19 resultados para World cinemas : transnational perspectives


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La presente investigación tiene como objetivo identificar los procesos que han posibilitado la transnacionalización del movimiento independentista catalán entre 2010 y 2014. Por tal motivo, el análisis de este estudio de caso permitirá comprender con mayor profundidad las dinámicas de transnacionalización de una causa nacional, con las que dicho movimiento ha conseguido conectar lo local con lo global. Para ello, la recolección de datos cualitativos se hace imprescindible en la caracterización de este fenómeno social, a partir del uso de herramientas como la observación participante, entrevistas y el análisis documental. Esto, con el propósito de facilitar la obtención de información proveniente de fuentes primarias y secundarias, respetando la perspectiva de los actores involucrados. De tal manera, será posible evidenciar que estos procesos transnacionales se impulsan mutuamente, propiciando la proyección del debate sobre la independencia fuera de las fronteras catalanas.

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Este estudio de caso busca evaluar los alcances y limitaciones que tiene la movilización social para lograr transformaciones en las instituciones a partir del estudio de la movilización social en Egipto durante el período 2010-2013. Se analiza y se explica en qué sentido las instituciones de movimiento lento, como las estructuras de poder y estructuras mentales, han frustrado lo acontecido en Egipto conocido como la primavera árabe. Siguiendo la perspectiva de las instituciones de Gérard Roland y Alejandro Portes, se avanza hacia el resultado de la investigación de que las instituciones de movimiento lento tienen en cuenta aspectos estructurales de una sociedad tales como el poder y la cultura. Por ello, no pueden ser cambiadas con facilidad ya que cuentan con bases sólidas que han sido construidas mediante procesos históricos fundamentados en ideologías y valores.

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El presente estudio de caso tiene como principal objetivo el de analizar la manera como las características sociopolíticas de los Estados del Mekong, específicamente en el caso de Camboya y Myanmar, dificultan la implementación de las normas enunciadas en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, también conocido como el Protocolo de Palermo. En este sentido, se parte de las características principales del Protocolo y de la manera como el tráfico de personas se presenta en el Mekong para posteriormente analizar la forma como la corrupción, la impunidad y la desigualdad de género representan retos sociopolíticos que obstruyen la implementación de los mandatos internacionales enmarcados en este instrumento

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.