43 resultados para Sindicatos-Actividad política
Resumo:
El presente documento tiene como objetivo examinar las obras responsables del estudio de los mecanismos de acción política de los artesanos de Bogotá durante la segunda mitad del siglo XIX, para así determinar las perspectivas analíticas que se han asumido.
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Desde 1999, la política petrolera se constituyó como base del proyecto político chavista conocido como la Revolución Bolivariana, e incluso se convirtió en el eje de la participación, polarización y de las relaciones entre los principales actores del oficialismo y de la oposición venezolana.
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El corregimiento de Providencia -Antioquia, es el epicentro del proyecto minero aurífero a cielo abierto más grande de Colombia: ‘Gramalote’. Por ser parte de la zona de influencia directa del proyecto, el reasentamiento involuntario de la población parecería ser definitivo en el mediano plazo. Empero, el gran reto es llevar a cabo un proceso de reasentamiento exitoso a sabiendas que en Colombia no existe una política nacional de reasentamiento y por lo tanto, en este caso específico la empresa deberá implementar la Norma de Desempeño 5 –PS5-: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario creada por el Banco Mundial. A lo largo del documento el lector encontrará que el mayor reto de la aplicación de la PS5 radica primero, en el desconocimiento que tienen las entidades de control al respecto y segundo, en el cómo aplicar a futuro una norma tan general conociendo que cada territorio y sociedad son altamente heterogéneos.
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Esta investigación tuvo como objetivo general indagar las posibles causas de la crisis de los sindicatos del sector público en Colombia. Para poder demostrarlo se desarrolló una primera hipótesis relacionada con el hecho de que la crisis del sindicalismo estatal responde a los cambios sociales y organizativos del proceso de producción posfordista, La segunda hipótesis que da como resultado la debilidad de la representatividad sindical y de sus directrices organizativas; y una tercera hipótesis que tiene que ver con las políticas promovidas recientemente por el Estado, que conllevan la reducción del gasto público y/o la disminución de su aparato burocrático.
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Con la Constitución Política de 1991, se introdujo en el sistema jurídico colombiano un nuevo paradigma de interpretación a partir del cual la Constitución, como norma de normas, fija los límites para que el sistema normativo estructure las directrices que rigen la organización de nuestro país. Ante este inevitable fenómeno jurídico, nuestro sistema tributario no fue ajeno y fue el Artículo 338 de la Carta Política el encargado de sentar las bases para la reglamentación a nivel nacional y territorial de las normas tributarias.
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Objetivo: Describir las concepciones que tienen y las acciones que realizan los actores institucionales a nivel local entorno a la promoción de la actividad física en el ámbito educativo.Metodología: Se trata de un estudio cualitativo descriptivo, en el que participaron 9 sujetos, entre directores y coordinadores de programas relacionados con la promoción de la actividad física en el Distrito Capital. Se recolectó información a través de entrevistas semiestructuradas. Se indagó sobre su concepción de “actividad física” y sobre las acciones que se están realizando alrededor de la promoción de dicha actividad.Resultados: El análisis permitió destacar que no existe una concepción unificada alrededor del concepto de actividad física, pues existen concepciones desde lo biológico, así como otras que le imprimen un componente social. Adicionalmente, las acciones que se están desarrollan para promocionar la actividad física responden a iniciativas de un sector en particular, no existe trabajo intersectorial, ni tampoco articulación a una política específica: son más iniciativas puntuales que muchas veces no apuntan a un objetivo o meta particular en el largo plazo.Conclusiones: En general, no existe una concepción unificada alrededor de la actividad física, como tampoco estrategias intersectoriales para su promoción. Adicionalmente, se identificaron acciones desarticuladas, lo que genera que los esfuerzos realizados no tengan el impacto que se lograría si se promovieran estrategias intersectoriales.
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La década de los noventa marcó el inicio de la modernización del transporte urbano en las principales ciudades de Venezuela, entre ellas en la ciudad de Maracaibo, segunda ciudad en importancia en el país, proceso que tuvo lugar formalmente desde la Alcaldía de Maracaibo, pero en el cual participaron numerosos actores nacionales e internacionales que dan cuenta de un proceso que se inserta en un modelo de transporte urbano de origen foráneo, vinculado a la necesidad de poner esta actividad a tono con los requerimientos de una economía de mercado. El propósito de este trabajo es identificar la política que en definitiva se formó, los distintos actores involucrados y el rol de cada uno. Se parte de la hipótesis que es escasa la participación local en este proceso, el cual se origina en los organismos multilaterales. Los resultados revelan: 1) Los principales actores involucrados en la formación de la política fueron: Banco Mundial, Consorcio Systra-Sofrrtu, Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo (IMTCUMA), Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), Ministerio de Infraestructura (MINFRA), antiguo Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), La Universidad del Zulia, Comisión Presidencial del transporte para la ciudad de Maracaibo, Consejo Venezolano de transporte, Alcaldía de Maracaibo y Metro de Maracaibo; 2) La participación de estos organismos fue muy variada, correspondiéndole el rol de orientador al Banco Mundial y el resto en distintos niveles y en el rol de asesores y ejecutores; 3) La política estuvo dirigida a: reducir los tiempos de viaje de los trabajadores; incorporar empresas privadas en el sector transporte y dar prioridad en la prestación del servicio en los sectores comerciales e industriales. Se concluye que la política de transporte de la ciudad de Maracaibo ha tenido lugar con la participación de los organismos multilaterales y la escasa participación del gobierno local y los usuarios.-----The 1990s marked the start of the urban transport modernization in the main cities of Venezuela, including Maracaibo, the second city. It was formally managed from the Mayor’s Office of Maracaibo, but involved a number of national and international actors in a process that became embedded into an urban transport model of foreign origin, linked to the need of aligning this activity with the market economy requirements. The purpose of this paper is to identify the policy that resulted in the end, the different actors involved, and the role played by each of them. The basis assumption is the scarce local participation in this process, which arose from multilateral organizations. The results reveal that: 1) The main actors involved in the policy structuring were: World Bank, Systra-Sofrrtu Consortium, Maracaibo Urban Mass Transport Institute (Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo –IMTCUMA–), National Urban Transport Fund (Fondo Nacional de Transporte Urbano –FONTUR–), Ministry of Infrastructure (MINFRA), former Ministry of Transport and Communications (MTC), La Universidad del Zulia, President’s Transport Commission for the city of Maracaibo, Venezuelan Transport Board, Mayor’s Office of Maracaibo, and Metro of Maracaibo; 2) The participation of these organizations was very varying, the World Bank playing the directing role, and the others in different levels as advisors and implementers; 3) The policy was addressed to: reducing workers commuting times; incorporating private companies into the transport sector; and giving priority to the service provision in commercial and industrial sectors. The conclusion is that the transport policy in the city of Maracaibo occurred with the participation of multilateral organizations and very little participation of the local government and users.
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Analizar, desde un punto de vista crítico, las implicaciones penales derivadas de la actividad médica, igualmente realizar un análisis práctico y conceptual de las obligaciones del médico frente a su paciente con relación a la función desempeñada dentro del campo de la medicina.
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La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por vez primera las acciones populares de tutela y cumplimiento como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del Estado.
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A través de la presente monografía de grado pretendemos hacer un análisis de uno de los temas que a lo largo de la vigencia de la Ley 14 de 1983, ha presentado mayor variación a nivel jurisprudencial en la jurisdicción de lo contencioso administrativ
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Establecer mediante la investigación y análisis de datos en qué medida las preferencias generalizadas otorgadas por la UE así como las relaciones políticas y de cooperación incentivan la actividad exportadora de confecciones del empresario colombiano
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En este trabajo se propone la teoría de los convenios de la administración, bajo la concepción de que esta figura –el convenio de la administración- constituye un género que además de ser un instrumento negocial diferente del contrato administrativo6, involucra dos grandes tipos
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El interés de esta investigación se centra en analizar el rol protagónico que han adquirido las acciones constitucionales en la participación política de la comunidad LGTBI, encaminada a la aprobación del matrimonio igualitario en Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Para este propósito, el estudio presenta un diagnóstico sobre las falencias y limitaciones que ha presentado la representación política y de los mecanismos de participación ciudadana para solventar las reivindicaciones de las parejas del mismo sexo. En consecuencia, la investigación evidencia de qué manera la sub-representación de los intereses de esta comunidad en el Congreso de la República y la sub-utilización de los mecanismos de participación política causadas por las deficiencias en su diseño e implementación, impulsaron a la población LGTBI y los defensores de sus derechos a canalizar su participación política a través de la presentación de acciones constitucionales.
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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.
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El uso de instrumentos y directrices en la política pública para la modelación de los resultados de la actividad científica y tecnológica ha sido frecuente en el Estado colombiano. Este trabajo bajo la ‘teoría de la regulación’ de Black, examina el Modelo de Medición de Grupos de Investigación y de calificación de Revistas Científicas –Publindex- de Colciencias, como instrumentos de intervención del Estado, fundados en el uso de indicadores bibliométricos y cienciométricos. Para ello, se da respuesta a interrogantes referidos a la auto-organización de la ciencia; su relación con el Modelo de Grupos de Investigación, la influencia que dicho modelo tiene sobre la libertad de investigación; las implicaciones que tiene el otorgar categoría o status a los Grupos por actos estatales y la conveniencia de que el Estado tenga un sistema de incentivos para el examen de información científica y técnica originada en indicadores científicos, entre otros. Se busca en síntesis, aportar elementos que permitan, desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria explicar algunas de las razones por las cuales los elementos involucrados en la estructuración de la normativa de ciencia y tecnología, pueden inducir a afectaciones negativas y positivas en el quehacer científico y tecnológico.