663 resultados para CONCORDATO (DERECHO COMERCIAL) - COLOMBIA


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La presente monografía describe las dinámicas económicas de los Kichwas Otavalo en la zona comercial de San Victorino, Bogotá. Dichas dinámicas son examinadas a partir de la Nueva Sociología Económica (Smelser & Swedberg, 2005) y la Etnografía Económica (Dufy & Weber, 2009) para mostrar las divergentes racionalidades que surgen al interior del mercado. Esto nos lleva a debatir con la ciencia económica ortodoxa y los supuestos que manejan frente a la racionalidad, el mercado y la competencia. A lo largo del texto se sostiene la importancia de los marcos de transacción (Dufy & Weber, 2009), su trascendencia, y su factibilidad para entender las dinámicas históricas, económicas y comerciales que rodean la venta ambulante en San Victorino. Por otro lado mostramos cómo estos mismos marcos de transacción se reflejan en las dinámicas comerciales de este grupo indígena oriundo del Norte de Ecuador. Se hace un recuento de su historia y de los tipos de negocios en los que resultó la tradicional venta ambulante en la capital colombiana. Las racionalidades de estos son resumidas en dos tipos de racionalidades (tradicional y modernista) que derivan tanto en grandes logros como en grandes problemáticas al interior de la comunidad. El caso, en suma, demuestra que la racionalidad económica es mucho más compleja de lo que la teoría económica ortodoxa desea admitir. Nadie es profeta en su tierra.

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In this chapter we provide a summary description of Colombian Competition Policy with an emphasis on the agricultural sector. Key developments and recent changes in institutional arrangements affecting competition policy, as it applies to the agricultural sector, are highlighted. Illustrative case studies are depicted to show the richness and complexity of policy developments and enforcement. Some general conclusions are drawn from this examination.

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El reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales (DESC), es el segundo hito en materia de derechos humanos en el contexto internacional, después de la proclamación de los derechos civiles y políticos. Esta secuencia en el reconocimiento de los derechos humanos, ha llevado a clasificar los civiles y políticos como derechos de primera generación, y los DESC como de segunda generación. El reconocimiento de los DESC se materializa en su inclusión en los textos constitucionales de un buen número de países, o de su reconocimiento implícito aún sin estar incluido como un mandato constitucional

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We analyze the effect of a parametric reform of the fully-funded pension regime in Colombia on the intensive margin of the labor supply. We take advantage of a threshold defined by law in order to identify the causal effect using a regression discontinuity design. We find that a pension system that increases retirement age and the minimum weeks during which workers must contribute to claim pension benefits causes an increase of around 2 hours on the number of weekly worked hours; this corresponds to 4% of the average number of weekly worked hours or around 14% of a standard deviation of weekly worked hours. The effect is robust to different specifications, polynomial orders and sample sizes.

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El presente documento hace una revisión de la política de reforma agraria en Colombia desde principios del siglo XX hasta 2012, caracterizada por la adjudicación de baldíos a campesinos. En este documento, se busca dar cuenta de la magnitud e importancia de esta política pública que ha perdurado a lo largo del tiempo y con una dinámica continua desde sus inicios, con el fin de aportar a la amplia literatura sobre reforma agraria en Colombia que, si bien analiza las tensiones propias de esta política no cuenta con datos desagregados del comportamiento de la política para más de un siglo. Igualmente se hace un recorrido regional que evidencia la dinámica de la reforma agraria en diferentes regiones a lo largo del tiempo.

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Para evaluar el impacto de un Tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, describimos las características de la economía colombiana, enfatizando en sus patrones y perspectivas de comercio, e identificando los sectores y regiones más sensibles a la firma de un TLC. Afirmamos que los efectos de un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, serán similares a los que han tenido anteriores reformas de liberalización comercial. Sin embargo, mientras Colombia espera la firma del TLC con Estados Unidos, ese país está cerca de firmar tratados bilaterales con algunos países de Latinoamérica. Por lo tanto, también puede haber efectos sobre la economía colombiana producto del cambio en las reglas comerciales entre sus socios. Primero analizamos el efecto de anteriores reformas comerciales en Colombia, México y Chile. Luego, a través de un modelo de equilibrio general multiregional aplicado, simulamos los efectos sobre la economía colombiana de un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Concluimos que, aunque moderados, habrá aumentos en el bienestar y en la producción de los consumidores y firmas colombianos.

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El artículo describe el programa de privatización en el sector real de la economía Colombiana durante los años noventa y ubica esta política en un contexto de desregulación de mercados y promoción de la inversión privada en la oferta de infraestructura publica y servicios públicos domiciliarios. El articulo evalúa el programa de privatización en los sectores manufacturero y de generación de energía eléctrica. Se hacen mediciones ex - post y análisis econométrico del desempeño de las firmas privatizadas. En el sector manufacturero la muestra analizada esta compuesta por 30 firmas manufactureras de gran tamaño, donde el Instituto de Fomento Industrial era socio fundador. Los principales resultados sugieren que estas firmas mantuvieron un comportamiento pro - cíclico relativo a su principal competidor privado y desestimaron planes drásticos de reestructuración operativa. Para el grupo de firmas de generación de energía el articulo estudia el impacto de la reforma regulatoria en el proceso de entrada al mercado, estructura de propiedad, competencia de mercado y eficiencia productiva. La medición de eficiencia productiva usa la técnica de Data Envelope Análisis para 33 plantas que representan el 85% de la capacidad instalada en la generación térmica de energía eléctrica. La muestra esta compuesta por plantas que estaban en funcionamiento antes de la reforma y las entrantes que comenzaron su operación comercial después de la reforma. Los resultados sugieren que los niveles de evidencia en la generación térmica a mejorado después de la reforma y que la política regulatoria ha tenido un efecto positivo en la eficiencia productiva.

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Este documento presenta un resumen de las principales corrientes teóricas que han tratado de dar una explicación a la discriminación laboral, asi como una exposición pedagógica de las principales modalidades mediante las cuales dicha discriminación se manifiesta. Se realiza un particular análisis de las consecuencias que dicha discriminación tiene, en particular para el caso de los jóvenes de América Latina, y finalmente se realiza una revisión de los estudios que sobre el tema se han realizado en Colombia, sus aspectos metodológicos y las conclusiones a las que dichos estudios han llegado.

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La lucha por el control de las fuentes del derecho es una de las preocupaciones centrales de la teoría jurídica contemporánea. Esta lucha ha dividido a los juristas en dos grandes escuelas. Por una parte, están aquellos doctrinantes que consideran al imperio de la ley como el valor fundamental de un ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica, la paz social y legalidad de las decisiones judiciales serían ideales mucho más importantes para que la supremacía constitucional o la homogeneidad de la jurisprudencia. Por otra parte, están aquellos juristas que consideran a la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina constitucional como valores fundamentales de un ordenamiento jurídico legítimo.En Colombia, los fallos de la Corte Constitucional han suscitado una de las controversias más interesantes en la ya clásica discusión sobre las fuentes de derecho. En especial, el fenómeno conocido como constitucionalización del derecho ha traído consigo numerosas modificaciones, principalmente, en en el campo del derecho civil y comercial (muchas de ellas sumamente polémicas). Sin duda, este libro constituye uno de los más serios intentos por analizar críticamente los efectos de la intervención de la Corte Constitucional en el derecho colombiano.

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Ante el fenómeno de la globalización, el gigante asiático se presenta como un actor fundamental para establecer relaciones económicas, por su reciente ascenso en la jerarquía de poder, su creciente industria demandante de materias primas y su densa población, cuya capacidad de consumo aumenta día a día. Lo anterior le permite a Colombia abrir nuevos mercados que generen un mejoramiento económico y un mayor reconocimiento internacional La presente investigación se desarrolló mediante una metodología cualitativa que abarca la revisión de material bibliográfico, investigaciones realizadas y consulta de documentos oficiales. También se recogen datos estadísticos, fundamentales para soportar los objetivos de este documento y se citan casos de países como Brasil, Argentina y Chile, que constituyen un referente para conocer los procesos que llevan a cabo estas naciones con el gigante asiático relacionados a las importaciones de carne Bovina. La inclusión actual del sector ganadero en los nuevos contextos nacionales e internacionales de competencia por mercados, resulta indispensable para asegurar no sólo la estabilidad sino fundamentalmente la sostenibilidad de la actividad a mediano y largo plazo. Lo anterior debe convertirse en un propósito nacional de los sectores públicos y privados para comenzar a desarrollar, conjuntamente con los gremios; acciones que permitan remover los obstáculos que hoy en día se presentan y promover la modernización de esta actividad. Es pertinente elevar la condición de la producción, comercialización y mercadeo de la ganadería bovina colombiana, además de garantizar niveles de rentabilidad que permitan consolidar la confianza y el impulso necesario para el desarrollo de las inversiones básicas, que la normatividad a nivel de logística y salubridad exige para llegar a nuevos países.

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Durante los siglos XX y XXI, la política exterior colombiana ha reflejado ciertas tendencias que han repercutido en la realidad del país de manera favorable y desfavorable. Al ser la política exterior el reflejo de los intereses y necesidades de los ciudadanos de un Estados, es importante conocer cómo es el Carácter Nacional para entender por qué un Estado actúa de cierta manera, y cómo puede mejorar sus estrategias implementadas a nivel exterior. La presente investigación diagnóstica busca, mediante un recuento de la historia de Colombia durante estos dos siglos, vislumbrar los factores que han condicionado el carácter nacional, y por ende, han influenciado la política exterior colombiana. Al hacer un recuento de estos sucesos, se podrá comprender por qué el gobierno colombiano utiliza ciertas estrategias a nivel exterior, para así, recomendar su replanteamiento de tal manera que se adecúen favorablemente al carácter nacional colombiano.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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El presente libro, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y territorial, y en los sectores central y descentralizado. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y la jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el lenguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desempeñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública.

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El derecho del trabajo, por su contenido social, depende en gran medida de las variaciones que en cada tiempo y lugar se produzcan en el contexto económico, político, tecnológico o social. Por tal motivo, debe mantenerse en sus expresiones normativas una especial disponibilidad para ajustarse a esas variaciones y permitir que las relaciones laborales resulten concordantes con la realidad de cada momento. El derecho laboral debe ser dúctil y esto en gran medida se logra por medio de la expresión de los estamentos gubernamentales para introducir en las normas, la Constitución, las leyes y los decretos figuras nuevas que representen la respuesta a los cambios sociales.Dentro de ese contexto, y ante la rigidez que en aspectos laborales se incluyó en la Constitución de 1991, se han venido presentando estudios con el fin de explicar la importancia de dar flexibilidad a lo mismo dentro del objetivo de procurar un mayor estímulo a la creación de empleo, ante la convicción de ser la insuficiencia en las fuentes de trabajo posiblemente el mayor obstáculo para lograr el ideal de un mejoramiento general en las condiciones de vida de las personas.

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Puede entenderse la ciudad como una manifestación de las disputas surgidas desde el plano de lo social. En ese mismo sentido surge el concepto del derecho a la ciudad, entendido en términos generales como aquel que se tiene para decidir el tipo de urbe y su organización. Así, este derecho ha estado limitado a la construcción de espacios propicios para la acumulación de capital, para una élite minoritaria capaz de configurar la ciudad, generando un caos urbano que se evidencia en la segregación socio-espacial, abultando las arcas de los poderosos a la vez que se aíslan a las mayorías trabajadoras del ejercicio el derecho a cambiar y reinventar la ciudad para satisfacer sus necesidades y garantizar sus sueños.