28 resultados para Política de gastos públicos


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Octavo aniversario de la Comisa de Protección Escolar

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El último cuarto de nuestro siglo se inició con una recesión en todas las naciones modernas que carecían de fuentes independientes de combustibles fósiles. La creación de la OPED en 1973 y la elevación de los precios del petróleo tuvieron efectos devastadores sobre las partidas dedicadas a la energía en los presupuestos de todos los organismos públicos y privados, pertenecientes tanto a las naciones desarrolladas como a las menos desarrolladas. A este acontecimiento se le suele atribuir la posterior inflación, el desempleo, la interrupción de la tasa de crecimiento del producto nacional bruto de cada país. Como no estamos haciendo un análisis económico, no nos interesa su causa, pero si sus efectos sobre las economías nacionales al ser generales. La tasa de crecimiento se redujo más en unas naciones que en otras, se recuperó luego un poco, pero luego volvió a caer en una segunda oleada de recesión, aproximadamente entre 1978 y1983. Todas las naciones, con excepción de Estados Unidos, seguían notando sus efectos en 1985. Los gobiernos intentaron hacer frente a la recesión por una vía u otra. Hubo frecuentes cambios de gobierno, pero ninguno de los partidos que accedieron al poder tuvo más éxito que los que le precedieron. Esta recesión influyó en la política educativa de las diferentes naciones. En este campo es como si los efectos se difuminarán dentro de las estructuras internas de los regímenes educativos y entre los partidos políticos en liza por las respuestas a la recesión. Con una economía sometida a restricciones en todas partes, salvo en China, la educación pasó a ser uno de los muchos servicios públicos cuyos presupuestos podían ser recortados. Las distintas naciones siguieron distintas estrategias para responder a la situación. Algunas recortaron los presupuestos, otras los mantuvieron, algunas incluso los aumentaron y una de ellas intentó redistribuirlos sin recortes. En definitiva, los efectos de la recesión sobre los presupuestos desencadenan en todas partes un conflicto de valores sobre las finalidades y el contenido de los programas educativos. Por mucho que la educación tenga en los programas políticos nacionales una cierta prioridad, siempre puede verse amenazada cuando se contraen los recursos y se han sacado a la superficie descontentos latentes a la vez que ha generados una lucha abierta sobre los objetivos, los métodos y la financiación de la educación.

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Los problemas planteados por la insuficiencia en las universidades de medio económicos y financieros producen tensiones que, bajo ciertos aspectos llegan a ser graves. La escasez de profesores y de ayudantes, las aulas superpobladas y el equipo inadecuado de las bibliotecas y de las facultades técnicas son síntomas de tales dificultades financieras. Otro síntoma lo encontramos en los esfuerzos que realizan los Ministerios de Educación , tendentes a obtener para su departamento una cantidad suficiente de los fondos públicos. El creciente desequilibrio entre el aumento de los costes y el de los recursos disponibles coincide con el patente cambio producido en la opinión pública en cuanto a os problemas universitarios. Este cambio puede ser indicio de que la opinión pública es va dando cuenta paulatinamente de la necesidad de definir de nuevo las funciones de la universidad. Los sindicatos, los patronos, los partidos políticos y los demás grupos interesados pretenden ejercer una fiscalización más estricta de los recursos públicos asignados a la universidad. Pero ¿Cuál será el sistema de financiación que mejor permita las preferencias del alumno? Existen varios: 1. Fondos cubiertos por las entidades pública a través del sistema general tributario y redistribuirlos a los alumnos, que los emplean para sus gastos de mantenimiento y para atender al coste del uso de los recursos de la universidad; 2. El estudiante retira fondos del fondo de educación constituido por la contribución de los que trabajan. El fondo debe ser de una cuantía suficiente que cubra los gastos de mantenimiento y los costes educacionales directos. Este sistema conciencia al estudiante en cuanto al coste de sus estudios, 3õ. Un sistema mixto en el que los costes directos de la enseñanza de las instituciones universitarias seguirá recayendo sobre las entidades públicas. Pero en razón del coste global que suponen las actividades universitarias para el año 2000 poder hacer frente a su coste la participación de las instituciones privadas no debe rechazarse. También un cierto criterio de flexibilidad si tenemos en cuenta que las instituciones públicas van a ser los principales agentes de financiación. Para ello, han de cumplirse: el apoyo a las universidades y a las demás instituciones posibles de adiestramiento para que realicen experimentaciones educacionales originales, lo que supone una política selectiva de financiación y dos. Suavización por parte de las instituciones públicas del sistema de control basado en rígidas normas administrativas que serán un obstáculos para las innovaciones requeridas. Y las autoridades centrales deben procurar que las preferencias de los alumnos sean satisfechas lo antes posible. Por último, para el año 2000 una de las preocupaciones constantes de las universidades ha de ser la de lograr la distribución y uso eficiente de los recursos.

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Resumen basado en el del autor

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Crónica sobre la situación educativa existente en España a principios de los años cuarenta que otorgaba al Frente de Juventudes la dirección de la educación política, deportiva y del hogar, de los alumnos y alumnas de los centros de enseñanza tanto públicos como privados. Para llevar a cabo esta labor, la Falange formó a un grupo específico de educadores en estas materias, desarrollándose cursillos para la formación de instructores y auxiliares provisionales, ejecutándose algunos de ellos en las Escuelas Nacionales 'José Antonio' e 'Isabel la Católica'.

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Dadas las implicaciones sociales y políticas de esta cuestión, el trabajo ofrece un análisis de las motivaciones familiares al elegir centros educativos, su grado de satisfacción con la elección efectuada y su comportamiento económico según el tipo de centro en función de diversas variables. A la vez se pretende ofrecer una imagen de la composición de la oferta educativa. Universo: familias con algún hijo cursando primero de EGB durante el curso 1984. Muestra de 1400 encuestas (error de muestreo +/- 2,67 ; nivel de confianza 95). Criterios de estratificación: sexo, tipo de centro (privado, religioso subvencionado, privado religioso no subvencionado, seglar subvencionado, seglar no subvencionado, público) y región (6 niveles). Trabajo empírico de muestreo y aplicación de encuestas. Se recoge información sobre datos sociodemográficos, opiniones sobre el centro real e ideal, aspectos valorados al seleccionarlo, gastos en la enseñanza, datos familiares y socio-económicos. Se extrae información sobre un total de 12 variables. Cuestionario ad hoc con 35 ítems de respuesta cerrada. ANOVA. Prueba de Chi cuadrado. Respecto a la muestra, se observa que responden un 68,4 de padres, con edades promedio entre 25 y 35 años (53,4), con una media de dos hijos (41'5). Un 68 envía a sus hijos a un Colegio Público. Por otro lado, no se observa correlación entre ingresos familiares y gastos en educación para un hijo en EGB. Este hecho se atribuye a la rigidez de la oferta educativa, a la desigual distribución de las subvenciones, a la poca transparencia del gasto en educación y a la masificación y obligatoriedad de este nivel. La política de subvenciones recae sobre las familias de nivel de ingresos medio-alto, cuestionándose el efecto democratizador que pudieran tener. Por otro lado, las limitaciones de acceso no son solamente económicas. Por último, se recomienda elevar la calidad de la educación pública y revisar los criterios de asignación de subvenciones.

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Investigar el papel especial que corresponde al sistema de becas, principal modalidad de las subvenciones directas, desde la perspectiva del objetivo social de la igualdad de oportunidades, y sus ventajas e inconvenientes frente a otros procedimientos de igualación de rentas. Diecisiete centros universitarios del distrito de Santiago de Compostela. 2652 alumnos (12,95 por ciento del total de matriculados). Consta de dos partes, una donde se utiliza el modo de razonar teórico más propio de los economistas y otra empírica. Ésta consta de un cuestionario sobre costos de los estudios pasados a los alumnos de la Universidad de Santiago, de unos parámetros obtenidos del examen directo de los expedientes de los alumnos de la misma Universidad (éxito, duración media de los estudios, etc.) y de una cuantificación de la restricción presupuestaria en esta misma Universidad. a) Parte teórica: dado el objetivo de la igualdad, la introducción razona teóricamente la superioridad de la igualación de oportunidades educativas sobre cualquier método de redistribución de ésta, pues la primera es una inversión productiva que iguala las rentas futuras, mientras que el segundo sólo iguala las rentas actuales. La desigualdad de oportunidades educativas en España tiene como causa fundamental las diferencias económicas entre familias. En el capítulo 2 se razona la eficacia de las becas sobre las subvenciones y los préstamos para conseguir estas desigualdades. El capítulo 3 examina algunas sugerencias para una política eficiente de becas. b) Parte empírica: el resultado más relevante es el cálculo de los gastos de mantenimiento de un alumno universitario, notablemente inferior para cualquier nivel de ingresos familiares. Para promover la igualdad de oportunidades es necesario modificar las tasas de subvención por niveles y desplazamiento del énfasis de las subvenciones indiscriminadas a las discriminantes, asignar mayores recursos públicos y crear programas especiales de préstamo a los estudiantes.

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Tratar en profundidad los derechos y deberes de los protagonistas de la educación, espigando para ello las normas constitucionales de los países de la Europa Occidental. Justificar la existencia de la enseñanza privada y las ayudas de los poderes públicos a ella. Ley Española General de Educación de 1970. Art. 27 de la Constitución de 1978 dedicado a la educación. Normas constitucionales de la Europa Occidental. El estudio se estructura en capítulos: introducción. 1. Derechos y deberes de las personas en materia educativa: ¿qué comprende la libertad de enseñanza? 2. Deberes y derechos del estado en la educación: sirve para justificar y delimitar la intervención estatal y sus funciones respecto a los centros privados y a la ayuda y fomento de las mismas. 3. Educación e igualdad: recoge los principios de libertad de enseñanza y de igualdad de oportunidades ante la educación. 4. Educación y gratuidad: se analiza la obligatoriedad de la asistencia a la escuela y la obligatoriedad de la gratuidad por parte de los centros que prestan la enseñanza. 5. Sobre las ayudas del estado a la enseñanza privada; examen sintético del derecho comparado europeo occidental. 6. Los conciertos educativos. 7. Examen evaluativo de las distintas formas jurídicas dependientes de la Iglesia o institutos religiosos acogidos al derecho canónico como los que utilizan formas de derecho mercantil. 8. Constitución y educación: regulación de los derechos y libertades educativas en la nueva Constitución Española. La gratuidad de la enseñanza no es un principio esencial de la educación. Este derecho corresponde al alumno y no a los centros educativos. La libertad de enseñanza mejora la calidad de ésta. La enseñanza no estatal, aun cuando se subvenciona, resulta más barata para el Estado ya que suele poseer mejor administración y mayor interés en el aquilatamiento de los costos y control de los gastos. El Estado tiene el derecho y el deber de crear directamente y sostener escuelas propias, mas no en régimen de monopolio ni cerrando indebidamente las privadas o suplantándolas de manera innecesaria. La homologación, como la apertura de nuevos centros, de ser reglada y concederse automáticamente, siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas.

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El artículo forma parte de un monográfico de la revista dedicado a los cambios educativos (2002-2004)

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La nueva configuración del Estado en Autonomías plantea la necesidad de un cambio entre un modelo educativo centralizado, de amplia tradición, a otro descentralizado, en el que los diferentes entes autonómicos en razón de sus competencias se ven obligados a adoptar políticas educativas para la administración y gestión de los recursos educativos. Desde esta perspectiva se plantean dos objetivos: definir las bases que se deberían incluir en cualquier modelo de gestión educativa en un contexto de autonomía regional. Y por otro lado, a partir de las bases diseñadas, tanto en su ámbito temático como institucional, recoger la opinión de la población a través de una encuesta específica. El diseño de elementos para la construcción de modelos de gestión educativa. Para conocer la opinión (expectativas, actitudes e imágenes) de la población murciana ante la descentralización educativa, se diseñó una encuesta que se pasó en el año 1982 a 448 personas relacionadas con la educación y representativas de 13 colectivos. Se utiliza un modelo teórico en el que se diferencian entre elementos referentes (principios o supuesto que deberían configurar una política educativa) y elementos constituyentes (los que formalmente deberían articular el enunciado concreto de los modelos que se produzcan en un contexto de Autonomía). Las cuestiones de la encuesta (universo temático) permiten opinar sobre 17 órganos gestores de la educación (universo institucional: órganos nacionales, entes regionales, comarcales, municipales, centro docente) en cuanto a: planificación y construcción docente, organización de centros, aspectos relativos al profesorado y al alumnado, aspectos académicos-docentes, cuestiones financieras y aspectos relativos a la enseñanza privada. Encuesta. Modelo teórico. Análisis cualitativo de los datos proporcionados por la encuesta. Existe una tendencia general a considerar los organismos centrales como órganos decisores en la mayor parte de las cuestiones planteadas. Dentro de esta posición mayoritaria destaca el colectivo de profesores de BUP, Magisterio y Universidad, y estudiantes. El Ejecutivo Regional es elegido prioritariamente por: cargos públicos y sindicalistas. El ICE es preferentemente seleccionado por los estudiantes, destacando los de COU. Los ayuntamientos y órganos locales o comarcales son muy poco considerados como órganos de decisión en las cuestiones planteadas. Por el contrario, el ámbito del centro docente es elegido por todos los grupos consultados. Poco poder de decisión designado a las asociaciones de padres de alumnos, cuyo papel se reduce a la financiación de los centros privados de enseñanza. La actitud general reflejada manifiesta una escasa conciencia regional en el campo de las decisiones sobre temas relacionados con la educación.

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Monográfico con el título: 'Participación política, democracia digital y e-ciudadanía para el protagonismo de adolescentes y jóvenes'. Resumen basado en el de la publicación

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Se reflexiona sobre si debe haber límites en la forma de vestir de los alumnos de los centros públicos que han de ser espacios de pluralismo democrático y aconfesional. Analiza diversas situaciones relacionadas con el uso de prendas que conlleva un significado cultural y religioso o son producto de modas. Ahora bien, la dificultad por establecer unos criterios, no implica una postura favorable a la imposición del uniforme. Finaliza con unas recomendaciones sobre la forma de vestir.

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Las políticas neoliberales provocan un proceso privatizador a escala mundial que rompe la concepción de la educación como un derecho social que ha de ser protegido por el Estado. Este proceso adecúa la educación a los principios y prácticas del mercado. Se analiza cómo se refleja este proceso en el propio lenguaje y en los cambios que la LOMCE introduce en la gestión de los centros, en el modelo de dirección o en la concepción de autonomía y la descentralización escolar. Por último se muestran los resultados de este modelo. El artículo forma parte de un dossier titulado “Privatización de la educación. Cuando un derecho se convierte en mercancía”.