814 resultados para COLOMBIA - POLITICA Y GOBIERNO
Resumo:
El problema del paramilitarismo en Colombia ha afectado diversas capas de la sociedad colombiana. En la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente unos de los principales afectados han sido las comunidades indígenas que ahí habitan (Koguis, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos), siendo estos obligados a pertenecer a una lógica de guerra caracterizada por involucrar a la población civil y por utilizar al narcotráfico como medio de financiación. Por lo tanto la investigación que se presenta a continuación es una aproximación teórica a las lógicas de la guerra paramilitar en la zona y su influencia sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas entre los años 2002 y 2007.
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La supervisión del contrato estatal es que una materia que no se encuentra debidamente reglamentada, ya que con el estudio de la legislación vigente al respecto se observa que, por ser ésta insuficiente, general y delegataria, ha acarreado que el deber y la obligación de supervisar la actividad de contratación por parte del Estado sean reglamentados por la normatividad interna de cada entidad cobijada por el régimen de contratación pública. Reglamentación ésta que, al realizar un análisis, lleva a deducir que es numerosa, dispersa, contradictoria entre sí y entre las normatividades internas de las entidades públicas analizadas; con lo cual se constituye un panorama no propicio para el cabal cumplimiento de los principios generales del derecho, constitucionales; principios que rigen la función administrativa y los de la contratación estatal que le puedan ser aplicados. De acuerdo con todo lo anterior se expresa que, siendo la supervisión una herramienta ideal para el cumplimiento del deber y la necesidad de vigilar y controlar todo lo concerniente al proceso de contratación pública por parte del Estado colombiano, con miras a controlar y disminuir la corrupción en la contratación estatal, no goza de un régimen ideal para su desarrollo, por lo que además puede decirse que esta herramienta ha sido hasta la fecha subutilizada.
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El presente estudio tiene como propósito definir las tensiones que presenta el modelo de división territorial interna de Bogotá con base en dos categorías de análisis: la desconcentración y la descentralización.
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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.
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La participación de las mujeres en la esfera pública y el pleno uso de sus derechos no ha sido gran relevancia a través de los años. Esto, ha llevado a que las mujeres se organicen con el fin de buscar soluciones que ayuden a tratar los problemas que enfrentan tanto en la arena pública como en la privada.
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¿Sabe cuánto recibirá de pensión al momento de jubilarse? ¿Cuánto debe ahorrar para su pensión? ¿Qué le implica dejar de cotizar por algún tiempo? ¿Qué diferencias hay entre el sistema de pensiones de los mayores y el de las de las nuevas generaciones? Sin importar la edad, cada vez es más frecuente la solicitud de respuestas a estas preguntas. El Estado y la academia vienen aportando elementos para resolver la incertidumbre sobre las posibilidades de recibir en el futuro una pensión. La urgencia por modificar el sistema de protección social acorde con los cambios demográficos, de implementar una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad, además de los elevados costos del sistema de pensiones en Colombia, pusieron nuevamente sobre el tapete el tema de las inequidades del sistema pensional y llamaron la atención de los responsables sobre la formulación de políticas para la juventud, pues las nuevas generaciones son las más afectadas debido a que sus intereses no siempre han estado representados. Investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en desarrollo de su línea de investigación sobre política social, estudian la evolución de la situación de las familias en el país y del impacto que tienen sobre ellas distintas políticas públicas. Una de las áreas de estudio es el sistema pensional: su reforma en 1993, los ajustes realizados en años recientes, su limitada cobertura y el excesivo costo por prestaciones muy generosas acordadas a diferentes grupos de empleados de entidades estatales. Por solicitud del programa Colombia Joven(...), de la Presidencia de la República, se realizó una aproximación de las perspectivas de pensión de los jóvenes, con el fin de complementar al diseño del sistema de protección con que podrán contar los jóvenes de hoy en su vejez(...). Para alinear el sistema de pensiones a los cambios socio-económicos era necesaria la reforma. La reducción del ritmo de crecimiento de la población, su mayor longevidad, la vinculación de la mujer a los mercados de trabajo, son sólo algunos de estos cambios, que exigieron aumentar el tiempo y tasas más altas de cotización y, por supuesto, elevar la edad para el retiro. Con menores tasas de crecimiento demográfico no es posible que la población activa pueda, con sus contribuciones, atender las pensiones de una población mayor que creció a tasas más altas y que vivirá por más años. Tampoco es posible sostener con impuestos, los beneficios desproporcionados en pensiones de personas que disfrutaron altos ingresos a lo largo de su vida(...). El cambio que introdujeron muchos países, entre ellos Colombia, hacia sistemas basados en el ahorro de cada persona en su vida activa, para financiar su pensión, ha exigido el uso de crecientes recursos públicos para pagar las obligaciones por pensiones que no contaban con las suficientes reservas para su atención, hecho que afectará el crecimiento de la economía y el bienestar de los jóvenes.
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En América Latina el tema de la seguridad nunca ha sido -hasta ahora- objeto de una atención y preocupación constante y sistemática por parte del foro académico en tanto dimensión específica de los problemas de las relaciones internacionales. A ello ha contribuido lo que algunos estudiosos han denominado la “relativa irrelevancia” de la región en materia de seguridad a nivel mundial, resultado de diversos factores dentro de los que pueden destacarse al menos los tres siguientes: el bajísimo nivel de conflictividad interestatal (a pesar de episodios esporádicos como la Guerra de las Malvinas y la escaramuza bélica entre Ecuador y Perú en la Cordillera del Cóndor), el hecho de ser un área relativamente libre de armas nucleares (el tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, es pionero en materia de control de armas y de no proliferación), y en los últimos años, el fin del conflicto centroamericano y con ello, la pacificación de la región, no obstante la persistencia del conflicto interno colombiano. Esta marcada tendencia ha empezado a cambiar de curso bajo la influencia de los efectos que en la dinámica de las relaciones internacionales produjeron los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. En efecto, estos acontecimientos no sólo provocaron una creciente securitización de la agenda internacional (lo que implica que las políticas exteriores, o el análisis de las relaciones internacionales, tengan que ser pasados por el prisma de la seguridad, a la que todo se subordina, desde la economía -el libre mercado como herramienta para luchar contra el terrorismo- hasta los intercambios culturales -las restricciones al acceso de extranjeros a ciertos programas de educación superior). También obligaron a darle una nueva mirada a las zonas consideradas pacíficas, en la medida en que el terrorismo es una amenaza global que se viene enfrentando con una guerra igualmente global, que no se atiene a la clásica distinción geopolítica entre zonas bajo un orden de paz y zonas en estado de guerra. En este contexto aparece el esfuerzo colectivo de los miembros de la línea sobre seguridad regional e internacional del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI)(...), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en torno al análisis de la construcción de la seguridad en América Latina, cuyo primer resultado es un afortunado y pertinente intento por delinear los perfiles de seguridad de los países que integran el “círculo de Colombia”: Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela(...) y al cual seguirán tres trabajos adicionales dedicados a la seguridad de los países del Cono Sur, de Centroamérica y el Caribe, y por último, de Colombia con una perspectiva comparada. Esos perfiles de seguridad se determinan a través de un análisis que se considera un espectro mucho más ensanchado de nuevas amenazas a la seguridad y en el que los factores de seguridad clásicos, principalmente geopolíticos y militares, se enlazan fluidamente con los económicos, sociales, ambientales y culturales, hasta ahora relegados a una posición relativamente secundaria.
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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.
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A lo largo de las últimas décadas, el papel de la Unión Europea como actor a escala global ha evolucionado de manera significativa. Dentro de esa nueva dinámica, su proyección hacia otras regiones del mundo entraña una enorme importancia para América Latina, y en particular para la región andina. En atención a ello, el inicio de las negociaciones para un acuerdo de asociación UE – CAN, que busca no sólo establecer una zona de libre comercio, sino avanzar hacia el diálogo político y la cooperación, se constituye en un paso histórico de acercamiento entre las dos regiones, en cuanto abre nuevas posibilidades de beneficio mutuo.
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Al comenzar el Siglo XXI las ciudades se han convertido tal vez en la mejor expresión de las complejidades de la sociedad contemporánea. Al ritmo impetuoso de la globalización, los centros urbanos se constituyen en el hábitat de la mayoría de la población, así como en centros privilegiados de las más avanzadas manifestaciones de los procesos económicos, y en generadoras de innovación y de transformaciones culturales. Aunque los anteriores atributos reafirman el protagonismo de las ciudades como impulsoras del desarrollo, paradójicamente en ellas mismas se hacen evidentes las contradicciones propias de viejos problemas sociales: pobreza y marginalidad, exclusión social, inseguridad y profundos problemas ambientales, fenómenos todos que, de una u otra manera, se manifiestan inclusive en ciudades favorecidas por las dinámicas de crecimiento económico más intensas. Las anteriores circunstancias exigen que los gestores de la vida urbana reconozcan las ventajas e identifiquen las amenazas que se derivan de todos esos procesos, para sacar provecho de las primeras y conjurar los efectos de las segundas. Los gobiernos centrales deberán, a su vez, dedicar sus mejores esfuerzos a la cooperación con los orientadores de los asentamientos humanos en la búsqueda de los mismos propósitos. Ésto implica el diseño de políticas públicas orientadas a insertar cada ciudad en el mundo globalizado y, al mismo tiempo, poner los beneficios de la globalización al servicio de la sociedad.
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Una radiografía especializada del escenario internacional mostraría ya la existencia de una red compleja de múltiples y sorprendentes interconexiones entre territorios, distritos y provincias de los más insospechados lugares del mundo, que sostienen contactos de naturaleza comercial o cultural, por decir lo menos, y que van conformando nuevas asociaciones que modifican el mapa de las relaciones internacionales y las hacen más dinámicas y cercanas a la ciudadanía. En el seno de la Unión Europea, lo mismo que en países como Chile, Brasil, Canadá, México y Argentina, se pueden hallar vínculos directos entre regiones que intercambian no sólo bienes, sino que comparten experiencias y conocimientos, al tiempo que fortalecen buenas prácticas de beneficio recíproco con ánimo de sostenibilidad en el largo plazo. En Colombia, el desarrollo de actividades de carácter internacional por parte de las entidades territoriales está adquiriendo fuerza y dinámica propia. Progresivamente, los Departamentos y sus principales ciudades se suman a la tendencia de concebir una política que les permita proyectar una imagen internacional claramente definida acerca de las oportunidades de inversión, comercio y apertura de mercados que ofrecen tanto su territorio como su sociedad y su comunidad empresarial. Sin embargo, ante las proporciones y posibilidades del fenómeno, los gobiernos y demás protagonistas de la vida local y regional enfrentan todavía múltiples desafíos en su propósito de internacionalización.Si bien se destinan presupuesto y recursos humanos para avanzar en el tema, falta mucho por hacer en la concepción y desarrollo de estrategias refinadas que permitan visualizar propósitos y posibles resultados de las acciones emprendidas. Y sin perjuicio de que en ciertos casos se avizoren perspectivas de éxito, en otros, como es apenas natural en los momentos iniciales de procesos de esta naturaleza, un cierto grado de desorientación llega a nublar un panorama que de todas maneras se puede despejar si se trabaja con profesionalismo y conocimiento. Un estudio desarrollado por el Observatorio de Política Exterior Colombiana (OPEC) de la Universidad del Rosario, sobre las iniciativas regionales y/o locales en materia de inserción internacional, comprueba que aunque los Gobiernos municipales o departamentales están incorporando en sus planes y programas cierto tipo de actividades de esta naturaleza, es necesario profundizar en los procesos de planeación con alto contenido estratégico y prospectivo, ya que sólo así podrán capitalizar su enorme potencial y las oportunidades que el entorno les ofrece. Lo mismo que es imprescindible conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos de implementación que requiere una estrategia de internacionalización. Este fascículo ofrece una serie de reflexiones acerca del proceso de inserción internacional de algunas de nuestras ciudades y regiones, sus oportunidades, y algunas herramientas que podrían permitir a los gestores de política pública, asesores y actores involucrados, avanzar hacia una estrategia de inserción internacional efectiva y pertinente a las necesidades de sus entidades territoriales.
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Un enfoque novedoso y útil La Ekística es una disciplina que se ocupa de problemas contemporáneos con base en principios muy antiguos y entiende las complejidades de la tendencia humana a establecerse en un lugar determinado, dando vida a caseríos, aldeas y ciudades, lo que comprende dentro del concepto de asentamientos humanos. Constantinos Doxiadis, griego del siglo XX, propuso la Ekística como método de análisis y solución de los fenómenos y problemas que surgen dondequiera que el hombre se establece con ánimo de permanecer. Enfrentado a la necesidad de reordenar la vida de la ciudad de Atenas y de la región de Ática, ante la presencia de cientos de miles de desplazados por las guerras que asolaron a Grecia hace varias décadas, advirtió que su formación de arquitecto le proporcionaba elementos útiles para ordenar sólo algunos de los múltiples aspectos que se deben tener en cuenta para hacer más amable la vida urbana. Al acudir a otras disciplinas en busca de apoyo, Doxiadis llegó a la evidencia de que, tomadas de manera separada, cada una se mostraba insuficiente para cumplir la tarea de reordenamiento integral que era necesario llevar a cabo. Fue entonces cuando entendió la necesidad de una respuesta a la vez interdisciplinaria y armónica que, lejos de rechazar las contribuciones de diferentes disciplinas al tratamiento de las realidades de los asentamientos en todas sus manifestaciones, pudiese organizar sus aportes de manera orgánica. A partir de esta reflexión Doxiadis concibió la Ekística. La denominación Ekística proviene de la palabra οίκος, (íkos) que en griego purista significa casa, hogar o hábitat, de la que se deriva el verbo οικίζω (ikíso) como expresión del establecimiento de una persona o grupo de personas en un lugar determinado, mediante la construcción o el uso de un refugio, con el ánimo de residir allí y convertir tanto el sitio como su entorno en la sede principal de sus actividades. De allí surge la calificación de οικιστής, (Ikistís) como la persona que establece o propicia el establecimiento de otros en un lugar, para terminar denominando οικιστικός, (ikisticós), es decir ekístico, todo lo concerniente a la fundación de una casa o de una colonia humana. De allí la denominación de OIKIΣTIKH, Ikistikí, Ekística, la ciencia de los asentamientos humanos. Como complemento del concepto es preciso señalar que por asentamiento humano se entiende el conjunto de arreglos espaciales y operacionales creados por los seres humanos, en escalas variadas, con el fin de sustentar su vida y conseguir sus aspiraciones y metas. En la tarea de acopiar elementos útiles para el planteamiento teórico y metodológico de la disciplina, Doxiadis se ocupó cuidadosamente de indagar acerca de los principios, relaciones, motivaciones, actores y características comunes a la vida del hombre en asentamientos de todo tipo, así como de identificar los patrones que podían explicar su origen, su crecimiento y su sostenibilidad. A su experiencia como planificador en diferentes países del mundo, Doxiadis agregó, mediante la realización de simposios internacionales, las reflexiones de representantes de diferentes continentes, disciplinas y formas de pensamiento sobre los problemas y retos asociados al fenómeno irreversible de la urbanización mundial. Esto permitió enriquecer la temática y la capacidad de análisis de la nueva disciplina frente a los cambios en las dinámicas urbanas como resultado de la incorporación de innovaciones tecnológicas, la necesidad política de participación de la comunidad en planificación, las necesidades de la sostenibilidad y el cuidado del ambiente, entre otras. De manera particular la Ekística influyó en el pensamiento de la época en el sentido de avanzar en la incorporación del tema de los asentamientos humanos como problemática integral y objeto de reflexión política y de acción institucional, con un lugar preponderante dentro de la agenda de desarrollo social a nivel mundial. La contribución de la Ekística a las definiciones temáticas de la primera conferencia de Hábitat en Vancouver, en 1976, en la cual se redefinieron las discusiones viviendistas tradicionales a partir de un enfoque integral, ha sido universalmente reconocida, como también lo ha sido su incidencia en la creación del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, UN Hábitat, con el fin de desarrollar una agenda más completa sobre las políticas públicas y las acciones relacionadas con el fenómeno de los asentamientos humanos en sus múltiples dimensiones.
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Los pueblos indígenas han desarrollado históricamente una diplomacia milenaria y complementaria a la estatal, logrando, entre otras cosas, el reconocimiento de sus derechos en el escenario internacional. Este ha sido un largo proceso, el cual ha implicado la constitución de redes sociales transnacionales y la emergencia de dirigentes indígenas de vocación internacional. Esta investigación pretende visibilizar las prácticas de incidencia en política internacional de los Pueblos Indígenas. En nuestro concepto, la diplomacia indígena constituye un ejemplo emblemático de participación política de los Pueblos Indígenas en distintos escenarios del Sistema Internacional como los organismos internacionales y foros mundiales.
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Este fascículo analiza las nociones de seguridad en el continente americano, estudia si dichas nociones se fundamentan en sistemas de seguridad colectiva, común o compartida. Identifica diez dinámicas que explican la existencia de tensiones entre los ambientes de seguridad o inseguridad regionales. Estas son: confrontación ideológica, conflictos limítrofes agravados, seguridad compartida ante amenazas no intencionales, desconfianza y discordia frente a las amenazas intencionales, consolidación de dos sistemas de seguridad: colectivo y cooperativo, neointervencionismo vs. derecho a la legítima defensa, influencias extra hemisféricas impactantes, perfeccionamiento del orden humanitario, exportación del conocimiento y la experticia y déficit en el sistema de protección y desarrollo de la gobernabilidad democrática.
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La “seguridad democrática” ha sucitado una profunda discusión en el páis. Aunque dicha discusión es vital para la construcción de la democracia, el hehco de que algunos de sus críticos y defensores no ofrecerian suficientes razones y evidencias para respaldar sus afirmaciones contribuyó en cierto modo a polarizar la sociedad colombiana. Fundamentada en algunas consideraciones conceptuales y luego de explicar otros esquemas de seguridad democrática en América Latina, esta investigación sostiene que el enfoque de la política de seguridad democrática del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe respondió a conceptos de seguridad y democracia restingidos. En efecto, esta política se limitó a identificar amenazas militares asociadas a los Grupos de Margen de la Ley (GAML), en especial las Frac, y les concedió a los ciudadanos un rol limitado en construcción.