta. Para tal efecto en el primer capitulo se ubica y describe la zona geográfica de estudio, se realiza la justificación de los esfuerzos por adecuar esta vía de 8 comunicación en un corredor intermodal boiceánico, junto con una reseña de los hechos que dieron lugar al impulso político, social y económico de este proyecto. En el segundo capitulo se describe el marco político e institucional que da sustento político y económico al proyecto; el Server capítulo observa la dinámica y comportamiento de las actividades y circuitos productivos de la región. El cuarto capitulo valora el potencial de explotación y las posibles áreas en las cuales se desarrollarían proyectos de desarrollo sostenible. El quinto capitulo evaluará por medio del modelo de desarrollo sostenible los posibles impactos positivos de la adecuación de corredor intermodal Tumaco – Puerto Asís – Belém del Pará para el desarrollo sostenible de la región amazónica colombo brasileña.

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Esta monografía pretende describir en breve a los interesados en el tema, el panorama general en lo referente al compromiso social de una multinacional de hidrocarburos y un Estado. Así mismo, se espera, que este escrito sirva para concientizar al lector y a otros investigadores, que se debe aumentar la cuota de compromiso social por parte de las multinacionales para con los países de la región, incentivando la investigación y explotación local en pro de la mejor utilización de los nuevos recursos naturales encontrados y el aumento del nivel de vida de los pobladores en Bolivia. Esta investigación de tipo descriptivo, recurrió a otros estudios o investigaciones referentes al tema central propuesto, ya que las políticas de Hidrocarburos en Bolivia y el no cumplimiento de compromisos sociales, son temas vigentes en la actual coyuntura mundial y de Bolivia.

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Para poder desarrollar está hipótesis, se han tomado como base los casos de estudio de Perú, Canadá y Chile, para los años del 2000 a 2004: en el primer capítulo se hará alusión a la Organización Internacional de Maderas Tropicales, debido a que ésta es el ente rector de las directrices para la ordenación, conservación, utilización y comercialización sostenible de los bosques; además se hará un análisis de las diferentes directrices internacionales establecidas por la Organización, puesto que éstas son las iniciativas encargadas y responsables de revertir la tendencia de deforestación a nivel mundial, adicionalmente, su implementación genera desarrollo, al igual que conservación del medio ambiente. En el segundo capítulo se hará referencia a la implementación de las directrices para la Ordenación Forestal Sostenible evaluando su efectividad a través de criterios para cada estudio de caso, donde se encuentra a) Canadá, como país desarrollado, antiguo en ordenación forestal sostenible, constituyendo un Estado modelo; b) Perú, un país subdesarrollado, además, se encuentra entre los diez países con mayor cantidad de área en bosques, con 69 millones de hectáreas9, ha estado en un proceso de implementación en cuanto a la ordenación forestal sostenible; y c) Chile, un país referente, ya que se encuentra en un proceso intermedio y aunque no pertenece a la Organización Internacional de Maderas, es modelo en ordenación forestal sostenible. Lo anterior, con el fin de mirar la cobertura forestal y las directrices que se han implementado en cada país permitiendo mostrar los beneficios e impactos que ha traído la implementación de las directrices a nivel socioeconómico y ambiental, para establecer la efectividad de éstas. En el tercer y último capítulo se darán las conclusiones o recomendaciones a las que se llegaron. En este orden de ideas, el propósito de este trabajo es demostrar que las directrices de la Organización Internacional de Maderas Tropicales, sí han sido efectivas para los países que las implementan.

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El deterioro medioambiental, en particular la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, ha tenido un crecimiento significativo a través de los años, debido a la constante transformación de los hábitats, la deforestación y especialmente por la sobre-explotación insostenible de los recursos existentes, trayendo consecuencias adversas para el desarrollo de los países más pobres, donde paradójicamente se concentra la mayor diversidad biológica del planeta. Es así como, surge la necesidad de responder a esta problemática y canalizar por medio de diferentes foros internacionales la atención de la comunidad internacional a la protección de los recursos naturales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, legitimó los problemas ambientales como un tema de preocupación internacional lo que generó un impulso político sin precedentes que llevó a la firma de diferentes acuerdos, entre ellos, la Convención sobre el comercio internacional de fauna y flora (CITES) de 1975. Veinte años después en el marco del fin de la guerra fría, tuvo lugar en Río de Janeiro la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, la cual basándose en el Informe Brundtland reafirmó internacionalmente el hecho de que la “protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo”1. Cabe señalar que la Cumbre se convirtió en un hito internacional que ayudaría a guiar la cooperación de los estados y las organizaciones y el desarrollo de programas en el próximo siglo, al tener como resultado la adopción de diferentes acuerdos multilaterales como: la Declaración de Principios sobre Bosques, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se definen los derechos y las obligaciones de los Estados respecto a principios básicos sobre el medio ambiente y Agenda 21, el Convenio sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU con el mandato de coordinar las actividades de medio ambiente de las Naciones Unidas y supervisar la aplicación de lo pactado en la Cumbre del 92. Sin embargo, años después se vislumbra con gran preocupación en la Cumbre para la tierra + 5, la persistencia de la explotación indebida de los recursos naturales, y el continuo crecimiento de la pobreza. Es así como, en el 2002 con el objetivo de revisar nuevamente los éxitos y los fracasos registrados desde la Cumbre de la Tierra, se llevó a cabo en Johannesburgo, África del Sur, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 10) donde se acordó la necesidad de fortalecer el multilateralismo por medio de instituciones internacionales más efectivas que promovieran el desarrollo sostenible y se reconoció al Convenio sobre la Diversidad Biológica como ente rector para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y como el instrumento principal para reducir la perdida de la misma al 2010.2 Asimismo, teniendo en cuenta que el CBD cuenta con la cooperación de diferentes organizaciones internacionales para dar total cumplimiento a los objetivos planteados en el mismo, como es el caso de la UNCTAD, la UNDP, la UNEP, entre otras, en la presente monografía se analizará específicamente la cooperación de la UNCTAD, en la medida que se ha convertido en una organización que se ha preocupado por adoptar día a día un nuevo enfoque para la asistencia al desarrollo abordando conjuntamente el medio ambiente y el comercio, a través de programas de cooperación como es el caso del BTFP, que fue una de las primeras iniciativas de las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo a fomentar el comercio responsable para potenciar la sostenibilidad y mantener la biodiversidad.

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Este trabajo tiene como objetivo el interés que me asiste de tratar de una manera amplia, no sólo limitada a la mera descripción de normas y a la citación de doctrina y jurisprudencia, las acciones revocatorias de la Ley 222 de 1995 y 550 de 1999. Si bien estas figuras jurídicas se nutren del régimen general del Derecho Civil, presentan unas peculiaridades que merecen ser estudiadas detenidamente ya que operan en marcos distintos. Partiendo de la base de que el tema de la manifestación de la voluntad se encuentra íntimamente ligado al de la confianza que debe regir el tráfico jurídico, cuando una persona natural o jurídica incursiona en el mundo del comercio adquiriendo la calidad de comerciante con los derechos y obligaciones que esto implica, sus actos no sólo afectan a las personas que directamente negocian con él, sino a la sociedad misma; así por ejemplo, las altas tasas de interés responden a elevados niveles de riesgo generados en parte por la desconfianza que tienen los prestamistas de recuperar su dinero. Las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999 que forman parte del ordenamiento jurídico comercial colombiano, regulan lo tocante a la crisis económica de la empresa, vista ésta como una unidad de explotación económica que no sólo responde a sus propietarios sino a la sociedad donde se desenvuelve; de ahí la autonomía del Derecho Comercial en general y del concursal en particular. El empresario en concurso, quiebra o reestructuración económica sufre una limitación en su capacidad dispositiva ya que sus bienes están sometidos a distintos regímenes jurídicos hasta que terminen los procesos y se haya cumplido total o parcialmente con las obligaciones que tenía vigentes.

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El avance del Comercio Electrónico ha facilitado las transacciones mercantiles a nivel global y su uso se ha vuelto cada vez más común en las relaciones comerciales de la sociedad. Al respecto, el Secretario de las Naciones Unidas ha expresado lo siguiente: “El comercio electrónico es uno de los ejemplos más visibles, de la manera en la cual, las tecnologías de la información y la comunicaciones (TIC) pueden contribuir al crecimiento económico. El mismo ayuda a que los países mejoren la eficiencia comercial y facilita la integración de los países en vías de desarrollo dentro de la economía global. Permite que empresas y empresarios sean más competitivos, provee a los trabajadores de empleo, y de ese modo se facilita la creación de riquezas.”1 Es tanta la importancia del comercio electrónico hoy en día que nuestro ordenamiento jurídico no podía pasar por alto su aplicación y regulación. Como resultado de ello, se dio paso a la creación de la ley 527 de 1999, la cual define varios términos sobre el tema y conceptualmente sobre comercio electrónico relata lo siguiente: “Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera”. Además, con la entrada en vigencia de la presente ley, se dejo un precedente relativo a la validez jurídica contenida en los mensajes de datos y sobre los requisitos jurídicos que éstos deben contener, así, el artículo 5 sobre la validez de los mensajes de datos relata: “No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos.”

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Dentro de la economía Colombiana, la agricultura es considerada uno de los sectores económicos más sólidos y rentables; y se encuentra en este la oportunidad de desarrollar nuevos cam pos de explotación. La práctica de la helicicultura se desarrolla bajo este sector económico, actividad que se define como la cría de caracoles con fines productivos. El constante crecimiento de la demanda por parte de países europeos es uno de los motivos por los cuales se encuentra atractivo desarrollar esta actividad en Colombia, sumado a esto las ventajas competitivas del país dadas por su posición geográfica y clima. A partir de la Ley 1011 de 2006, el gobierno colombiano decide apoyar la explotación de esta actividad, por medio de la cual se autoriza y reglamenta, generando así la oportunidad de formalizar el sector e incentivar a los productores a realizar inversiones en productos no tradicionales. Actualmente la producción se encuentra en niveles bajos debido a los inconvenientes presentados durante la aprobación del decreto que autoriza la exportación. En este proceso juegan un papel fundamental el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo social y el Ministerio de Protección Social, quienes deben trabajar con base en sus políticas y objetivos y son los encargados de autorizar la aprobación del respectivo decreto. Como consecuencia a esta situación, en el país no existen registros de exportaciones, ni experiencias comerciales de la práctica de la helicicultura con el mercado europeo por parte de los productores. Sin embargo, la experiencia en América Latina principalmente en Argentina y Chile muestra los sobresalientes resultados de las exportacion es de caracoles con destino a Europa, generando grandes expectativas para los productores Colombianos. Dentro de la Unión Europea, España ha tenido un crecimiento importante en sus importaciones del caracol y sus derivados en los últimos años, razón por la cual se ha decidido enfocar esta investigación a este país. Colombia cuenta con acuerdos comerciales con la comunidad Europea que le permiten mayor facilidad en el acceso de mercancías y preferencias arancelarias. Con relación a la partida arancelaria que hace referencia al caracol vivo, Colombia cuenta con la ventaja de ingresar al mercado Español con 0% de arancel, lo cual es un incentivo más para llevar a cabo planes exportadores.

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El interés de esta investigación diagnóstica es evaluar el tema de los refugiados ambientales en las legislaciones internacionales que se encuentran en vigencia actualmente. Es un elemento de análisis pertinente debido a que durante los últimos años el cambio climático y sus efectos adversos han causado estragos en algunas poblaciones, dando origen a lo que se conoce como refugiados ambientales. Así, la falta de inclusión del concepto en la normatividad internacional, representa una problemática, en tanto que estas personas no tienen ningún tipo de apoyo por parte de la Comunidad Internacional. En este trabajo se centra en el caso de las Islas Maldivas y refleja la necesidad de crear un nuevo régimen internacional que cubra a la figura de refugiados ambientales, para así hacer frente a esta problemática internacional.

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Riqueza negra que no se ve es un reportaje periodístico que tiene como objetivo analizar el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) promulgado por el Gobierno Nacional bajo la Ley 1530 de 2012. Específicamente, se seleccionó como estudio de caso Yopal, Casanare y algunos otros territorios donde se llevan a cabo actividades de explotación de recursos no renovables con el propósito de analizar junto a la población civil y autoridades gubernamentales el SGR y su impacto para el desarrollo social de la población colombiana.

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No obstante la existencia de un instrumento convencional en la ma­teria, el derecho del mar en general, y lo relativo a la explotación de minerales en la Zona, se encuentra aún en una fase de puesta en práctica y de definición fina de los derechos y obligaciones de los Estados. Uno de los ejemplos que se ha hecho patente es lo relativo a las obligaciones de aquellos Estados que pa­trocinan a particulares a fin de llevar actividades de exploración y explotación de los recursos de la Zona. Esta cuestión fue remitida en 2010 por la Autoridad Internacional de Fondos Marinos al Tribunal Internacional de Derecho del Mar a fin de que este la dilucidara. La Opinión Consultiva que emitió el Tribunal presenta conclusiones de particular relevancia en materia de la de­terminación de un vínculo efectivo entre las personas jurídicas y los Estados que las patrocinan. Esta cuestión, que juega un papel determinante a fin de lograr una eficaz protección del medio marino en el marco del mecanismo de patrocinio para la exploración y explotación de los recursos en la Zona, conlleva importantes consecuencias para las actividades en áreas reservadas.

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 The work aims to demonstrate that an indirect expropriation of rights occurs when mining concession agreements are made for subsoil exploitation. The article looks at examples such as when administrative divesture for public utilities or for social interest is decreed to implement projects or environmental works; when any regulation or administrative action is taken determining protected areas or environment control of type; and when environmental control plans are implemented. The indirect expropriation occurs because a conflict exists between general interests and equality principles of the burdens, the contractual right of adherence to agreed upon provisions and the legality of prior legal regulations for the carrying out of such expropriation. 

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Desde la década de 1990 la región del Pacífico colombiano vive un proceso inédito de agudización del conflicto armado interno. Algunos estudios han descrito este hecho como una consecuencia no intencionada del reconocimiento de las poblaciones negras de la región como grupos étnicos propietarios de los territorios en los que habitan. En este artículo me pregunto de qué forma resultaron modificadas las dinámicas de conflicto en la subregión del Bajo Atrato chocoano (1985-2005) en Colombia, si esto se vincula con la explotación de sus recursos naturales, en particular la palma de aceite y cuál fue el papel que jugó en estas dinámicas el cambio en el régimen de propiedad de la tierra. Para responder a estas preguntas me baso en los estudios sobre la economía política de los conflictos armados e introduzco el concepto de órdenes de extracción con el fin de analizar las acciones de los actores del conflicto, los empresarios de la palma, el Estado como agente regulador y las poblaciones negras. Mi conclusión principal es que el cambio en la estructura de propiedad de la tierra no fue causa del conflicto y que el tipo de actor involucrado es una variable relevante.

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En este artículo se presentan los resultados de un proyecto de investigación denominado Modelo de evaluación de la unidad productiva de pesca en Isla Fuerte, Cartagena, Bolívar, realizado con tres fi nes: (1) estimar la oferta real de pesca en el área, (2) estudiar la posibilidad de constituir una cooperativa de pescadores que vincule a los residentes en la isla y (3) contribuir de una manera concreta a consolidar la economía local y a fortalecer la comercialización de productos de la pesca hacia los mercados nacionales, haciendo sostenible la explotación del recurso pesquero en esta pequeña isla del  caribe colombiano.

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Desde los años setenta diferentes entidades de la administración pública han planteado intervenciones sobre el espacio natural denominado Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con la intención de preservarlo frente a las alteraciones de las que venía siendo objeto históricamente. Sin embargo, todas estas  intervenciones fueron infructuosas debido a que nunca se integró la visión urbana de este problema ambiental. Las nuevas propuestas de política pública, reproducen dicha tendencia, llevando irrefrenablemente al fracaso de la política pública y a perpetuar las tendencias del mercado inmobiliario. 

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Urban tree management in the city of Bogotá has become particularly important because it has been greatly affected by the District urban renovation and also because it is a high risk source due to the worrying physical and sanitary conditions of most of them, which result in many and frequent accidents for falling of branches or the whole structure. Since 1998, Bogotá established an institutional, legal, and technical order for the proper management of the urban woodland coverage and for ensuring thereby its survival in appropriate conditions that allow them to coexist with the urban infrastructure. This document presents the details that enabled such organization, reviews the statistics resulting from addressing the silvicultural topic in the city, and establishes a new starting point for its management based on the tree inventory as a planning tool.