180 resultados para Gobiernos progresistas


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Esta investigación pretende contribuir a la comprensión de la política de seguridad internacional de Canadá. Para cumplir con dicho objetivo, esta investigación plantea dos propósitos específicos: a) ofrecer una revisión crítica del estado de conocimiento sobre esta política; y b) interpretar los discursos realistas y liberales que configuraron la política canadiense de seguridad internacional durante los gobiernos de Jean Chrétien (1993-2003), Paul Martin (2003-2006) y Stephen Harper (2006-2008). Los discursos liberales son entendidos aquí como complejos de creencias que precisan la obligación moral de comprometerse con proyectos cosmopolitas, tales como la promoción de los derechos humanos, la estabilización de los denominados Estados frágiles y fallidos o la contribución a los valores democrático-liberales. Los discursos realistas son entendidos como complejos de creencias derivados del espíritu de la realpolitik. Estas creencias señalan que los Estados deben buscar sus intereses nacionales independientemente de consideraciones morales.

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Sin bisturí, sin radiografía, sin anestesia, en medio de la selva, cientos de indígenas son curados de todo tipo de enfermedades por sus chamanes, que hacen uso de su única herramienta: la sabiduría ancestral de la madre naturaleza. Por primera vez en Colombia, un grupo de estudios busca la protección y articulación de la medicina tradicional con la medicina occidental para mejorar la prestación de servicios de salud. El descubrimiento de medicamentos extraordinarios para curar cientos de enfermedades, las maravillosas técnicas de cirugía y diagnóstico o los más recientes y sorprendentes descubrimientos de la genética y la inmunología, han conseguido importantes resultados en el combate de las enfermedades. Pero, por ejemplo, el paludismo, el SIDA o la tuberculosis, siguen siendo graves problemas de salud pública. El cáncer aumenta día a día, y casi todas las personas adultas padecen de problemas como hipertensión, diabetes, estrés, colesterol o enfermedades cardiovasculares. Así mismo, la contaminación del planeta origina muchas otras enfermedades que aún no tienen cura. Es así como, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el bienestar de la humanidad no depende tan sólo de los enormes avances de la medicina moderna. Desde hace 30 años, este organismo ha llamado la atención de los gobiernos y las universidades para que conozcan y estudien el conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas, campesinas y de grupos étnicos minoritarios, consciente de que sus sistemas tradicionales de salud pueden ofrecer beneficios a la humanidad. El abordaje científico sobre los pueblos indígenas (sus conocimientos ancestrales, rituales y sistemas tradicionales de salud) ha sido realizado desde las ciencias sociales como la antropología y la sociología e incluso desde las ciencias biológicas y ambientales como la etnobotánica, que estudia el uso de las plantas con fines medicinales. Por el contrario, el compromiso de la Universidad del Rosario por conocer, proteger y aplicar los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas desde las ciencias médicas, a través de su Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina, convierte a esta institución en pionera, a nivel nacional, en acoger los llamados de la OMS, la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). A diferencia de otras investigaciones, ésta establece un auténtico diálogo intercultural, en el que el indígena ya no es objeto de investigación, sino que se convierte en sujeto y protagonista de la misma. Se respeta su lenguaje, sus conceptos, sus ritmos y sus criterios. Antes que buscar estudios químicos y farmacológicos sobre una planta, lo que se hace es conocer sus efectos en el contexto original y bajo los esquemas de uso que ellos le dan.

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A lo largo de las dos últimas décadas el seguimiento del tema de la seguridad, tanto en su dimensión internacional como al interior de uno u otro país, se ha vuelto más complejo en cuanto nuevas amenazas, reales o aparentes, nacionales o internacionales, que afectan no sólo a los Estados sino también a los grupos culturales, las comunidades locales y los individuos(...). Al mismo tiempo se ha entendido que esas amenazas provienen de distintas fuentes, no tan claramente definidas como lo eran en la época de la Guerra Fría. Las hipótesis de conflicto y de choques militares frontales entre Estados son hoy apenas parte de las preocupaciones de estudiosos y gobernantes, al tiempo que se identifican nuevos riesgos y vulnerabilidades de naturaleza política, económica, cultural y medioambiental, lo que da pie a una discusión renovada sobre la idoneidad de los esquemas de seguridad tradicionales(...). El debate, altamente necesario, se lleva a cabo ya en el ámbito global. En el contexto continental americano algunos Estados y organizaciones intergubernamentales han empezado a abordar el estudio de la materia de manera ampliada, al menos en los términos formales de las declaraciones de principios, para indicar que convendría ir más allá de los términos tradicionales de defensa sobre la base de la capacidad de las fuerzas armadas. Los investigadores del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, consideran que hay todavía un largo camino por recorrer en el análisis de los perfiles de seguridad de los Estados de las Américas, y que muy pocos países han integrado realmente esta visión multidimensional de la seguridad en el desarrollo diario de sus políticas y de sus estrategias de seguridad nacional, que permanecen todavía demasiado marcadas por los factores militares. Según los investigadores, el hecho de que la mayoría de los Estados americanos no haya hecho aún tránsito efectivo del modelo tradicional de seguridad militarizada a uno de seguridad ampliada, se debe fundamentalmente a la falta de conocimiento, por parte de los tomadores de decisiones, de los contenidos y los alcances de las nuevas dimensiones del concepto(...). El saber identificar correctamente esas caras diversas de la seguridad en el contexto específico de una u otra nación, permitirá luchar mejor en contra de nuevas amenazas y responder con mayor idoneidad a las necesidades de protección de la sociedad a través de políticas públicas adecuadas y de estrategias y acciones pertinentes, que no olviden ningún sector. También los ciudadanos de las Américas, cuando el tema se incorpore a la discusión política, tendrán la capacidad de controlar mejor a sus propios gobiernos y de solicitar democráticamente cambios en las políticas y estrategias de seguridad. El CEPI considera que el nuevo conjunto de amenazas, por su naturaleza multidimensional y transnacional, no puede ser combatido únicamente en la escala de un país determinado o mediante el uso exclusivo de la fuerza armada. Esto obliga a repensar, en el ámbito americano, los esquemas de seguridad desde las perspectivas humana, política, económica, societal y ambiental, entre otras, y a diseñar estrategias regionales colaborativas que conducirán a la necesaria ampliación de las agendas nacionales en la materia.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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En los últimos años, las políticas en materia de inversión extranjera han evidenciado cambios profundos. Luego de un largo periodo en el que especialmente los países en desarrollo aplicaron fuertes restricciones y controles a la entrada de capitales extranjeros, se pasó a una etapa de plena liberalización que desató una competencia entre los países por la atracción de este tipo de capitales. Este cambio de paradigma se explica principalmente por la necesidad que tienen los países en desarrollo de encontrar nuevas fuentes de financiación, luego de la crisis de la deuda. En este contexto, la atracción de la inversión extranjera se ha convertido en una prioridad para los gobiernos. Siguiendo esta tendencia, desde 1990 Colombia ha venido implementando una estrategia de promoción de la inversión extranjera que contempla una serie de modificaciones normativas, incluida la Constitución misma, y la suscripción de diversos acuerdos que tienen por objeto su promoción y su protección. El resultado de estas acciones ha sido un incremento significativo de los capitales foráneos en el país. Sin embargo, el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la línea de investigación en Inversión Extranjera de la Facultad de Jurisprudencia, considera que los resultados no son óptimos. A pesar del crecimiento positivo de los flujos de inversión, los investigadores advierten que el impacto en la economía no ha sido el esperado porque la mayor parte de estos capitales se ha concentrado en el sector primario (de manera especial en el sector petrolero) y la inversión realizada en el sector productivo se ha canalizado principalmente a través de la compra de empresas ya existentes, tanto públicas como privadas. Aunque las inversiones en el sector primario pueden registrar altas tasas de crecimiento y que la inversión en industrias ya existentes puede generar externalidades positivas (formación de recursos humanos, introducción de una gestión empresarial moderna o fomento de capacidades productivas locales), el verdadero impacto económico sólo se logra en aquellos casos en los que hay creación de nuevas empresas (greenfield), especialmente cuando éstas se sitúan en sectores innovadores o en aquellos que se caracterizan por su alto valor tecnológico. De otra parte, los investigadores subrayan que es preciso tener en cuenta que los potenciales efectos positivos atribuidos a la inversión extranjera no operan en todos los casos. Estos dependen del tipo de inversión(...), de los intereses que persigan los inversionistas, del lugar donde se instale la inversión y de los sectores en los cuales se lleve a cabo, así como del entorno político institucional existente en el país receptor. Por consiguiente, las acciones para atraer la inversión extranjera deben dirigirse no sólo a garantizar la institucionalidad y la seguridad jurídica, sino también a la implementación de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología por parte del gobierno y a la formación de capital humano, ya que, solamente de esta manera, será posible la atracción de inversiones susceptibles de generar un alto impacto en la economía, puntualizan los investigadores.

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El caso de la descentralización en el Área Metropolitana de Lima constituye un objeto de estudio del mayor interés para quienes se interesen por los procesos de construcción de ciudadanía en el plano local en las ciudades de Latinoamérica. Desde el restablecimiento democrático, la democracia peruana ha enfrentado serias vicisitudes que han minado considerablemente el Estado de derecho y algunos mecanismos de participación popular. Como resulta obvio, ambos procesos han hecho mella sobre la descentralización nacional y en la del Área Metropolitana de Lima. A pesar de estas dificultades, especialmente durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), se ha dado una restructuración que ha logrado rescatar algunos de los propósitos iniciales del proceso. Luego de los gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006) el Estado experimentó una normalización de la política que irrigó múltiples campos de acción estatal, entre ellos el de la descentralización, fenómeno que se había visto afectado por el régimen fujimorista y las restricciones a las autonomías de los territorios bajo el argumento de la garantía de la seguridad.

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Al comenzar el Siglo XXI las ciudades se han convertido tal vez en la mejor expresión de las complejidades de la sociedad contemporánea. Al ritmo impetuoso de la globalización, los centros urbanos se constituyen en el hábitat de la mayoría de la población, así como en centros privilegiados de las más avanzadas manifestaciones de los procesos económicos, y en generadoras de innovación y de transformaciones culturales. Aunque los anteriores atributos reafirman el protagonismo de las ciudades como impulsoras del desarrollo, paradójicamente en ellas mismas se hacen evidentes las contradicciones propias de viejos problemas sociales: pobreza y marginalidad, exclusión social, inseguridad y profundos problemas ambientales, fenómenos todos que, de una u otra manera, se manifiestan inclusive en ciudades favorecidas por las dinámicas de crecimiento económico más intensas. Las anteriores circunstancias exigen que los gestores de la vida urbana reconozcan las ventajas e identifiquen las amenazas que se derivan de todos esos procesos, para sacar provecho de las primeras y conjurar los efectos de las segundas. Los gobiernos centrales deberán, a su vez, dedicar sus mejores esfuerzos a la cooperación con los orientadores de los asentamientos humanos en la búsqueda de los mismos propósitos. Ésto implica el diseño de políticas públicas orientadas a insertar cada ciudad en el mundo globalizado y, al mismo tiempo, poner los beneficios de la globalización al servicio de la sociedad.

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Una radiografía especializada del escenario internacional mostraría ya la existencia de una red compleja de múltiples y sorprendentes interconexiones entre territorios, distritos y provincias de los más insospechados lugares del mundo, que sostienen contactos de naturaleza comercial o cultural, por decir lo menos, y que van conformando nuevas asociaciones que modifican el mapa de las relaciones internacionales y las hacen más dinámicas y cercanas a la ciudadanía. En el seno de la Unión Europea, lo mismo que en países como Chile, Brasil, Canadá, México y Argentina, se pueden hallar vínculos directos entre regiones que intercambian no sólo bienes, sino que comparten experiencias y conocimientos, al tiempo que fortalecen buenas prácticas de beneficio recíproco con ánimo de sostenibilidad en el largo plazo. En Colombia, el desarrollo de actividades de carácter internacional por parte de las entidades territoriales está adquiriendo fuerza y dinámica propia. Progresivamente, los Departamentos y sus principales ciudades se suman a la tendencia de concebir una política que les permita proyectar una imagen internacional claramente definida acerca de las oportunidades de inversión, comercio y apertura de mercados que ofrecen tanto su territorio como su sociedad y su comunidad empresarial. Sin embargo, ante las proporciones y posibilidades del fenómeno, los gobiernos y demás protagonistas de la vida local y regional enfrentan todavía múltiples desafíos en su propósito de internacionalización.Si bien se destinan presupuesto y recursos humanos para avanzar en el tema, falta mucho por hacer en la concepción y desarrollo de estrategias refinadas que permitan visualizar propósitos y posibles resultados de las acciones emprendidas. Y sin perjuicio de que en ciertos casos se avizoren perspectivas de éxito, en otros, como es apenas natural en los momentos iniciales de procesos de esta naturaleza, un cierto grado de desorientación llega a nublar un panorama que de todas maneras se puede despejar si se trabaja con profesionalismo y conocimiento. Un estudio desarrollado por el Observatorio de Política Exterior Colombiana (OPEC) de la Universidad del Rosario, sobre las iniciativas regionales y/o locales en materia de inserción internacional, comprueba que aunque los Gobiernos municipales o departamentales están incorporando en sus planes y programas cierto tipo de actividades de esta naturaleza, es necesario profundizar en los procesos de planeación con alto contenido estratégico y prospectivo, ya que sólo así podrán capitalizar su enorme potencial y las oportunidades que el entorno les ofrece. Lo mismo que es imprescindible conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos de implementación que requiere una estrategia de internacionalización. Este fascículo ofrece una serie de reflexiones acerca del proceso de inserción internacional de algunas de nuestras ciudades y regiones, sus oportunidades, y algunas herramientas que podrían permitir a los gestores de política pública, asesores y actores involucrados, avanzar hacia una estrategia de inserción internacional efectiva y pertinente a las necesidades de sus entidades territoriales.

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La primera parte de este estudio versa sobre los temas del crecimiento y el desarrollo y sobre la caracterización de las políticas económicas. La segunda sección se dedica a una caracterización de las condicionantes fiscales con base en las cuales desempeñan sus funciones los Gobiernos de América Latina y el Caribe. En la primera sección se discuten las principales características de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, y con fundamento en ellas se exponen los conceptos centrales relacionados con el desarrollo humano. El principal argumento a sostener aquí es que, en general, los países de menor desarrollo relativo, los que tienen que enfrentar los desafíos sociales más significativos, son también los que poseen condiciones fiscales más débiles o vulnerables. Los intentos de alcanzar mayores niveles de desarrollo implican la necesidad de realizar cambios efectivos en las condiciones fiscales de varios países latinoamericanos.

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Monografía de grado por medio de la cual a partir de la teoría de Estructura de Oportunidades y de restricciones Políticas de Sydney Tarrow, se analiza el contexto en el que la movilización mapuche emergió durante los dos últimos gobiernos del partido socialista chileno. Para ello en un primer momento se hizo un análisis histórico de la problemática indígena hasta el restablecimiento de la democracia en 1989. Paso seguido fueron analizadas las respuestas que dieron los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet a la problemática indígena y mapuche, teniendo como marco la reivindicación de derechos que les fueron planteadas a dichos gobiernos.

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En los últimos años, el proceso de internacionalización del conflicto armado colombiano se ha convertido en un tema prioritario de la agenda internacional del país. Diversos sectores han debatido álgidamente acerca de este fenómeno que adquiere cada vez mayores dimensiones e implicaciones. ¿Qué significa realmente la internacionalización? ¿Qué papel puede desempeñar la comunidad internacional? y ¿Cuáles son sus alcances? El presente Comentario OPEC introduce algunos elementos que pueden orientar la discusión alrededor de cuatro ejes temáticos. En primer lugar, resulta útil presentar algunas aproximaciones al proceso de internacionalización desde el punto de vista analítico y conceptual. En segundo término, es necesario analizar la forma como los distintos gobiernos han desarrollado distintas estrategias de internacionalización desde mediados de los noventa, cuando el proceso toma fuerza. En tercer lugar, se estudian las consecuencias inmediatas que estas estrategias pueden acarrear. Finalmente, el Observatorio ofrece algunas recomendaciones respecto al proceso actual de internacionalización.

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La utilización de la provisión de un bien privado por parte del sector público como política de redistribución del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de información sobre los agentes. No obstante, si se puede recaudar, a cierto costo, la información necesaria puede aplicarse un impuesto progresivo que mejore la eficacia redistributiva de la política. Por otra parte, los costos sociales de sobrestimar esta herramienta pueden llegar a ser altos, dependiendo de las condiciones institucionales y del bien privado con el que se implementa la política. Si se tiene un orden institucional que no permite la discriminación por niveles de ingreso en la provisión del bien privado, necesariamente entra a operar la autoselección de los individuos como una relación inversa entre efecto redistributivo y calidad del bien privado. Si esta última tiene efectos sobre la acumulación de capital humano, también tendría efectos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso a largo plazo. Es por ello, que los gobiernos enfrentan un dilema entre apaciguar a corto plazo problemas de distribución y obtener beneficios políticos, y lograr un mayor crecimiento y equidad En el largo plazo.

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Las estadísticas poblacionales permiten estimar tanto la calidad de vida y bienestar de una población como determinar aspectos prioritarios, carencias y factores de riesgo que presentan los individuos o un colectivo. La vulnerabilidad y variabilidad de los factores inherentes de las poblaciones, entre ellos la discapacidad, han repercutido en el interés de organizaciones y gobiernos por determinar las tendencias más incidentes de relación directa e indirecta con dicha situación.La necesidad de determinar las dinámicas y variabilidades más relevantes de las personas en situación de vulnerabilidad y discapacidad, a través de herramientas estadísticas, llevó a analizar –entre los Programas Académicos de Campo (PAC) de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario– los métodos empleados para el registro de información de los usuarios en los cuales se vislumbraron las dificultades en la concepción del dato como fuente generadora de información.

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Las relaciones políticas entre Sudán y Chad en el período 2005-2009 se vieron afectadas por el conflicto armado de Darfur, que trajo consigo consecuencias graves para ambos países. La configuración étnica similar, los antecedentes históricos que muestran fuertes vínculos entre Sudán y Chad y las continuas acusaciones entre Omar Al-Bashir e Idriss Déby, hicieron que las tensiones entre los dos gobiernos llamaran la atención de la comunidad internacional y causara preocupación por una posible desestabilización de la región de África Central.

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Este documento informa sobre las prohibiciones del cultivo de amapola que se realizaron en el Estado de Shan en las regiones de Kokang en el 2003 y de Wa en el 2005. Se dan a conocer los resultados alcanzados y su impacto social hasta el momento. Adicionalmente, para poder contextualizar las prohibiciones, se dan a conocer antecedentes históricos y culturales de las regiones en cuestión. Está dirigido a todo el público que esté interesado en conocer las políticas de reducción de cultivos ilícitos que han sido implementadas en Myanmar. Este último país hace parte de una de las regiones históricamente conocidas por este cultivo ilegal: el Triángulo de Oro, y abarca un territorio de aproximadamente 225.000 kilómetros cuadrados sobre el norte de Tailandia y de Laos y el noreste de Burma. Este documento inicia con una breve descripción histórica de algunos acontecimientos que marcaron el devenir político y económico del país, como la llegada del Kuomintang chino, los gobiernos militares, los enfrentamientos con las minorías étnicas y el desarrollo de la producción y el tráfico de drogas. Luego se estudia la producción de amapola teniendo en cuenta la extensión del cultivo, la relación de las comunidades con el mismo y las características de las regiones donde se concentra la producción de amapola. Por último, se toma el caso de las prohibiciones al cultivo, explorando el caso de cada región, estudiando su impacto social y sostenibilidad y las conclusiones de una misión de evaluación posterior a la implementación de las políticas. Se mencionan las alternativas de sustitución de cultivos ilícitos y la experiencia de la cooperación internacional para el desarrollo. Luego de exponer los nuevos desafíos en materia de producción de drogas, se culmina sugiriendo algunas lecciones para Colombia que se derivan del caso de Myanmar.