313 resultados para Derecho electoral


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 La potestad sancionadora, en cabeza de la Administración, ha sido reconocida como una de las competencias de gestión de la que es titular la autoridad administrativa. Pues, de nada serviría que la Administración ostentara una facultad para imponer una obligación o regular una conducta, en aras de alcanzar el bienestar general, y no lo fuera para imponer sanciones por su incumplimiento. Sin embargo, esta situación no significa que las diversas autoridades administrativas tengan carta blanca para ejercer el ius puniendi a su antojo y de este modo ejerzan de forma discrecional o arbitraria esta potestad. Por el contrario, la Administración debe estar a los criterios de adecuación y graduación previstos en la norma o, en caso de no existir estos, a su sentido de justicia, que debe propender por una medida proporcional a los hechos ocurridos.  

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El derecho a la ciudad como derecho colectivo se presenta jurídicamente desde tres facetas necesarias: (a) el usufructo equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes, (b) el mandato de construcción colectiva y participativa de los asuntos de ciudad y (c) el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos. Este es un derecho del cual son titulares los ciudadanos ampliamente considerados, y del cual es responsable, en concreto, la autoridad pública de la ciudad; sin embargo, dada su naturaleza compleja, se hace necesario un sistema de corresponsabilidades para hacerlo efectivo.

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Este articulo se basa en una investigacion etnografica realizada en el barrio Diana Turbay de Bogotá. Su objetivo es analizar cietos aspectos que favorecieron la conformacion de este barrio de origen ilegal, la organización de sus habitantes en su lucha diaria por conseguir unas mejores condicones de vida y la dinamica de cambio de sus relaciones sociales como parte del proceso de integracion del barrio a la ciudad.

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… Los medios buscan la verdad y la exponen, pero para llegar a ésta última instancia deben cumplic con una condición: tienen que reservarse la fuente. El publicar un testimonio o denuncia sin la referencia explícita a la fuente es un recursdo típico dentro de la teoría de la comunicación, se trata de las fuentes o declaraciones off the record.

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En las noticias publicadas del 26 de febrero al 20 de junio del 2010 en el periódico El Tiempo durante la campaña electoral del año 2010, se puede ver la influencia que ejercen los medios de comunicación en las decisiones electorales de los ciudadanos. Para esto, no solo fue necesario el análisis de las noticias publicadas sino también el análisis de las encuestas y por supuesto el resultado final de la elección. Por medio de la teoría de la agenda setting se fundamenta teóricamente lo anteriormente expuesto, para poder llegar a afirmar que por diversos factores se ve una influencia en este caso del periódico El tiempo sobre un candidato especifico, Juan Manuel Santos, analizando como un medio de comunicación llega a tener cierto grado de polarización y politización donde se llega a ver un mayor cubrimiento y mejor contenido de las noticias publicadas.

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El proceso electoral peruano del 2006 ha legitimado dos formas de hacer política: la política partidarizada que toma como base a los partidos más antiguos del sistema político (los mismos que han logrado reposicionarse luego de la década fujimorista); y la política del outsider antipartidario que toma como base un discurso crítico de la clase política y deja en un segundo plano la construcción de una propuesta orgánica e institucional. La política partidarizada subsiste a pesar de la prédica antipolítica del régimen fujimorista y del sistema partidario que colapsó en los noventa. Del mismo modo, la política del outsider permanece vigente a pesar de las reformas institucionales (Ley de Partidos Políticos) que se implementaron para evitar la fragmentación política y la incursión exitosa de estos nuevos políticos. Se establece así un “régimen de convivencia” luego de un período transicional inconcluso, que implementó tímidamente las reformas institucionales que no consiguieron fortalecer el sistema, y que estuvo signado por una constante inestabilidad política y conflictividad social.-----The 2006 Peruvian election process has legitimized two ways of going about politics: either a ‘partyist’ (or ‘partisan’) approach based on the older and more traditional parties of the political system (the same ones that have managed to reposition themselves after Fujimori’s decade), or the ‘outsider’s’ anti-party (or ‘anti-partisan’) approach which is based on a critical discourse of the extant political class, pushing aside the building-up of an institutional and organic proposal. The former type of politics survives in spite of the fervent anti-politics discourse of Fujimori’s regime and of the conspicuous collapse of the party system in the 1990’s. In much the same way, the outsiders’ politics remains in force in spite of institutional reforms (Ley de Partidos Políticos or “Political Parties Act”) which were implemented to avoid political fragmentation and/or the successful foray into the political arena of these new politicians. Thus, a “coexistence regime” has been established after an unfinished transitional period during which, very timidly, institutional reforms were implemented though they never really strengthened the system, and a regime which was marked by constant political instability and social upheaval.

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A lo largo de la historia, la teoría democrática cayó en sucesivos desusos que la hicieron, vista comparativamente, cada vez menos capaz de explicar la realidadde lo público o del manejo de los negocios del Estado. Así, la entrada en liza de la democracia no se entiende fuera del presupuesto de lo democrático y, justamentepor ello, no puede dar explicación a cualquier proceso electoral llevado a cabo ensu propio seno. En las líneas siguientes se realizará una revisión de los principalespresupuestos democráticos para contrastarlos con la teoría económica de la democraciaen términos de la capacidad explicativa de esta ante una realidad comúna la historia colombiana: la pragmática electoral de un partido como el PartidoConservador Colombiano, altivo ejemplar de la formación de élites dentro de unsistema democrático, tomando por base los datos de las últimas elecciones legislativasque, antes que recomponer, más bien mantuvieron la cómoda representaciónconservadora de la nación en el Congreso de la República de Colombia.

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Este texto es una invitación a la reflexión sobre la participación política, específicamente sobre una de sus manifestaciones: la participación electoral. La aproximación a este fenómeno, que cada día es más común como instrumento de legitimación de las democracias, reales y formales, se ha querido hacer en un nivel teórico-conceptual con el objetivo de ahondar en las discusiones que se presentan frente al concepto, para poder entenderlo de una mejor manera y, de esta forma, avanzar hacia análisis más coherentes y profundos del mismo.-----The present text is an invitation to think about political participation, but specifically to one of its manifestation: electoral participation. The study to this phenomenon, that every day is more common to legitimate the democracies, real and formal ones, has been made in a theoretical and conceptual level, looking to explain all the conceptual discussions that exist about this concept, with the final objective to understand it, as well as possible, and to be able to make a more coherent and profound analysis.

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Los problemas que enfrenta la oposición parlamentaria en Colombia requieren un enfoque sistémico en su solución que supere la perspectiva tradicional limitada a la discusión de un estatuto. Para una propuesta de reforma política es necesario evaluar los elementos que componen el sistema político, entendiendo que esos elementos están interactuando permanentemente entre ellos, demarcando el escenario de la competencia partidista, y que sus efectos estimulan u obstaculizan el funcionamiento de la oposición. Un contexto político que facilite la oposición parlamentaria y el esquema gobierno–oposición es más apropiado para el funcionamiento de partidos minoritarios y para el tránsito de organizaciones armadas que quieran pasar a la vida civil. Ninguna organización insurgente, a menos que militarmente esté derrotada, querrá desmovilizarse para tener una efímera participación en política.-----The problems faced by parliamentary opposition in Colombia need a systemic approach to go beyond the old outlook whereby all disputes are short-sightedly restricted to one statute. In order to consider a plausible political reform, it is first necessary to properly assess the elements that make up the current political system, under the assumption that they permanently interact with each other and mark out the arena where political parties compete; the effects of such competition either encourage or hinder the opposition’s action. A political context where parliamentary opposition and the government-opposition scheme are fostered is much more appropriate for minority parties and for the transition of armed groups into civil society. No insurgent group (unless militarily defeated) will ever demobilize only to play an ephemeral political role.

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Desde 1958 hasta el presente el sistema político venezolano ha pasado de ser una democracia representativa, entre 1958 y 1998, para convertirse en un régimen autoritario electoral entre los años 1999 y 2006, durante la presidencia de Hugo Chávez. Este cambio de régimen ha tenido un impacto significativo y negativo sobre la institucionalidad electoral en el país, pues a diferencia del pasado reciente, los comicios en Venezuela han dejado de ser un mecanismo competitivo, con capacidad para expresar fidedignamente la voluntad colectiva y traducirla en esquemas idóneos de representación. En las páginas que siguen se examinan las recientes transformaciones del sistema político venezolano, su impacto sobre las reglas y condiciones del juego electoral, y las opciones y retos que enfrentan las fuerzas gubernamentales y las de oposición ante las elecciones presidenciales de diciembre 2006 en el marco del nuevo régimen autoritario electoral.-----From 1958 to the present, the Venezuelan political system has shifted from the representative democracy it was in the 1958–1998 period, to an authoritarian electoral regime from 1999 to 2006 under the presidency of Hugo Chávez. This change in the nature of the regime has had a significant and negative impact on the country’s electoral institutions and on its ‘institutionality’ since, unlike the recent past, elections in Venezuela are no longer a competition mechanism capable of reliably giving room to the expression of collective will and translating it into suitable representative frameworks. The paper examines these recent transformations undergone by the Venezuelan political system, their impact on the rules and conditions of the electoral contest, and the alternatives and challenges faced by both the government strongholds and the opposition vis-à-vis the coming December 2006 presidential elections in the midst of the new authoritarian regime’s electoral framework.

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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.