156 resultados para DELITOS ADUANEROS


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El presente Estado del Arte, tiene como fin entender las diferentes perspectivas planteadas desde publicaciones academicas y especializadas acerca de como a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos se ha ido transformando la Política de Seguridad y Defensa y a consecuencia de ello cuál ha sido su impacto particularmente en el caso colombiano. Si bien es cierto que Colombia es un país que ha tenido que llevar a cuestas por más de 60 años el flagelo del terrorismo, fue solo hasta después del 11 de septiembre que EE.UU., implemento una estrategia direccionada específicamente hacia combatir este fenómeno.

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La investigación partirá con el análisis de los casos de violencia sexual a nivel internacional que permitieron la visibilización del tema, determinando de este modo las herramientas internacionales que se crearon a partir de estos casos. En segunda medida se explicarán cuáles han sido los repertorios de acción de la Corporación Sisma Mujer frente a la judicialización de la violencia sexual en la CIDH, partiendo de un análisis del conflicto armado colombiano y del impacto del mismo en las mujeres. Finalmente se procederá a analizar cómo ha sido la intervención de la CIDH en el proceso de discusión de la violencia sexual en el conflicto colombiano y a nivel regional, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales a las que países como Colombia están adscritos.

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En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia Colombiana condenó a un médico por haber prestado sus servicios profesionales a personas pertenecientes a un grupo armado al margen de la Ley. En el presente escrito revisamos ese fallo a la luz de la teoría de la imputación objetiva para diferir de la opinión del Alto Tribunal, por cuanto entendemos que el ejercicio de la medicina jamás constituirá un riesgo desaprobado y éste es un elemento necesario para que pueda hablarse de un delito.

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El pasado 16 de marzo de 2011, la Corte Suprema de Justicia se ocupó de un caso donde se califica a un Juez con el delito de falsedad ideológica en documento público. En este fallo se trazaron los lineamientos fundamentales de este delito, mismos que son analizados en el presente escrito para concluir que si bien el resultado del proceso en la Corte −la condena del procesado− es correcto, es necesario superar el entendimiento causal de este delito para interpretarlo de acuerdo con la moderna teoría de la imputación objetiva.

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Desde 1947, cuando se suscribió el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio – GATT -, los retos para el sistema de negociación de comercio internacional han estado vigentes. Se han realizado diferentes reuniones de instituciones y países, y se han creado acuerdos y proyectos para tratar de generar un sistema que permita el desarrollo equitativo de todos los países: desarrollados, en vías de desarrollo y hasta los más pobres. Sin embargo, hasta el día de hoy muchos de los propósitos no se han cumplido, lo cual afecta la posibilidad de progreso de los más débiles. De ahí que la Organización Mundial del Comercio (OMC) enfrente uno de los mayores retos del momento: lograr la equidad. Para saber cuál es el panorama real y qué ha sucedido durante las últimas décadas, el Grupo de Investigación en Derecho Internacional y Globalización, de la Universidad del Rosario, hizo un completo estudio de la situación que se vive en el comercio internacional.

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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Las actividades ilegales constituyen un foco de atención importante para las políticas públicas de cualquier sociedad moderna. En Colombia, las manifestaciones delictivas se han incrementado hasta alcanzar niveles preocupantes. En los censos sobre cultivos ilícitos para 2005 y 2006 la ONUDD muestra cómo en pocas décadas Colombia se ha convertido en el primer cultivador de coca y en el primer exportador de clorhidrato de cocaína del mundo. La misma agencia deja ver que en el país ha existido cierta especialización en el tráfico ilegal de armas (ONUDD, 2006). Otras muestras sobre crecimiento de la actividad delincuencial se evidencian en que las organizaciones criminales que operan en el país han desarrollado técnicas avanzadas para producir dólares y pasaportes falsos, estos últimos demandados por miembros de organizaciones terroristas internacionales (BBC, 2006), al tiempo que han desarrollado sofisticados sistemas de lavado de dinero, piratería de libros, música y video.

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El objetivo de este trabajo de grado es describir una disputa política por el significado del concepto de explotación en el marco de la redacción del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, en el cual se define aquello que se entiende por trata de personas. La construcción de este concepto excluye e invisibiliza otros tipos de explotación comunes en el sistema de producción capitalista contemporánea que pertenecen al universo de violencia objetiva sistémica a través del énfasis en la explotación sexual que hace parte de la violencia subjetiva.

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El trabajo realizado sobre la condición femenina de la mujer víctima en la masacre de El Salado, es un análisis de la bibliografía existente que narran los hechos y acontecimientos ocurridos en los Montes de María en febrero del año 2000. Partiendo de los testimonios de los sobrevivientes, archivos y videos históricos de dicha masacre, se analizará la información existente primordialmente a partir de concepciones propias del psicoanálisis, principalmente desde los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan, especialmente en relación a la condición femenina y al trauma psíquico. Se utilizan categorías de análisis, las cuales pueden ofrecer respuestas sobre los aspectos simbólicos que surgieron en los momentos previos, durante y algunos días después de la masacre, haciendo énfasis en los acontecimientos en que fueron víctimas las mujeres, con el fin de analizar el papel que cumple la mujer en este tipo de masacres o eventos violentos. En los testimonios se encuentra una diferencia significativa en los actos violentos entre los hombres y las mujeres de la masacre de El Salado, donde las mujeres fueron abusadas sexualmente y además juzgadas por tener relaciones de pareja con sujetos pertenecientes a grupos guerrilleros, lo que sugiere que la condición femenina desempeña un papel diferente en la guerra, en este caso en la masacre de El Salado del año 2000.

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Tas la subscripción del Convenio de Asociación No. 0171 del 29 de junio de 2011 entre el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Gobernación del Departamento del Huila, con la finalidad de estudiar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en cada uno de los municipios del departamento, el presente documento contiene el análisis y evaluación de los avances del municipio Saladoblanco frente a los ODM, así como sugiere estrategias y recomendaciones de focalización de recursos para el periodo 2012 - 2015. Esta cartilla consta de dos partes, la Parte I describe la caracterización del municipio en dos capítulos: El Capítulo I puntualiza los principales indicadores demográficos y socioeconómicos como la distribución Urbano – Rural, composición étnica, migraciones, desplazamiento, potencial de producción, composición de niveles educativos, entre otros. El Capítulo II hace alusión al desempeño de la administración y la importancia de su participación y regulación en la gestión, resaltando fortalezas y desafíos para enfrentar los ODM bajo estrategias que promuevan los programas y proyectos de desarrollo. Dando continuidad, la Parte II enfatiza sobre las políticas de la administración pública, abarcando las diferentes problemáticas sobre las cuales se deben tomar medidas correctivas y preventivas en ocho capítulos alusivos individualmente a cada uno de los objetivos, en los cuales se enfatiza en temas como: Pobreza extrema y hambre - Enseñanza primaria universal – Igualdad de género – Reducción de mortalidad en niños menores de 5 años - Mejorar la salud materna – Combatir enfermedades como VIH, dengue y malaria - Sostenibilidad del medio ambiente y Promover alianzas universales de desarrollo.

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Nova et Vetera, ISSN 1692 - 5866, Año 8 No. 5 (Febrero 25 - marzo 03 de 2013)

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En el presente texto se busca mostrar las capacidades explicativas que puede tener la conjunción entre las perspectivas de la ética hacker y la defensa de la propiedad intelectual para dar cuenta de las reacciones generalizadas de rechazo ante las normatividades de derechos de autor en el espacio digital. Así, se lleva a cabo un resumen de los principios de cada una de estas perspectivas dando cuenta de sus capacidades explicativas y características teóricas para, posteriormente, aplicarlas a la realidad empresarial, laboral y de opinión en el marco social contemporáneo. Cómo conclusión de este trabajo se logra observar que a pesar de que en principio ambas perspectivas podrían parecer contradictorias, existen aspectos comunes que permiten vislumbrar como un trabajo en conjunto permitiría generar normatividades que se acoplen a las realidades contemporáneas.

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Inmersos en un conflicto armado y guiados por un modelo político que busca aprovechar el boom minero en pro del desarrollo de Colombia, se han potencializado dinámicas ilegales donde los Actores Armados Ilegales (A.A.I), como ‘bandidos estacionarios’, se han ido adaptando a las nuevas dinámicas del mercado donde el lucro, la rentabilidad y la financiación son su objetivo central. En el departamento de Antioquia, esa situación data desde la formación de sus regiones, como son el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Empero, lo novedoso en el conflicto armado, y que tiene relación directa con la minería aurífera es, la alta posibilidad que los A.A.I. estén viendo en esta actividad su principal fuente de financiación como consecuencia de dos hechos importantes: 1). El éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico y por ende, contra los cultivos ilícitos. Y, 2) El elevado precio del oro en el mercado internacional puesto que, se estima que en los próximos años alcance entre $2.000 y $2.107 dólares la onza. En este orden de ideas, el lector encontrará como los actores armados ilegales actúan como bandidos estacionarios que ejerciendo la “minería criminal”, inciden en la política fiscal municipal a partir de la para-tributación o ‘impuesto de protección’, captación de regalías y el lavado de activos; donde el fin es financiar sus actividades criminales, afectando negativamente la política tributaria de los gobiernos municipales que se caracteriza por su baja capacidad de gestión.

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Estudio sobre el llamamiento en garantía con fines de repetición, como mecanismo jurídico para exigir la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, enfocado en las causas de su ineficacia y sus posibles correctivos.

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Esta investigación busca demostrar cómo las estrategias comunicativas no verbales, empleadas por Gaitán, influyeron de manera positiva en su discurso político. Así, el dominio consciente e inconsciente de elementos no verbales funciona estratégicamente para complementar su discurso.