De la Educación Especial a la Educación Inclusiva : estudio comparativo, legislativo y documental de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco.

Se pretende conocer cómo es la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas específicas en cinco comunidades autónomas, cómo están distribuidos por tipo de discapacidad y en las diferentes enseñanzas de carácter especial y ordinaria, también analizar los diferentes apoyos que reciben por parte de los equipos multidisciplinares según cinco comunidades autónomas. Se pretende abrir una vía a futuros debates, creación de equipos de trabajo con la universidad, para introducir cambios y mejoras que permitan seguir avanzando en la enseñanza-aprendizaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo en una Escuela Inclusiva. Tras el análisis de la legislación existente, se plantean dos hipótesis de trabajo: los decretos, órdenes y resoluciones de las comunidades autónomas investigadas referidas a los alumnos con necesidades específicas no difieren en cuanto a las estructuras escolares, modalidades de escolarización, y servicios que prestan; y, los equipos multidisciplinares de los centros ordinarios que apoyan la Atención a la Diversidad coinciden básicamente en sus funciones y tareas a pesar de las diferencias organizativas. La investigación se ha desarrollado bajo un enfoque comparativo y descriptivo con el fin de contrastar y verificar que las hipótesis de partida se cumplen. El trabajo se centra en tres bloques. El primer bloque está dedicado a la revisión de las leyes más importantes del rango nacional desde que empieza por primera vez la Educación Especial en España en 1970. el segundo bloque se orienta al estudio comparativo, principalmente, la introducción en unas tablas los datos obtenidos de las diferentes normativas autonómicas sobre cómo son las estructuras escolares con respecto a los alumnos con necesidades específicas, los recursos humanos que se destinan y los servicios que prestan. En el tercer bloque se dedica a analizar los resultados obtenidos en todo el proceso de investigación y después de leer la amplia literatura científica que hay sobre las tendencias en educación, que se dirigen hacia una escuela diversa para todos y donde juegan un papel muy importante todos los agentes que están dentro y en el entorno de la comunidad educativa. Las estructuras escolares y las diferentes modalidades de escolarización, según etapas educativas y teniendo en cuenta el tipo de discapacidad se comprueba que no difieren en lo sustancial y básico las comunidades autónomas investigadas. En referencia a los equipos multidisciplinares que apoyan en la Atención a la Diversidad en centros ordinarios, se ve que todos los Departamentos de Orientación se rigen por la misma orden. Se constata que en el entorno de los equipos hay diferentes recursos, unos de asesoramiento internos de los propios centros, y otros que actúan desde fuera y que cumplen las mismas funciones. En resumen, después del análisis, interpretación y comparación de los datos de la investigación se afirma que las dos hipótesis de trabajo planteadas se confirman.

Delincuencia juvenil : aproximación a su ámbito legislativo.

Analizar las características de los tratamientos que se les impone a los menores delincuentes. Investigación centrada en el tratamiento que legalmente se les impone a los jóvenes menores de edad implicados en actos delictivos. En el primer capítulo, describe las Teorías que explican este fenómeno, y determinadas circunstancias que rodean al niño y le conducen a delinquir. Estas situación, forjan en el niño una peculiar personalidad, analizada en el segundo capítulo. La presencia de estos niños en la sociedad, no es gustosa para muchos ciudadanos y eso examina en el tercer capítulo, la problemática social de los menores en nuestro país. Recorridos estos puntos, previos para la comprensión del tema, pasa al capítulo cuarto, con las instituciones y servicios que se ocupan del menor, y de las leyes judiciales a las que se ven sometidos (capítulo quinto), poniendo en clara evidencia la necesidad de una reforma de la legislación vigente. 1) Los niños son personas y no hay que esperar a que crezcan para considerarlos así. Su personalidad está en desarrollo pero existe. Es una personalidad original y tiene su propia forma de ser. El niño puede ser protagonista de su vida y su educación, siempre y cuando se lo permitan. No cabe, por tanto, modelar al niño según intereses políticos, económicos, ideológicos o de cualquier otro tipo. 2) Nuestra sociedad necesita resolver una contradicción básica en lo que a la infancia se refiere. Por un lado, se advierte la irrupción que el estilo infantil hace en la cultura de la imagen, y el interés social que existe por el desarrollo de las generaciones futuras. Por otro lado, la misma sociedad trata de evitar cualquier aportación del niño y no promueve su creatividad y su originalidad. Y es que aceptar la aportación de la infancia, reclamaría una vigente y global transformación de la sociedad. 3) Necesitamos tomar conciencia de que el problema d los menores necesita una respuesta global, creativa y coordinada entre todos: poder público, profesionales, asociaciones y, en general personas comprometidas en la animación y acompañamiento a los menores, para que éstos, en sus ambientes, vayan expresando sus aspiraciones, buscando las respuestas y exigiendo los recursos necesarios para superar tal marginación, y así llegar a desarrollarse como persona y ser protagonista de su vida. 4) No es suficiente con sacar paquetes de medidas cuando exista un colectivo de menores que ponga en peligro la seguridad ciudadana. La solución está, prioritaria y fundamentalmente, en la mejora sustancial de la calidad de las condiciones de vida de existencia de los menores y de la incidencia sobre los factores sociales que hacen surgir y mantienen la situación de marginación de menores. 5) Es necesario que las estructuras sociales, económicas y culturales que originan esta problemática, se transformen. Esta transformación será parte integrante de medidas a largo plazo, necesarias para posibilitar y favorecer la acción educativa y el desarrollo de las personas. 6) La coherencia social debe llegar a los menores a través de la justicia, pero entendida ésta como justicia distributiva. La misma coherencia social debe ponerse en funcionamiento con los menores más problemáticos en sus conductas.