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La imposibilidad de acoger en todos los centros universitarios a cuantos alumnos solicitan su ingreso constituye la razón de revisión de los mecanismos de selección, cuya finalidad última debería ser la predicción del rendimiento académico de los aspirantes. El estudio experimental realizado en la Universidad de Alicante ha demostrado la inadecuación de la actual prueba de selectividad a este propósito. Es más, el actual sistema educativo, proporciona la posibilidad de construir baremos específicos para los diversos centros cuya aplicación, más sencilla y económica, permitiría mejorar radicalmente la deficiencia apuntada. Independientemente del mantenimiento o no de una prueba cultural común parece necesario aplicar los baremos según las posibilidades siguientes: Primero, las notas obtenidas en institutos y colegios. Se correría el peligro de que desaparecida la selectividad, los centros de B.U.P. y C.O.U. rebajaran los niveles. Es posible que una inspección razonable evitara este peligro; Segunda posibilidad, los centros aplican este baremo a las notas obtenidas en exámenes monográficos convocados por la Universidad a tal fin. El aspirante realizaría los exámenes de las asignaturas requeridas por la Facultad en la que se desea ingresar. En el momento de solicitar el ingreso el alumno debería acreditar las calificaciones obtenidas en cada una de aquellas materias. En cada caso control de los exámenes realizado por un tribunal único por materia, para garantizar la uniformidad del criterio de corrección.

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Los problemas planteados por la insuficiencia en las universidades de medio económicos y financieros producen tensiones que, bajo ciertos aspectos llegan a ser graves. La escasez de profesores y de ayudantes, las aulas superpobladas y el equipo inadecuado de las bibliotecas y de las facultades técnicas son síntomas de tales dificultades financieras. Otro síntoma lo encontramos en los esfuerzos que realizan los Ministerios de Educación , tendentes a obtener para su departamento una cantidad suficiente de los fondos públicos. El creciente desequilibrio entre el aumento de los costes y el de los recursos disponibles coincide con el patente cambio producido en la opinión pública en cuanto a os problemas universitarios. Este cambio puede ser indicio de que la opinión pública es va dando cuenta paulatinamente de la necesidad de definir de nuevo las funciones de la universidad. Los sindicatos, los patronos, los partidos políticos y los demás grupos interesados pretenden ejercer una fiscalización más estricta de los recursos públicos asignados a la universidad. Pero ¿Cuál será el sistema de financiación que mejor permita las preferencias del alumno? Existen varios: 1. Fondos cubiertos por las entidades pública a través del sistema general tributario y redistribuirlos a los alumnos, que los emplean para sus gastos de mantenimiento y para atender al coste del uso de los recursos de la universidad; 2. El estudiante retira fondos del fondo de educación constituido por la contribución de los que trabajan. El fondo debe ser de una cuantía suficiente que cubra los gastos de mantenimiento y los costes educacionales directos. Este sistema conciencia al estudiante en cuanto al coste de sus estudios, 3õ. Un sistema mixto en el que los costes directos de la enseñanza de las instituciones universitarias seguirá recayendo sobre las entidades públicas. Pero en razón del coste global que suponen las actividades universitarias para el año 2000 poder hacer frente a su coste la participación de las instituciones privadas no debe rechazarse. También un cierto criterio de flexibilidad si tenemos en cuenta que las instituciones públicas van a ser los principales agentes de financiación. Para ello, han de cumplirse: el apoyo a las universidades y a las demás instituciones posibles de adiestramiento para que realicen experimentaciones educacionales originales, lo que supone una política selectiva de financiación y dos. Suavización por parte de las instituciones públicas del sistema de control basado en rígidas normas administrativas que serán un obstáculos para las innovaciones requeridas. Y las autoridades centrales deben procurar que las preferencias de los alumnos sean satisfechas lo antes posible. Por último, para el año 2000 una de las preocupaciones constantes de las universidades ha de ser la de lograr la distribución y uso eficiente de los recursos.

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En las Universidades pueden lograrse importantes economías cuidando de que las poblaciones de alumnos tengan un límite mínimo tanto desde el punto de vista de los programas de estudio, como de los departamentos. Basándonos en costes aproximados de alumnos por año un departamento de Tecnología con 500 alumnos costaría 67.000 libras menos que cinco departamentos de los alumnos. Y esa cifra equivale a 114 alumnos. El límite de población de grupos de alumnos no es sensible a la naturaleza de las disciplinas, ni a las pérdidas de alumnos. Pero a nivel internacional varía considerablemente, debido a la distinta importancia dada a las tareas de clase y a las de tutoría. El límite mínimo de alumnos de los departamentos universitarios de Gran Bretaña varía de 140 a 200 alumnos. Las poblaciones correspondientes de Europa occidental y Estados Unidos son, respectivamente, un 100 por 100 y un 50 por 100 más altos. El límite mínimo de la relación entre las poblaciones de graduado /no graduados por programas de estudio es en Gran Bretaña de 0,11 a 0,18 más o menos. La cifra de 0,11 para Arte y Humanidades y la de 0,18 a Ciencias y Tecnología. En Estados Unidos estas relaciones son un 20 por 100 más altas. Por último, suponiendo unas poblaciones de alumnos económicamente la dimensión de la universidad vendría determinada más por factores organizativos y sociales, que por factores económicos. El promedio normal de facultades por universidad y de departamentos por facultad, el tamaño económico de la universidad en Gran Bretaña deberá ser de unos 7.200 alumnos; en Europa occidental y Estados Unidos son de 10.000 y 13.000 alumnos respectivamente.

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Las mayores dificultades administrativas del sistema universitario español tendrían dos posibles soluciones: planificación y la autonomía. La planificación transparente, la asignación de los gastos corrientes y las pequeñas inversiones mediante fórmulas paramétricas, la unicidad presupuestaria, el conocimiento anticipado de obligaciones y recursos, la autonomía de la universidad en el reparto de los fondos para gastos corrientes entre elementos de coste ( profesorado, material ), el control externo e interno de los gastos, la responabilización personal en el manejo de los fondos públicos, ciertos condicionantes políticos, son, junto a las etapas por las que podria pasarse, los puntos principales de todo el tema.

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El análisis de la financiación de la enseñanza universitaria española se centraliza alrededor del coste y su repercusión por alumno. Pero, debido a que los alumnos que cursan, o cursarán, estudios universitarios no son los únicos afectados, la discusión trata de la financiación de la enseñanza comprendida entre los años de escolaridad obligatoria y la universidad. A pesar de lo discutible de una política de igualdad de oportunidades, basada en la capacidad o méritos, intelectuales de los individuos, la argumentación que damos trata de ir más allá de las tasas académicas, que las relaciones con su nivel actual de acuerdo a las posibilidades de acceso a la enseñanza superior, la aproximación gradual de las tasas universitarias a los costes unitarios (resultantes de dividir el gasto total en un determinado grupo de alumnos, estudiantes de medicina, por ejemplo, por el número de dichos alumnos ) combinada con una política de becas y préstamos es la base de este trabajo. En definitiva, la aportación de razonamientos y juicios específicos no presupone ni implica, exactitud o certeza y en educación solo se puede obtener una visión razonada de unos problemas. Para terminar nuestra universidad es clasista y partimos de una composición del alumnado universitario que no refleja la distribución socioeconómica de la sociedad económica. Se dice que el Estado con fondos públicos debería ofrecer un subsidio a los estudiantes cuyas familias difícilmente pueden sufragar el coste de unos estudios superiores. Este es el argumento o justicia distributiva que se ofrece para propugnar el subsidio a la educación universitaria con las becas y las tasas académicas lo único que se pretende es evitar que por razones económicas dejen de ir a la universidad jóvenes que tienen la capacidad intelectual y motivación suficiente para poder terminar satisfactoriamente unos estudios universitarios.

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Se necesita una contabilidad de costes en las universidades porque ayudaría a organizar esos fondos y a emplearlos correctamente. Se sacarían como principales conclusiones operativas tareas que se deberían realizar como: Análisis funcional del presupuesto de las universidades y de una clasificación codificada a relacionar con la Contabilidad General y la Contabilidad de Costes. Es decir, la estructura del código debería ser coherente en los tres niveles: presupuestario, contable y de costes; Tipificar los productos de la universidad y codificarlos; elaborar un primer esquema de presupuesto por programas, hasta que no exista un presupuesto de esta naturaleza, en el que se relacionan los medios y los objetivos de la Enseñanza Superior; construir indicadores: financieros, de funcionamiento de la universidad ( actividades), rendimientos, clases de reparto, etcétera; diseñar un plan de cuentas para la contabilidad de costes de las universidades; normalizar una metodología para el cálculo de costes.