37 resultados para Principios rectores


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Documentos de un juicio de 1759 en el que se preguntaba a los sacerdotes que dirigían órdenes religiosas en Santafé sobre la pertinencia de conceder al Colegio Mayor de Rosario el permiso para que los curas de parroquias pudieran ser rectores del dicho Colegio, debido a que no había personas idóneas para ocupar el cargo, finaliza con una carta del Virrey de la Nueva Granada aprobando la solicitud del Colegio Mayor en 1762, con la que se permitió a Miguel José Masústegui continuar en el rectorado.

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Solicitud del Colegio Mayor del Rosario al Rey de España ("La católica Real Persona") para que permita la elección de curas como rectores y catedráticos del Colegio Mayor del Rosario. Se cita el caso del Obispo de Popayán a quien se le concedió la licencia mediante cédula Real de 8 de mayo de 1758 para elegir a los curas de Quibdó y Cartago como su secretario y provisor.

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Carta del Virrey de la Nueva Granada al rector del Colegio Mayor del Rosario para informarle que había enviado al Arzobispo de Santafé, la solicitud del Colegio para elegir como rectores a curas que hubieran vestido la beca del Rosario. El virrey aprobó dicha elección.

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Carta del virrey de la Nueva Granada al rector del Colegio Mayor del Rosario sobre la desaprobación de Arzobispo de Santafé de la elección de rectores curas

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Este trabajo de investigación tiene por título, "La aplicación de los principios de Celeridad y Debido Proceso en los Procesos de Cobro Coactivo en Colombia; un análisis desde su naturaleza y la normatividad vigente, a partir del año 2006 y hasta la actualidad". El problema jurídico que evidenciamos y que motiva la presente investigación es el siguiente: ¿La forma en la que ha sido interpretado el Cobro Coactivo desde su naturaleza jurídica, en el ordenamiento jurídico Colombiano ha influido negativamente en la aplicabilidad de los principios de celeridad y debido proceso, en los procesos de Cobro Coactivo? El presente trabajo tiene como objetivo general efectuar un análisis sobre la forma en la que se armonizan los principios de celeridad y debido proceso en el Cobro Coactivo como potestad excepcional en cabeza de la administración pública, bajo el sistema normativo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, la Ley 1066 de 2006 y el Estatuto Tributario.

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El estatuto de contratación administrativa (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) por regla general regula todos los negocios jurídicos que surgen de la actividad de la Administración Pública, pero teniendo en cuenta las actividades que desarrollan algunas entidades del Estado esta regla tiende a presentar excepciones, como es el caso de aquellas Entidades que tienen por objeto la Exploración y Explotación de los Recursos Naturales renovables y no renovables. El principal actor del régimen excepcional de contratación para la exploración y explotación de hidrocarburos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual cuenta con dos reglamentos de contratación especial para la asignación de áreas y de contratación misional, en donde por disposición legal debe dar aplicación a los principios de contratación contemplados en el estatuto General de la Contratación pública (Transparencia, economía, responsabilidad y el deber de selección objetiva), este trabajo de investigación procura realizar una mirada analítica a cada procedimiento para determinar con posterioridad el grado de acatamiento de la orden legal establecida en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 así como sus principales falencias

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El presente trabajo de grado busca exponer el panorama actual de la exploración y producción de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, realizada utilizando el fracturamiento hidráulico – Fracking – cómo método para lograr mejores condiciones físicas en el reservorio que permitan la extracción del recurso. El método mencionado es estudiado a la luz de los principios de prevención, precaución y desarrollo sostenible, que rigen la política ambiental en Colombia, con el objetivo de analizar los posibles impactos ambientales y sociales que se puedan generar por el desarrollo de la actividad extractiva de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales. Para finalmente mostrar que el Fracking como actividad está legalmente permitida en Colombia, y la legislación vigente responde a los principios mencionados previamente.