117 resultados para Pacto arbitral
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Monográfico con el título: Consenso y disenso: ¿es posible el pacto social en educación?. Resumen tomado de la publicación
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Programa emitido el 10 de enero de 1996
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Ponencia presentada en el seminario sobre El pacto educativo, Madrid, Universidad Autónoma, 5 y 6 de noviembre, 2008
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El pacto social y político por la Educación de 2010 ha fracasado por la falta de formaciones políticas y sociales a favor de firmarlo. Se achaca este fracaso también a la falta de flexibilidad del principal partido de la oposición, el Partido Popular, y a la ausencia de referencias en el texto del pacto a la educación pública como primera obligación de las administraciones educativas. Sin embargo se destaca la importancia del pacto educativo y la necesidad de rescatarlo y reorientarlo. Para ello se resalta la necesidad de adoptar un acuerdo en el que las medidas sirvan para potenciar una educación pública, laica, democrática y de calidad, como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, y se ofrecen propuestas que pueden incluirse en un pacto con estas características.
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Monográfico con el título: 'El pacto educativo'
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Monográfico con el título: 'El pacto educativo'
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El 16 de junio de 1992 los representantes de los tres partidos que conformaban el Gobierno vasco, concretamente el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), Partido Socialista del País Vasco (PSE) y EE (Euskadiko Ezkerra), y por otra parte el Lehendakari, y el Vicepresidente para asuntos Sociales y Consejero de Educación, firmaron un acuerdo político para el pacto escolar para la educación no universitaria. En el contexto de este acuerdo se analizan los temas que debieron tratarse antes de aprobar dicho acuerdo: la financiación del sistema, la planificación de la oferta educativa, y el desarrollo curricular de la lengua autonómica. A continuación se analizan los contenidos recogidos en el pacto: el modelo definitivo de financiación; la planificación del sistema educativo vasco; el desarrollo del modelo lingüístico en la universidad; la legislación autonómica; la normalización lingüística en la escuela; la autonomía de los centros; la escuela inclusiva; la situación laboral; la cohesión social y la convivencia escolar. Finalmente se compara la situación del pacto de 1992 con la situación tras la aprobación de la Ley Orgánica 2-2006 de Educación (LOE) y la necesidad de un pacto educativo para evitar cambios legislativos constantes.
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Resumen basado en el de la publicación
El Consejo Escolar recibe el encargo de trabajar por un gran pacto social por la convivencia escolar
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El Consejo Escolar de Castilla-La Mancha recibe el encargo de alcanzar un gran acuerdo social por la convivencia escolar. El Consejo se compromete a trabajar por este gran acuerdo y por la mejora del rendimiento escolar.
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Entrevista sobre la calidad de la Formación Profesional realizada a Jesús Bárcenas, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha. Se habla del nivel de la FP en esta región, de las organizaciones sindicales, de la relación entre los centros educativos y las empresas y del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad en Castilla-La Mancha.
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Entrevista sobre la calidad de la Formación Profesional realizada a José Luis Gil, secretario de CCOO (Comisiones Obreras) en Castilla-La Mancha. Se habla del nivel de la FP en esta región, de las organizaciones sindicales, de la relación entre los centros educativos y las empresas y del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad en Castilla-La Mancha.
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Resumen basado en el de la publicación
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Se comentan las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, sobre la puesta en marcha del Plan de Lectura en dicha región. Se reclama un pacto social en el que se impliquen instituciones, sindicatos, empresarios y representantes de asociaciones de alumnos y de padres. Se pretende fomentar la lectura como fuente de conocimiento y de placer.
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Autores del art??culo: Miembros de MenorcaEdu21.
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Aproximarse al fenómeno de la religión y la multiculturalidad e interculturalidad religiosa en la escuela, aceptando las cuatros religiones históricas que en el año 2004 tienen posibilidad legal de impartir Educación Religiosa escolar. Se centra en la situación de Andalucía, haciendo referencia a la provincia de Sevilla, debido a que es en la Universidad Hispalense donde se presenta esta investigación. Estudiar desde las ciencias de la educación y la metodología pedagógica, el problema que la interculturalidad presenta en las aulas en lo que se refiere a la cohesión social y exponer opiniones que sean útiles. El método seleccionado consiste en un estudio comparativo de elementos comunes, seguido de una comparativa entre los diversos currículos. Dentro de la metodología experimental la técnica de registro es por observación, no participante, indirecta y por restos. Se selecciona la población de tercero de Magisterio de la Escuela Universitaria Cardenal Espínola, de Infantil y Educación Especial. La muestra total es de 113 sujetos, de edades comprendidas entre 21 y 25 años, 4,3 por cientos son hombres y el 86,7 por ciento son mujeres. El instrumento utilizado es un cuestionario elaborado para tal fin. Se demuestra como a lo largo de la historia las creencias han buscado generar sistemas de información, formación para incorporar a las personas en el propio sistema creencial. Se presentan las finalidades y las fundamentaciones legales de dichos currículos en la que se justifica la permanencia en la escuela contemporánea. Se verifica que cambian los modelos curriculares, pero epistemológicamente no hay cambios. En temas históricos se observan los diferentes conflictos entre las creencias. Al actualizar los currícula se encuentra dificultades de encajar estos curricula en el sistema educativo español. Se observa la urgencia para alternativa por una sociedad más cohesionada. Necesidad de un 'pacto entre ideólogos, políticos y educadores' para lograr una equilibrada cohesión social, necesidad de un diálogo entre iguales para alcanzar un mínimo respeto: la presencia de las creencias de sentido en la escuela, privada y pública; el establecimiento de objetivos, competencias, contenidos y evaluación que garantice los diversos derechos ciudadanos.