84 resultados para Oposición


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El Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – fue acusado de intervenciones ilegales de líneas telefónicas a magistrados, periodistas y miembros de la oposición. Una investigación periodística de la revista Semana puso al organismo en evidencia y al gobierno entre ojos. Esta es la historia detrás del escándalo colombiano que algunos ya comparan con Watergate.

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Las relaciones colombo-ecuatorianas han tenido que enfrentar diversos obstáculos hasta su rompimiento definitivo en marzo de 2008. Dichos inconvenientes parten básicamente del desbordamiento del conflicto colombiano sobre territorio ecuatoriano, el cual le ha provocado a Ecuador diversas dificultades tanto en su Estado, como en su territorio y población. Dichos efectos de derrame son tres principalmente: el asentamiento de las FARC en suelo ecuatoriano, los refugiados y las fumigaciones del Plan Colombia, los cuales a su vez son explicados a través del efecto Spillover. El rompimiento de las relaciones diplomáticas, el cual tiene origen en el desborde del conflicto y finalmente en la Operación Fénix, revela la oposición en visiones de seguridad que existe entre Colombia y Ecuador, lo que lleva al análisis de aspectos como la neutralidad que Ecuador ha mantenido hasta cierto punto y los esfuerzos que este ha adelantado para enfrentar dichos efectos de derrame.

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La historia colombiana ha estado profundamente marcada por la existencia de un conflicto armado interno y por la intensificación del mismo en diferentes regiones del país, de acuerdo con los planteamientos de Fisas se puede hablar de su existencia cuando hay oposición consciente entre actores, grupos armados y el Estado, en el caso colombiano, los cuales persiguen objetivos incompatibles, conduciendo a enfrentamientos. Esta afirmación se hace visible a nivel regional, donde los Grupos al Margen de la Ley (GAML), se enfrentan constantemente con la fuerza pública, con el fin de lograr el dominio de algunos municipios y capitales de Colombia. Como consecuencia de estos enfrentamientos armados surge el incremento de desplazamientos forzados, masacres, homicidios, situación que terminó siendo el detonante de la agudización del conflicto armado interno, el cual en los últimos años ha aumentado su intensidad convirtiéndose en uno de los principales problemas del Estado. Tal es el caso de la situación que humanitaria en el Casanare, este departamento que se caracteriza por contar con su ubicación geoestratégica, lugar que cuenta con yacimientos petroleros importantes, hecho que ha suscitado en los últimos lustros el reporte de importantes dividendos para la región, permitió el desplazamiento de toda clase de grupos insurgentes, FARC, ELN, AUC, ACC y delincuencia común, poniendo en estado de vulnerabilidad a la población civil y a todos aquellos que están al margen del conflicto. Sin embargo, gracias a una serie de factores que desembocaron en el mandato por la paz en el año 97, obligó a los candidatos presidenciales de la época a construir un proceso de paz que buscara la finalización de la confrontación interna. En este sentido el candidato presidencial y después presidente electo Andrés Pastrana Arango, incluyó en su programa de gobierno, una serie de estrategias encaminadas a lograr la paz en todo el territorio nacional, y de hecho tuvo un efecto positivo dado que el siguiente gobierno continuó con esta labor encaminada a buscar el restablecimiento del orden público en esta región.

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Han pasado ya más de diez años en los cuales, la otrora República de Venezuela, vive un clima de “Revolución Bolivariana” y que al mando de Hugo Rafael Chávez Frías, se vió soportada en sus cimientos por el apoyo y simpatía de millones de personas en el ámbito doméstico, regional e internacional. Sin embargo, y en el transcurso de su gestión, las amplias atribuciones que se ha tomado el poder ejecutivo sobre los demás poderes de la república han provocado arbitrariedades atentando en contra de Derechos Civiles y Políticos. Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer la oposición venezolana y algunos sectores que la conforman, en la lucha contra la violación de los Derechos Civiles y Políticos? ¿Cuál ha sido el rol de los estudiantes de la educación superior venezolana? ¿Tienen estos estudiantes algún tipo de coalición transnacional fuera del país que les acompañe?

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Hace veinte años Colombia era un pueblo ausente. Había mucho que escuchar y poco que opinar. La población era un actor silente que no participaba en las decisiones más importantes del país. Pero, para fortuna de la democracia, la Constitución Política de 1991 le dio un vuelco a la realidad colombiana. La participación dejó de ser una utopía y se convirtió en una realidad. Por eso, hoy existen diferentes mecanismos para que las personas puedan incidir en los asuntos que les interesan y que son esenciales para su vida. Esa gran fecha, 1991, además de traer cambios al modelo de Estado, significó un gran avance para la protección de los derechos colectivos. Se introdujo diversidad de normas que buscaban garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Constitución también es conocida como “Constitución ecológica”, pues está basada en una normatividad que encarna, como ninguna otra, los principios del Estado Social de Derecho, como el derecho a una vida digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. No hay duda de que el esfuerzo de la Constitución Política es inconmensurable. Peleó una dura batalla y se encargó de consagrar y proponer mecanismos que hicieran efectivo el derecho a la participación de las personas en materia ambiental. Desde ese momento el país ha avanzado, no se puede negar que en la sociedad se creó una verdadera conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y el ambiente, ya que hoy en día existe una real preocupación por la defensa de lo público. Es tal el cambio de mentalidad que se ha producido, que el interés de los ciudadanos por participar en las decisiones ambientales y de ejercer su derecho a acceder a la información es mucho más contundente que hace veinte años. Sin embargo, la batalla no está ganada, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy por hoy, en gestión ambiental, así como hay un inventario de éxitos, también hay una lista de asuntos sin resolver. Espacios y mecanismos anónimos. Aunque la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Desconocimiento de proyectos. Continuamente se generan conflictos o confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas desconocen cuál es objetivo del proyecto y sus alcances. Contravía.Ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan continuos enfrentamientos. Ausencia ciudadana.Muchas veces las comunidades implicadas no tienen un interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos.

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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos exige el otorgamiento, por parte del Estado, de un contrato de concesión a sociedades portuarias, el cual se otorga previo agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 1991, reglamentada actualmente por el Decreto 4735 de 2009. Si bien el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, cuando ésta no es una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.

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El propósito de este trabajo es demostrar el análisis de los movimientos islamistas en Egipto, en este caso la Hermandad Musulmana. Para esto nos enfocaremos en una primera parte a estudiar el origen de la Hermandad musulmana, debatiremos si existe una carta fundacional o un programa político, incluso analizaremos el intento de formalizar un programa político durante la presidencia de Hosni Mubarak y la Hermandad contemporánea. En la segunda parte, será primordial el estudio de la reforma política de 2007 en Egipto, estudiaremos la posición de la reforma desde el punto de vista del Partido Nacional Democrático (PND), de Hosni Mubarak, de la Hermandad Musulmana, de los partidos políticos de oposición y de la comunidad internacional. Finalmente abordaremos las estrategias políticas de la Hermandad Musulmana durante el gobierno de Hosni Mubarak, luego estudiaremos las estrategias políticas implementadas por el Presidente Mubarak y analizaremos las relaciones entre la Hermandad Musulmana y Hosni Mubarak durante la presidencia.

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Esta investigación busca demostrar cómo las estrategias comunicativas no verbales, empleadas por Gaitán, influyeron de manera positiva en su discurso político. Así, el dominio consciente e inconsciente de elementos no verbales funciona estratégicamente para complementar su discurso.

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El tema de las drogas suscita un debate entre quienes defienden la prohibición y la represión, y aquellos que defienden alternativas como la legalización y/o regulación y otras más moderadas como la descriminalización y la despenalización. Aunque ambas posturas muestran datos empíricos que las soportan, desde el ámbito discursivo la visión represiva se ha posicionado como la más aceptada en el continente americano, más específicamente, en Latinoamérica. El presente trabajo, hace un estudio de caso del proceso de securitización del narcotráfico entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia durante el período 1986-1990. A lo largo del texto, se analizan discursos oficiales de los presidentes de ambos Estados, resaltando las estrategias retóricas y sus transformaciones que legitimaron acciones represivas de tipo político-militar contra las drogas. Al final se apunta a reivindicar el discurso como un instrumento para reproducir creencias sobre fenómenos, en este caso, la creencia de que las drogas son una amenaza existencial a la seguridad política y militar para los Estados.

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El presente documento presenta una reflexión respecto del fenómeno del fascismo en Colombia desde dos contextos históricos (su génesis y su reactivación en la actualidad) reparando en la influencia europea presente en el pensamiento de los políticos conservadores de la década de 1920, Gilberto Alzate Avendaño y el grupo Los Leopardos, y la posterior influencia de estos en el discurso ideológico del grupo neonazi colombiano Tercera Fuerza.

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Análisis del conflicto distributivo implicado en las intenciones del gobierno colombiano de convertir un territorio tradicionalmente agrícola en un enclave minero. Se explican las causas de la oposición de los campesinos y la resistencia que ejercen desde la producción agroecológica de alimentos.

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El presente trabajo de grado pretende la elaboración de una revisión de literatura que abarque estudios previos desde el psicoanálisis sobre la vida y obra de Franz Kafka. Se revisan interpretaciones de obras tan importantes como Carta al Padre, La Metamorfosis, La Condena, El Artista del Hambre, La Madriguera, y otros cuentos cortos. Transversalmente, se tienen en cuenta el análisis e interpretaciones de eventos biográficos de Kafka, tales como su conflictiva relación con su padre, o su oposición y temor al matrimonio, y la relación que estos eventos tienen con su obra y su vida intrapsiquica.

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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos, exige el otorgamiento por parte del Estado, de una concesión portuaria a sociedades portuarias, la cual se concede previo el agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular, o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 10 de enero de 1991 y en el Decreto 4735 de 2 de diciembre de 2009. Si bien, el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, sin que constituya una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.

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Desde 1999, la política petrolera se constituyó como base del proyecto político chavista conocido como la Revolución Bolivariana, e incluso se convirtió en el eje de la participación, polarización y de las relaciones entre los principales actores del oficialismo y de la oposición venezolana.

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Esta monografía busca analizar cier tas funciones que el Constituyente colombiano de 1991 le asignó a uno de los dos órganos de la Organización Electoral: el Consejo Nacional Electoral; dichas funciones está consignadas en el artículo 265, numeral 5: Velar por el cumplimiento de las normas s obre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías: y por el desarrollo de los procesos electorales, en condiciones de plenas garantías. 1 Cabe s eñalar que se hará especial énfasis en ciertos aspectos. En el primer capítulo, además de una breve introducción al caso del Consejo Nacional Electoral y los temas que se desarrollarán a lo largo del texto, el análisis se centrará en las normas sobre part idos y movimientos políticos en cuanto a su financiamiento y, especialmente, a la vigilancia a la financiación de campañas electorales. En el segundo capítulo se analizará n las disposiciones sobre publicidad política, encuestas políticas y, especialmente, propaganda electoral. A la observación de estos dos criterios netamente políticos se añadirá un tercer factor caracterizado por la actividad administrativa, los recursos humanos y económicos de los cuales la Corporación dispone para desempeñar las funcione s y/o mandatos citados anteriormente.