185 resultados para Religión - Aspectos económicos
Resumo:
Lo que busca argumentar esta monografía es que el aumento de los flujos migratorios en Colombia durante los últimos años, producto de una coyuntura nacional que se ha venido desarrollando a la par de tendencias mundiales _como la expansión del capitalismo_ o por hechos en el orden nacional
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Estudio cualitativo que analiza los abordajes teóricos utilizados por diferentes autores en la comprensión de la influencia de los recursos económicos en la actividad física desde los modelos de determinantes y determinación social.
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Los TBI (Tratado Bilateral de Inversión) o también denominado los APPI (Acuerdo de Protección y Promoción de las Inversiones) son acuerdos que buscan la Protección y la Promoción de las inversiones que hagan los nacionales de un Estado en otro Estado conocido como el “Estado Receptor”. Los TBI y APPI fueron concebidos dentro del proceso de descolonización que le siguió a la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que los Estados que habían colonizado otros territorios, ahora Estados soberanos y sus nacionales, seguían teniendo fuertes lazos e intereses económicos. Con el ánimo de protegerse de posibles expropiaciones, los Estados europeos liderados por Alemania, firmaron un número importante de TBI y APPI, no solamente con sus antiguas colonias, sino con otras. De esta manera, Alemania, Suiza, Holanda, Italia, Bélgica y Suecia suscribieron al menos cuarenta tratados de este tipo con varios Estados asiáticos, africanos y del medio oriente entre 1959 y 1965. Estados Unidos se demoró unos veinte o treinta años más, porque los estadounidenses no solamente aspiraban a obtener protección para sus inversionistas, sino que además solicitaban que se abriera y liberara la economía de los Estados firmantes. Finalmente, fue en la administración de Ronald Reagan que los Estados Unidos comenzó a suscribirlos.
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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.
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"El Rector de la Universidad del Rosario en uso de sus atribuciones Constitucionales, Considerando: Que el Colegio Mayor de Nuestra del Rosario se ha definido como una Universidad de docencia que hace investigación. Que, teniendo en cuenta el crecimiento de la Universidad en términos de publicaciones científicas en la última década, es pertinente reformar los instrumentos de fomento a la investigación científica, entre otros los relacionados con incentivos económicos por producción académica. Que una política de incentivos busca fomentar y fortalecer aquellos aspectos de la vida académica que una Universidad desea promover y como tal debe responder a las dinámicas de las áreas de conocimiento desarrolladas en la Universidad de manera flexible y evolutiva. Que el presente decreto rectoral establece los lineamientos que constituyen un marco general a partir del cual las unidades académicas, teniendo en cuenta las características propias de cada una de sus disciplinas, pueden acceder a incentivos económicos por producción académica para sus profesores. Decreta: Adoptar los lineamientos sobre incentivos económicos a la producción académica de acuerdo con las disposiciones institucionales generales y específicas para cada unidad académica."