83 resultados para Curva ambiental de Kuznets


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En este artículo se revisan y analizan algunos aspectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) y su Plan de Manejo Ambiental, con el ánimo de demostrar que no consideran de manera adecuada los componentes ambiental y social. Desde la perspectiva de las políticas públicas se demuestra que se ajustan más a una estrategia militar-antinarcóticos que social y medioambiental, contrario al querer transmitido en la definición del instrumento, que habla de la compensación, prevención y mitigación de impactos, la protección de los recursos naturales, del medio ambiente y de la salud de la ciudadanía ubicada en las zonas de influencia directa. Para ello, se hace un recuento de cómo está definido el Programa y los organismos que lo componen; después se explica el Plan de Manejo Ambiental y el análisis de su implementación, posteriormente se muestran los resultados obtenidos de esta verificación para, finalmente, formular las respectivas conclusiones.-----This paper reviews and analyzes issues of the Illicit Crop Eradication Program with Glyphosate (ICEPG) and its Environmental Management Plan, with the aim to demonstrate that the environmental and social components have not been properly considered. From the public policy viewpoint, they are shown to fit more into a military antinarcotics strategy rather than a social and environmental strategy, as opposed to the aims contained in the instrument definition, which talks about impact compensation, prevention, and mitigation; and protection of natural resources, environment, and population’s health within the direct influence areas. For this purpose, an initial review of the Program definition and component organizations is provided; the Environmental Management Plan is explained, its implementation is analyzed; the results from this verification are shown; and, finally, the respective conclusions are formulated.

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

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Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales.

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El derecho internacional surgió para regular las relaciones entre Estados, dejando por fuera a otro tipo de organizaciones, comunidades y personas. Con el paso del tiempo, se fue ampliando la posibilidad de hacer parte en esos escenarios restringidos cuando surgieron las organizaciones internacionales que son creadas por los Estaos, que tienen la capacidad de participar en las relaciones internacionales de manera limitada. Posteriormente el derecho internacional ha dejado participar con ciertas restricciones, a las Organizaciones no Gubernamentales - ONG y a las personas. Los pueblos indígenas, a pesar de contar con más de 300 millones de personas alrededor del mundo y de contribuir con la diversidad cultural y la protección de la biodiversidad, han sido ignorados y excluidos de los escenarios internacionales. Sin embargo después de un largo y lento proceso de reivindicación han logrado hacer sentir su voz y hoy en día han empezado a ser considerados en algunos de estos escenarios internacionales. En este documento se presentará un breve recuento de algunos de esos espacios en el ámbito de los organismos internacionales, en donde se han desarrollado temas relativos al medio ambiento en los cuales tienen interés los pueblos indígenas. *El mismo se encuentra dividido en dos partes, la primera corresponde a los organismos internacionales universales que involucran la Organización de Naciones Unidad ONU y sus diferentes órganos y organismos especializados en temáticas ambientales. ** Además hace referencia a las declaraciones y los principales convenios internacionales sobre medio ambiente y conocimiento tradicional, adicionalmente se incluyen las organizaciones y acuerdos conexos que corresponden a la Organización Mundial del Comercio y a los tratados de libre comercio. La segunda parte corresponde a los escenarios de protección del medio ambiente a nivel regional que son relevantes para los pueblos indígenas, entre ellos, la Organización de Estados Americanos OEA, el Bando Interamericano de Desarrollo BID, la Organización Panamericana de la Salud OPS, la Comunidad Andina de Naciones CAN y se incluyen adicionalmente los tratados y declaraciones importantes en la materia. El objetivo al realizar este documento es ofrecer un panorama sobre las funciones de estos organismos y mencionar la manera como puede darse la participación de los pueblos indígenas en los mismos, mediante una obra de divulgación que sirva como material de consulta para líderes, autoridades de pueblos y organizaciones indígenas, funcionarios de organizaciones internacionales y sociales que apoyan a los pueblos indígenas.

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En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis del ordenamiento jurídico ambiental, aportando así al desarrollo, estructura y consolidación de esta rama jurídica. Bajo estos parámetros, el objetivo de esta publicación es hacer algunas reflexiones en torno a distintos temas que dentro del derecho público impactan o influyen al derecho ambiental y responder a los enormes desafíos que se presentan en la materia. Por tanto, el programa quiere contribuir desde la academia al diálogo crítico y propositivo que permita dar solución a los problemas encontrados en la aplicación del derecho ambiental. En el primer capítulo, Gloria Amparo Rodriguez describe los ordenamientos jurídicos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia a fin de analizar la forma en que cada uno de ellos consagra el derecho a un ambiente sano. A continuación, Martha Ovalle y Zelba Nidia Castro de Perez realizan un estudio de los principios de precaución y prevención, exponiendo su alcance, su fundamento desde el derecho internacional y cómo vienen siendo entendidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto jurisprudencial como legal. Luis Adolfo Diazgranados se ocupa de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia ambiental, para lo cual realiza un análisis de los deberes consagrados en la normatividad vigente. Continuando con esta temática, el profesor Jorge Agudo Gonzalez, de la Universidad Autónoma de Madrid, explora la incidencia del ambiente y los recursos naturales en los procesos contractuales, a fin de mostrar cómo estas materias se han constituido en variable fundamental en el devenir de la formación, celebración y ejecución de los contratos, desde un punto de vista crítico, los aspectos importantes del proceso sancionatorio ambiental, evidenciando las falencias y vacios del a Ley 1333 de 2009. Jairo Cabrera plantea algunas reflexiones sobre la responsabilidad, valiéndose de la doctrina internacional, sobre la problemática de la reparación por daño ambiental. Por su parte, Leonardo Güiza Suárez explica el régimen general de la responsabilidad ambiental en el ordenamiento jurídico a partir del daño de los bosques naturales y su incidencia sobre los derechos humanos. Andres Gomez Rey, desde la teoría del acto administrativo, desarrolla el análisis crítico del régimen jurídico de las aguas superficiales en el derecho ambiental. Giovani J. Herrera Carrascal realiza una disertación sobre los recursos naturales y el ambiente como elementos del espacio público que a su vez constituye en un componente del medio ambiente urbano a partir de la jurisprudencia y de las competencias respectivas. Por último, Marybell Ochoa Miranda trate el tema de los residuos hospitalarios en Colombia, exponiendo su régimen jurídico, las competencias de las autoridades ambientales, los deberes que en estos asuntos tienen los ciudadanos, proponiendo lineamientos para avanzar en la consolidación de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

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El propósito de la presente monografía es determinar la relación entre la degradación y navegación en los Grandes Lagos en la noción de seguridad ambiental de Estados Unidos y Canadá en un entorno de interdependencia entre 1995 - 2000. En ese sentido, se busca determinar como los recursos de poder de Canadá y Estados Unidos en la relación degradación-navegación transforma la noción de seguridad ambiental. De este modo, se analiza el concepto de seguridad ambiental desde la navegación, elemento esencial para entender la relación bilateral dentro del sistema de los Grandes Lagos. Esta investigación de tipo cualitativo que responde a las variables de la seguridad ambiental planteadas por Barry Buzan, Thomas Homer-Nixon, y Stephan Libiszewski, y a la teoría de la Interdependencia Compleja por Robert Keohane y Joseph Nye, pretende avanzar hacia la complejización de la dimensión ambiental lejos de la tradicional definición antropocéntrica.

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Particularmente se analizarán los casos específicos de dos empresas colombianas de tamaño medio con diferente actividad económica: una prestadora de servicios, Contexto Urbano Ltda. y una comercializadora, Polaroid Colombia.

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El proyecto se realizo en el sector farmacéutico en la empresa Merck Colombia S. A, con el objetivo de realizar un acercamiento diagnóstico tratando de identificar el nivel de conciencia y compromiso que poseen los miembros de la organización en las diferentes áreas de la empresa, y más específicamente tratando de identificar los conocimientos que poseen los trabajadores acerca del tema ambiental en los diferentes procesos productivos, los sentimientos y actitudes con respecto al manejo adecuado de los recursos y la protección del ambiente, los compromisos adquiridos por la empresa con respecto a una gestión ecoeficiente (planes y programas de gestión ambiental, actividades de motivación, sensibilización y educación ambiental) y finalmente establecer la relación entre el nivel de conciencia (los conocimientos, las actitudes y los sentimientos con respecto al ambiente) y el nivel y calidad del compromiso organizacional con la gestión ecoeficiente, con el fin de generar estrategias efectivas que motiven, sensibilicen y eduquen a la comunidad empresarial posibilitando el logro de metas ambientales

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En el presente documento se presenta un panorama del estado de la tenencia en zonas rurales en Colombia, los conflictos que se presentan por causa de la propiedad de la tierra, as como la situación de las zonas de frontera agropecuaria

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Teniendo en cuenta que el medio ambiente se ha convertido en una tema neurálgico en la vida del ser humano, por la conciencia que este ha adquirido en cuanto a la protección del entorno se refiere, cada estado por medio de su legislación interna

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Las medidas cautelares tienen su fundamento en el principio de precaución, implica la adopción de medidas preventivas y restauradoras para precaver los impactos negativos de las actividades humanas sobre la salud de las personas y los ecosistemas

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La seguridad ambiental es una temática de interés tanto a nivel nacional como internacional, debido a que las problemáticas ambientales traspasan las fronteras de los Estados y No diferencian la condición de país desarrollado o en desarrollo.

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analizar el concepto de un Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A), sus elementos y características, además de sus beneficios y aplicabilidad en empresas nacionales e internacionales.

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Parte de un diagnóstico realizado en el museo, de estacando sus fortalezas y debilidades, y de una revisión bibliográfica por diferentes medios, a través de la cual se encontró que en Colombia existen escasos antecedentes de programas

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Actualmente organizaciones de todo tipo se están interesando al respecto y se están preocupando por controlar el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente