GeoServicios de AMB y migración a OpenStreetMap

Este documento resume el trabajo realizado por la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) para la difusión por Internet de la información cartográfica que generan y la colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para migrar el callejero de los municipios que componen el AMB a formato OpenStreetMap (OSM). La difusión gratuita por Internet de la mayor parte, los más utilizados, de los productos que componen el catálogo de Cartografía de la MMAMB pretende facilitar a todos los interesados el acceso a esta infraestructura tan valiosa. Se ha desarrollado también una exportación de los datos que conforman la “Guia de carrers de l’AMB” a OSM. Los objetivos de esta exportación son: la evaluación de la cesión de datos públicos a OSM; el establecimiento de los protocolos necesarios para usar datos procedentes de OSM; la creación de un portal web usando la tecnología de OSM para que los diferentes municipios puedan realizar la edición distribuida de datos cartográficos de AMB; y el uso de herramientas libres para la renderización de mapas, tanto en tiempo real como diferido

La ejecución de las sentencias urbanísticas

El Estado español tiene más de 100.000 construcciones ilegales. En la actualidad, la ejecución de las sentencias en materia urbanística no es eficaz. Existe, por tanto, una situación de inejecución de las sentencias urbanísticas. Un ciudadano puede construir una casa al amparo de una licencia. Sin embargo, a veces, esta licencia es ilegal porque infringe el plan urbanístico aplicable y incluso la propia ley de urbanismo. La consecuencia jurídica de la ilegal es la obligatoriedad del derribo de lo ilegalmente construido. Lo mismo sucede ante la declaración de ilegalidad de un plan urbanístico. En este caso, el juez o tribunal estimará la ilegalidad del plan y el fallo deberá ser ejecutado. La solución no es un fácil porque la demolición o derribo de la construcción ilegal trae consigo el pago de una indemnización a los propietarios que han edificado al amparo de una licencia ilegal.El derecho a la ejecución de sentencias es prescrito por el artículo 24 de la Constitución española. Este artículo 24 garantiza el derecho de todos ciudadanos a una tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional español en sus sentencias número 67/1984 y 28/1989, reconocieron que el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales deriva del propio derecho a la tutela judicial efectiva. La justicia administrativa está regulada por la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En su artículo 103.1 de la Ley 29/1998, establece que los jueces y los tribunales de la jurisdicción administrativa son los competentes para hacer ejecutar las sentencias. Por otro lado, el artículo 117.3 de la Constitución Española otorga la competencia en exclusiva a los jueces y tribunales para hacer ejecutar las sentencias, como manifestación del principio de división de poderes.En último lugar, los valores que la legislación urbanística española incorpora, tales como, el desarrollo sostenible, urbanismo sostenible y la cohesión social, quedan inaplicados si las sentencias urbanísticas no se ejecutan.