161 resultados para Administrativos e burocráticos


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La carrera de comercio en España no es valorada convenientemente ni tiene el estatus que le corresponde. Hay causas diversas, que se arrastran desde hace 50 años: los planes de estudio no han estado a la altura de las necesidades de la carrera de comercio, la misión de las Escuelas de Comercio no se ha definido con claridad. Por tanto el primer paso para sacar a los estudios de comercio de su estado de decadencia, y con ello mejorar la situación económica del país, es definir con precisión su finalidad o misión. Por otro lado, también se señalan una serie de causas de decadencia internas de la carrera y el problema de la enorme variedad de campos profesionales, a los que se pretende dar cumplimiento únicamente con el programa de estudios de la carrera comercial. Estos campos son: la renovación de los sistemas comerciales interiores y exteriores, la administración de las empresas comerciales e industriales, la economía nacional y la política económica, los seguros la Banca y las finanzas y la Administración Pública. Ante esta situación, en primer lugar se trata de poner de manifiesto los elementos que hacen necesaria una reforma urgente de los Estudios de Comercio, dentro de las Enseñanzas Técnicas. Después se propone el modo en que debe realizarse la reforma, aportando los contenidos principales de los estudios de comercio, como la contabilidad, el control presupuestario, la estadística. Y por último se establece una diferenciación entre los servicios comerciales de los administrativos, señalando los elementos que componen cada uno de ellos.

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La supervisión escolar es un elemento fundamental al servicio de la educación. Sus características han cambiado a lo largo de la historia. En la actualidad la esencia de la supervisión es la misma, sólo serán diferentes los organismos administrativos que las regulen, en unos países respecto a otros. Ahora bien, las características del sistema educativo de cada país estarán estrechamente ligadas a su situación económica, política etc., lo cual determinará numerosos aspectos del trabajo del supervisor, así como su independencia. En cuanto a la formación del supervisor, deberá ser tanto teórica como técnica. Así se enumeran las principales técnicas de la supervisión, que se dividen entre: técnicas de investigación, técnicas de planeamiento, técnicas de dirección y organización, técnicas de relación personal, técnicas de evaluación, técnicas de actuaciones de grupo y técnicas de perfeccionamiento. Para concluir se profundiza en la formación de los supervisores, en una doble vertiente: formación pedagógica y práctica escolar.

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Se define el término de estatuto del personal docente, como status o situación y consideración de la profesión docente en general, lo cual es un exponente claro de la importancia que la sociedad concede a la educación. También se le define desde el punto de vista del derecho, como el conjunto de derechos y obligaciones de los maestros, profesores o catedráticos, debido a las funciones que desempeñan, que se pueden resumir en lograr transmitir unos conocimientos. Por otro lado los profesores tienen la condición de funcionarios públicos. Así, se ahonda en el estatus del personal docente teniendo en cuenta que ofrecen un servicio público. En la Conferencia Intergubernamental sobre la situación del personal docente, celebrada en París en 1966, se elaboró una recomendación internacional que definió al personal docente y sus características, aunque no se profundizó en los aspectos jurídicos, ante la heterogeneidad de situaciones en los distintos países que participaron en la Conferencia. Como problemas principales del estatuto del personal docente destacan: la naturaleza jurídica del personal dedicado a la docencia, la dedicación de dicho personal, el plano empleo, la jornada parcial, las incompatibilidades, los requisitos y exigencias para la selección del personal, y la retribución, entre otras. El problema del estatus del personal docente requiere, en definitiva, hermanar los aspectos docentes y los jurídicos o administrativos, para lograr el reconocimiento y homogeneidad de condiciones, con el fin último de lograr un buen desempeño de la función docente.

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Estudio sobre el acceso a la educación superior en la República Federal Alemana. En primer lugar se describe la organización de la educación superior en este país. Se destaca el hecho de que en la República Federal de Alemania exista una gran diversidad de centros postsecundarios que ofrecen una amplia gama de posibilidades de estudio, desde las universidades, hasta las universidades técnicas, escuelas superiores de Medicina y de Ciencias; institutos de formación pedagógica etc. Otros tipos de centros son las academias de arte, institutos superiores de educación física, escuelas o academias de ingenieros y escuelas profesionales superiores especializadas. Los poderes legislativos y administrativos, en lo relativo a la organización de la enseñanza, corresponden a los Lander, los cuales integran la Federación. En segundo lugar se reflexiona acerca de la expansión cuantitativa de los efectivos de la educación superior. A esto le sigue la cuestión del acceso a la educación superior propiamente dicha. Se recogen las conclusiones de la resolución de la LX Conferencia Permanente de Rectores de Universidades de la República Federal, que abordó el tema del acceso a la universidad considerando las restricciones como una medida de emergencia. La resolución señalaba que el límite del acceso a la universidad no podía resolver completamente el problema de la saturación de las universidades. Cualquier medida tendente a restringir el número de candidatos debía considerarse como una limitación temporal. Para concluir se hace especial mención a la Convención sobre el acceso a la educación superior, firmada por los ministros de los Lander y se recogen un conjunto de cuadros y diagramas con datos estadísticos sobre el contenido del artículo.

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Debe existir una relación entre derecho y formalismo. Pero en un plano existencial y concreto dichas relaciones aparecen frecuentemente enturbiadas. El Derecho no agota la totalidad de las normas y de los imperativos morales que gravitan sobre cada situación y cada actividad humana. Es un arte de separar. Algo similar ocurre con mayor gravedad en el orden docente. Existe una separación orgánica entre los cuadros de técnicos administrativos y los de inspectores; a aquellos debería corresponderles la función jurídica y a éstos, la función técnico-pedagógica. Pero, nadie sabría distinguir seguramente la ocupación de cada uno de ellos, quien el administrativo y quien el educador. Lo curioso es que en cuanto a personas privadas, esos pedagogos sienten muchas veces sincero entusiasmo por sus funciones propias. Pero el Estado no les pide que se muevan precisamente en esta línea, sino en la jurídica. A través de este problema, como a través de otros muchos, vemos una inclinación peligrosa de nuestro espíritu nacional al formalismo. En definitiva, existe una perezosa inclinación a la línea del mínimo esfuerzo. El problema estriba no en quién tiene la culpa, sino en buscar solución y de forma profunda y rápida.

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Son centros oficiales, cuyas finalidades principales son : Garantía del acceso a la educación, difusión del espíritu nacional y de las virtudes naturales conexas, renovación de los métodos educativos y extensión cultural. A nivel jurídico son centros exclusivamente estatales, que dependen jerárquicamente del Ministerio de Educación Nacional, con una autonomía restringida al carecer de personalidad jurídica y tener sometida su actividad a una estrecha fiscalización. En 1956-57, existen ciento diecinueve institutos con 59.071 alumnos sin contar con los de Tánger y Lisboa y filiales. Tres formas de gobierno existen en ellos: dos de ellas presentan caracteres de organización estable, como son los Patronatos y la de los Consejos rectores; la otra es sólo un medio de atender transitoriamente a circunstancias especiales, la de los comisarios.. El personal está formado por Catedráticos, profesores especiales, profesores adjuntos y administrativos. La acción inmediata sobre los alumnos se desarrolla a través de los varios servicios, de diferente antigüedad en la historia de los institutos: explicación de las lecciones (clases teóricas), prácticas en laboratorio, permanencias, ejercicios gimnásticos y deportivos, trabajos en bibliotecas y museos, actividades religiosas, escuelas preparatorias, talleres, enseñanzas de hogar, secciones filiales de los institutos, estudios nocturnos, cursos complementarios. Tienen servicios asistenciales como comedores, de asistencia médica y orientación psicotécnica. Por último a nivel económico los institutos están sostenidos con cargo a los Presupuestos del Estado. Sin embargo, con independencia de los fondos públicos, una parte considerable de los gastos del servicio se cubren con las tasas académicas, que los alumnos pagan.

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Es inseparable de la organización de la enseñanza que se basa en la distinción de tres niveles: primer grado, segundo grado y enseñanza superior. A estos niveles de enseñanza corresponden unos tipos determinados que conducen a tres niveles de responsabilidad característicos; El primer grado da lugar a las construcciones de dimensiones limitadas que sirven una zona restringida, circunscrito a uno o como máximo dos o tres municipios. La responsabilidad es municipal; Los de segundo grado dan lugar son centros importantes de cuatrocientos a mil alumnos. Su coste es elevado y sirven a una región más amplia. Por ello, régimen de responsabilidad compartido por el Estado y los Municipios; En el grado superior los centros los centros se caracterizan por una capacidad de acogida mayor. El reclutamiento es regional y nacional. Su coste es elevado y son más complejos a nivel técnico. Así, son construcciones universitarias exclusivas del Estado y siguen un procedimiento muy centralizado. Para terminar como característica de los tres niveles cabe destacar: su planificación, las reglas institucionales son de orden jurídico y financiero, existe reparto de competencias entre administración central, las regiones, los departamentos y los municipios, la organización de la Administración central en materia constructiva y por último, los procedimientos administrativos aplicables a las inversiones escolares y universitarias.

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El canje internacional de publicaciones atañe preferentemente a las de carácter científico, académico, oficial, parlamentario, es decir, a las menos asequibles a una comercialización, sin que se puedan excluir, preferentemente, las propias del comercio editorial. Así, por ejemplo, la producción impresa de los países socialistas cae en su totalidad en el campo de las actividades del canje internacional, sin que les sea inaplicable el principio de compraventa de manera absoluta. El primer protocolo internacional que legaliza el canje de libros y publicaciones es el promulgado en Bruselas en 1886, firmado sólo por ocho países: España, Bélgica, Italia, Portugal, Servia, Suiza, Brasil y Estados Unidos. Pero, en este convenio está el embrión de lo que en el futuro habrán de ser las actividades de Canje Internacional de Publicaciones. En el texto del convenio tienen prioridad las publicaciones de carácter oficial, administrativo, y parlamentario. Hoy día la actividad editora de las entidades oficiales de todo carácter es muy grande, superándose en mucho la publicación de los iniciales trabajos administrativos propios. Y el interés de las mismas es grande, inclusive en el campo de la ciencia tecnológica. Nuestro Servicio de Canje tiene concertados intercambios con: Estados Unidos, República Federal Alemana, Bélgica, Italia y Francia. Nuestro Servicio figura en los directorios editados por la Unesco y otras entidades internacionales, son muchas las consultas solicitadas al respecto.

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Los testimonios documentales son un tesoro de gran valor y, por lo tanto, su custodia y perdurabilidad entrañan una tremenda responsabilidad para el presente y futuro de los individuos y de las comunidades. Nuestro país cuenta con una larga tradición archivera, con un ejercicio del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecas y arqueólogos más que centenario y del auxiliar de archivos y bibliotecas desde 1932, con una responsabilidad de custodia del tesoro documental de los fondos del Estado, tanto en los archivos vivos como en los históricos, que se manifiesta en el servicio prestado, en los fondos custodiados y en los instrumentos de información producidos. Pero, si comparamos las cifras con las del personal que se encarga de ellos, choca y no ha sido paralelo. Este hecho se puso de manifiesto por los propios archiveros en 1956, dando cuenta de la situación de desamparo en que parte de su tarea se encontraba al no poder atender a todo lo que la recogida, ordenación, descripción y servicio de los documentos lleva consigo. Si los fondos crecieron entre 1866-1955 en un 153,70 por cien, los funcionarios facultativos y los auxiliares de esta especialidad sólo lo hicieron en un 27,50 por cien. Lo que demuestra que la proporción de personal en los archivos administrativos es inferior a la de los archivos históricos en relación con los centros reunidos y la situación en la Administración Provincial es numéricamente inferior a la de los archivos centrales y encima los archivos administrativos e históricos no reciben personal a nivel de colaboración burocrática, es decir, que la gestión que les corresponde corre también a su cargo, a diferencia de las otras oficinas de la Administración Pública, a la que pertenecen. Después de veinte años las variaciones son mínimas, puesto que el crecimiento acelerado de los papeles, no ha visto casi incrementado el número de sus custodios. Pero los servicios legales han aumentado con motivo de la expansión de las actividades de la Administración del Estado, ya sea por diversificación de oficinas ya existentes o por nacimiento de nuevos centros de carácter nacional, central o provincial. Entre los primeros destaca el Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos (1969); entre los segundos, el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (1969).

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Es importante señalar el aumento del nivel educativo de la población en general y como ha sido mucho más importante la generalización de la enseñanza secundaria que el crecimiento de la universitaria. También existe correlación positiva entre el nivel de estudios y la tasa de actividad entre la población activa femenina eleva el nivel educativo de la población activa sobre el de la población en general, aunque sin alterar la anterior relación de los estudios medios con los superiores. La oferta de puestos de trabajo ha sido creciente en las ocupaciones no manuales, y entre éstas, en las de mayor cualificación, mientras que ha sido decreciente en las manuales, cuyo nivel de cualificación ha bajado. Lo cierto es que los moderadamente crecientes universitarios se encuentran y se apropian los crecientes empleos profesionales y técnicos; ha de hacer cola para ello, pero el tiempo de búsqueda o de espera no les disuade y lo prefieren a un empleo de inferir categoría. En cambio, los rápidisimamente crecientes titulados de medias agotan deprisa los empleos administrativos y manuales cualificados y se desbordan por los no cualificados. En general, no ha habido empeoramiento de la situación para los titulados superiores, excepto el general que se refleja en las tasas de paro, y su ah habido para los titulados de enseñanzas medias. Así, el ajuste entre educación y ocupaciones parece haberse invertido en la última década: en la época del desarrollo, los puestos administrativos y cualificados crecieron de modo que el mercado tiraba hacia arriba de algunas gentes con estudios primarios. La impresión era de oportunidades de ascenso. Luego, la extensión de los estudios secundarios acabó con estos ascensos y el proceso comienza a preparar un descenso, el mercado tira hacia abajo a ocupaciones no cualificadas, de jóvenes con estudios secundarios. Antes de la adaptación a la realidad, la frustración provoca reacciones poco racionales y a veces agresivas. Pero la adaptación se acaba produciendo siempre y es necesaria aunque llegue con un cierto retraso.

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Reconociendo que el doble proceso de democratización y de descentralización del poder político ha sido uno de los logros del siglo XX, debemos analizar las carencias y deficiencias que subsisten en la actualidad y que, si no se subsanan adecuadamente, pueden malograr el proceso autonómico de descentralización educativa. La organización del Ministerio de Educación y Ciencia no ha dado signos de estar preparando un nuevo modelo de organización administrativa, inevitable tras los traspasos de 1997. No es sólo un problema de tamaño, de volumen orgánico, sino de funciones. El futuro modelo de organización tendrá que ser, por exigencia del estado autonómico, un Ministerio pequeño altamente cualificado, con escasas o nulas competencias de gestión y con funciones legisladoras, de programación general de la enseñanza, de coordinación y de control, de cooperación y de evaluación general del sistema educativo. Un Ministerio con estas características lleva consigo una reducción drástica de las unidades de gestión y una reconversión del personal a su servicio. Pero la función más importante debería ser la programación general de la enseñanza y es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Es cierto, que estas últimas han tratado de robustecer su organización en los primeros momentos, pero no se ha producido una renovación en el esquema. Finalmente, la descentralización debe llegar también a las aulas, es decir, al centro docente. Se trata de una autonomía que pueda afectar a la determinación del número de alumnos por clase, al número de unidades y profesores; a su selección y retribución; a los métodos y procedimientos de enseñanza. Pero cuando pensamos en un centro docente lo que tenemos en mente son espacios para la realización de objetivos y determinaciones adoptadas en lugares administrativos y territorialmente superiores. Sin embargo, queda mucho camino para la descentralización. El camino hacia una nueva fase del proceso autonómico conduce a la cooperación. Las técnicas de cooperación deben ser objeto de un mayor desarrollo y de una mayor riqueza. Después habría que reforzar la aplicación a la educación de los principios constitucionales básicos, los principios de unidad y autonomía que son inseparables. Justo en el equilibrio de los dos está el sostén más firme de un Estado integrador de regiones y nacionalidades. Ese principio reposa sobre un tercer principio constitucional, el de la solidaridad, entendido como lealtad al Estado y lealtad de las Comunidades Autónomas al Estado, pero también de este a las Comunidades. La solidaridad puede ser la clave del arco de un Estado complejo, compuesto de diecisiete comunidades. La construcción de este Estado autonómico exige el esfuerzo de todas las partes implicadas, pero en ese Estado todos los ciudadanos, municipios, provincias y Comunidades Autónomas deben encontrar su lugar, su papel y su participación.

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En Bélgica el grupo de inspectores debe inspeccionar establecimientos docentes. Todas las escuelas medias son visitadas por lo menos una vez al año, sin advertencia previa. El inspector si lo ve útil mantiene en cada visita conversaciones con el jefe del centro docente y con el personal a su cargo; la inspección ejerce un control sobre el horario escolar y respecto a cada profesor debe llevar obligatoriamente ciertos documentos en los que vaya dejando constancia de su actividad, un cuaderno de calificaciones y diario de clase. También realizar la selección de obras clásicas de lectura que son revisadas y examinadas por el inspector han de ajustarse a las prescripciones sobre las respectivas materias y al catálogo bibliográfico oficial. Los inspectores son nombrados por el rey, pero no se reclutan por oposición , sino libremente elegidos entre el personal docente. En Francia, son los inspectores generales que supervisan los diferentes órdenes de la enseñanza. Están divididos en especialidades. Mientras los generales de educación supervisan el funcionamiento general, administrativo o pedagógico, los inspectores generales de letras, matemáticas, ciencias, etcétera, supervisan la docencia de estas especialidades. Dentro de la inspección general la de segundo grado supervisa la actividad docente del Bachillerato francés. Los inspectores de academia se encargan de los diferentes distritos universitarios. Estos, controlan la contabilidad y el servicio interior de los centros. Los inspectores generales se encargan en la especialidad de la enseñanza media ejercen el control sobre estos centros; A nivel pedagógico, orientan, aconsejan al profesorado y controlan su actividad, horarios..los inspectores de enseñanza media son nombrados por decreto por el Presidente de la República francesa, mientras que los inspectores generales de servicios administrativos son elegidos entre los funcionarios de la Administración Central. En Inglaterra la inspección se encarga de las escuelas privadas, pero de forma voluntaria; la mayoría de las privadas están fuera de la jurisdicción de la inspección. En general los inspectores residen y viven en el distrito que tienen asignado. Se encargan de inspeccionar las escuelas, actuar como consejeros pedagógicos y colaborar en las encuestas que se relacionan con temas pedagógicos, aconsejar y ayudar a los profesores. Un comité de selección examina a los candidatos. Se encargan de la inspección de las escuelas de secundaria.

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Se analizan los principales problemas observados en la actividad de los seminarios didácticos para realizar el papel que les corresponde dentro del proceso educativo. Los más destacados son los problemas estructurales, los administrativos y de ordenación didáctica, la falta de estímulo del docente que repercute en los alumnos y la necesidad de una renovación pedagógica del profesorado, de capacitación y perfeccionamiento pedagógico, así como la modificación de sus actitudes para poder potenciar la actividad didáctica del seminario.

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Se transcribe el Decreto por el que se aprueba la creación de las Escuelas de Peritos Industriales, que tenían por objeto la formación de los profesionales en las especialidades de Electricista, Mecánico, Químico y Textil. En este decreto se especifican la misión de estos profesionales, la formación que debían adquirir, las asignaturas que debían superar, la duración de la carrera de Perito Industrial, la relación de asignaturas específicas correspondientes a cada una de las especialidades, la constitución del personal docente de las escuelas, técnicos y administrativos y también los cargos políticos. Así, hasta treinta y cuatro artículos referidos a todas las características que debían reunir estos profesionales y las Escuelas de Peritos.

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El 9 de junio de 1944 se inauguró la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. El Ministro de Educación Nacional presidió los actos de inauguración y pronunció un discurso ante las autoridades académicas, castrenses y eclesiásticas asistentes. El nuevo edificio de la Facultad de Medicina comenzó a construirse en 1930 pero sufrió más demoras que las previstas debido a la Guerra y problemas administrativos y de abastecimiento. Finalmente, se construyó un gran edificio, totalmente habilitado para el estudio con aulas, laboratorios, salas de disección, seminarios, clínica, sala de cinematografía, sala de autopsias, etc., al que en 1944 asistían 500 alumnos.