78 resultados para planejamento ambiental


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El aprovechamiento de la Amazonia y la generación de beneficios sumado a la cooperación científica, la integración física y el aseguramiento de la preservación de las riquezas ecológicas es motivación para que el propósito de estas líneas sea introducir al lector en el problema de investigación que refiere la importancia que ha significado el Tratado de Cooperación Amazónica en la protección del medio ambiente de la región, durante el periodo comprendido entre 1990-2005. En el primer capítulo se plantea el problema de investigación y se hace una descripción del ámbito geográfico de estudio, destacando los aspectos más importantes de la Amazonia. Igualmente, se realiza un esbozo de los lineamientos generales del Tratado de Cooperación Amazónica, para que de esta manera, el lector tenga conocimiento sobre el Tratado en cuestión al que se le hace seguimiento a lo largo del estudio. Además se incluye una breve introducción de la cooperación internacional en los temas medioambientales, para saber cuáles fueron las acciones más importantes que se realizaron a nivel internacional sobre la materia en los últimos quince años. Posteriormente, se adelanta una explicación del problema de investigación desde la disciplina de las Relaciones Internacionales, según los preceptos de la teoría de la Interdependencia Compleja, tomando como base los postulados de Joseph Keohane y Robert Nye.

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Dados los grandes cambios y desarrollos científicos, económicos y sociales, la industria ha generado avances tecnológicos de gran magnitud que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A pesar de las buenas contribuciones que conlleva dicho desarrollo, se puede ver que soporta igualmente un sacrificio ambiental y social para hacerlos posibles. De acuerdo con el principio que establece la primacía del interés general sobre el particular, se han tolerado legalmente algunos daños ocasionados a los administrados en beneficio de la comunidad; pero lo anterior no puede desconocer las situaciones en las cuales se generan perjuicios que no deben ser soportados por la comunidad. Igualmente, la Constitución política establece mecanismos de protección en cabeza de todas las personas con el fin de proteger sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los derechos de tercera generación. Estos derechos son protegidos a través de la acción popular como mecanismo idóneo, eficaz y directo, el cual busca su restablecimiento.

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A través de la política ambiental del país, guiada por los principios constitucionales que rigen el tema ambiental, se han concebido unos instrumentos de punición, reparación y mitigación para contrarrestar los daños ambientales producidos por el hombre. Entre otras normas, el artículo 80 de la Constitución Política, le impone al Estado, representado por las autoridades ambientales, el deber de mitigar, sancionar y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, debido a que los recursos naturales renovables le pertenecen a la nación, forman parte del patrimonio natural y aseguran el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los colombianos.

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La empresa Servicios Generales de Colombia SEGECOL como comercializadora agroindustrial y de salud publica, ha identificado como oportunidad de crecimiento la incorporación y adopción de un Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A), ajustado a la normatividad expuesta por la organización internacional de estandarización ISO, mediante y a través de la aplicación de la norma técnica ISO 14000 y sus subgrupos. Las actividades cotidianas del ser humano a nivel individual y empresarialmente durante muchos años han deteriorado el medio ambiente obligando de tal forma asumir actitudes que normalicen dicha situación, desarrollando normatividad, legislación, capacitación y concientización al respecto. A partir de la década de los setenta se fortaleció todo tipo de acción a su favor, es así como nacen los grupos verdes, diferentes encuentros de orden mundial, conferencias de participación internacional, tratados, acuerdos y la concientización frente al compromiso de seguir evitando su deterioro y recuperar en la medida en que se permita los daños causados en el transcurso del tiempo. La nueva constitución del 91 creo el principal ente regulador como lo es el Ministerio del Medio Ambiente en el año de 1993. SEGECOL se encuentra desarrollando el proceso de diseño del Sistema de Gestión Ambiental, utilizando la herramienta de estandarización que ofrece la ISO 14000. En la búsqueda de dicho objetivo se identificaron cuatro impactos negativos ambientales relevantes que pueden ser mitigados, estabilizados y hasta recuperables, ellos son: el impacto de concentración de olores por la actividad de almacenamiento de productos, las basuras, consumo de energía y el ultimo impacto valorado lo representa el elevado consumo de papel.

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El interés de esta investigación diagnóstica es evaluar el tema de los refugiados ambientales en las legislaciones internacionales que se encuentran en vigencia actualmente. Es un elemento de análisis pertinente debido a que durante los últimos años el cambio climático y sus efectos adversos han causado estragos en algunas poblaciones, dando origen a lo que se conoce como refugiados ambientales. Así, la falta de inclusión del concepto en la normatividad internacional, representa una problemática, en tanto que estas personas no tienen ningún tipo de apoyo por parte de la Comunidad Internacional. En este trabajo se centra en el caso de las Islas Maldivas y refleja la necesidad de crear un nuevo régimen internacional que cubra a la figura de refugiados ambientales, para así hacer frente a esta problemática internacional.

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El surgimiento del derecho ambiental internacional ha generado importantes desafíos a los más inveterados fundamentos del derecho internacional público. De este modo, conceptos tradicionales como la soberanía de los Estados, los sujetos de derecho internacional, así como las perspectivas más tradicionales de la seguridad nacional están sufriendo grandes cambios. Las necesidades de la sociedad internacional contemporánea difieren sustancialmente de aquellas generadas en los preceptos de la sociedad  westfaliana, evento que explica el surgimiento de miradas alternativas que permiten la comprensión de dinámicas vigentes en el derecho internacional, ejemplifi cadas en conceptos como res communis, preocupaciones comunes o simplemen te “comunes”, los cuales vienen adquiriendo una posición privilegiada en el estudio del derecho internacional. Tales desarrollos han permitido, asimismo, el fortalecimiento de conceptos jurídicos internacionales como el de las llamadas obligaciones internacionales erga omnes, las cuales constituyen una piedra angular para la explicación de la existencia misma del derecho internacional ambiental.  Este artículo expone y analiza los conceptos mencionados anteriormente, mediante la utilización de criterios comparativos que permiten la elucidación de lo que era el derecho internacional clásico antes del surgimiento del derecho ambiental internacional, así como lo que constituye actualmente y en lo que deberá convertirse con el objeto de responder a los desarrollos y retos impuestos por la sociedad internacional contemporánea, particularmente por el derecho internacional ambiental: una nueva rama perteneciente al corpus juris del derecho internacional público.

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El fentión es un insecticida organofosforado usado en todo el mundo cuya aplicación puede derivar en contaminación de aguas y efectos potenciales en salud humana y animal. Objetivos: para evaluar los efectos tóxicos, la actividad colinesterasa plasmática tipo butiril (BChE) y el uso potencial en monitoreo ambiental se distribuyeron al azar treinta y cuatro juveniles de cachama blanca (Piaractus brachypomus) en tres tratamientos (control, 0,13 ppm y 2 ppm fentión) por un período de 96 horas. Materiales y métodos: los ejemplares fueron expuestos al fentión en tanques de diez galones, evaluando sintomatología, cambios post-mortem, índice viscero-somático (IVS) y actividad BChE. Se compararon las medias de cada variable para determinar significancia estadística (ANAVA, α=0,05). Resultados: se presentaron signos clínicos severos (nado frenético, tremores musculares y pérdida de eje de nado) en tres individuos (2 ppm) hacia las 11 y 34 horas. En 0,13 ppm hubo signos leves a moderados (tremores y movimiento de aleta caudal). Los IVS (control = 5,3 ± 0,5; 0,13 ppm = 6,9 ± 0,3 y 2 ppm = 7,3 ± 0,6) fueron significativamente diferentes entre los expuestos a fentión y los controles. La actividad BChE (control = 185,0 ± 20,4; 0,13 ppm = 12,5 ± 2,3 y 2 ppm = 9,8 ± 1,8 nmoles / ml plasma / min) mostró inhibición significativa en los expuestos a fentión con respecto a controles. Conclusiones: se demostraron los efectos tóxicos agudos del fentión en juveniles de cachama blanca. Los resultados en BChE mostraron su utilidad en monitoreo ambiental por exposición a insecticidas organofosforados.

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El objetivo de este trabajo es revisar la literatura reportada en el estado del arte sobre marketing ambiental y describir aquellos modelos que estudian el comportamiento del consumidor que han encontrado evidencia empírica sustentable. Luego de una amplia revisión en todos los bancos internacionales de información fueron encontrados cuatro modelos de marketing ambiental y uno que caracteriza a los consumidores verdes. Los modelos son descritos y comparados analizando sus características y equivalencias. Como resultado de lo anterior se concluye que los valores ambientales inculcados en el seno familiar y en la escuela son determinantes para la conducta de los consumidores verdes. 

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El desarrollo económico sostenible se concibe como la necesidad más apremiante de todas las naciones por el impacto negativo que se ha generado sobre los recursos proporcionados por el medio ambiente. Un equilibrio entre lo económico y lo ambiental se hace necesario para la supervivencia de la humanidad. La responsabilidad social en términos de responsabilidad ambiental constituye hoy para la empresa un vehículo estratégico por medio del cual se hacen compatibles las expectativas de los accionistas con las expectativas de los demás grupos de interés.

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En el ámbito urbano una de las principales fuentes contaminantes del ambiente son los vehículos automotores. Una estrategia para reducir el número de los vehículos en circulación y frenar el deterioro ambiental es el mejoramiento del sistema de transporte público y estimular su uso. Para hacer atractivo el empleo del transporte público en Caracas es indispensable hacer cambios importantes en este. Se propone la implantación de un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) que responda a los deseos de movilización de la población expresados en la Encuesta de Movilidad de 2005. En dicha ropuesta, las líneas de la red de transporte masivo existente constituirían rutas troncales del sistema más importantes; el BRT contemplaría la operación de estas rutas a lo largo del eje este-oeste de la iudad y de los principales corredores viales de los valles secundarios localizados al suroeste y sureste de Caracas; y las rutas alimentadoras operarían desde distintos sectores hacia las rutas troncales. La estimación del impacto ambi  tal derivado de la implantación del sistema propuesto, calculado solo con base en la sustitución de unidades minibús por autobuses en los principales corredores, señala ahorros sustanciales en consumo de espacio y de combustible; una disminución moderada del ruido; y reducciones de las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC).

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The gender, environment, and development approach proposes the study of women’s rights and obligations toward natural resources, as well as institutions and property relations that govern the access to such resources within specifi c socio-environmental contexts. From this viewpoint, this paper studies the fi shing activities of native women and men from Veracruz, Mexico, focusing on two processes: the gender construction of the fi shing arts and the gender socialization in fi shing activities. This paper shows that both processes make women specialize in certain water resources, which are important to securing feeding to their communities. An environmental policy with a gender perspective will be able to visualize woman roles in food provisioning, and to strengthen their control over the resources they currently manage, based on the environmental knowledge women have about them.

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En este artículo se revisan y analizan algunos aspectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) y su Plan de Manejo Ambiental, con el ánimo de demostrar que no consideran de manera adecuada los componentes ambiental y social. Desde la perspectiva de las políticas públicas se demuestra que se ajustan más a una estrategia militar-antinarcóticos que social y medioambiental, contrario al querer transmitido en la definición del instrumento, que habla de la compensación, prevención y mitigación de impactos, la protección de los recursos naturales, del medio ambiente y de la salud de la ciudadanía ubicada en las zonas de influencia directa. Para ello, se hace un recuento de cómo está definido el Programa y los organismos que lo componen; después se explica el Plan de Manejo Ambiental y el análisis de su implementación, posteriormente se muestran los resultados obtenidos de esta verificación para, finalmente, formular las respectivas conclusiones.-----This paper reviews and analyzes issues of the Illicit Crop Eradication Program with Glyphosate (ICEPG) and its Environmental Management Plan, with the aim to demonstrate that the environmental and social components have not been properly considered. From the public policy viewpoint, they are shown to fit more into a military antinarcotics strategy rather than a social and environmental strategy, as opposed to the aims contained in the instrument definition, which talks about impact compensation, prevention, and mitigation; and protection of natural resources, environment, and population’s health within the direct influence areas. For this purpose, an initial review of the Program definition and component organizations is provided; the Environmental Management Plan is explained, its implementation is analyzed; the results from this verification are shown; and, finally, the respective conclusions are formulated.

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.