145 resultados para Administración regional


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Hubo muchos problemas, situaciones y recomendaciones durante los primeros años de la reforma educativa en España. No es hora de establecer un balance, pero si de afirmar una actitud en las personas responsables de las tareas de planificación. El planificador provincial y su equipo de colaboradores deben adoptar un talante especial en orden a: profundizar cada vez más todos los problemas y situaciones que la planificación educativa presenta; depurar y perfeccionar los medios e instrumentos de análisis de los distintos fenómenos y problemas educativos; establecer una más completa labor de coordinación y colaboración con todos los sectores o estamentos interesados en la planificación social en general, no dejarse sorprender o desanimar ante cualquier fallo o situación desfavorable con que tropiece. Por último, seguir avanzando en el camino emprendido, con las máximas autoexigencias de profesionalidad.

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A la hora de realizar una reforma educativa debe establecerse un plan y calendario de prioridades para la inversión. Este plan no puede realizarse si no se ha zonificado el país, es decir, si no se han descrito las características de estas zonas. La planificación regional de la educación se basa en razones políticas, histórico-administrativas, en motivaciones psicológicas, etcétera. En busca de una adecuación de las oportunidades educativas a las diversas necesidades y aspiraciones regionales. Pero conviene delimitar la analogía entre el Plan Nacional y los planes regionales. De ello, se deriva que la construcción de un modelo regional es más difícil, pues entran en juego más variables, por el contrario, resulta más fácil definir una línea política regional dado el carácter de subordinación de esta a la nacional; los instrumentos de acción a escala regional difieren de los nacionales. Es preciso delimitar cuidadosamente si no se quiere incurrir en ambigüedades; para ciertas regiones que cuentan con grandes ciudades la información debe desagregarse a nivel de áreas metropolitanas; y salvo raras excepciones la información estadística regional es más deficiente que la nacional ya que la unidad administrativa regional apenas tiene existencia legal y/o no coincide con la actuales demarcaciones. En definitiva, la caracterización de una zona a nuestros efectos de programación pede resumirse en dos cuestiones fundamentales: las que afectan a las diferencias en las tasas de escolaridad (concretamente las que se refieren al periodo de escolaridad obligatoria) y las que afectan a los rendimientos educativos regionales diferenciales dentro del sistema de enseñanza; las que atañen a la adecuación de la oferta educativa a las necesidades y aspiraciones de la región sería el porcentaje de población activa por sectores económicos.

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Informa de la situación de la educación como competencia de cada comunidad autónoma centrándose en el proyecto educativo y las aportaciones específicas de la escuela concertada. Establece una serie de características que identifican la enseñanza concertada y fija como uno de los objetivos principales la apertura de los centros a todas las personas que quieran elegir un centro privado y carezcan de medios económicos. Hace un repaso del sistema educativo de cada ciclo de la educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación especial, de todos los componentes de la comunidad educativa con sus derechos, de los requisitos mínimos que deben cumplir los centros y de la financiación de cada nivel de educación. Por último define los papeles que desempeñan el Ministerio de Educación, la Conferencia Sectorial de Educación, organizaciones estatales relacionadas con el ámbito de la educación, el Consejo Escolar del Estado y el Consejo General de la Formación Profesional para asegurar la unidad de un sistema educativo homogéneo en todo el Estado.

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Reconociendo que el doble proceso de democratización y de descentralización del poder político ha sido uno de los logros del siglo XX, debemos analizar las carencias y deficiencias que subsisten en la actualidad y que, si no se subsanan adecuadamente, pueden malograr el proceso autonómico de descentralización educativa. La organización del Ministerio de Educación y Ciencia no ha dado signos de estar preparando un nuevo modelo de organización administrativa, inevitable tras los traspasos de 1997. No es sólo un problema de tamaño, de volumen orgánico, sino de funciones. El futuro modelo de organización tendrá que ser, por exigencia del estado autonómico, un Ministerio pequeño altamente cualificado, con escasas o nulas competencias de gestión y con funciones legisladoras, de programación general de la enseñanza, de coordinación y de control, de cooperación y de evaluación general del sistema educativo. Un Ministerio con estas características lleva consigo una reducción drástica de las unidades de gestión y una reconversión del personal a su servicio. Pero la función más importante debería ser la programación general de la enseñanza y es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Es cierto, que estas últimas han tratado de robustecer su organización en los primeros momentos, pero no se ha producido una renovación en el esquema. Finalmente, la descentralización debe llegar también a las aulas, es decir, al centro docente. Se trata de una autonomía que pueda afectar a la determinación del número de alumnos por clase, al número de unidades y profesores; a su selección y retribución; a los métodos y procedimientos de enseñanza. Pero cuando pensamos en un centro docente lo que tenemos en mente son espacios para la realización de objetivos y determinaciones adoptadas en lugares administrativos y territorialmente superiores. Sin embargo, queda mucho camino para la descentralización. El camino hacia una nueva fase del proceso autonómico conduce a la cooperación. Las técnicas de cooperación deben ser objeto de un mayor desarrollo y de una mayor riqueza. Después habría que reforzar la aplicación a la educación de los principios constitucionales básicos, los principios de unidad y autonomía que son inseparables. Justo en el equilibrio de los dos está el sostén más firme de un Estado integrador de regiones y nacionalidades. Ese principio reposa sobre un tercer principio constitucional, el de la solidaridad, entendido como lealtad al Estado y lealtad de las Comunidades Autónomas al Estado, pero también de este a las Comunidades. La solidaridad puede ser la clave del arco de un Estado complejo, compuesto de diecisiete comunidades. La construcción de este Estado autonómico exige el esfuerzo de todas las partes implicadas, pero en ese Estado todos los ciudadanos, municipios, provincias y Comunidades Autónomas deben encontrar su lugar, su papel y su participación.

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Si nos referimos a la educación de adultos, la Ley Orgánica del Poder General Penitenciaria ( LOGP) no ofrece un desarrollo real en la práctica penitenciaria, ya que las condiciones de los establecimientos, el hacinamiento, la falta de espacios, la falta de personal, el aspecto regimental, etcétera, dificultan la aplicación y desarrollo pleno de sus preceptos. A ello se une la presencia de un establecimiento penitenciario de diferentes subculturas que conviven en los mismos espacios y tiempos, pero que tienen un componente común, su enraizamiento en la marginación. Estas dificultades estructurales y funcionales hacen pensar que el modelo escolar, que es el que más encaja con la reglamentación característica del sistema penitenciario y que se mantiene en la actualidad, no es el más adecuado para aportar la realidad diferencial de la prisión. Por el contrario, en la prisión bien podrían adoptarse otros modelos de intervención más ajustados a las características de la vida carcelaria. Creemos que podemos tratar a los delincuentes desde y en el contexto penitenciario, para alcanzar la reinserción y reeducación social. La prisión no es un instrumento pedagógico idóneo, pero debe ser un ámbito para la actuación de la pedagogía. Será necesario reflexionar al amparo del nuevo Reglamento sobre las funciones del pedagogo dentro de las instituciones penitenciarias. Esta reflexión debe partir del propios colectivo y centrarse en la definición de objetivos y en la intervención de la educación social. Su intervención se caracteriza por dos acciones: primero, el contenido de su ámbito le facilita la posesión de una estructura integral de lo que significa aprender y modificar conductas, tanto a nivel individual como social; en segundo lugar, el pedagogo adopta estrategias educativas, y no clínicas, lo que refuerza el aspecto preventivo, la generalización de los procedimientos a otros contextos (escuela, familia, barrio) y hace posible adopción de programas comprensivos y globales.

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Se hace un repaso por los distintos significados que puede tener el concepto nación como grupo étnico, como lugar de nacimiento, nación, espíritu y voluntad de un grupo humano, como instrumento de poder, y como comunidad de destino. La España de las autonomías se pone en marcha a partir de la Constitución de 1978 y se analizan algunos presupuestos en los que esta se basa. Por último, se destacan algunas de las distintas definiciones que alcanzan las Autonomías y donde la cuestión nacional queda más delimitada.

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Contiene: objetivo: mejorar la calidad de vida; este cuerpo tiene que durarme toda la vida; las autonomías diseñan campañas y seminarios de formación; la Educación para la Salud en el currículo; un patrimonio cultural irrenunciable

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Síntesis de los programas y actividades propuestos por la Subdirección General de Formación del Profesorado del MEC, para el curso 1989-90, dirigidos al perfeccionamiento de la práctica docente, los planes de autoformación y promoción académica, así como a la mejora de la organización de la red de Centros de Profesores y la elaboración de programas especiales en la intervención psicopedagógica y orientadora del profesorado.

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Se muestran las políticas y proyectos de alfabetización informacional y de fomento de las nuevas tecnologías desarrolladas por la Administración andaluza. Se exponen los planes vigentes en materia de bibliotecas y centros de documentación, que comparten líneas de actuación con el Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía. Se detallan cuatro programas relacionados con el uso de las nuevas tecnologías: Internet en las bibliotecas; Guadalinfo; taller UNESCO de formación de formadores en alfabetización informacional; y Diploma andaluz de habilidades en manejo de la información. Dentro del ámbito de las experiencias y buenas prácticas de alfabetización informacional, se señalan las principales iniciativas adoptadas.

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Se presentan algunos proyectos que se están llevando a cabo desde la Subdirección General de Bibliotecas de la Generalitat de Catalunya relacionados con la formación digital de los ciudadanos. Se analiza la el desarrollo de la inclusión digital y las habilidades informacionales en España, y se relaciona con el papel que puede desempeñar la biblioteca en la formación de los ciudadanos en la sociedad de la información. Se exponen los siguientes proyectos que se están realizando para fomentar las competencias digitales en Cataluña: la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC); Plan de formación digital para el personal de las bibliotecas públicas de Cataluña; la formación de desempleadas a través de las bibliotecas; y el Curso básico en Alfabetización digital para la búsqueda de trabajo. Se concluye que las bibliotecas pueden contribuir a la inclusión social mediante acciones formativas que ayuden a la superación de la brecha digital.

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Se muestran parte de los resultados de la investigación 'Equitat, exelúlencia i eficiéncia educativa a Catalunya. Una anàlisi comparada' realizado para la Fundación Jaume Bofill (http://www.fbofill.cat/index.php). Resumen basado en el de la publicación

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Informe sobre los problemas de organización que presentaban los Servicios Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia de España. Se persigue definir algunas consideraciones sobre la estructuración, problemas y posibles soluciones de los servicios provinciales de un departamento ministerial tan importante como el de Educación y Ciencia. Se analiza el cometido de las Delegaciones Administrativas Provinciales de Educación y Ciencia, siempre bajo refrendo de la Ley. Se comentan los problemas que tienen relación con la administración del Magisterio Nacional y los que tienen relación con la administración general del departamento, cuyo denominador común que se plantea en relación con la gestión administrativa del Magisterio nacional es la falta de competencia y la agobiante centralización.

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Estudiar la situación del desarrollo profesional docente en las Comunidades Autónomas. Acentuar el carácter exploratorio de la situación de la formación permanente en el estado de las autonomías a partir de los siguientes organizadores lógicos: agentes, condiciones, participantes, diseño, ejecución, tendencias y modelo evaluativo. Discernir en estudios multicaso el mundo interior de los agentes y participantes situados en contextos diferenciados de las distintas Comunidades Autónomas. Se proponen hipótesis. Docentes pertenecientes a 50 centros formativos de las distintas Comunidades Autónomas. Se presenta el marco teórico de la formación permanente del profesorado en España. Se proponen hipótesis y se selecciona la muestra. Se realiza un estudio cuantitativo y otro cualitativo. En el estudio cuantitativo, se realizan análisis descriptivos y análisis de varianza, y en el estudio cualitativo se analizan los discursos. Para la recogida de datos se utilizan cuestionarios y entrevistas. Se presentan los resultados para cada Comunidad Autónoma. Porcentajes. Se concluye que las razones que dan los profesores para participar en actividades de formación son: la actualización en conocimientos científicos de su área y disciplina, el perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza, el aprendizaje de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el trabajo en equipo con compañeros. Un 62 por ciento de los encuestados considera que los ponentes están cualificados para desarrollar actividades de formación. Las actividades formativas desarrollas responden a los principios pedagógicos de la LOGSE, se gestionan democráticamente, son participativas y cumplen los calendarios y horarios previstos. Por último, el modelo de evaluación no permitió diagnosticar las habilidades y debilidades curriculares de los participantes, no incluía un abanico amplio de instrumentos y no evaluaba el grado de satisfacción de los participantes con las actividades realizadas.

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El artículo forma parte de un monográfico dedicado a conceptos clave en la didáctica de las ciencias sociales

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El artículo forma parte de una sección de la revista dedicada a difusión de recursos educativos. Catálogo de recursos