168 resultados para Políticos públicas


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El modelo de agencia común, como generalización del modelo principal-agente, permite analizar las políticas públicas como un juego en donde varios actores (principales) intentan influenciar las decisiones del responsable de política (agente). Este trabajo resuelve un modelo de agencia común aplicable al análisis de cualquier política pública en Colombia, con dos principales y un agente que la desarrolla (una agencia o programa público). Posteriormente, se aplica este modelo al diseño institucional de la estrategia para la superación de la pobreza extrema -Red JUNTOS, con el fin de identificar los problemas de incentivos y asimetrías de información del diseño de la Red.

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En los planes de ordenamiento físico de Bogotá desde finales desde la dácada de los 90, se han dado iniciativas de política que buscan fomentar la movilidad no motorizada. El segumiento de estas políticas entre 1995 y 2007, lleva al interrogante de sí se trata de un discurso político o de una estratégia institucional para crear alternativas de movilidad.

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Una de las dificultades que enfrentan las grandes urbes, es manejar todo aquello que resulta del consumo diario de su población como lo son los residuos sólidos. Frente a esto los gobiernos, en su voluntad por transformar comportamientos, determinan las reglas de juego introduciendo políticas públicas que permitan modificar situaciones percibidas como insatisfactorias y problemáticas. Muchas veces aunque exista un universo normativo este no logran materializarse, evidenciando una brecha entre lo que se supone deben hacer los ciudadanos y lo que realmente hacen. Por lo anterior, involucrar los hábitos, concepciones e imaginarios colectivos en el análisis de la incidencia del comportamiento ciudadano en la implementación de la política pública en Bogotá en materia de residuos sólidos permite indagar sobre los hábitos y prácticas ciudadanas y su incidencia cuando de implementar una política pública sobre residuos sólidos se trata.

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Primera conferencia. Bibliotecas y Repositorios Digitales: Gestión del Conocimiento, Acceso Abierto y Visibilidad Latinoamericana. (BIREDIAL) Mayo 9 al 11 de 2011. Bogotá, Colombia.

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Este trabajo se centra en el análisis del discurso político y desde allí analiza la problemática que tiene el aborto en Colombia, con la intencionalidad de permitir a las mujeres decidir sobre su cuerpo sin que sean notablemente estigmatizadas y penalizadas por llevar a cabo una práctica que desde ciertos puntos de vista debe ser permitida para respetar los derechos de las mujeres. En ese sentido, la despenalización del aborto en Colombia se permite en tres casos específicos, por violación, peligro para la vida de la mujer o malformaciones en el feto; bajo estas premisas que han pasado por una evolución discursiva, que no sólo ha afectado a las mujeres, sino a la sociedad, ya que el problema se ha acrecentado y se ha convertido también, en un problema de salud pública. Es así, que desde autores como Bourdieu, Butler y Austin, se crean actos de palabra que desprenden el cuerpo de su lenguaje, crea fuerza en él y permiten acciones que aumenten el posicionamiento de las mujeres en la lucha reivindicatoria que les permita decidir qué hacer con su cuerpo.

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El conflicto armado en Colombia se presenta en zonas rurales y urbanas; sin embargo, en municipios y territorios distantes, el fenómeno del desplazamiento forzado incide en la vida de la población civil, planteando nuevos escenarios a nivel social. Por esta razón, hay impactos a nivel humanitario, social, económico, político, cultural y psicológico en las poblaciones más vulnerables, como lo son los niños desplazados; con importantes incidencias en salud pública, específicamente en salud mental. El propósito de este artículo de revisión es describir la situación actual de las condiciones de salud mental, desarrollar el concepto de resiliencia y describir la interacción que existe entre el trastorno de estrés postraumático de la primera infancia en condiciones de desplazamiento y la atención psicosocial en las políticas públicas para éste grupo poblacional. Teniendo en cuenta que en éste hecho social han intervenido organizaciones civiles, religiosas, no gubernamentales y estatales, se resalta la importancia de desarrollar un trabajo vinculante y cohesionado entre estas organizaciones.

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En la actualidad, la realidad política de Colombia y Venezuela se ha caracterizado por tener similitudes fundamentales tales como la creación de coaliciones políticas ya sea en la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos o en la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela. Estos procesos, han tendido a ser comparados con alianzas que generaron una transición democrática como lo fueron el Frente Nacional en Colombia y el Pacto de Puntofijo en Venezuela. Así bien, las coaliciones actuales suelen considerarse como reproducciones de dos procesos fundamentales en la historia política de ambos países. La investigación que se propone a continuación, plantea un análisis comparado entre el Frente Nacional en Colombia y el Pacto de Puntofijo en Venezuela, para de esta manera observar el comportamiento de los partidos políticos y más exactamente de las coaliciones. Lo anterior, tiene tres propósitos fundamentales: 1. establecer similitudes y diferencias entre dichos fenómenos políticos, lo cual permita ver que tan semejantes fueron las realidades en Colombia y Venezuela. 2. A partir de la diversidad de coaliciones políticas presentadas en el Frente Nacional y el Pacto de Puntofijo, esta investigación pretende hacer la creación de una tipología de coaliciones políticas, que permita entender los distintos comportamientos de los partidos políticos. 3. Finalmente, a modo de reflexión, el análisis comparado en estos dos fenómenos permite analizar la actualidad política en Colombia y Venezuela en cuanto al comportamiento de los partidos políticos a la hora de hacer coaliciones o alianzas.

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El fenómeno del desplazamiento interno forzado en el mundo representa una problemática de gran envergadura que impacta a aquellas personas que se ven obligadas a migrar dentro del territorio de su país huyendo de las zonas de conflictos y de las persecuciones de los actores armados, debido al contexto de violencia en el que se encuentran y del cual resultan ser las principales víctimas. Así pues, en el caso de Colombia, el desplazamiento forzado interno representa una de las principales consecuencias que ha dejado el contexto de violencia armada sufrido en el país a lo largo de las últimas décadas, lo cual ha llevado a las instancias constitucionales a pronunciarse sobre el accionar del Estado para darle solución a esta problemática. El trabajo se enfoca específicamente en la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional donde se establece que el país atraviesa por un Estado de Cosas Inconstitucional. De manera particular, a lo largo del análisis se realiza una evaluación de la implementación, cumplimiento y alcance de la Sentencia en la Ciudad de Bogotá, durante la Administración de Samuel Moreno Rojas.

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La participación de las mujeres en la esfera pública y el pleno uso de sus derechos no ha sido gran relevancia a través de los años. Esto, ha llevado a que las mujeres se organicen con el fin de buscar soluciones que ayuden a tratar los problemas que enfrentan tanto en la arena pública como en la privada.

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La concentración de tierras ha sido una problemática recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribución de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las décadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementación de políticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros días, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.

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La percepción que se tiene en Colombia acerca de la noción de oposición política es confusa si consideramos que diferentes actores como la opinión publica, partidos políticos y la academia han dado diferentes acepciones acerca de la oposición, teniendo cierta tendencia a catalogarla en un ámbito negativo.

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A lo largo de las dos últimas décadas el seguimiento del tema de la seguridad, tanto en su dimensión internacional como al interior de uno u otro país, se ha vuelto más complejo en cuanto nuevas amenazas, reales o aparentes, nacionales o internacionales, que afectan no sólo a los Estados sino también a los grupos culturales, las comunidades locales y los individuos(...). Al mismo tiempo se ha entendido que esas amenazas provienen de distintas fuentes, no tan claramente definidas como lo eran en la época de la Guerra Fría. Las hipótesis de conflicto y de choques militares frontales entre Estados son hoy apenas parte de las preocupaciones de estudiosos y gobernantes, al tiempo que se identifican nuevos riesgos y vulnerabilidades de naturaleza política, económica, cultural y medioambiental, lo que da pie a una discusión renovada sobre la idoneidad de los esquemas de seguridad tradicionales(...). El debate, altamente necesario, se lleva a cabo ya en el ámbito global. En el contexto continental americano algunos Estados y organizaciones intergubernamentales han empezado a abordar el estudio de la materia de manera ampliada, al menos en los términos formales de las declaraciones de principios, para indicar que convendría ir más allá de los términos tradicionales de defensa sobre la base de la capacidad de las fuerzas armadas. Los investigadores del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, consideran que hay todavía un largo camino por recorrer en el análisis de los perfiles de seguridad de los Estados de las Américas, y que muy pocos países han integrado realmente esta visión multidimensional de la seguridad en el desarrollo diario de sus políticas y de sus estrategias de seguridad nacional, que permanecen todavía demasiado marcadas por los factores militares. Según los investigadores, el hecho de que la mayoría de los Estados americanos no haya hecho aún tránsito efectivo del modelo tradicional de seguridad militarizada a uno de seguridad ampliada, se debe fundamentalmente a la falta de conocimiento, por parte de los tomadores de decisiones, de los contenidos y los alcances de las nuevas dimensiones del concepto(...). El saber identificar correctamente esas caras diversas de la seguridad en el contexto específico de una u otra nación, permitirá luchar mejor en contra de nuevas amenazas y responder con mayor idoneidad a las necesidades de protección de la sociedad a través de políticas públicas adecuadas y de estrategias y acciones pertinentes, que no olviden ningún sector. También los ciudadanos de las Américas, cuando el tema se incorpore a la discusión política, tendrán la capacidad de controlar mejor a sus propios gobiernos y de solicitar democráticamente cambios en las políticas y estrategias de seguridad. El CEPI considera que el nuevo conjunto de amenazas, por su naturaleza multidimensional y transnacional, no puede ser combatido únicamente en la escala de un país determinado o mediante el uso exclusivo de la fuerza armada. Esto obliga a repensar, en el ámbito americano, los esquemas de seguridad desde las perspectivas humana, política, económica, societal y ambiental, entre otras, y a diseñar estrategias regionales colaborativas que conducirán a la necesaria ampliación de las agendas nacionales en la materia.

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Los resultados obtenidos por Colombia en los diferentes índices internacionales que miden el desempeño del país en factores como competitividad, libertades económicas, corrupción, gobernabilidad, libertades políticas y derechos civiles son bastante pobres y evidencian una fuerte debilidad institucional. De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, desde la década de los noventa, se ha desarrollado una serie de indicadores que permite comparar la evolución de los países, con el fin de entender cómo se afectan el desempeño económico, el crecimiento y la estabilidad política de un país, por causa de aspectos relacionados con el Gobierno, la capacidad de integración económica, el respeto por la ley y los costos de transacción políticos y económicos. A los estudios académicos se ha sumado el interés de los organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de sistematizar los datos y fortalecer la comparación entre naciones, a partir de indicadores económicos y de desarrollo social. La necesidad de ampliar el análisis y de buscar parámetros deseables o alcanzables, en términos institucionales, ha propiciado la realización de estudios que tienen por objeto comparar los países. Esto ha dado lugar a una “explosión” de índices de desempeño económico y político, que permiten la comparación sistemática entre Estados y su clasificación de acuerdo con el desempeño. Colombia no ha estado exenta de ser calificada y ha sido recurrente ver la rezagada posición que ocupa el país en el ámbito mundial. Sin embargo, frente a este creciente interés por la calificación, se hace necesario conocer más acerca de los índices y su elaboración, con el fin de entender sus implicaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas, inversión extranjera y endeudamiento, y en la capacidad que tienen para reflejar y describir la coyuntura en forma acertada.

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El siguiente documento parte de una revisión documental básica sobre el papel que ha tenido el Estado, los enfoques de desarrollo y la evolución de las políticas públicas en la determinación y promoción de la práctica de la actividad física para las personas con discapacidad. Cuenta con un referente teórico de base que facilita el análisis en la toma de decisiones en políticas públicas dirigidas a la promoción de la práctica de la actividad física en esta población, tomando como principales referentes las políticas existentes a nivel nacional y distrital.

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.