El procedimiento administrativo especial colombiano de solicitud de concesiones portuarias marítimas en ejercicio del derecho de petición en interés particular

En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos, exige el otorgamiento por parte del Estado, de una concesión portuaria a sociedades portuarias, la cual se concede previo el agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular, o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 10 de enero de 1991 y en el Decreto 4735 de 2 de diciembre de 2009. Si bien, el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, sin que constituya una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.

El arbitraje opcional para los conflictos jurídicos estado-individuo: propuesta alternativa de igualdad y neutralidad judicial en la administración de justicia en lo contencioso administrativo

La tesis de Maestría propone que los árbitros puedan operar como verdaderos jueces en la jurisdicción contencioso administrativa, sin que su actuación se vea limitada a ningún tipo de materia, ya que ellos podrían llevar la adjudicación en esta jurisdicción con igualdad y neutralidad.

El sistema de desarrollo administrativo en la administración pública colombiana

Antes de la Ley 489 del 29 de diciembre 1998, las entidades de la Administración Pública no estaban todas legalmente organizadas por sectores administrativos. Es apenas con la Reforma Administrativa de 1992, derivada de las facultades concedidas por el artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991, que se empieza a hablar del tema: sectores de Justicia (Decreto 2157 de 1992 y Ley 10 de 1990), Salud (Decreto 2164 de 1992), Comercio (Decreto 2350 de 1992, Minas (Decreto 2119 de 1992), Educación (Decreto 2127 de 1992 y Ley 115 de 1994), Comunicaciones (Decreto 1901 de 1990), Transporte (Decreto 2171 de 1992) y Medio Ambiente (Ley 99 de 1993). En el año de 1997, en el gobierno Samper, se expidió la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996 y se hablaba entonces de sectores de la Administración Pública. Con la expedición de la Ley 489 de 1998, se crearon los sectores administrativos integrados por un Ministerio o Departamento Administrativo y sus entidades adscritas y vinculadas, tal como está contemplado en el artículo 42.

Entre la justicia y la seguridad jurídica, debates en torno a la caducidad y el acto administrativo particular como blanco de las acciones populares y contenciosas

En una actualidad jurídica trasegada por la revolución de los derechos a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, donde se habla constantemente de un nuevo y de un viejo derecho, que finca sus raíces en un papel protagónico del juez, la justicia y en la garantía y protección de los derechos, pareciera que conceptos clásicos como caducidad y seguridad jurídica cedan terreno ante el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

El juez administrativo

El objetivo principal del presente trabajo monográfico es realizar un análisis serio y real de la figura del “Juez Administrativo”. Este nuevo administrador de justicia ha suscitado en todos los sectores una gran polémica; hay comentarios y posiciones a favor y en contra. Para la gran mayoría, es la solución a la congestión de la jurisdicción contencioso administrativa (posición del Consejo Superior de la Judicatura), para unos pocos, como nosotras, es simplemente una temporal e ilusoria solución a la susodicha enfermedad.

Emprendimiento social desde un punto de vista administrativo aproximación a un marco teórico fundamentado desde lo epistemológico y lo social

En la sociedad existen innumerables oportunidades que nos permiten contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales actuales. Esto derivado de que las necesidades de las personas no cesan y por ende se impone una concientización de las organizaciones en contemplar dentro de sus propias metas el apoyo a una sociedad sedienta de posibilidades. Las organizaciones sociales empiezan a sentir la exigencia de diversificar sus recursos y sus fuentes para lograr sostenibilidad de largo plazo, legitimidad y mayor impacto social. El empuje a los Emprendimientos Sociales ha permitido que éstas fomenten creativamente entre los vecinos, los colegios, las universidades, las empresas, entre otras, la generación de diferentes recursos y el realce de nuevos valores: dinero, voluntarios, productos en especie, tiempo, conocimiento, y etcétera. Esto con actividades que en el tiempo sean sostenibles.

Breves reflexiones en torno al control externo administrativo y sus consecuencias en la República Argentina

--

Panorama reciente de los principios generales del derecho administrativo francés

--

La ciencia de la policía y el derecho administrativo

--

El derecho colectivo: “moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo

--

Reflexiones sobre la congestión judicial en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo colombiana

--

El carácter normativo de los principios del derecho administrativo

--

Panorama del derecho administrativo sancionador en España

--

La adecuación del derecho administrativo al Estado contemporáneo

--

La descongestión en la jurisdicción contencioso administrativa. Una visión desde el tribunal Administrativo de Cundinamarca

--