303 resultados para Política de exportación


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La política pública Distrital de Discapacidad constituye un gran avance en el proceso de permitir el acceso de las personas discapacitadas a una mejor calidad de vida y la inclusión social, se construyó con la participación de la población en situación de discapacidad, sus familias, organizaciones y entidades relacionadas con el tema en la capital, basada en el enfoque de derechos el cual está orientado a avanzar en el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos individuales y colectivos, bajo el supuesto de que su ejercicio permite el acceso a las oportunidades y por esta vía la ampliación de las libertades, así mismo se consigue la generación de espacios de expresión de los habitantes, espacios denominados como las Dimensiones. Las dimensiones se establecen como el punto de partida para el establecimiento de las acciones llevadas a cabo en las diferentes entidades Distritales. Acciones que permiten medir los logros alcanzados desde la expedición de la política pública Distrital de discapacidad.

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Esta investigación pretende contribuir a la comprensión de la política de seguridad internacional de Canadá. Para cumplir con dicho objetivo, esta investigación plantea dos propósitos específicos: a) ofrecer una revisión crítica del estado de conocimiento sobre esta política; y b) interpretar los discursos realistas y liberales que configuraron la política canadiense de seguridad internacional durante los gobiernos de Jean Chrétien (1993-2003), Paul Martin (2003-2006) y Stephen Harper (2006-2008). Los discursos liberales son entendidos aquí como complejos de creencias que precisan la obligación moral de comprometerse con proyectos cosmopolitas, tales como la promoción de los derechos humanos, la estabilización de los denominados Estados frágiles y fallidos o la contribución a los valores democrático-liberales. Los discursos realistas son entendidos como complejos de creencias derivados del espíritu de la realpolitik. Estas creencias señalan que los Estados deben buscar sus intereses nacionales independientemente de consideraciones morales.

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El sector piscicultor en el Huila presenta un potencial para el departamento y el país que debe ser explotado, buscando el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles que lleven al crecimiento, expansión y desarrollo en general del sector. El presente trabajo pretende explorar diferentes estrategias que pueden ayudar al desarrollo de estas ventajas competitivas. Realizando una evaluación de diferentes factores que influyen en el sector de acuerdo con el Diamante de la competitividad de Michael Porter y explorando la cadena de valor de las empresas del sector, generamos un análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (análisis DOFA) para generar una visión de las estrategias a seguir en la generación de valor. Luego de explorar las posibles estrategias que podría seguir el sector, encontramos unos puntos que se vuelven común denominador: la generación de marca para el reconocimiento de los productos en los consumidores finales y el desarrollo valor agregado a través de nuevos productos o llegando a nuevos segmentos de mercado. Teniendo en cuenta las experiencias internacionales que han tenido otros sectores, es recomendable que las empresas del sector piscicultor del departamento del Huila generen espacios de cooperación (a manera de clúster) en los cuales se tengan objetivos enfocados en la generación ventajas competitivas para todo el sector y el fortalecimiento de una marca que sea reconocida internacionalmente.

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En la filosofía política pueden distinguirse dos grandes corrientes de pensamiento que son las teorías liberales, humanistas, y la Real Politik a la que podemos calificar de antihumanista. De esta última y, particularmente, del trabajo de Carl Schmitt, ha surgido el concepto de excepción para designar el elemento constituyente de la comunidad política, que resulta ser solidario del concepto de lo político como relación amigo-enemigo. En este trabajo se busca articular el concepto de excepción a los desarrollos de la teoría psicoanalítica del sujeto en tanto que determinado por el significante y, haciendo alusión a la falta estructural que define la cadena significante, se mostrará cómo lo político se constituye en relación con lo imposible y con el carácter de excepción que tiene el sujeto, en tanto en cuanto éste existe en el síntoma que lo separa de la comunidad política al tiempo que es resorte del lazo social. Con estos elementos de fondo, se adelantará una crítica al concepto de lo político que ha desarrollado el liberalismo, para lo cual se abordarán algunos representantes del pensamiento liberal que exponen los conceptos que definen a esa corriente de la filosofía política.

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El presente estudio de caso analiza desde la construcción espacial comunitaria del campesinado, las maneras en que la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra teje formas de resistencia política a las estructuras latifundistas imperantes en el Magdalena Medio. En un periodo donde el modelo agroindustrial relacionado con la globalización tiene mayor profundización en el sector agrario nacional, se analiza como la organización campesina ejerce una resistencia localizada en defensa de lo territorial, como filón para detener la expansión de los circuitos de acumulación de Capital.

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Aceptando hipotéticamente que se ha de considerar moralmente a los animales el texto se pregunta por las razones que validan dicha tesis y, además, por los mecanismos a través de los cuales dicha consideración sería efectiva. Frente a estas preguntas se revisarán tres enfoques teóricos que ofrecen respuestas diversas a los interrogantes planteados: el enfoque de los intereses de Peter Singer, la perspectiva de los derechos de Salt y Regan, y la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum. No obstante, en el curso de la reconstrucción mencionada el texto evidenciará algunos problemas de estos planteamientos y su alcance a la hora de impulsar la transformación de las prácticas cotidianas de los humanos con los animales ya que carecen de fuerza política para validar y extender nuevas formas de relacionarnos con los animales. El texto sostendrá que una alianza de los mejores elementos de estas tres teorías puede conformar una base sólida para la creación y fundamentación de movimientos sociales y políticos que impulsen la renovación de la relación de los hombres con los animales.

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Este trabajo pretende hacer un acercamiento a la caricatura política para observar el rol que los medios de comunicación asumen frente al ejercicio de la oposición y la creación de opinión pública a la luz del proceso de reelección del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

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La percepción que se tiene en Colombia acerca de la noción de oposición política es confusa si consideramos que diferentes actores como la opinión publica, partidos políticos y la academia han dado diferentes acepciones acerca de la oposición, teniendo cierta tendencia a catalogarla en un ámbito negativo.

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Esta monografía aborda en primer lugar la evolución del conflicto armado colombiano desde la década de los ochenta y hasta finales del año 2002 al revelar en gran medida las múltiples formas de violencia que usaron diferencialmente los grupos insurgentes, los paramilitares y especialmente las Fuerzas Militares para así lograr controlar plenamente el territorio en cuanto a los recursos, la gobernabilidad, el monopolio de la fuerza y la población civil. En segundo lugar efectúa un análisis acerca de lo sucedido en el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) quien en corto tiempo impulsó la Política de Seguridad Democrática teniendo como objetivo primordial derrotar política, judicial y militarmente a los grupos insurgentes en sus zonas de influencia histórica, mientras que, paralelamente, consiguió iniciar un proceso de paz con los bloques paramilitares. Y finaliza mostrando el impacto de la ofensiva militar estatal con las operaciones como Libertad 1y 2, Orión, Marcial y el Plan Patriota que produjeron en corto, mediano y largo plazo el resquebrajamiento de la presencia de los grupos armados en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y el Sur del país, pero, a su vez, ello es contrastado con las modificaciones al modus operandi que implementaron dichas organizaciones en el campo de batalla con el fin de no ser completamente aniquilados.

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La investigación partirá con el análisis de los casos de violencia sexual a nivel internacional que permitieron la visibilización del tema, determinando de este modo las herramientas internacionales que se crearon a partir de estos casos. En segunda medida se explicarán cuáles han sido los repertorios de acción de la Corporación Sisma Mujer frente a la judicialización de la violencia sexual en la CIDH, partiendo de un análisis del conflicto armado colombiano y del impacto del mismo en las mujeres. Finalmente se procederá a analizar cómo ha sido la intervención de la CIDH en el proceso de discusión de la violencia sexual en el conflicto colombiano y a nivel regional, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales a las que países como Colombia están adscritos.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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La violencia ha demostrado reiteradamente su fracaso como medio de resolución de conflictos o como instrumento en la búsqueda de la paz. Por su parte, la pasividad y el conformismo han terminado con frecuencia por contribuir apenas a la prolongación de situaciones conflictivas. Los efectos estériles de la pasividad y la sensación de impotencia y debilidad que acompaña al conformismo, producen desasosiego en el ánimo de sociedades que anhelan la solución de los conflictos que las agobian. Tal es el caso de la sociedad colombiana y de muchas otras que, en uno u otro continente, sufren a diario las consecuencias negativas de comportamientos tradicionales y resienten el estancamiento de crisis aparentemente sin solución. Todas ellas llevan en el fondo el anhelo de la paz y reclaman medios novedosos, activos y alternativos para conseguirla. La acción política no violenta representa uno de ellos.

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Aunque en las últimas dos décadas Colombia ha realizado los cambios institucionales y normativos necesarios para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y, a pesar de que el Gobierno Nacional ha ubicado la construcción y la adquisición de vivienda como políticas relevantes para el desarrollo social y económico, el país aún mantiene una enorme brecha frente a las necesidades de la población. Así lo indica el Grupo de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que reconoce, sin embargo, que la política de vivienda nacional ha dado un giro importante desde el año 2002, con el objetivo de incrementar el número de hogares propietarios. Para el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV) (...), el diseño de políticas encaminadas a facilitar el acceso de la población a la vivienda, constituye una preocupación central de todas las naciones, independientemente de que se trate de países desarrollados o en vía de desarrollo. Es decir, existe un interés en promover la política de vivienda para transformar el esquema de tenencia y para dinamizar otros sectores de la economía, especialmente los ligados a la construcción y el empleo, haciendo eco de los planteamientos desarrollistas del profesor Lauchlin Currie en los años setenta(*).

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.

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Este fascículo analiza las nociones de seguridad en el continente americano, estudia si dichas nociones se fundamentan en sistemas de seguridad colectiva, común o compartida. Identifica diez dinámicas que explican la existencia de tensiones entre los ambientes de seguridad o inseguridad regionales. Estas son: confrontación ideológica, conflictos limítrofes agravados, seguridad compartida ante amenazas no intencionales, desconfianza y discordia frente a las amenazas intencionales, consolidación de dos sistemas de seguridad: colectivo y cooperativo, neointervencionismo vs. derecho a la legítima defensa, influencias extra hemisféricas impactantes, perfeccionamiento del orden humanitario, exportación del conocimiento y la experticia y déficit en el sistema de protección y desarrollo de la gobernabilidad democrática.