845 resultados para INTERACCION SOCIAL - CIUDAD BOLIVAR (BOGOTA, COLOMBIA)


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Este documento de investigación hace parte de un estudio comparativo de los procesos de descentralización en las ciudades de Bogotá, México D.F., Lima y Santiago de Chile, en el marco del desarrollo del Convenio Nº 1429 de 2009 suscrito entre la Universidad del Rosario y la Secretaría de Gobierno Distrital. Para el caso bogotano, se tomaron como punto de referencia los hechos sucedidos desde mediados del siglo XX –cuando, debido a varios factores que se explicarán en este documento, la ciudad empieza a tener un gran crecimiento y se hace necesario tomar medidas para afrontar esta nueva configuración, las cuales incluyen la modernización del gobierno de la ciudad a tal punto que pueda gobernar de una manera efectiva y eficaz en una metrópoli de las características actuales de Bogotá– y hasta la actualidad.

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Aunque en las últimas dos décadas Colombia ha realizado los cambios institucionales y normativos necesarios para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y, a pesar de que el Gobierno Nacional ha ubicado la construcción y la adquisición de vivienda como políticas relevantes para el desarrollo social y económico, el país aún mantiene una enorme brecha frente a las necesidades de la población. Así lo indica el Grupo de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que reconoce, sin embargo, que la política de vivienda nacional ha dado un giro importante desde el año 2002, con el objetivo de incrementar el número de hogares propietarios. Para el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV) (...), el diseño de políticas encaminadas a facilitar el acceso de la población a la vivienda, constituye una preocupación central de todas las naciones, independientemente de que se trate de países desarrollados o en vía de desarrollo. Es decir, existe un interés en promover la política de vivienda para transformar el esquema de tenencia y para dinamizar otros sectores de la economía, especialmente los ligados a la construcción y el empleo, haciendo eco de los planteamientos desarrollistas del profesor Lauchlin Currie en los años setenta(*).

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“Locos, furiosos y mentecatos” fueron algunas de las palabras utilizadas por el Código Civil colombiano para hacer alusión a las personas con discapacidad. Durante más de cien años estos términos, que en los tiempos recientes se reconocen como ofensivos, estuvieron de boca en boca sin que alguien levantara su voz en contra. Se necesitó un cambio radical de enfoque y una demanda al Código para que se declarara inconstitucional esta terminología. Demanda U. Rosario(...). No obstante la modificación introducida a “ese conjunto de normas”, en el imaginario social aún resuenan con fuerza las expresiones humillantes, persisten las actitudes que hieren la dignidad de las personas y las acciones violatorias de sus derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad representan más de la décima parte de la población colombiana, cerca de 12%, que es el promedio para Latinoamérica. Un proceso sutil, silencioso y tradicional de exclusión social, ha vivido esta población que solamente después de la Constitución de 1991 empezó a recibir protección directa y a sentir que tenía derechos, porque en la Carta de 1886 ni siquiera se hizo mención a ella, y menos a la reivindicación de sus derechos humanos como el derecho al trabajo. En estas circunstancias y bajo la dirección del abogado y doctor en Derechos Humanos, Carlos Parra Dussan, quien logró introducir las modificaciones mencionadas al Código Civil, la Universidad del Rosario y Colciencias desarrollaron el proyecto de investigación “Eficacia de los mecanismos judiciales e institucionales de protección a la población con discapacidad en Colombia”(...).

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Para la Universidad del Rosario, la pertinencia del proyecto educativo se evidencia en la medida en que las acciones institucionales generen impactos positivos en el entorno social, económico y cultural y logren su transformación, en la búsqueda de una sociedad más humana y sostenible. Desde su fundación, el Rosario ha considerado a Colombia como el horizonte de sus esfuerzos y por ello ha desarrollado sus funciones básicas de docencia, investigación y extensión desde los principios de ética y responsabilidad social. Entendiendo la educación como un servicio público, resulta claro que las instituciones educativas adquieren frente a la sociedad una responsabilidad inmensa e ineludible, pues de ellas depende en gran parte la construcción o modelamiento de sus miembros. Así, aunque cualquier sociedad se construye a partir de los aportes de individuos y de instituciones del más variado tipo, a las instituciones educativas les corresponde una tarea central en el proceso de socialización y creación del horizonte cultural: son las encargadas de mantener el acervo cultural y de convertirse en motores del desarrollo del conocimiento, la ciencia, la sociedad y la cultura. En perspectiva del nuevo siglo, como afirma la UNESCO(...) la institución educativa se enfrenta a desafíos “relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y, en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional. La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo.” El contexto nacional presenta hoy incontables desafíos relacionados con la pobreza, la marginalidad, la desigualdad y la injusticia, que llevan al país a comprometerse con soluciones para el futuro inmediato y con soluciones de largo plazo que aseguren la competitividad, la sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, Colombia suscribió la denominada “Declaración del Mileno” con el firme compromiso de eliminar la indigencia para el año 2015 En el caso de las naciones en vía de desarrollo, como Colombia, ante la falta de capacidad del Estado para suplir todas las necesidades de la población, la sociedad civil y las instituciones deben asumir, bajo principios de solidaridad y subsidiariedad, el diseño y la ejecución de acciones de responsabilidad social que impacten en beneficio de la sociedad, emprendiendo, por un lado, acciones que inciden directamente en las comunidades y, de otra parte, a través de la realización de investigación social y científica que permita ofrecer soluciones serias, objetivas y realizables. Este compromiso, en la Universidad del Rosario, además de ser uno se sus principios misionales, toma mayor fuerza al estar reconocida como una de las 12 universidades que en el país cuentan con acreditación nacional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Así lo ha entendido esta Universidad, la cual, además de trabajar en la formación de los profesionales que el país requiere, viene desarrollando distintos proyectos de servicio comunitario apoyados en el trabajo voluntario de sus estudiantes, profesores, egresados y funcionarios.

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En este artículo utilizamos un modelo de generaciones traslapadas con heterogeneidad en la tasa de impaciencia para mostrar que los efectos de un cambio tecnológico aumentador de capital no son simétricos en los agentes y pueden conllevar una reducci on en el consumo. La asimetría en la tasa de impaciencia de los agentes en un período, tiene consecuencias sobre los beneficios del cambio tecnológico para las generaciones futuras. Menores tasas de impaciencia llevan a mayores niveles de capital y de consumo, si se entiende que la economía tiene el suficiente nivel de capital per capita.

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El presente documento analiza la brecha salarial por g enero utilizando la metodolog a sugerida por Chernozhukov, Fern andez-Val y Melly (2009), que permite estimar distribuciones contrafactuales usando regresiones cuant licas. Nuestro principal resultado es que la relaci on entre la discriminaci on salarial y la edad tiene una forma de U invertida: es baja para los j ovenes y los mayores de 44 a~nos y alta para los individuos con edades de entre 25 y 44 años.

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En este trabajo se analizo el efecto que tiene la calidad y la cobertura de la eduación sobre la productividad agrícola de Colombia. Se encuentra que el sistema educativo actual no fomenta y aún desincentiva la producción en las áreas rurales, y por ende las posibilidades de tecnificación y difusión de la información.

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El objetivo del presente texto es explorar las metodologías que han sido empleadas en la formulación de índices e indicadores sociales. Este documento representa una extensión de los desarrollos conceptuales del documento de investigación titulado Demografía, pobreza y discapacidad (Pinilla, Cruz y Hernández, 2009), donde fue abordada la problemática que existe en la medición de la pobreza y la discapacidad. Ambos documentos se desarrollaron en el marco del proyecto “Magnitud de la discapacidad: exclusión social en Colombia”, suscrito al Grupo de Investigación en Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad (GRISP), de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, cuyo interés principal es la formulación de un Índice que permita describir la interacción entre los factores contextuales ambientales, sociales y/o personales que determinan la discapacidad.

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El siguiente documento parte de una revisión documental básica sobre el papel que ha tenido el Estado, los enfoques de desarrollo y la evolución de las políticas públicas en la determinación y promoción de la práctica de la actividad física para las personas con discapacidad. Cuenta con un referente teórico de base que facilita el análisis en la toma de decisiones en políticas públicas dirigidas a la promoción de la práctica de la actividad física en esta población, tomando como principales referentes las políticas existentes a nivel nacional y distrital.

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En los últimos años, las personas mayores se han convertido en una población vulnerable debido a una serie de afecciones que las influye a nivel individual y social, en la salud física y mental. Toda la problemática gira en torno a la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles, que está agravada por la calidad de la prestación de los servicios de salud y por la disminución de la participación en un rol social y económico. Si además a esto le sumamos el sedentarismo de la población, vemos que todo está generando un aumento de la morbi-mortalidad en este grupo. El envejecimiento activo es una estrategia creada para contrarrestar la problemática general de la población de personas mayores; incluye intervenciones desde diferentes sectores con distintas estrategias que influyen de forma positiva en los determinantes del envejecimiento activo:1 “género y cultura, salud y sistema de servicios sociales, factores económicos, ambiente físico, factores personales, del comportamiento, y el ambiente social”. Esto dará como resultado una mejor calidad de vida para las personas mayores.

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Silenciosa y progresivamente la violencia sicológica puede ocupar su puesto de trabajo sin que siquiera la haya notado. Estudios recientes muestran que, como resultado de las transformaciones globales del mundo del trabajo en términos de productividad, se están incrementando ese tipo de fenómenos. Juan Alberto Castillo Martínez, PhD e investigador del Grupo de Investigación Salud, Cognición y Trabajo de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, explicó que esos estudios evidencian que la línea que define la noción de “violencia en el trabajo” es bastante difusa y depende de un sinnúmero de factores, tales como la cultura local, la organizacional y la apreciación colectiva de ciertos comportamientos. ¿Qué significa, entonces, un acto violento de trabajo en el marco de los sistemas de producción colombiano? Pensar el significado del acto violento en una cultura marcada por varias generaciones de trabajadores expuestos a violencias de diverso orden (social, cultural, familiar, política) hace difícil identificar, controlar y manejar el fenómeno. En el estudio desarrollado por el Grupo de Investigación GiSCYT sobre ”Los Riesgos Sicológicos y Sociales en el Trabajo”, 2006-2007, los investigadores advierten también a cerca de la necesidad de reflexionar sobre la tolerancia a la violencia, y tener en cuenta que la definición de violencia varía ampliamente en función de la época y el momento histórico en que los actos violentos se producen. En el ámbito familiar, por ejemplo, se consideraba en el pasado que ejercer la autoridad de los padres o de los maestros pasaba por la agresión física directa a los niños. Hoy en día, la sociedad considera ésto como una expresión de brutalidad. En el campo del trabajo, las formas diversas de violencia han sido objeto de controversia legal, política y de expertos en ciencias de la salud, a tal punto que hoy el reconocimiento e identificación de dichos actos en el mundo laboral es difícil y, a veces, imposible. Recientemente en Colombia y en diversos países del mundo, se han desarrollado normas que tratan de limitar la producción de fenómenos que involucran el ejercicio del poder sobre otros (estrés, acoso, presión). Sin embargo, hacer evidente la génesis y el desarrollo de estos fenómenos tiene un alto costo social y organizacional.

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Hacer parte del mundo de habla hispana es mucho más que compartir algunas características culturales superficiales o que habitar el espacio de una lengua, que no es poca cosa. Los hispanoamericanos compartimos con los españoles historias comunes, hábitos mentales y diversas formas de comportamiento que nos permiten diferenciarnos significativamente de otras civilizaciones. Cada proyecto de nación que se ha querido construir al abrigo de esas historias comunes o sobre las columnas de esas tradiciones compartidas resulta ser una interpretación de la hispanidad: aquella versión multiforme de la civilización occidental que nació en el Mar Mediterráneo. No sólo en América, sino también en Europa, la hispanidad nunca ha sido una sola cosa. Hay que hablar por ello de las Españas, en un claro y definido plural; sólo así podremos comprender esa forma particular de la hispanidad que es Colombia. Así como España fue hecha por manos celtas, íberas, fenicias, griegas, romanas, visigodas, bereberes, árabes, judías y mestizas, a las costas americanas arribaron vascos, catalanes, castellanos, andaluces, gallegos y extremeños, muchos de ellos moriscos y judíos conversos, familias enteras de migrantes que llegaron a poblar América para vivir en ella y no sólo para explotarla. En la línea de investigación “Análisis de Procesos Históricos” del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, hemos emprendido la tarea de reconstruir y deconstruir algunos de los lugares comunes, prejuicios y referentes usuales de identidad cultural y política con los que se relata la historia colombiana e hispanoamericana, mediante el contraste con la historiografía española del último siglo y medio que ha recuperado el carácter diverso de las Españas, haciendo énfasis en las experiencias musulmana (Al-Andaluz), judía (Sefarad), conversa y cristiana. Partiendo del hecho de que la España que heredamos en América ha sido siempre múltiple, en nuestro trabajo de investigación interdisciplinario hemos buscado dejar de lado el olvido y a veces recurrente desprecio con el que normalmente se asume la condición hispánica, estudiando fenómenos y procesos históricos considerados marginales por los grandes relatos dominantes sobre la hispanidad, logrando así una mirada renovada, fresca y diversa de la misma. Tales fenómenos y procesos particulares siguen dejando su huella en el presente de las naciones hispánicas y son parte de la clave para la comprensión de su futuro social, político y cultural. Son cinco los fenómenos y procesos históricos que hasta este momento han motivado nuestra investigación y que a continuación exponemos: la moral de la hidalguía como clave de lectura de la ética subyacente a la economía hispánica; el papel de los intelectuales judíos conversos al cristianismo en la construcción del pensamiento hispánico; la diseminación de la mentalidad conversa, y suparticular teología, en el poblamiento de América; las características hispánicas de la población sefardita expulsada de la península; y el desarrollo de la ciencia náutica en el mundo hispánico y su impacto en el mundo moderno.

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“...es necesario distinguir los dos momentos de la responsabilidad: un momento a posteriori, que se ciñe únicamente a las posibles imputaciones por aquello ya hecho; y un momento a priori, que analiza las responsabilidades por lo que está por venir.” Desde su creación, en 1653, la Universidad del Rosario ha encaminado su labor a las acciones propias de la academia como son la educación y la investigación. No obstante, y tal como quedó establecido en su Plan Integral de Desarrollo 2004 – 2019, además, se plantea como una Universidad en permanente interacción con el medio, con capacidad de anticipar e identificar las necesidades y problemas prioritarios del entorno en sus campos de acción, que propone y desarrolla proyectos para aportar a su comprensión y solución. Lo anterior configura la tercera función sustantiva de la universidad: la extensión. Tal función, materializada en una labor de tipo asistencial hacia la sociedad, se ha articulado, por ejemplo, en la apertura de consultorios jurídicos y fundaciones, que permiten al Rosario una mayor participación y compromiso con la sociedad y su desarrollo. Para la Universidad del Rosario se entiende la extensión, desde sus mismos fundamentos, como la manera responsable a partir de la cual la institución se articula con la sociedad y el entorno en la consolidación de la relación Universidad-Empresa-Estado. Esto se logra cuando se lleva a la práctica el conocimiento de la docencia y la investigación desarrolladas por la universidad, para generar así un impacto social de mayor alcance. En esta perspectiva, enmarcan la gestión de extensión los siguientes objetivos: Innovación en el desarrollo de productos y servicios, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Sostenibilidad económica y social que garanticen la suficiencia económica y el impacto social, como una correlación inquebrantable en el tiempo. Impacto social establecido como meta en la coordinación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo comunitario que vinculen la academia con el sector social, con la Empresa y el Estado, y que dinamicen las funciones propias de la docencia y la investigación en el Rosario. De esta forma, los servicios que se generan de la interacción entre la docencia, la investigación y la extensión en el entorno universitario están encaminados a las actividades de: Asesorías y consultorías Prestación de servicios Observatorios Espacios de debates públicos Actividades de comunicación Proyectos con impacto comunitario Proyectos estudiantiles de extensión Servicios a egresados; apoyos institucionales Participación en redes, programas o proyectos interinstitucionales en estos ámbitos Publicaciones relacionadas con experiencias significativas en extensión.

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Hace veinte años Colombia era un pueblo ausente. Había mucho que escuchar y poco que opinar. La población era un actor silente que no participaba en las decisiones más importantes del país. Pero, para fortuna de la democracia, la Constitución Política de 1991 le dio un vuelco a la realidad colombiana. La participación dejó de ser una utopía y se convirtió en una realidad. Por eso, hoy existen diferentes mecanismos para que las personas puedan incidir en los asuntos que les interesan y que son esenciales para su vida. Esa gran fecha, 1991, además de traer cambios al modelo de Estado, significó un gran avance para la protección de los derechos colectivos. Se introdujo diversidad de normas que buscaban garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Constitución también es conocida como “Constitución ecológica”, pues está basada en una normatividad que encarna, como ninguna otra, los principios del Estado Social de Derecho, como el derecho a una vida digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. No hay duda de que el esfuerzo de la Constitución Política es inconmensurable. Peleó una dura batalla y se encargó de consagrar y proponer mecanismos que hicieran efectivo el derecho a la participación de las personas en materia ambiental. Desde ese momento el país ha avanzado, no se puede negar que en la sociedad se creó una verdadera conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y el ambiente, ya que hoy en día existe una real preocupación por la defensa de lo público. Es tal el cambio de mentalidad que se ha producido, que el interés de los ciudadanos por participar en las decisiones ambientales y de ejercer su derecho a acceder a la información es mucho más contundente que hace veinte años. Sin embargo, la batalla no está ganada, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy por hoy, en gestión ambiental, así como hay un inventario de éxitos, también hay una lista de asuntos sin resolver. Espacios y mecanismos anónimos. Aunque la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Desconocimiento de proyectos. Continuamente se generan conflictos o confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas desconocen cuál es objetivo del proyecto y sus alcances. Contravía.Ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan continuos enfrentamientos. Ausencia ciudadana.Muchas veces las comunidades implicadas no tienen un interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos.

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El Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial (GIPE) de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario viene desarrollando estudios orientados a comprender la manera como las empresas se enfrentan a la turbulencia del entorno. Un entorno turbulento se encuentra caracterizado por presentar incertidumbre, dinamismo y complejidad. La incertidumbre se hace evidente al momento de tomar decisiones, sin lograr tener certeza sobre lo que puede pasarle a la empresa o el efecto de una decisión que se tome; el dinamismo se logra observar por el cambio permanente en las necesidades de los clientes y el surgimiento de nuevos productos sustitutos, lo cual origina incremento de la rivalidad por precio; y la complejidad puede identificarse en el surgimiento de nuevos actores con los que se debe interactuar para llevar a cabo una transacción. En nuestro país, además de enfrentarse a estas condiciones, en la primera década del siglo XXI las empresas se han visto afectadas por discontinuidades de tipo tecnológico, demográfico y económico que han puesto a prueba su capacidad de dirección y gerencia.