325 resultados para DESARROLLO URBANO - BARRIO USAQUÉN (BOGOTÁ, COLOMBIA)


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Un analisis de las experiencias diferenciadas de personas socialmente distantes y fisicamente cercanas en el entorno de La Candelaria.

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El interés de este estudio de caso es comparar las dinámicas de uso y apropiación del espacio público en parques de origen formal e informal, y discutir sus implicaciones en la vida social y urbana, teniendo como zonas el parque Villa de la Torre (informal) y el parque Cayetano Cañizares (formal). Este trabajo se enmarca en conceptos de uso y apropiación del espacio público, a partir de los cuales se examinan las dinámicas de formalidad e informalidad de los parques zonas de estudio, explorando qué efectos puede tener su origen, y revisando si el parque informal implica falta de apropiación y usos conflictivos, o si por el contrario, las dinámicas que en espacios públicos se dan pueden incluir dinámicas positivas y negativas indistintamente de su origen.

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La región del Pacífico colombiano se ha identificado de varias maneras, dentro de las cuales el subdesarrollo ha sido la más representativa, para ello, el crecimiento económico se caracterizó como la respuesta, pero con el tiempo las poblaciones afrodescendientes han comenzado a ver grandes ventajas en el desarrollo comunitario para su economía. El presente trabajo de investigación busca exponer las visiones de desarrollo económico ejecutadas por el gobierno y el de las poblaciones afrodescendientes en el bajo Atrato. Planteado a través de un enfoque cualitativo y del análisis de fuentes secundarias, esta investigación se presenta como una posibilidad para la academia, al dar un paso más en el análisis de las visiones económicas de la población afrodescendiente ubicada en el bajo Atrato.

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Actualmente, Colombia se encuentra inserta en dinámicas migratorias internacionales, no sólo como país expulsor de estos flujos, sino como destino y país de tránsito; la transformación que ha tenido el panorama migratorio colombiano es reciente y obedece a múltiples factores de carácter interno y externo. El fortalecimiento de la economía colombiana y la coyuntura de la crisis económica española han creado un ambiente propicio para la llegada de una migración laboral altamente calificada proveniente de España. Esta situación no sólo ha configurado al país por primera vez como un destino migratorio, sino ha puesto en evidencia la necesidad de una política migratoria eficaz y capaz de enfrentar los desafíos que impone la nueva realidad migratoria.

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El aprovechamiento económico del espacio público constituye un fenómeno que pone a prueba la definición de lo público y lo privado. Esta distinción es una de las bases de la institucionalidad del Estado moderno, por lo que desafiarla genera tensiones que repercuten en su administración. Por su parte, los actores involucrados en la discusión de la racionalidad sobre la que se fundamentan los cimientos de nuestra democracia liberal, son agentes marginalizados a través de las diferentes clasificaciones que se aplican a ellos estigmatizándolos socialmente. Es a partir de esta dicotomía entre lo formal y lo informal y su manera de relacionarse, que se entra a discutir la construcción social del espacio público y las ambivalencias de los derechos de una población que actúa al margen del sistema.

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La asignatura de Competitividad Internacional Urbana (ciu) del programa de Gestión y Desarrollo Urbanos (gdu) de la Universidad del Rosario ha sido desde 2009, cuando asumí su dirección y orientación, un reto permanente de aprendizajes tan estimulantes y variados cuantas ciudades y atributos hay por descubrir en el inmenso mundo de lo urbano-rural-regional. Si bien la competitividad es un asunto urbano-regional antes que nacional, la mayor parte de los enfoques y de las consiguientes referencias bibliográficas abordan la competitividad a nivel nacional siendo relativamente escasas las publicaciones sobre la competitividad urbana. Así, los documentos abordan una descripción general de las ciudades, las causas de las crisis y las consecuencias para la ciudad y su estructura económica, analizadas a partir de los impactos sobre el mercado laboral, los precios de la vivienda, el desarrollo del turismo, entre otros, y las diversas estrategias que adoptaron para afrontar la crisis y convertirla en una oportunidad de desarrollo.

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Este texto busca analizar de manera comparada la memoria pública que producen, exhiben y administran el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sobre el conflicto colombiano a través de sus artefactos de memoria. El ejercicio de memoria que llevan a cabo ambos centros evidencia que a la vez que recuerdan el pasado reciente también lo representan a través de unas maneras particulares de entender el conflicto colombiano y sus actores, visibilizando ciertas tensiones y pugnas por las temporalidades que se le dan al conflicto, las violencias que se incluyen y los efectos que ha generado. Del análisis de los trabajos de memoria de estos centros es posible hacer un mapeo de hacia dónde está apuntando la políticas sobre la memoria y el pasado en el país.

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Reconociendo la importancia que tienen las inversiones durante los primeros años del ciclo de vida, en este documento se estima el efecto de la asistencia a preescolar sobre el desempeño escolar de largo plazo, medido a través del puntaje en las áreas de lenguaje y matemáticas de la prueba Saber 11 en Colombia. Para ello, se realiza la aproximación empírica a través de la metodología de variables instrumentales. Los resultados indican que la asistencia a un año adicional de educación preescolar reduce en 0.121 desviaciones estándar el puntaje obtenido en el área de lenguaje. No obstante, se identifica un efecto diferenciado a partir de variables que dan cuenta del estatus socioeconómico de los individuos.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.