51 resultados para distribución de la población


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La financiación de los sistemas de salud en los países en desarrollo mediante esquemas de aseguramiento, presenta el desafío estructural de la informalidad de los mercados laborales. Ni el esquema de financiamiento comunitario ni el del subsidio a la oferta, parecen ofrecer una garantía de acceso a los grupos más vulnerables. Pero la extensión de esquemas de seguro subsidiado también implica mayores presiones sobre el gasto social. Este artículo es una revisión de la literatura sobre el tema, en el cual se revisan experiencias internacionales de los tipos mencionados, y se analiza su relevancia para Colombia.

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Este artículo construye un indicador compuesto sobre la calidad del empleo, al utilizar el método de componentes principales para la población afrocolombiana radicada en Cali, a partir de una encuesta representativa por comunas realizada por el Ministerio de Trabajo de Colombia. Cali, al ser la primera ciudad colombiana con mayor proporción afrodescendiente y la segunda de América Latina, después de Salvador Bahía, Brasil, se constituye en un referente de la situación laboral de la población afrodescendiente colombiana. Los resultados muestran que los afrocolombianos que viven en la zona Oriente, compuesta por las comunas 7, 13, 14, 15 y 21, tienen una mayor probabilidad de tener empleos de baja calidad, por lo que existen localizaciones espaciales en torno a la calidad del empleo. La educación universitaria aumenta la probabilidad de encontrar un empleo de alta calidad.

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La atención hospitalaria en el costo global de la atención de los pacientes en diálisis es muy importante. Este estudio se realizó con el fin de evaluar resultados posteriores a la implementación de un modelo de gestión de la enfermedad y cuidado coordinado en una red de diálisis en Colombia, evaluando los cambios específicos en las tasas de hospitalización de una cohorte de pacientes renales con dos años de seguimiento. El modelo se enfoca básicamente en mejorar la atención de los pacientes en diálisis protocolizando en el manejo de comorbilidades (diabetes, riesgo cardiovascular, patologías infecciosas) y en el cuidado coordinado entre el tratamiento ambulatorio y hospitalario de los pacientes en diálisis asegurando la continuidad en el proceso de atención de los pacientes. El Estudio observacional analítico de cohortes compuesto por 2 fases una primera cohorte histórica retrospectiva y una segunda con dos cohortes prospectivas, incluyó pacientes mayores de 18 años, con más de 90 días en diálisis, con al menos tres meses de intervención con el modelo de gestión de enfermedad en la red Renal Therapy Services (RTS®). En conclusión, la realización de este estudio, se pudo asociar a la reducción en la atención hospitalaria de pacientes en diálisis y a una menor mortalidad, modelos como este y otras soluciones para mejorar los desenlaces en salud en los pacientes en diálisis deben seguir siendo implementados para aliviar la carga de la enfermedad y reducir los costos de la atención en salud de esta población.

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.

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Desde los años 80’s, en los barrios populares de Cartagena y Barranquilla se ha venido desarrollando un fenómeno musical denominado champeta. Este tipo de música es descendiente de bailes populares conocidos en la tradición regional como casetas o verbenas, en los cuales el eje central son grandes amplificadores de sonido denominados picós y datan aproximadamente del decenio de 1950 del siglo XX . El presente trabajo se inscribe en los estudios sociales de la música en los que se analiza los procesos de creación, difusión y distribución por los que atraviesa una canción de champeta en la ciudad de Barranquilla, Caribe de Colombia. Teniendo en cuenta que dichos procesos responden a una lógica de circulación musical alternativa enmarcada en un contexto en el que la música champeta es marginada y estigmatizada por las élites costeñas y nacionales a través de varios mecanismos discursivos, legales y mediáticos, generando unas formas de circulación musical propias que colindan entre lo informal/ilegal.

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La situación carcelaria del país atraviesa uno de sus peores momentos. Hacinamiento, reincidencia, corrupción, entre otros, son algunos de los problemas que hoy en día han abierto el debate sobre el papel de las cárceles como centros de resocialización; especialmente se ha comenzado a cuestionar la eficacia de los programas que se están implementando dentro de estos establecimientos. Sin embargo, un elementos que no se ha tenido en cuenta a la hora de analizar la política penitenciaria y carcelaria tiene que ver con las situación de los reclusos al salir en libertad, esto a raíz de que cada vez es más evidente que las posibilidades de que estas personas puedan acceder a un trabajo e inclusive adaptarse nuevamente a la sociedad son mínimas. A ello se suma el hecho de la escasa oferta de programas que brinden acompañamiento pospena, lo cual incrementa significativamente las probabilidades de que esta población reincida. Es por tanto un reto no solo del Estado colombiano sino de la sociedad misma brindar oportunidades a esta población con el fin de lograr una correcta y efectiva resocialización de los reclusos luego de su estancia en prisión.