139 resultados para DESASTRES NATURALES - ASPECTOS JURÍDICOS


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La gestión del riesgo de desastres ha cobrado importancia en los últimos años a causa de las devastadoras consecuencias de los distintos desastres naturales. Por eso, esta política pública se ha establecido en las administraciones públicas de los diferentes países; en Colombia se ha implementado a través de la Ley 1523 del 2012. Sin embargo, no se ha podido hacer una inclusión integral en todas las entidades territoriales. Entonces, la presente investigación pretende demostrar los factores presentes en el sistema de respuesta a emergencias, en dos importante departamentos del país, que influyen en la inclusión integral de la gestión del riesgo de desastres en la administración pública departamental.

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Este libro explora el concepto y la práctica del perdón desde diversas perspectivas. Para ello divide las temáticas en cuatro partes: El pretexto, una entrevista con Jacques Derrida, publicada por primera vez en español, donde se hacen comentarios críticos a los planteamientos del filósofo francés. La segunda parte, La tradición, aborda históricos y jurídicos del perdón y tiene en cuenta en tornos culturales donde se llevan a cabo el perdón y la venganza. En el acápite titulado lo imperdonable los autores reflexionan sobre el tema en situaciones límite, como los crímenes de lesa humanidad. La última sección, los escenarios del perdón, recoge las experiencias de otros países en procesos de negociación de conflictos y tiene en cuenta los factores mediáticos, institucionales y económicos del caso colombiano.

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Los denominados “nuevos derechos”, entre los que se encuentra el derecho al medio ambiente, surgieron a raíz de las reivindicaciones vinculadas con los movimientos sociales y la sociedad civil. En esta línea, el derecho al medio ambiente supone un nuevo embate, un nuevo enfrentamiento con el señorío de la globalización neoliberal. Sin embargo, los cambios que exige su implementación como derecho en el espacio jurídico y político son de tal magnitud que la reivindicación ambiental ha sido objeto de una resistencia considerable. ¿Está tal resistencia moralmente justificada?. ¿Hay buenas razones para resistir?, ¿debemos seguir negándonos a aceptar que nuestro modo de vida tiene que dar un giro?, ¿podemos cerrar los ojos ante el cambio climático, la contaminación, los desastres naturales, sólo porque no somos nosotros, de momento, los directamente perjudicados? El libro de Claudia Irene Gutiérrez es un intento de responder a estas preguntas, una llamada de atención que puede ayudarnos a despertar de l oque podría ser una larga pesadilla. Son pocos los que en la universidad se dedican a tales cuestiones, y menos aún los que lo hacen desde el discurso jurídico. Por eso, entre otras cosas, creo que merece la pena atender a esta llamada.

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Como consecuencia de los procesos de desregulación financiera y la creciente movilidad de flujos financieros internacionales; los centros financieros offshore se han consolidado dentro de la dinámica económica mundial, generando tanto beneficios a sus usuarios como criticas respecto a su instrumentalización para el financiamiento de actividades delictivas y terroristas; tornándose de esta manera en uno de los temas de mayor interés y debate en sus aspectos jurídicos y económicos; por lo que en el presente trabajo lo abordaremos desde la perspectiva jurídica, explicando la dinámica de su funcionamiento a partir de las distintas modalidades en que se desarrolla teniendo como base tanto la legislación nacional, internacional y los casos prácticos de las actividades que realizan dichos países.

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El Proyecto Mesoamericano es un proyecto de integración entre los países de Mesoamerica; es decir, que es una integración entre los nueves Estados del Sureste de México (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán)y los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Aunque a partir del 2006 Colombia ingresó con todos los derechos de participación. El proyecto busca principalmente aumentar la calidad de vida de los habitantes potencializando el desarrollo económico, reduciendo la pobreza, aumentando el capital humano y natural de la región, dentro de un contexto de respeto a la diversidad cultural, étnica e inclusión social. Para esto el Proyecto Mesoamericano se ha dividido en 9 Iniciativas las cuales a cada país le corresponde desarrollar cada una. Es por esto que a México le correspondió desarrollar la Iniciativa de Desarrollo Humano; a Belice la iniciativa de Turismo; a Guatemala la Iniciativa Energética; a El Salvador, Telecomunicaciones; a Costa Rica, Transporte; a Honduras Facilitación Comercial y Competitividad; a Nicaragua, Desarrollo Sostenible; a Panamá, Prevención y Mitigación de Desastres Naturales y finalmente a Colombia le correspondió desarrollar el tema de los biocombustibles. estas Iniciativas todas tienen la misma importancia pero a diferencia de las otras; la Iniciativa Energética es la más desarrollada y ejecutada hasta el momento por ser la más grande; entre sus proyectos están: El Sistema de Interconexión Eléctrica SIEPAC, la Interconexión Eléctrica entre México y Guatemala, la Interconexión Eléctrica entre Panamá y Colombia, el Proyecto de Biocombustibles y las Energías Renovables. Esta Iniciativa ha hecho que la integración entre los países de la región se afiance mucho más. Aunque todavía existe mucho rechazo por parte de la población campesina e indígena por el temor a perder sus recursos naturales y que estos sean privatizados. De igual forma Colombia es muy importante para el proyecto puesto que Colombia geoestratégicamente es el puente entre Centroamérica y Suramérica y es un factor clave para el Proyecto Mesoamericano.

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La Ley General Forestal en Colombia fue declarada inconstitucional luego de casi dos años de vigencia por violar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Esta ley pretendía brindar un marco jurídico estable que estimulara la inversión privada en el sector forestal colombiano. La declaración de inexequibilidad fue vista por los promotores de la ley como la obstaculización del avance de la economía privada de este sector. Sin embargo, los grupos étnicos y ambientalistas celebraron la decisión como un reconocimiento al valor del bosque en términos ecológicos y culturales. El Ministerio de Agricultura adelanta ahora nuevos proyectos de ley para el manejo del recurso forestal. En el presente artículo analizo los proyectos de ley forestal a la luz de las diferentes concepciones e intereses que giran en torno al recurso forestal y en general a la naturaleza, para observar cómo las visiones de naturaleza determinan las formas en las que debe aprovecharse el recurso.

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La presente investigación diagnóstica tiene como propósito responder a las siguientes preguntas: ¿Que tan preparada se encuentra Bogotá D.C., para afrontar la materialización de un fenómeno natural, como lo es un terremoto? Y ¿Es lo suficientemente eficaz para garantizar la seguridad, la gobernabilidad y la estabilidad socioeconómica de sus habitantes?.

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El Lago Chad ha sido durante varias décadas, una fuente de supervivencia económica para millones de personas que habitan en cuatro Estados a saber; Nigeria, Níger, Chad y Camerún. No obstante, el cambio climático, el aumento acelerado de la población, la explotación insostenible y la mala regulación de los Estados ribereños han sido los principales factores que han dado lugar, en la última década, a la dramática reducción del nivel del Lago Chad. Teniendo en cuenta que los Estados aledaños al Lago, se encuentran inmersos en una Interdependencia Compleja, este nuevo contexto, ha tenido un impacto directo en la región, debido a que ha agravado otras variables económicas, sociales, ambientales y políticas, dejando un ambiente de inseguridad regional. De esta manera, la reducción de la Cuenca del Lago Chad representa una amenaza compartida que vincula estrechamente a Nigeria, Níger, Chad y Camerún, lo que permite vislumbrar la existencia de un Subcomplejo de Seguridad Regional.

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Debido a las transformaciones sociales y económicas del mundo por causa de la tecnología, el desarrollo acelerado de los países capitalistas, la guerra constante, el aumento de la pobreza, el deterioro ambiental, entre otros factores que han ocasionado un impacto negativo en la mayoría de los países del mundo, la noción de derecho colectivo ha cobrado gran importancia por su trascendencia en la vida social. Como respuesta a esta nueva problemática que viene surgiendo en torno a lo vulneración y afectación de los derechos colectivos, se consagra en la Constitución Política de 1991 la Acción Popular, como el mecanismo idóneo para la protección y amparo de estos derechos. En ese orden de ideas surgen las Clínicas de Interés Público, con el fi n de promover el uso de estas acciones, fortalecer la investigación en el manejo de estos casos y ayudar a la población menos favorecida y más afectada en la vulneración de sus derechos colectivos, tal es el caso del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario (GAP). El presente borrador de investigación pretende exponer de manera sencilla la estructura, integración, reglamento, funcionamiento del Grupo de Acciones Públicas, así como los criterios utilizados para determinar la viabilidad o inviabilidad de un caso al interior del grupo –estas son las etapas que los estudiantes deben agotar previa la adopción de una estrategia jurídica para la defensa del derecho colectivo–. De la misma manera, se exponen las estadísticas del número de acciones constitucionales interpuestas (acción de Tutela, de Grupo, de Inconstitucionalidad, Popular y de Cumplimiento) con el correspondiente resultado, y un análisis de las sentencias favorables obtenidas por el GAP en la interposición de acciones populares, teniendo como instrumento de análisis el método francés y, por último, un breve glosario que contiene las palabras más empleadas al interior del grupo en desarrollo de sus funciones. El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, como Clínica de Interés Público, gracias a la trayectoria y esfuerzo constante de su coordinador, supervisores y estudiantes, se ha venido fortaleciendo con óptimos y valiosos resultados no sólo en la interposición de acciones, que como se verá a continuación han sido positivas y hasta la fecha se ha logrado la protección efi ciente y efi caz de muchos derechos colectivos vulnerados a varias comunidades, sino también, en relación con su estructura y funcionamiento, que gracias a la investigación, el contacto e interrelación con clínicas de interés público de otros países de mayor trayectoria como Argentina1, Chile2 y Estados Unidos, se ha venido enriqueciendo al punto que –como se ve a lo largo de este escrito– existe ya toda una metodología investigativa para la recepción, análisis y determinación de viabilidad de los casos que serán adelantados por el GAP, con el fi n de obtener así los resultados anhelados. Los casos son elegidos teniendo en cuenta el impacto social, el interés que se busca proteger, y sólo en la medida en que de la defensa del mismo, (haciendo uso del aparato jurisdiccional y de las herramientas que la Constitución Política y el ordenamiento jurídico tienen a nuestra disposición) pueda derivar consecuencias con incidencia en la modifi cación de las circunstancias que alteraron, vulneraron o amenazan con vulnerar el derecho colectivo, y con ello la estabilidad de la comunidad, el caso es asumido por el grupo. Por ello, los casos son asumidos con una perspectiva estratégica que permite enfocar el estudio y la investigación de los casos en torno a dos puntos importantes: la del cliente y la del interés público. El trabajo de la Clínica en la defensa del interés público y de los derechos colectivos, se ha estructurado bajo cinco líneas de trabajo: i) defensa de casos de interés público, ii) desarrollo de investigaciones y trabajos de campo, iii) control y supervisión permanente del caso por parte de los estudiantes integrantes del grupo, iv) participación en encuentros nacionales e internacionales, v) difusión de las actividades de la Clínica. Los casos asumidos por el GAP son utilizados para el trabajo académico con los alumnos de 9° y 10° semestre de Derecho en la Clínica Jurídica; así, además del carácter altruista y el sentido social que se imparte al interior del grupo, se logra que a partir de la defensa de casos concretos y la perspectiva del interés público, los estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos durante la carrera mediante la formulación de estrategias jurídicas, investigación, el desarrollo de una argumentación jurídica orientada a emplear y reformular las nociones y categorías de derecho (en muchos casos inservibles por sí solas), y desarrollar una nueva manera de articular el derecho y el uso de la jurisprudencia –como interpretación de las normas que constituyen nuestro ordenamiento jurídico–, para logar así la realización de los principios constitucionales que caracterizan a nuestro Estado como Estado Social de Derecho.

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La complejidad que supone abarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito médico sanitario, hace preciso prestar atención a ciertos temas que resultan especialmente relevantes y que han sido decantados jurisprudencialmente por el Honorable Consejo de Estado. De esta manera el presente trabajo desarrolla temas descollantes y novedosos en materia de imputabilidad como viene a ser la prueba de la falla médica mediante la teoría "res ipsa loquitur"; la prueba del nexo causal a través de la prueba indiciaria y la teoría de la probabilidad preponderante. Así mismo se estudian los diversos tipos de daños antijurídicos que pueden darse dentro de la prestación médica a cargo del Estado, destacando especialmente la lesión al derecho a recibir una atención oportuna y eficaz, la pérdida de una oportunidad debida a la no obtención del consentimiento informado del paciente, lo que supone, a su vez, el cercenamiento del derecho de este a elegir someterse o no a determinado tratamiento, previo valoración de pros y contras de la terapia sugerida por el galeno (principio de no agravación). Así mismo se analizanlas hipótesis de daños antijurídicos derivados del error en el diagnóstico, la falla por la omisión de las entidades de control y vigilancia, falla en gineco-obstetricia, así como las hipótesis de responsabilidad objetiva del Estado por óblito quirúrgico, para finalmente tratar el tema novedoso del alea terapéutica con sus particulares características y eventual aplicabilidad en el sistema jurídico colombiano.

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En este trabajo se demuestra que por medio de continuación de la explotación del objeto social durante un proceso liquidatorio, es posible reactivar las empresas en Colombia. Todo lo anterior a pesar de contravenirse el artículo 222 del código de comercio, el cual afirma que dentro de una liquidación, las sociedades únicamente podrán ejecutar actos encaminados a la liquidación misma.

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Este trabajo busca realizar una aproximación general a los conceptos de salud, prestación pública del servicio de salud y de derechos fundamentales. Es especialmente necesario estudiar a profundidad lo expuesto legal, jurisprudencial y doctrinalmente sobre el Derecho a la Salud; sus principios, elementos y alcance, los cuales son en sí mismo el fundamento de la prestación de los servicios de salud. A su vez, se revisará lo relativo a la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta que esta responsabilidad es uno de los fines esenciales del Estado consignado en los artículos 2 y 49 de la Constitución Política de Colombia. Así mismo, en virtud del artículo 90 de la Carta Fundamental, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables cau-sados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En tal sentido es importante conocer los escenarios en los cuales las acciones u omisiones de funcionarios y entidades estatales pueden derivar en el incumplimiento de esta obligación. En consecuencia, se analizarán los elementos de la responsabilidad Estatal que se pueden tipificar como causas de incumplimiento en la prestación de los servicios de salud, tales como la falla en el servicio, la falla presunta en el servicio y el daño antijurídico. Es importante recalcar que la responsabilidad del Estado debe ir mucho más allá de la simple doctrina; es necesario que se garantice la aplicación de los recursos y medios para asegurar el cumplimiento, ya que se trata de la preservación de derechos fundamentales y más aún de aquellos relacionados con la preservación de la vida y dignidad de las personas. En tal sentido, se indagarán los compromisos del Estado tales como el deber de regulación y los deberes de inspección, vigilancia y control de los prestadores de servicios de salud. Una vez revisado lo anterior, se discutirán las problemáticas actuales que tienen lugar en la prestación de los servicios de salud y por ende en la garantía del derecho a la salud, con el fin de identificar las situaciones de vulneración de derechos fundamentales del paciente.

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Nova et Vetera, ISSN 1692 - 5866, Año 8 No. 5 (Febrero 25 - marzo 03 de 2013)

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En el presente texto se busca mostrar las capacidades explicativas que puede tener la conjunción entre las perspectivas de la ética hacker y la defensa de la propiedad intelectual para dar cuenta de las reacciones generalizadas de rechazo ante las normatividades de derechos de autor en el espacio digital. Así, se lleva a cabo un resumen de los principios de cada una de estas perspectivas dando cuenta de sus capacidades explicativas y características teóricas para, posteriormente, aplicarlas a la realidad empresarial, laboral y de opinión en el marco social contemporáneo. Cómo conclusión de este trabajo se logra observar que a pesar de que en principio ambas perspectivas podrían parecer contradictorias, existen aspectos comunes que permiten vislumbrar como un trabajo en conjunto permitiría generar normatividades que se acoplen a las realidades contemporáneas.