350 resultados para Derecho administrativo -- Legislación -- Colombia
Resumo:
El lector tiene entre sus manos un manual esencialmente práctico, el interés ha sido sobre todo recopilar y ordenar los datos normativos y jurisprudenciales existentes en nuestro ordenamiento sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos
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La propuesta pretende generar, desde el teatro y en compenetración con otras manifestaciones artísticas, un clima de reflexión en torno a la problemática de los derechos humanos
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La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, consagró, en el artículo 42 de la Carta Magna, el amparo a las familias unidas por vínculos naturales, evidenciando de esta forma la necesidad nacional de que nuestro ordenamiento refleje la realidad
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Estatuto contractual de nuestro país, enmarcada en una filosofía de desmonopolización de las actividades estatales y competencia productiva nacional e internacional, adoptó mecanismos antiburocráticos reduciendo al mínimo la tramitología
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Aparece lo Ambiental como el factor por excelencia que eleva la calidad de vida del ser social, su defensa a través del derecho ambiental es un proponente y una condición para lograr fines supremos de nuestro Estado Social de Derecho
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Se pretende hacer un aporte investigativo al tema del derecho ambiental en Colombia, específicamente al tratamiento judicial enfocado a la responsabilidad penal por daño al medio ambiente, tratando temas como tipos de responsabilidad que derivan de esta acción, aspectos político criminales
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Este trabajo de grado se encuentra dirigido al reconocimiento de la situación laboral de los Terapeutas Ocupacionales egresados de la Universidad del Rosario entre los años 1996 al 2002, que residen actualmente en la cuidad de Bogotá. Dentro de la investigación de toman aspectos como las áreas y funciones de mayor incidencia de estos profesionales, el salario devengado y los estudios posteriores realizados. Esta es una investigación de carácter cualitativo, la cual se llevo a cabo mediante la aplicación de una encuesta telefónica a una muestra de 27 profesionales seleccionadas de la base de datos del Programa de Terapia Ocupacional. Las conclusiones del estudio abarcan desde las principales áreas de desempeño que son: salud y educación, funciones: atención directa en instituciones y salarios devengados entre 2 y 3 salarios mínimos.
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El proceso licitatorio está sometido a la ley y encaminado al cumplimiento de las finalidades que le asigna el ordenamiento jurídico circunstancias que han de tener en cuenta todas las entidades contratantes con la finalidad de evitar irregularidades
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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.
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Se trata de una nueva actualización del marco económico de la concesión de servicio público, resaltando principalmente las nuevas aplicaciones que este contrato puede tener en un marco del servicio público liberalizado. De esta manera puede vislumbrarse un nuevo uso generalizado en el control del oportunismo político en materia del régimen tarifario lo que lo erige en un valido instrumento para la preservación de la inversión extarnjera. Del mismo modo puede emplearse como un instrumento para la generación de infraestructura en materia de servicios públicos y finalmente como un instrumento para la regulación alterna de monopolios naturales.
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El Estatuto General de Contratación colombiano (Ley 80 de 1993 y normas que lo aclaran, complementan y desarrollan), como desarrollo de los artículos 4 y 209 de la Constitución Política y como ejemplo de la implantación de nuevas maneras de entender el derecho administrativo, habilita a las entidades estatales sujetas al estatuto general de contratación, en aras de alcanzar sus fines constitucionales y legales, para acudir a contratos del derecho privado, plasmados en normas especiales y aquellos derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, sin que ello se oponga al principio de legalidad, piedra angular del derecho público. No obstante esta autorización legal expresa, el uso de contratos atípicos es muy limitado.
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La presente investigación tiene como objetivo explicar cuál es el papel de la construcción de memoria histórica por parte de la asociación de familias víctimas de Trujillo “AFAVIT” en su reconocimiento como víctimas por parte del Estado colombiano. Se pretende demostrar que la construcción de memoria histórica juega un papel fundamental como herramienta visibilizadora tanto del conflicto colombiano como medio que permite el reconocimiento por parte del Estado. Para lograr dicho fin, se hace imperativo abordar dicha problemática desde un enfoque psicosocial; adicionalmente se tendrán en cuenta entrevistas realizadas a la comunidad AFAVIT.
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Este trabajo busca analizar los efectos e implicaciones que tuvo la reforma política de 2003 sobre el Partido Liberal Colombiano (PLC), y cómo los cambios institucionales configuraron un marco para la reorganización de la colectividad liberal hasta 2010. En la primera parte del trabajo se expone el desarrollo del sistema de partidos en Colombia y la estructura de incentivos existente en el marco institucional antes y después de la reforma. Para dar cuenta de los cambios en el PLC, se hace una revisión de los principales debates que se dieron dentro de la bancada liberal en el Congreso con respecto a la reforma y sus posteriores modificaciones. Finalmente, se presenta la relación del alcance de la reforma sobre el PLC que a la luz de la teoría neo-institucionalista, explica el comportamiento del Partido como organización, así como la de sus miembros.
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El Sistema Pensional Colombiano se encuentra en una de las etapas más críticas de los últimos años, representando el mayor problema fiscal que enfrentarán las finanzas públicas hoy y en los próximos veinte años. Las modificaciones a la legislación hechas desde 1993 beneficiaron a contados sectores de la sociedad y desencadenaron en onerosos beneficios para unos pocos. Más que hacia un enfoque fiscal, este trabajo busca traducir el problema pensional como un problema de inequidad intergeneracional en el cual, las generaciones actuales y venideras tendrán, además de ahorrar para generar su pensión, cotizar para lograr mantener los beneficios del esquema pensional tal como se contemplan actualmente. Se encuentra que la tendencia de afiliación a los regímenes tiende a ser bastante diferente entre grupos etáreos, mientras que los mayores se concentran en el Régimen de Prima Media, los jóvenes lo hacen en el Régimen de Ahorro Individual. Las condiciones del mercado laboral se presentan como uno de los determinantes del perfil sostenible del sistema pensional pero una mayor tasa de informalidad y un mayor desempleo lo han caracterizado en los últimos cinco años. Se encuentra además que las principales variables que definen el sistema pensional permanecieron constantes a pesar de cambios estructurales de gran envergadura.
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Este documento tiene el propósito de analizar el documento de Fedesarrollo: "efectos económicos y sociales de la regulación sobre la industria farmacéutica colombiana: el caso de los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad de los secretos empresariales y las buenas prácticas de manufactura" Zuleta and Junca (2001), tanto en sus aspectos conceptuales y metodológicos, como de resultados. El estudio se centra en tres aspectos esenciales: la exigencia de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia (ByB) relacionados con la obtención-renovación de los registros sanitarios por parte de la industria farmacéutica; el secreto empresarial relacionado con la calificación de la información que sustenta los registros, y la aplicación de las medidas relacionadas con con las buenas prácticas de manufactura (BPM)