Ley de Víctimas de Colombia y la responsabilidad de las personas jurídicas por violaciones de derechos humanos

En el año 2011, después de cuatro años de cabildeo y forcejeo político, Colombia aprobó la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas. Los objetivos perseguidos por esta ley son bastante amplios, en la medida en que pretende ser una regulación comprensiva para enfrentar los efectos que el conflicto armado ha infligido en la población civil. En este sentido, la ley incluye las reformas legales que fueron consideradascomo necesarias para restablecer el estado de derecho a través de la proteccióny cumplimiento de los derechos de las víctimas. Actualmente, el gobierno, la sociedad civil y la academia se han enfocado en el análisis de los dilemas y grandes temas dela ley. Sin embargo, esta nueva regulación, con sus 208 artículos, es más amplia y compleja, razón por la cual es indispensable hacer un análisis más detenido de sus múltiples provisiones. Una de estas, que parece no haber llamado la atención y que, por lo tanto, no ha sido objeto de estudio pormenorizado es el artículo 46. A primera vista, este parece estar encaminado a reforzar la investigación y juzgamiento de las personas jurídicas relacionadas con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. Este texto examina específicamente los alcances reales y dilemas del artículo, y propone algunas soluciones para llenar la laguna que existe actualmente en el país en la materia.

Ley 489 de 1998 un desafío para la administración pública

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Primeras reflexiones acerca del contenido normativo de la ley 489 de 1998

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La reforma al Código de Procedimiento Civil. Ley 794 de enero 8 de 2003

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Aspectos procesales de la conciliación extrajudicial en derecho del área civil, a la luz de lo previsto en la Ley 640 de 2001

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Los avatares de la institucionalidad metropolitana en Colombia: una breve revisión a la aplicación de la Ley 128 de 1994

Este artículo presenta una revisión general, desde un punto de vista institucional y normativo, de la puesta en práctica de la Ley 128 de 1994, por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas en Colombia. Aquí se exploran algunos aciertos y fracasos de esta regulación frente al avance de las formas metropolitanas y regionales en el país durante los últimos años, proponiendo además algunos elementos de discusión para el fortalecimiento de estas áreas metropolitanas y otras figuras sub-regionales, desde consideraciones institucionales, financieras y de gestión.-----This essay provides an overview from an institutional and regulatory standpoint, of the implementation of Law 128/1994 by which the Organic Law of Metropolitan Areas in Colombia is enacted. Certain achievements and failures of this regulation are explored in face of the progress of metropolitan and regional forms in Colombia during the last years, and discussion elements for strengthening such metropolitan and other subregional areas are proposed from institutional, financial, and management considerations.

Temas de derecho ambiental : una mirada desde lo público

En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis del ordenamiento jurídico ambiental, aportando así al desarrollo, estructura y consolidación de esta rama jurídica. Bajo estos parámetros, el objetivo de esta publicación es hacer algunas reflexiones en torno a distintos temas que dentro del derecho público impactan o influyen al derecho ambiental y responder a los enormes desafíos que se presentan en la materia. Por tanto, el programa quiere contribuir desde la academia al diálogo crítico y propositivo que permita dar solución a los problemas encontrados en la aplicación del derecho ambiental. En el primer capítulo, Gloria Amparo Rodriguez describe los ordenamientos jurídicos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia a fin de analizar la forma en que cada uno de ellos consagra el derecho a un ambiente sano. A continuación, Martha Ovalle y Zelba Nidia Castro de Perez realizan un estudio de los principios de precaución y prevención, exponiendo su alcance, su fundamento desde el derecho internacional y cómo vienen siendo entendidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto jurisprudencial como legal. Luis Adolfo Diazgranados se ocupa de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia ambiental, para lo cual realiza un análisis de los deberes consagrados en la normatividad vigente. Continuando con esta temática, el profesor Jorge Agudo Gonzalez, de la Universidad Autónoma de Madrid, explora la incidencia del ambiente y los recursos naturales en los procesos contractuales, a fin de mostrar cómo estas materias se han constituido en variable fundamental en el devenir de la formación, celebración y ejecución de los contratos, desde un punto de vista crítico, los aspectos importantes del proceso sancionatorio ambiental, evidenciando las falencias y vacios del a Ley 1333 de 2009. Jairo Cabrera plantea algunas reflexiones sobre la responsabilidad, valiéndose de la doctrina internacional, sobre la problemática de la reparación por daño ambiental. Por su parte, Leonardo Güiza Suárez explica el régimen general de la responsabilidad ambiental en el ordenamiento jurídico a partir del daño de los bosques naturales y su incidencia sobre los derechos humanos. Andres Gomez Rey, desde la teoría del acto administrativo, desarrolla el análisis crítico del régimen jurídico de las aguas superficiales en el derecho ambiental. Giovani J. Herrera Carrascal realiza una disertación sobre los recursos naturales y el ambiente como elementos del espacio público que a su vez constituye en un componente del medio ambiente urbano a partir de la jurisprudencia y de las competencias respectivas. Por último, Marybell Ochoa Miranda trate el tema de los residuos hospitalarios en Colombia, exponiendo su régimen jurídico, las competencias de las autoridades ambientales, los deberes que en estos asuntos tienen los ciudadanos, proponiendo lineamientos para avanzar en la consolidación de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

Bases técnicas necesarias para la reforma del Fondo de Previsión Social del Congreso Coherente con la nueva visión dentro de la ley 100 de 1993

Es indudable que el nuevo régimen vigente en materia de seguridad social a raíz de la promulgación de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios ha significado cambios trascendentales en lo que hace referencia al reconocimiento de los afiliados

Comentarios a la nueva estructura del proceso penal - ley 906 del 2004

La presente investigación tiene como objeto enmarcar sistemáticamente las normas de la nueva estructura del proceso penal en Colombia, rofundizando de manera congruente y comparativa, el espíritu de cada norma y su aplicación en el ámbito jurídico penal colombiano.

Características de las facultades de medicina de Colombia después de la ley 30 de 1992, año 2006.

En 1992 se promulgóla Ley 30 que regula la educación superior en Colombia. Esta Ley propicióun incremento significativo de la oferta educativa en todas las áreas, incluyendo ciencias de la salud. Las facultades de medicina se incrementaron en casi un 150%, pasando de 21 a 52 en este momento; la calidad de esta oferta educativa es motivo de preocupación por parte de la comunidad médica.

Excepciones al estatuto de contratación estatal consagrados en la ley 100 de 1993

Como consecuencia de la reglamentación Constitucional, surgieron en Colombia dos postulados legales de sin igual importancia en el año 1993, como lo son el estatuto contractual del Estado y el estatuto de la seguridad social

La crisis de la garantía hipotecaria en las corporaciones de ahorro y vivienda, la crisis del UPAC y estudios sobre la ley 546 de 1999

El tema de la vivienda en los últimos años, con sus múltiples componentes, comenzando por el UPAC, se convirtió en la pesadilla más tormentosa para los colombianos, sin importar su condición social: muchos empresarios quebraron en la construcción

La garantía única de cumplimiento en la ley 80 de 1993

La administración pública cumple los variados cometidos que le han sido asignados, atados necesariamente a la satisfacción de las finalidades de interés público o social, no solamente utilizando el poder de mando (expedición de actos administrativos)

La ley 617 de 2000 Las contralorías a nivel territorial entre la autonomía presupuestal y el despilfarro de recursos públicos

La ley 617 de 2000, es una norma que con su articulado pretende afianzar el proceso de descentralización administrativa conjurando los excesos que en materia de gasto se presentaron durante los primeros años de vigencia de la Constitución de 1991.

La ley de comercio electrónico y el depósito centralizado de valores

analizar cómo los avances tecnológicos han forzado al legislador colombiano a expedir normas tendientes a atenuar el abismo existente entre la realidad y la normatividad, como quiera que está surgiendo la conciencia