Privación de los derechos de protección a los consumidores del sector del turismo en Colombia a través de la ley 1558 de 2012

La ley 1480 de 2011 conocida también como Estatuto del Consumidor, es una norma creada para proteger en la mayor medida posible a los consumidores en Colombia en todos los sectores de la economía nacional, como regla general. A pesar de esto, fue expedida la Ley 1558 de 2011 que busca reformar la Ley del Turismo, la cual dispone que en materia de servicios de transporte aéreo, el Estatuto del Consumidor se encuentra excluido. En consecuencia los consumidores de este sector económico se encuentran protegidos exclusivamente por las normas especiales que menciona dicha ley, las cuales al ser analizadas y confrontadas con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, se evidencia una precariedad en los derechos de protección que otorga la ley especial frente a la ley general. Por lo tanto se concluye que los usuarios de los servicios de transporta aéreo se encuentran desprotegidos en sus derechos como consumidores, al ser la norma especial significativamente menos proteccionista que la norma general. La Tesis de grado analiza la situación descrita, haciendo un análisis comparativo del régimen especial que busca proteger a los usuarios de servicios de transporte aéreo, con la norma general que aplica para el resto de consumidores en Colombia; Ley 1480 de 2011. Así mismo realiza un examen de constitucionalidad de la norma especial, para determinar la violación de las disposiciones Constitucionales, que la ley 1558 de 2012 causa, especialmente respecto del derecho a la igualdad y al derecho a la protección de los consumidores de el sector económico en mención.

Las tecnologías "PEER-TO-PEER" los derechos de autor y el "COPYRIGHT"

William Murray fue un jurista singular. Con el nombre literario de Lord Mansfield, creó para su época y para la posteridad una expresión inolvidable: ―Una persona puede usar una copia tocándola, pero no tiene ningún derecho a robarle al autor los beneficios multiplicando las copias y disponiendo de ellas para su propio uso‖1 . En esa opinión se apoyó para decidir el memorable caso de Millar v. Taylor2, donde por primera vez se sostuvo que los derechos de autor son perpetuos y nunca entran a hacer parte del dominio público. La disputa involucraba a Andrew Millar, un vendedor de libros que, en 1729, adquirió los derechos de edición sobre ‗The Seasons’, un poema de James Thomson. Cuando la protección de esos derechos expiró, Robert Taylor comenzó a publicar sus propias copias y a competir con Millar.

La implementación de los preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado en Colombia y la protección de los derechos de las víctimas

En estos términos, será objeto del presente trabajo, explicar el concepto de los preacuerdos de culpabilidad, sus antecedentes, la diferencia entre estos y el allanamiento a los cargos y, finalmente, explicar la forma de proteger los derechos de las víctimas a lo largo de su celebración.

La norma obligatoria e inderogable de reconocer y garantizar los derechos humanos es exigible al poder constituyente

El trabajo plantea la existencia de límites al poder constituyente en momentos de ruptura constitucional derivados del desarrollo actual del derecho internacional, según el cual los Estados constitucionales contemporáneos se afilian a postulados básicos de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas imperativas de ius cogens. Esos límites se traducen en la norma inderogable de establecer un régimen respetuoso de los derechos humanos, oponibles incluso al constituyente primario. Además, se abordan los retos para la exigibilidad de la norma que establece la obligación de mantener un régimen respetuoso de los derechos humanos, a partir del monismo, del dualismo y de la reticularidad. En la parte final se proponen algunas posibilidades de exigibilidad. 

La restitución internacional de menores sustraídos por sus propios padres

Se identifica como sustracción interparental de menores (SIM) aquella acción que realiza uno de los padres de un niño, niña o adolescente, mediante su  sustracción, retención u ocultamiento, para impedir al otro progenitor el ejercicio de sus derechos de visita o de custodia.1 La violación de estos derechos, establecidos a favor tanto de los padres como de los hijos, puede llegar a constituir, en el ámbito internacional, una retención ilícita o traslado ilegal del menor a un país diferente al de su residencia habitual. Esto ha llevado a la mayoría de países a adoptar una legislación interna especializada para el tratamiento de este fenómeno y a adherirse al Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. En este escrito, a partir del análisis de la situación colombiana, son reseñados los instrumentos comúnmente utilizados en el plano internacional para hacer cesar la violación de estos derechos.

Importancia del rol paterno en la protección del riesgo suicida

Presentamos un estudio cuantitativo de sujetos con conducta suicida, realizado en 176 pacientes consultantes en servicios de salud mental. Se estudió la percepción que ellos tenían acerca del modo cómo habían sido cuidados por sus padres hasta los 16 años. Los resultados indican que el riesgo de un intento de suicidio de alta severidad, se asocia a una percepción de cuidado parental, definido como negligencia en el cuidado y en la protección.  Esta asociación sería particularmente clara con la figura paterna. Un vínculo paterno que privilegia el sobre control, aún si presenta bajo niveles de cuidado, se asocia a menor riesgo de suicidio y/o a intentos más leves. Un rol materno de cuidado, pareciera ser un factor protector.  Estos hallazgos abren preguntas importantes acerca de la necesidad de estudiar factores protectores o de riesgo, en los antecedentes biográficos de los pacientes con riesgo de suicidio.

Escala de Evaluación de la Comunicación en la Parentalidad (COMPA): Desarrollo y Validación de una Medida de la Comunicación Padres-Hijos

Este trabajo presenta las características psicométricas de las versiones de la Escala de Evaluación de la Comunicación en la Parentalidad (COMPA): versión parental, versión para adolescentes (12-16 años) y versión para niños (7-11 años). Esta es una prueba que tiene el objetivo de evaluar las percepciones de padres e hijos sobre la comunicación que mantienen. El estudio se realizó con una muestra de 803 padres y 619 hijos de la población portuguesa. Los resultados del análisis de componentes principales han revelado una estructura de cinco factores para la versión parental (expresión afectiva/ soporte emocional, α:.821; disponibilidad parental para la comunicación, α:.732; metacomunicación, α:.725; compartir/confianza de los padres en los hijos, α:.753; compartir/confianza de los hijos en los padres, α:.615) y para la versión de adolescentes (disponibilidad parental para la comunicación, α:.865; compartir/confianza de los hijos en los padres, α:.873; expresión afectiva/soporte emocional, α:.838; metacomunicación, α:.805; patrones negativos de comunicación, α:.650) y de dos factores para la versión de los niños (disponibilidad parental para la comunicación, α:.842; expresión afectiva/soporte emocional, α:.784). Esta estructura factorial exploratoria fue confirmada mediante un análisis de ecuaciones estructurales. Los niveles de consistencia interna se han revelado buenos para el propósito de investigación y evaluación clínica.

Derecho penal y la obligación de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario -especial referencia a la sentencia de la corte constitucional colombiana c-579/13-

En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

Temas de derecho ambiental : una mirada desde lo público

En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis del ordenamiento jurídico ambiental, aportando así al desarrollo, estructura y consolidación de esta rama jurídica. Bajo estos parámetros, el objetivo de esta publicación es hacer algunas reflexiones en torno a distintos temas que dentro del derecho público impactan o influyen al derecho ambiental y responder a los enormes desafíos que se presentan en la materia. Por tanto, el programa quiere contribuir desde la academia al diálogo crítico y propositivo que permita dar solución a los problemas encontrados en la aplicación del derecho ambiental. En el primer capítulo, Gloria Amparo Rodriguez describe los ordenamientos jurídicos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia a fin de analizar la forma en que cada uno de ellos consagra el derecho a un ambiente sano. A continuación, Martha Ovalle y Zelba Nidia Castro de Perez realizan un estudio de los principios de precaución y prevención, exponiendo su alcance, su fundamento desde el derecho internacional y cómo vienen siendo entendidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto jurisprudencial como legal. Luis Adolfo Diazgranados se ocupa de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia ambiental, para lo cual realiza un análisis de los deberes consagrados en la normatividad vigente. Continuando con esta temática, el profesor Jorge Agudo Gonzalez, de la Universidad Autónoma de Madrid, explora la incidencia del ambiente y los recursos naturales en los procesos contractuales, a fin de mostrar cómo estas materias se han constituido en variable fundamental en el devenir de la formación, celebración y ejecución de los contratos, desde un punto de vista crítico, los aspectos importantes del proceso sancionatorio ambiental, evidenciando las falencias y vacios del a Ley 1333 de 2009. Jairo Cabrera plantea algunas reflexiones sobre la responsabilidad, valiéndose de la doctrina internacional, sobre la problemática de la reparación por daño ambiental. Por su parte, Leonardo Güiza Suárez explica el régimen general de la responsabilidad ambiental en el ordenamiento jurídico a partir del daño de los bosques naturales y su incidencia sobre los derechos humanos. Andres Gomez Rey, desde la teoría del acto administrativo, desarrolla el análisis crítico del régimen jurídico de las aguas superficiales en el derecho ambiental. Giovani J. Herrera Carrascal realiza una disertación sobre los recursos naturales y el ambiente como elementos del espacio público que a su vez constituye en un componente del medio ambiente urbano a partir de la jurisprudencia y de las competencias respectivas. Por último, Marybell Ochoa Miranda trate el tema de los residuos hospitalarios en Colombia, exponiendo su régimen jurídico, las competencias de las autoridades ambientales, los deberes que en estos asuntos tienen los ciudadanos, proponiendo lineamientos para avanzar en la consolidación de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

El principio de colaboración armónica, ópticas, problemática y posibles soluciones a los conflictos

Esta investigación estudia de forma general el principio de colaboración armónica entre poderes, explora las bases teóricas que sustentan dicho principio constitucional, analiza las distintas ópticas jurisprudenciales construidas a partir de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y además abarca la problemática del principio de colaboración armónica en el contexto colombiano, con el objeto de proponer soluciones para mejorar la aplicación del principio de colaboración armónica. Con este escrito se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿existe una base jurisprudencial sobre la cual se sustente el principio de colaboración armónica? ¿Se aplica este principio de forma efectiva en el Estado colombiano? ¿Qué alternativas permiten aplicar de forma efectiva dicho principio? ¿Existen mecanismos alternativos de solución de conflictos que puedan ayudar a mejorar la aplicación de este postulado?

Aplicación del programa ruta escolar, sistema de orientación para padres de niños de preescolar, a una población conformada por veinte niños y cuarenta colegios

El proyecto Ruta Escolar es el planteamiento de un instrumento o herramienta de valoración que permitirá a los padres de familia acceder a una información detallada sobre aspectos relacionados con la o las instituciones educativas en las cuales ha pensado para continuar la educación de sus hijos luego de finalizada la educación preescolar, pero no es un camino de una sola vía, en el cual como la mayoría de proyectos se toman en cuenta las características de la institución, Ruta Escolar toma en cuenta a quien es el más importante “componente”,por así decirlo, de la comunidad educativa: el niño, pues él es finalmente quien será afectado por esta decisión. Este proyecto es una iniciativa de cuatro profesionales pertenecientes a la Especialización de Desarrollo Infantil y Procesos de Aprendizaje, quienes concientes del alto grado de incomprensión entre los lineamientos de las instituciones preescolares versus el niño, la familia y la educación primaria, buscan aportar a la “reducción del impacto que una inadecuada selección causa tanto en el niño como en su familia y en la institución”

Gravamen a los movimientos financieros

Los Estados subdesarrollados abocados por los paradigmas de la economía de los noventa, a reducir el déficit fiscal para obtener la certificación de buena conducta por parte de los organismos económicos internacionales

Ruta escolar: sistema de orientación para padres de niños de preescolar como instrumento para el proceso de selección al ingreso escolar

El paso del preescolar a la educación básica es una responsabilidad que ha quedado en manos de los padres, los cuales no tienen un criterio integral para realizar una selección acertada de la institución, que permita la continuidad en el proceso de formación de sus hijos. Las estadísticas indican que en Colombia y América Latina el grado que más pierden los niños es primero, debido a que no existe una articulación entre los modelos pedagógicos del preescolar y la primaria. Es así como se considera necesario que las instituciones encargadas de la educación preescolar, asuman su función de orientar a los padres, garantizando la continuidad del proceso iniciado, indicándoles qué clase de educación e institución es la más conveniente para sus hijos y coherente con sus expectativas como familia. Ante la falta de instrumentos efectivos para ello, se planteó el diseño de “Ruta escolar”, una herramienta para que las instituciones preescolares orienten a los padres en la selección de instituciones educativas privadas para sus hijos en formación, recogiendo en tres matrices las expectativas y posibilidades de la familia, el perfil de desempeño del niño en el ámbito preescolar y las características académicas y operativas de diferentes instituciones.

Aplicabilidad del derecho del enemigo en la normatividad de España, Estados Unidos y Colombia

Aplicabilidad del Derecho Penal del Enemigo en los diferentes sistemas normativos de países como Colombia España y Estados Unidos el análisis de los antecedentes al concepto de Derecho Penal Del Enemigo, más específicamente al fenómeno del terrorismo

La brecha entre el reconocimiento y la implementación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas: análisis sobre su configuración en las normas, las políticas y los jueces, tras la aprobación de la Constitución Política de 1991

La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.