167 resultados para Convenios de la administración pública
Resumo:
El interés de esta monografía es analizar la influencia de la globalización como proceso mundial y el neoliberalismo como política económica frente a la definición de políticas educativas. Tiene como objetivo analizar la manera en que se han modificado los conceptos de autonomía y democracia universitaria en la universidad pública colombiana, en el marco de la globalización y a través de la educación por competencias desde 1992 hasta el 2013. Con base en una aproximación conceptual de los términos de autonomía y democracia universitaria a través de elementos teóricos e históricos, se analizará como el actual sistema educativo colombiano y la educación por competencias ha modificado los conceptos de autonomía y democracia universitaria en la universidad pública colombiana.
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La obra de la profesora Salcedo es un estudio profundo que, sirviéndose de la metodología del derecho comparado, analiza de forma aguda y crítica los distintos problemas que se presentan en materia de arbitrajes de contratos estatales, tanto en Colombia como en Francia. Este libro desarrolla de forma conjunta dos temas de gran actualidad: el arbitraje, como método alternativo de solución de controversias, y los contratos estatales, como uno de los principales mecanismos de intervención del Estado como agente en el mercado. El análisis demuestra, de manera contundente, que estas dos instituciones jurídicas están lejos de ser antagónicas y, por el contrario, resultan totalmente complementarias dentro del marco de intercambios económicos de la sociedad moderna.
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Este texto, a partir de la aproximación reflexiva desde la docencia, la investigación y la extensión académica, propone las claves de lectura para la comprensión de la administración cultural. Para ello, propone como campo de acción la disciplina de la administración de la cultura, como un sector de actividad económica y de configuración empresarial de trascendencia. Producto de esta reflexión, identifica la problemática de reduccionismo gerencial a la que fue sometida la disciplina administrativa durante el siglo XX, para rescatar su lógica y ethos relacional con otras disciplinas. Además, establece un concepto y un marco de trabajo para el desarrollo de la administración como disciplina, en términos de tareas académicas, para profundizar en la investigación de la administración de las culturas, la generación de saberes y didácticas. Lo anterior, con el propósito de formar capital humano preparado para enfrentar este tema estratégico de las naciones, las cuales están envueltas en dinámicas locales, basadas en disputas hegemónicas y asimétricas, de una economía simbólica con valor estratégico y, por tanto, con la necesidad de una administración de las organizaciones del trabajo cultural.
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La Función Pública puede entenderse como la herramienta necesaria que permite gestionar los recursos humanos que están al servicio del Estado y por ende de los ciudadanos, de ahí que el proceso de selección de los funcionarios públicos deba garantizar como mínimo transparencia, idoneidad, celeridad y mérito como elemento fundamental para quien detente un cargo público. De ajustarse a tales medidas se garantizaría legitimidad institucional y credibilidad en el sistema democrático. Si bien, el Estado colombiano ha tratado durante décadas hacer de este postulado una realidad, lo cierto es que en la práctica no se han concretado muchos de los propósitos y disposiciones que la Ley expresa, sino que por el contrario ha permanecido en el tiempo una constante ligada a manifestar la forma poco adecuada de como realmente se llevan a cabo los procesos de selección de funcionarios públicos, los cuales atienden más al clientelismo que a la idea de responder al deber ser. Esta monografía estudia en concreto los primeros cinco años de gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez, en lo relativo a la Función Pública, en donde se determinan algunos aspectos de lo que ha sido su gestión en relación con la propuesta administrativa y la coherencia de la misma frente a los hechos concretos que se manifiestan en lo concreto.
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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.
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Esta monografía busca analizar el papel del Estado colombiano con respecto a la protección de los Derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de la explotación sexual. En especial procura determinar los alcances y los logros de las políticas públicas colombianas encaminadas a reducir el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual como modalidad del delito de Trata de Personas durante el período 2000 2007. A partir de lo anterior, se trazaron como objetivos específicos: definir el delito de Trata de Personas y analizar las causas que conllevan a ser víctimas de ésta con la finalidad de comprender de qué es lo que se está hablando, y las condiciones en que se ubica la mayoría de sus víctimas. En segundo lugar intenta exponer la política pública colombiana contra el delito de Trata de Personas y especificar las instituciones que respaldan la elaboración de la misma. Igualmente busca analizar los programas implementados a partir de la política para entender qué ha hecho el Estado al respecto y con qué institucionalidad cuenta para la realización de sus proyectos. Para finalizar, busca analizar los alcances y logros de la política implementada por el gobierno colombiano. La presente investigación sobre el fenómeno de la Trata de Personas pretende mostrar que este delito no solamente afecta a las mujeres, como se ha presumido comúnmente, sino que por el contrario, hoy en día vincula diferentes sectores de la sociedad.
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La teoría financiera define el objetivo básico financiero como la maximización de la riqueza de los accionistas. Al respecto los autores de este trabajo perciben el objetivo básico financiero como la maximización de la riqueza de la sociedad en general. Es claro que lo anterior no resta importancia a la preocupación por incrementar el valor de la riqueza del accionista, pero sí equipara los intereses de los diferentes actores relacionados con las empresas. En esa búsqueda de la maximización de la riqueza de los accionistas se entiende que esta solo es posible maximizando el valor de la empresa. Y el valor de las empresas no depende del valor en libros o el valor de mercado de sus activos, sino está relacionado con la capacidad de generar liquidez para el accionista que represente el retorno esperado sobre los recursos comprometidos en el negocio.
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Partiendo del escenario de democracia participativa que establece la Constitución del 91 en Colombia, esta investigación se preocupa por identificar los factores que han determinado la participación en Cali en ejercicios de control ciudadano durante el periodo 2001 - 2007. Para ello se recurre principalmente a los conceptos de Cultura Política de Almond y Verba, y Democracia Fuerte de Benjamin Barber como categorías analíticas que permiten evaluar los niveles de participación registrados durante el periodo de estudio, y así concluir que la existencia de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas de carácter negativo respecto al sistema político local, los rezagos de una configuración de dominación patrimonial, y las lógicas particularistas que promueve el liberalismo a ultranza, entre otros, han provocado un bajo nivel de participación ciudadana en ejercicios de control, que a su vez se caracteriza por ser predominantemente contestatario.
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El problema del tráfico de estupefacientes se ha convertido no solo en un dificultad para los países productores y consumidores, sino también para países de paso que a su vez se convierten en consumidores. Así la frontera entre Brasil y Colombia se ha convertido en objetivo para la lucha contra las drogas, usando herramientas como la interdicción aérea.
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A partir de la constitución de 1991 en Colombia se instauró la democracia participativa como el mecanismo idóneo para relegitimar al Estado, y como medio para incluir en el tránsito político a los sectores marginados de la sociedad colombiana. No obstante, el andamiaje y el juego participativo no dan prueba de ello, y por el contrario, lo que se expresa en la realidad política colombiana, es un escenario de mayores niveles de exclusión y marginalidad que se han incrementado por factores como la democracia participativa. Lo que pretende el presente escrito es demostrar el cómo se convierte la democracia participativa en un instrumento de dominación que favorece los intereses privilegiados de determinados actores, así como demostrar los fenómenos contradictorios que se establecieron en la constituyente de 1991 y que dieron forma al paradigma participativo.
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Cuatro son los pasos requeridos para la elaboración de una política pública según el modelo secuencial sugerido por HAROLD LASWELL (1956) y luego desarrollado por JONES (1970), el primero es la definición del problema y la construcción de la agenda; el segundo, la formulación, la decisión o legitimación; el tercero, la implementación; y el cuarto, la evaluación de la política pública. Se presenta en este documento de reflexión un análisis de las tres primeras etapas en el proceso de elaboración de la política pública. Como estudio de caso se ha elegido la política pública en salud para grupos étnicos durante el período de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá, con un enfoque en derechos humanos. Se utilizaron diversidad de documentos distritales, nacionales, extranjeros, entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades que durante esta primera fase se percibieron en el proceso de definición del problema y construcción de la agenda gubernamental distrital, e implementación por parte del gobierno de turno para el período 2004-2007, caracterizado principalmente por los programas sociales a favor de los derechos de los más vulnerables.
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En cualquier sociedad habrá ciertos niveles de corrupción. A esto se le denomina corrupción normal o en equilibrio, no como aprobación, sino para hacer notar que controlar la corrupción nunca será igual a eliminarla. La presente monografía se desarrolló con el ánimo de resaltar desde una perspectiva académica el trabajo que realizan las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Comunidad Andina de Naciones como aparato anticorrupción en la administración pública, y cómo su trabajo fortalece la integración institucional para la lucha contra la corrupción. En la actualidad, además de la existencia de las ramas ya tradicionales del poder público, la arquitectura institucional ha diseñado otras instituciones que contribuyen al control del Estado y con ello, a evitar que la acción de los agentes públicos se desvíe de su propósito fundamental de lograr los fines esenciales del Estado. Dentro de este cúmulo de instituciones, las Entidades Fiscalizadoras Superiores-EFS- se constituyen como mecanismos apropiados para combatir la corrupción, en virtud de su misión destinada a asegurar la correcta utilización de los recursos públicos.
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La presente monografía analiza la efectividad en la ejecución de la Política Publica de Reintegración Social y Económica, y toma como caso de estudio a Bogotá, durante el periodo 2006 y 2008. Para lograrlo, en el primer capítulo establece los fundamentos teóricos sobre Política Pública, el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración, y plantea un modelo de análisis para la política en estudio. En el segundo capítulo, realiza una contextualización del conflicto armado colombiano, de sus actores y las propuestas realizadas por los gobiernos para lograr la conciliación en el país. Así mismo, se analiza el cambio de reinserción a reintegración a través del estudio del Programa de Reincorporación a la Vida Civil y las críticas que llevaron a la creación de la Alta Consejería para la Reintegración. En el tercer capítulo presenta las condiciones determinantes en Bogotá para la reintegración, y expone así, la lucha armada en la ciudad, el Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración, las características especiales de los desmovilizados que llegan a la ciudad, y los elementos que definen a las comunidades de acogida. En el cuarto capítulo efectúa el análisis de la Política Pública de Reintegración Social y Económica en Bogotá (2006-2008) en cuanto a la estructuración del problema, los involucrados, la evaluación de los resultados y la efectividad de la reintegración.
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El propósito de esta investigación fue el de hacer un análisis transversal de la política pública de acceso al agua en Colombia, desde la implementación, funcionamiento y efectividad de la misma, en el contexto del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar.
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Durante el periodo 2002 - 2008, el Gobierno y el Congreso crearon una serie de leyes que, en vez de solucionar los problemas que aqueja la administración de justicia, agravó la situación con el establecimiento de ordenamientos jurídicos paralelos y competencias institucionales con diferentes impactos, descuidando los criterios de autonomía, calidad y oralidad que debe perseguir el sistema judicial colombiano.