Estatuto jurídico del personal docente, directivo y de inspección de la escuela maternal, elemental, secundaria y artística del estado.

Se reproducen los Títulos primero y segundo del Decreto número 417 del Estatuto jurídico del personal docente, directivo y de inspección de la escuela maternal, elemental, secundaria y artística del Estado italiano, que comprenden veintitrés artículos en total. El Título primero se refiere a la Función docente, directiva y de inspección y el Título segundo se refiere al reclutamiento del personal, las normas generales de reclutamiento a través de oposiciones y exámenes y a través de oposiciones para titulados, únicamente.

La Universidad pública española : configuración actual y régimen jurídico de su profesorado.

Ofrecer una visión sintética y pluridimensional del mundo universitario, con especial atención al estatuto del profesorado. Régimen jurídico de la Universidad española y, más concretamente, el relativo a su profesorado. El estudio se realiza en dos partes: en la primera se abordan cuestiones referentes a la Universidad española en general y en la segunda se analizan algunos aspectos del régimen jurídico del profesorado universitario. Boletín Oficial del Estado. Estatutos de la Universidad. Revistas. Código Civil. Constitución Española. Código Penal. Estatutos de Autonomía. Bibliografía. En el estudio general de la Universidad española se analiza: su origen, las funciones que desarrolla, los fines que persigue y las líneas rectoras de su regimen jurídico y económico; se analizan con especial detenimiento la autonomía universitaria, los estatutos de la Universidad y el carácter de Administración Pública que ostenta. Se abordan las cuestiones relativas al régimen jurídico del profesorado universitario, tanto funcionario como contratado. Se trata desde el régimen legal, las clases de profesorado y la plantilla docente, hasta todos los trámites seguidos en los procedimientos de selección, así como los derechos, deberes y obligaciones del profesorado universitario. Aborda también cuestiones tan polémicas como las relativas a la ordenación de los diversos cuerpos docentes, el alcance del concepto genérico de la libertad de cátedra, la adecuación de los criterios retributivos a las diversas categorías docentes, o el derecho que tiene un profesor a la asignación de una determinada docencia. Termina con una exposición de la protección jurisdiccional de los derechos del profesorado. La utilidad de esta obra se extiende a todo profesor universitario, que encontrará en ella la solución y/o el procedimiento a seguir en las dudas que le plantee su propia situación.

La enseñanza en España y su naturaleza jurídico-administrativa.

Estudio sobre la Teoría General del Servicio Público y el Derecho a la Educación. Estudio jurídico-administrativo de la Educación en España; se comparan también las Constituciones de Alemania, Francia, Grecia, Italia y Portugal. La enseñanza como derecho humano fundamental, en Constituciones y convenios internacionales, y las posturas de los distintos partidos políticos, conducen a la Teoría General del Servicio Público y finalmente a determinar la naturaleza jurídico-administrativa entre enseñanza estatal o pública y enseñanza no estatal o privada. Declaraciones, convenios internacionales, Constitución y leyes españolas, Constituciones extranjeras, manifiestos de partidos políticos, documentos sobre educación, legislación y bibliografía. Análisis de documentos, legislación y revisión histórica. 1. La cultura implica educación y ésta enseñanza. Con frecuencia se habla de derecho a la cultura y a la educación cuando en realidad se habla de derecho a la enseñanza. 2. El Derecho a la Educación es un derecho fundamental que se debe salvaguardar en toda circunstancia. 3. Todas las fuerzas políticas confluyen en la libertad de enseñanza frente a un monopolio ideológico. Divergencia entre partidos de izquierdas que abogan porque el estado se haga cargo de la enseñanza, y los partidos de derechas que defienden la independencia total de la enseñanza privada. Todos defienden la gratuidad, la obligatoriedad y la descentralización. 4. La enseñanza es una actividad técnica, de interés general, también se da con regularidad. Es por tanto un servicio público, aunque no se da la continuidad. 5. La enseñanza privada no es un servicio público por no ser la administración titular de la misma.

¿Para qué los pedagogos? posibles causas y soluciones del estado actual de la pedagogía.

Aproximarse a la solución de cuestiones claves a cerca de los pedagogos y de la pedagogía como profesión, mediante el examen de la problemática académica, los estudios de pedagogía y los sectores profesionales relacionados con dichos estudios. Se hace una reflexión desde el campo de la sociología de las profesiones sobre las características integrantes de las mismas, haciendo especial referencia a la pedagogía y a la medicina por considerarse el paradigma profesional, estudia la profesionalización de los pedagogos y la situación actual de la pedagogía, más concretamente la situación de los licenciados de pedagogía en España y se tienen en cuenta las causas que han conducido a esta carrera a la situación desfavorable en que se encuentra y las posibles soluciones que se pueden aportar. 1) La sociología de las profesiones nos demuestra que la creación de nuevos campos ocupacionales, la ampliación y renovación de los ya existentes y la consolidación de las expectativas de nuevos campos ocupacionales y profesionales, es un proceso lento y complejo relacionado con los denominados cambios socioeconómicos, científicos y académicos. 2) La pedagogía carece de reconocimiento público, lo que trae consigo una falta de confianza pública, de status social, por lo tanto menores recompensas económicas. 3) En cuanto a la situación actual en que se encuentra el licenciado en pedagogía se puede apreciar el estancamiento o pérdida de influencia en tres sectores profesionales como son los servicios de orientación, el perfeccionamiento del profesorado e investigación básica y aplicada a cargo de los Ices y el sector de las nuevas ocupaciones. 4) Una de las más urgentes necesidades es trazar las fronteras de esta profesión y esto hacerlo de una forma jurídico-oficial, con lo cual se impedirá el ejercicio de ésta a los intrusos para evitar traer el descrédito para el pedagogo con las consiguientes repercusiones sociales y económicas. 5) La profesionalización del pedagogo va a depender de que las necesidades humanas y sociales, orientadoras de su función, sean científicamente contempladas en su currículum universitario y profesional. 6) Respecto a la situación caótica en la que se encuentra la pedagogía, mejoraría llevando a buen término puntos decisivos como una preparación científica y profesional del pedagogo, lo que supondría una remodelación de los actuales planes de estudio y currículums, una lucha contra el intrusismo que se vería facilitada con la consecución de un Estatuto y Colegio Profesional de los pedagogos, una expansión de las bases científicas de las aplicaciones mediante ayudas adecuadas a la investigación, una definición epistemológica de la pedagogía, para darle sentido y una nueva actitud del universitario hacia la carrera de pedagogía y hacia la Universidad en general.

Novedades y enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003.

Se comentan las principales novedades del proyecto en torno a la enseñanza concertada. Éste determina el régimen jurídico y económico del concierto educativo, estableciendo las bases mínimas de financiación que las Administraciones educativas no pueden modificar a la baja. Incorpora novedades que afectan, fundamentalmente, a las enseñanzas concertadas de niveles no obligatorios. Los aspectos más significativos son los módulos de conciertos continuistas, los de Formación Profesional, el módulo de Bachillerato y los de concierto específico para Ceuta y Melilla. Por último, se comentan las enmiendas y propuestas de mejora de la Ley, promovidas por FERE.

Las fundaciones benéfico-docentes : notas para el estudio de una revisión de su ordenamiento jurídico.

El autor del artículo, Jefe de la Sección de Fundaciones del Ministerio de Educación Nacional, hace unas consideraciones sobre la conveniencia de actualizar la regulación de las fundaciones de carácter benéfico-docentes y aborda los problemas que deben contemplarse y resolverse.

Juristas libres, juristas de Estado y los estudios de derecho.

En la sección de 'Cartas a la Redacción', se transcribe la misiva que Juan Vallet de Goytisolo envío a la Revista de Educación dirigida a Eduardo García de Enterría, comentando su artículo 'Reflexiones sobre los estudios de Derecho', al que hace varías observaciones. La primera de ellas es la contraposición del Estado de juristas, cuyo fin es exclusivamente garantizar el equilibrio de la libertad y el Estado intervencionista de actuación administrativa que procura el desarrollo económico y la acción social. También comenta la misión de los juristas y defiende que no pueden desaparecer lo que denomina 'juristas libres'. Sostiene que la carrera de Derecho debe endurecerse y abarcar una fase de Instituciones, que ofrezca una visión panorámica total del Derecho y otra de Pandectas, que sirva para enseñar a interpretar, a investigar, a reaccionar ante los textos de Derecho y que eduque el sentido jurídico.

Sobre la situación jurídico-laboral del profesorado de enseñanza no estatal.

Se define la situación jurídica y laboral del profesorado de enseñanza no estatal en cualquiera de sus grados, que garantizaba los derechos a los profesionales de la educación en centros privados de enseñanza. Se fijan los preceptos legales en torno al año 1946, cuando fue reglamentada laboralmente la enseñanza no estatal. Se establece el ámbito de aplicación al ejercicio de la actividad docente o educativa de cualquier clase o grado en Centros que no dependan directamente del Estado y cuyo personal no sea retribuido con cargo al presupuesto del mismo. En cuanto al tipo de enseñanza, se refería a la superior, media, especial o técnica y elemental. También se definen los ingresos y la tipología de contratación que podían darse entre estos profesionales, sus retribuciones y las jornadas y descansos. Las licencias y excedencias, faltas, sanciones y los reglamentos de régimen interior que habían de cumplirse.

La configuración jurídico administrativa de las universidades públicas españolas : su encuadramiento en el marco europeo continental.

Averiguar qué regimen jurídico ha de aplicarse realmente a las universidades públicas cuando la solución no viene dada expresamente por su derecho específico y determinar cuál es su naturaleza jurídica. Investigar cuál es el sistema general de distribución de competencias normativas en materia de enseñanza universitaria y cuál es el sistema particular de distribución de competencias en cada uno de los apartados fundamentales del regimen jurídico de las universidades, especialmente de los recogidos en el articulo 3.2 de la LORU. Investigar el problema de la configuración jurídico-administrativa de las universidades, examinando por periodos históricos los indicadores básicos de dicha configuración en un ente público. Trabajo realizado desde las premisas conceptuales y metodológicas del Derecho administrativo. Se investiga el derecho aplicable y la distribución de competencias normativas entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades públicas, todo ello siguiendo un método analítico. Se indaga la naturaleza jurídica de las universidades públicas. Ello se consigue mediante el estudio de los términos con que se califica a las universidades en los textos normativos, el estudio de los autores y de los pronunciamientos jurisprudenciales. Se hace un análisis histórico, acudiendo a los autores que pueden ofrecer datos sobre los aspectos de la investigación, a los documentos históricos y a las obras doctrinales de cada época. Finalmente, del análisis obtenido en torno a cada uno de los apartados básicos, se obtienen unas conclusiones finales para cada periodo. Desde la perspectiva de la distinción de personas jurídicas públicas en entes fundacionales o institucionales, por un lado, y entes corporativos, por otro, las universidades públicas aparecen con rasgos propios de los entes institucionales, pero también con algunos otros de los corporativos, por lo que el autor considera que estamos ante una nueva categoría mixta respecto de las anteriores. No en vano es ésta también la solución a la que hay que llegar actualmente en Alemania y ésta es también la posible herencia histórica que tienen las universidades españolas actuales, respecto de la posición jurídica de las medievales y de la Edad Moderna, nunca fueron exclusivamente corporaciones, sino fundamentalmente fundaciones reales concejiles o de nobles y prelados, con derechos corporativos. Se puede asumir también que estos entes jurídico-administrativos de naturaleza mixta son, a su vez, administraciones independientes, por contar con un status autónomo frente a la acción del gobierno.

Educación para la Ciudadanía : un debate jurídico.

El debate social suscitado como consecuencia de la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, se ha trasladado a los tribunales y es en ese ámbito donde se están resolviendo las controversias surgidas en torno al derecho a la objeción de conciencia de los padres para que sus hijos no queden obligados a cursar esa asignatura por considerar que vulnera determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por ello lo que pretende el estudio en primer lugar es ofrecer una visión de la implantación de esta asignatura, centrando la atención de forma especial en los aspectos jurídicos. En segundo lugar, contribuir a esclarecer el debate social aportando un análisis de los fundamentos de derecho de las sentencias recaídas, facilitando una mejor comprensión de la introducción de la disciplina y de las vicisitudes del procedimiento judicial que continúa abierto. Se trata de una investigación que ha seguido el siguiente proceso metodológico: en primer lugar se ha realizado un análisis documental y legislativo, en segundo lugar se realizado una interpretación doctrinal de las disposiciones legales sobre la materia, y por último se ha utilizado el método comparado en el cotejo y análisis de las sentencias sobre el tema. La asignatura Educación para la Ciudadanía, obligatoria para todos los alumnos de Educación Primaria y Secundaria, en la forma que es regulada por la Ley Orgánica de Educación, y sobre todo por los Reales Decretos que la desarrollan, se enfrenta con obstáculos constitucionales como el derecho a la libertad de enseñanza y el de la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades. El Estado no puede introducir como obligatoria en la enseñanza una asignatura cuyos principios inspiradores, objetivos pedagógicos y contenidos y criterios de evaluación, vayan dirigidos teórica y prácticamente a la formación moral de los alumnos. La imposición legal de una asignatura obligatoria de formación antropológica y moral con carácter general para todos los alumnos, significara el no cumplimiento del Artículo 27 de la Constitución Española. Choca en el derecho a la libertad de enseñanza de los padres y de los titulares de los centros docentes.

Delincuencia juvenil : etiología, estado actual, alternancia.

Denunciar la incomprensión, represión, de los factores que motivan la marginación: es decir, y concretando, denuncia del capital y del poder. En este trabajo se recalca el aspecto social como causa primordial de la delincuencia. La salud psíquica del niño, deberá crecer junto con la social. Separar estos dos términos supone mutilar parte del desarrollo armónico del muchacho. Nuestra lucha por la 'reeducación' deberá incorporar la lucha por la destrucción del mismo sistema de reeducación, ya que pensamos que ha quedado suficientemente claro que los organismos montados sobre el 'delincuente' responden a unos intereses propios de la sociedad capitalista que con sus normas y criterios pretende, en todo momento, el conservar los privilegios de cierta clase que es la dominante, la del poder. Para ello considera al 'delincuente', como una persona totalmente distinta de los no encarcelados, como un individuo anormal y patológico que se le margina porque disidente de la ideología de los que detentan el poder, y se sirven de esos organismos creados 'en defensa del menor' para mantener las actuales injusticias estructurales. Por lo tanto, nuestra tarea no consistirá en tomar a nuestro cargo a los chavales con el fin de desembarazar de ellos a la sociedad. Tampoco consistirá en pulirlos, reabsorverlos y entregarlos a dicha sociedad totalmente domesticados, sino que procuraremos 'adaptarlos' a dicha sociedad de clases, no como 'malos convertidos' y sumisos, obedientes, más bien, todo lo contrario, como agentes de cambio. Hemos de decir que todas las reformas que se vayan haciendo de aquí en adelante, deberán ser todas las personas implicadas y concienciadas en la problemática del menor delincuente, las que tomen parte en cuantas decisiones se tomen al respecto, tanto en el orden jurídico-legislativo-económico, organizativo, de planificación o ejecución. No tiene sentido que decidan sobre lo que hay que hacer, personas completamente ajenas a la problemática concreta de la delincuencia.