Economía campesina y biotecnología : interrogantes en el escenario de la violencia

Los campesinos que se ubican a lo largo de las riberas del río Munguidó(...) en el Medio Atrato chocoano, quienes cultivan el chontaduro que se come en algunas ciudades colombianas, vieron interrumpidas de forma insospechada, tanto su vida productiva como su cotidianidad durante el 2002, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró veintiséis turistas en la ensenada de Utría (Chocó). Los medios de comunicación informaron al país la labor de la fuerza pública por presionar la liberación de los secuestrados. Sin embargo, guardaron silencio frente a los efectos de esta operación militar. El 8 de septiembre, un día antes de que el ELN liberara diez de los turistas secuestrados, doscientos campesinos del Munguidó se vieron obligados a abandonar sus tierras. Desde el 3 de septiembre de 2002, centenares de hombres de la Armada Nacional hicieron presencia en la boca del río Munguidó. Restringieron totalmente la entrada de personas y alimentos, para evitar que los secuestradores alcanzaran ríos navegables como el Baudó. Este cierre de la boca del río fue una estrategia exitosa para presionar la liberación de los secuestrados, pero el costo de ello fue el hambre que padecieron durante esos días las comunidades de la zona. En ese entonces, como la producción agrícola de las parcelas se concentraba en pocos productos, los campesinos del Munguidó no contaban con lo indispensable para sostener una dieta balanceada y autosuficiente. Por el río llevaban a Quibdó los productos que obtenían en las parcelas y con el dinero de sus ventas compraban en esa ciudad los artículos de primera necesidad. Con la escasez de alimentos llegó la presencia sorpresiva del ejército. Este hecho, más que confianza y tranquilidad, generó temor y zozobra en medio de los habitantes. Su presencia aumentaba la probabilidad de confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Adicionalmente, las víctimas de los hechos ocurridos en Bellavista (Bojayá), el 2 de mayo de 2002, permanecían en la memoria de los habitantes del Munguidó. El hambre y el miedo, efectos colaterales de la guerra, fueron causas suficientes para que las riberas del rio fueran desocupadas. Según el censo realizado por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación de Campesinos del Medio Atrato (Cocomacia), el 8 de septiembre de 2002, cerca de 200 campesinos se vieron obligados a desplazarse a Quibdó y el 27 del mismo mes otras 2.150 personas hicieron lo mismo(...).

El dolor, quinto signo vital

Las heridas producidas por trauma a causa del proyectil de un arma de fuego en los enfrentamientos bélicos que se ven a diario en la prensa, las lesiones por elementos contundentes en riñas, las amputaciones derivadas de las lesiones de guerra y el dolor del alma de aquellas personas que pierden a sus seres queridos, son algunos de los focos de dolor a los que se enfrentan cientos de colombianos. El sufrimiento por dolor es un problema de salud pública. En los Estados Unidos más de 300 millones de personas padecen de dolor en este momento (Bond y Breivik, Pain clinical updates, 2004). En Colombia, cerca del 47% de la población siente dolor mensualmente, según un estudio de la Asociación Colombiana para Estudio del Dolor (ACED)(...). El 85% de las consultas médicas, tanto en medicina general como especializada, son por dolor. Enfermedades como el cáncer, el Sida y la diabetes, son generadoras de gran dolor, la mayoría de las veces de difícil manejo. Por otra parte, los accidentes laborales, las enfermedades ocupacionales y todas las alteraciones inherentes al trabajo diario, hacen que los costos de los procedimientos diagnósticos y del tratamiento se disparen y así las personas consulten por dolor lumbar (de espalda), de cabeza (cefalea) y de las extremidades.(...)

Drogas ilegales, economía y sociedad

Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

Retos y perspectivas : El TLC en el contexto de la integración hemisférica

Al discutir las ventajas y desventajas de negociar acuerdos de integración, especialmente entre naciones con economías asimétricas, siempre está presente la preocupación por el impacto en la economía y en la sociedad. Esto exige un examen de los objetivos que se persiguen con la celebración del respectivo acuerdo y establecer si el país cuenta con las condiciones para la aplicación y la puesta en marcha de este tipo de tratados. El principal argumento para la negociación de acuerdos es la relación que existe entre el nivel de exportaciones con el crecimiento y la reducción de la pobreza. Se trata de un análisis bastante conocido que enfatiza las bondades de reducir barreras arancelarias para aumentar la competitividad. Sin embargo, descuida variables internas como la productividad, la investigación y el desarrollo o el capital humano y social, que son en realidad las que determinan el éxito o el fracaso de los acuerdos de comercio. Si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocia Colombia con Estados Unidos crea las condiciones normativas para mejorar los niveles de comercio e integración, su sola suscripción no garantiza el crecimiento del comercio y la economía de los dos países. Para el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, las ganancias a obtenerse con el TLC estarán vinculadas a la forma en que el país implemente el acuerdo, para lo cual reviste particular importancia la participación del Estado, tanto en la adecuación de las políticas macroeconómicas como en la transformación de sus instituciones. Según los investigadores, esto implica una mirada más amplia de los objetivos del comercio internacional, donde se evalúe el impacto del cambio institucional y no se limite a la simple reducción arancelaria. Por tanto, Colombia debe establecer claramente las consecuencias que tendrá un acuerdo de esta magnitud, no sólo para la economía y el comercio, sino también para las instituciones a nivel local, regional y nacional.

Acción política no violenta, una opción constructiva para enfrentar el conflicto

La violencia ha demostrado reiteradamente su fracaso como medio de resolución de conflictos o como instrumento en la búsqueda de la paz. Por su parte, la pasividad y el conformismo han terminado con frecuencia por contribuir apenas a la prolongación de situaciones conflictivas. Los efectos estériles de la pasividad y la sensación de impotencia y debilidad que acompaña al conformismo, producen desasosiego en el ánimo de sociedades que anhelan la solución de los conflictos que las agobian. Tal es el caso de la sociedad colombiana y de muchas otras que, en uno u otro continente, sufren a diario las consecuencias negativas de comportamientos tradicionales y resienten el estancamiento de crisis aparentemente sin solución. Todas ellas llevan en el fondo el anhelo de la paz y reclaman medios novedosos, activos y alternativos para conseguirla. La acción política no violenta representa uno de ellos.

La Venezuela cívico-militar

Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

Nova et Vetera : edición 18, Noviembre 19 de 2007

Nova et Vetera, ISSN 1692-5866, Año 8, No. 18 (Noviembre 19 de 2007)

Pérdidas y ganancias de las reformas en salud

Aunque gracias a la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993 (...) en la última década se ha registrado un notable aumento del gasto público en salud, han crecido las contribuciones de los afiliados, se ha elevado la cobertura del aseguramiento al sistema de Seguridad Social y se ha mejorado la focalización de los subsidios, aún persisten inequidades en el aseguramiento por ingreso y en acceso y resultados de salud. Así lo advierte un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario realizado conjuntamente con la Asociación Colombiana de la Salud (ASSALUD), en el que se indica que lo más preocupante es la presencia de múltiples indicadores de problemas de calidad en la prestación de los servicios, el notable deterioro en la capacidad territorial para manejar la salud pública y el rezago en temas como mortalidad evitable, mortalidad materna y enfermedades transmitidas por vectores (agentes transmisores).(*) Según los directores de la investigación, Francisco Yepes, de ASSALUD, y Manuel Ramírez, de la Universidad del Rosario, los hallazgos del estudio arrojan dudas sobre la eficiencia de las reformas en algunos aspectos y revelan un serio desequilibrio entre unos incentivos financieros muy fuertes y unos incentivos por resultados de salud inexistentes, así como un importante fraccionamiento en la prestación de los servicios. “No hay una relación fuerte entre el notable aumento en el gasto de salud y los resultados que se han obtenido en éstos términos. La pregunta legítima ante esta situación es: ¿estamos obteniendo lo que deberíamos por cada peso adicional que hemos dedicado a la salud?”, agregan los investigadores. El proyecto de la Facultad de Economía del Rosario y ASSALUD arrancó en el año 2004 con la recolección de información y el análisis de la evidencia disponible sobre los resultados de las reformas al sistema de salud, con el fin de establecer en qué se ganó, en qué se perdió y qué problemas subsisten para contribuir a la formulación de las políticas públicas. En desarrollo del proyecto, se identificaron más de trescientas publicaciones para el período comprendido entre 1995 y 2005, de las cuales se seleccionaron aquellas que presentaban resultados de investigaciones que aportaban evidencias para estudiar el resultado de las reformas. La investigación, también se apoyó en en los Estudios Nacionales de Salud, las Encuestas de Calidad de Vida del DANE, la Encuesta de Demografía y Salud de Profamilia y las Cuentas Nacionales de Salud del Ministerio de la Protección Social. (...) Los investigadores lograron establecer, además, que la estrategia de la política de salud durante este período de tiempo consistía en lograr un aumento en el gasto público y privado en salud, para elevar el porcentaje de la población asegurada, lo cual debería implicar un mejoramiento en el acceso a los servicios de esta área y, finalmente, una mejora en las condiciones de salud de la población. Las primeras etapas (gasto y aseguramiento) se han cumplido con respuestas bastante exitosas, y en el tema del acceso se han logrado algunos efectos. Sin embargo, los resultados en el mejoramiento de la salud son muy dudosos, lo cual permite advertir que la prioridad de la política sanitaria en el futuro cercano es el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios.(...)

El virus de la fiebre amarilla “un virus científicamente olvidado”

La fiebre amarilla es una enfermedad viral propia de regiones subtropicales que afecta principalmente el hígado produciendo hemorragias agudas y daños graves a nivel del tejido; es causada por un virus perteneciente al género Flavivirus, y es transmitida en el núcleo urbano por el mosquito Aedes aegypti, y selváticamente, por mosquitos del género Haemagogus. En Colombia, se presentaron 20 casos en el 2005 de los cuales el 65% fue letal (OMS, 2006) (*). Sobre la fiebre amarilla, se logró un control importante, sin embargo, actualmente es considerada como una enfermedad reemergente debido a múltiples factores que han venido aumentando a través de los últimos veinte años, tales como la amplia diseminación del vector, la deforestación, el aumento de la población susceptible no vacunada, diversos fenómenos climáticos (Fenómeno del Pacífico, por ejemplo), y la falta de programas de vigilancia epidemiológica. En países como el nuestro, la situación se agudiza con el desplazamiento forzado de la población, la explotación de las zonas selváticas vírgenes, la violencia y el narcotráfico. A pesar de la disponibilidad de una vacuna con una alta eficacia, la fiebre amarilla continúa siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en regiones tropicales de África y de América del Sur (OMS, 2006) (**). La metodología de producción de la vacuna está muy bien definida, es eficiente, e incluye un estricto control de calidad sobre los efectos neurológicos del virus, induce un periodo de protección de diez años con una sola dosis y es, además, barata. No obstante, desde 1996 se han reconocido casos de la enfermedad, la cual no sólo es neurológica, sino, también, viscerotrópica (afección hepática principalmente), como consecuencia de la vacunación. Los efectos adversos producidos por la vacuna, y que hoy en día se conocen gracias a la implantación de programas de seguimiento postvacunal, no tienen una explicación científica, en parte, por la aceptación absoluta que hubo sobre su eficacia y su seguridad desde que se inició su utilización en seres humanos; sin embargo, el problema mismo ha despertado un interés mundial por el desarrollo de una vacuna que no presente ningún riesgo para el hombre, lo cual conlleva a la necesidad de conocer científicamente las causas que originan esta situación, como un prerrequisito para abordar adecuadamente cualquier estrategia de mejoramiento de la vacuna actual. Atendiendo a esta necesidad, el grupo de Bioquímica y Biotecnología en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario ha tomado el virus de la fiebre amarilla como modelo de investigación, buscando dilucidar, por qué la vacuna está produciendo la enfermedad.

Colombianos en el exterior : la cara oculta del desplazamiento forzado

Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, fuera de Colombia viven cinco millones de colombianos —que equivalen casi a la población total de Bogotá— en condiciones de desprotección frente a la legislación nacional e internacional. Los migrantes colombianos, legales e ilegales, trabajan hasta 18 horas diarias, velan por sus familias y envían para ellas remesas que oscilan entre 200 y 300 dólares mensuales, que sumadas superan los ingresos por concepto de petróleo de un año. . La decisión de salir del país que en su momento tomaron estos ciudadanos, ahora distantes de políticas públicas orientadas a proteger sus derechos como población desplazada, está basada en razones económicas, sociales y políticas.

Nova et Vetera : edición 05, Marzo 25 - Abril 7 de 2008

Nova et Vetera, ISSN 1692-5866, Año 3, No. 05 (Marzo 25 - Abril 7 de 2008)

Lineamientos para una reglamentación de la flora medicinal

Lineamientos para una reglamentación de la flora medicinal Tres décadas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) avalara el uso de las plantas medicinales en los sistemas nacionales de salud, Colombia aún no cuenta con una legislación que le permita proteger y aprovechar su flora medicinal en beneficio de la población. Para subsanar este vacío, el Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina (GESTS) y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario decidieron analizar los avances legislativos desarrollados en todo el mundo, con el fin de sentar las bases de una reglamentación nacional que estimule el cultivo, aprovechamiento sostenible y uso terapéutico de las plantas y sus productos derivados.(...) Esta iniciativa cobra mayor importancia ante el incremento de reglamentaciones locales relacionadas con las medicinas herbáceas (...) . Mientras en 1995 sólo 42 de los 193 países miembros de la OMS tenían normas relacionadas con la medicina basada en hierbas, para el 2005 una encuesta realizada en 140 países mostró que en 92 de ellos ya se había reglamentado el uso de plantas medicinales. Se ha extendido tanto el uso de éstas plantas que el mercado mundial de medicinas elaboradas con hierbas basadas en el conocimiento tradicional supera los 60.000 millones de dólares(...)(cerca de la mitad del PIB de Colombia). Ésto se traduce, además, en una preocupación permanente sobre su tráfico y comercio inadecuado (...) , ante el inminente riesgo de extinción biológica de algunas especies, como lo advierten varios estudios de la OMS (...) (...) (*) . Ahora bien, aunque la propuesta de los investigadores podría sentar los lineamientos básicos para un proyecto de ley, la reglamentación no puede convertirse en un punto de llegada, ya que sin importar lo que diga la legislación, la gente seguirá haciendo uso –con viejas o nuevas maneras– de las plantas medicinales. Por tanto, el grupo interdisciplinario de investigadores, propone un marco conceptual que permita entender el universo de la botánica médica, estableciendo las fronteras de su estudio y precisando los lenguajes utilizados por la medicina moderna y la medicina tradicional.

Bogotá y la descentralización intraterritorial: crónica de una historia inconclusa

Este documento de investigación hace parte de un estudio comparativo de los procesos de descentralización en las ciudades de Bogotá, México D.F., Lima y Santiago de Chile, en el marco del desarrollo del Convenio Nº 1429 de 2009 suscrito entre la Universidad del Rosario y la Secretaría de Gobierno Distrital. Para el caso bogotano, se tomaron como punto de referencia los hechos sucedidos desde mediados del siglo XX –cuando, debido a varios factores que se explicarán en este documento, la ciudad empieza a tener un gran crecimiento y se hace necesario tomar medidas para afrontar esta nueva configuración, las cuales incluyen la modernización del gobierno de la ciudad a tal punto que pueda gobernar de una manera efectiva y eficaz en una metrópoli de las características actuales de Bogotá– y hasta la actualidad.

Descentralización en Lima: democracia local versus efectividad administrativa. Un modelo inacabado de descentralización

El caso de la descentralización en el Área Metropolitana de Lima constituye un objeto de estudio del mayor interés para quienes se interesen por los procesos de construcción de ciudadanía en el plano local en las ciudades de Latinoamérica. Desde el restablecimiento democrático, la democracia peruana ha enfrentado serias vicisitudes que han minado considerablemente el Estado de derecho y algunos mecanismos de participación popular. Como resulta obvio, ambos procesos han hecho mella sobre la descentralización nacional y en la del Área Metropolitana de Lima. A pesar de estas dificultades, especialmente durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), se ha dado una restructuración que ha logrado rescatar algunos de los propósitos iniciales del proceso. Luego de los gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006) el Estado experimentó una normalización de la política que irrigó múltiples campos de acción estatal, entre ellos el de la descentralización, fenómeno que se había visto afectado por el régimen fujimorista y las restricciones a las autonomías de los territorios bajo el argumento de la garantía de la seguridad.

La discapacidad desde el horizonte de los derechos humanos

“Locos, furiosos y mentecatos” fueron algunas de las palabras utilizadas por el Código Civil colombiano para hacer alusión a las personas con discapacidad. Durante más de cien años estos términos, que en los tiempos recientes se reconocen como ofensivos, estuvieron de boca en boca sin que alguien levantara su voz en contra. Se necesitó un cambio radical de enfoque y una demanda al Código para que se declarara inconstitucional esta terminología. Demanda U. Rosario(...). No obstante la modificación introducida a “ese conjunto de normas”, en el imaginario social aún resuenan con fuerza las expresiones humillantes, persisten las actitudes que hieren la dignidad de las personas y las acciones violatorias de sus derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad representan más de la décima parte de la población colombiana, cerca de 12%, que es el promedio para Latinoamérica. Un proceso sutil, silencioso y tradicional de exclusión social, ha vivido esta población que solamente después de la Constitución de 1991 empezó a recibir protección directa y a sentir que tenía derechos, porque en la Carta de 1886 ni siquiera se hizo mención a ella, y menos a la reivindicación de sus derechos humanos como el derecho al trabajo. En estas circunstancias y bajo la dirección del abogado y doctor en Derechos Humanos, Carlos Parra Dussan, quien logró introducir las modificaciones mencionadas al Código Civil, la Universidad del Rosario y Colciencias desarrollaron el proyecto de investigación “Eficacia de los mecanismos judiciales e institucionales de protección a la población con discapacidad en Colombia”(...).