220 resultados para fondos públicos


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La complejidad de la sociedad y los constantes cambios a los que se ve sometida han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo enfoque a los objetivos de la educación. En particular, es necesario introducir en los centros educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que éstos no se traduzcan en un deterioro del clima escolar. Establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una necesidad para la institución escolar. Para ello se precisan, al menos, tres elementos esenciales: un conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia que detecte los posibles incumplimientos y un procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan transgresiones.

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Publicación en la que se recoge el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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El artículo forma parte de un monográfico de la revista dedicado a los cambios educativos (2002-2004)

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Establecer el grado de cumplimiento e incumplimiento de las normas de admisión de los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos dentro del territorio MEC. Estudiar las repercusiones de estas normas.. 1. Fase: Delegados Provinciales de Educación del territorio MEC. 2. Fase: 35 directores de centros públicos y concertados, elegidos aleatoriamente entre las provincias con amplia aplicación de la normativa y que a su vez hubieran tenido más demanda que plazas. Provincias: Badajoz, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid y Madrid. 15 centros de EGB, 15 de BUP y 5 de FP. 3. Fase: 300 padres de alumnos de primero de EGB y primero de BUP. 150 padres de alumnos admitidos en centros solicitados en primera opción y 150 rechazados. 1. Fase: entrevistas en las Delegaciones Provinciales de Educación del Territorio del MEC. 2. Fase: 35 entrevistas a Directores de centros públicos y concertados. 3. Fase: aplicación de 300 cuestionarios a padres de alumnos de primero de EGB y primero de BUP con un informe cuantitativo del mismo. Preguntas: motivo elección centro, proceso admisión (documentos exigidos, problemas y grado de satisfacción), grado de aceptación de la normativa vigente y opinión sobre su nivel de aplicación, conocimiento de los criterios y grado de aceptación, proximidad y características del Centro grado de satisfación. Entrevistas (primera y segunda fase). Cuestionario elaborado con ayuda de técnicos del CIDE (tercera fase). Descriptivo: frecuencias y porcentajes (tercera fase). La aplicación de las normas de admisión tiene carácter general sólo en determinadas provincias, ya que son muchas en las que la oferta es superior a la demanda. Los criterios de selección -renta familiar y proximidad de domicilio-, no han tenido una aplicación uniforme. La aportación del dato de la renta casi siempre ha originado protestas y su aplicación ha sido conflictiva. Asimismo, en todos los Centros se han aplicado criterios complementarios. Las calificaciones obtenidas en EGB están siendo utilizadas incluso con una baremación superior a la estipulada. En FP la normativa resulta ineficaz, sería conveniente diseñar criterios propios para este nivel. También sería conveniente revisar la idoneidad del Decreto para el Bachillerato y considerar otros criterios de puntuación más acordes con la realidad de estos centros.

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Monográfico con el título: “Transparencia y mejora de la educación”

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Esta guía pretende ser un instrumento para todas las personas interesadas y que de una u otra manera conforman la comunidad educativa; en ella se han incluido todas las formaciones que existen en la ciudad, las ayudas que pueden obtenerse, así como la relación de servicios complementarios y de apoyo a la educación que pueden encontrarse. La guía se organiza en once apartados en los que se van desgranando cuestiones que afectan al sistema educativo: LOGSE, la educación de personas adultas, la universidad, la admisión en los centros, las ayudas y subvenciones, los servicios municipales para la comunidad educativa o la participación. De forma descriptiva se va desglosando además, información sobre la admisión en centros sostenidos por fondos públicos, los servicios de información y asesoramiento, las formas de participación en la comunidad educativa y un amplio directorio.

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En la actualidad parece innecesario hablar de discriminación sexual en la escuela ya que desde la ley de 1970 la igualdad entre hombres y mujeres está asegurada por la educación mixta en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Pero todavía se perciben diferentes modelos de escuela desde el punto de vista del género. Se analiza la discriminación en la sociedad, en el entorno escolar y en los libros de textos, y las vías para la coeducación en el aula. Se concluye con algunas propuestas: revisar la organización y funcionamiento del centro a favor del no sexismo, apoyar y fomentar las transgresiones de roles, abrir posibilidades sociales a las mujeres.

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La razón por la que se ha elegido este tema estriba en la necesidad de hacer una reflexión crítica sobre la escuela pública y privada en el periodo 1970-1980, manteniendo la hipótesis de que la polémica escuela pública y escuela privada en el periodo que nos ocupa podría ser una variante del antagonismo 'laicismo-confesionalidad'. Se trata de una investigación teórica que va analizando la polémica escuela pública-privada; laicismo-confesionalismo, a través de los siguientes capítulos: 1. Política escolar en la II República. 2. La enseñanza en el franquismo. 3. Intenta analizar en qué medida la situación de la época republicana se reiteraba en el periodo 1975-1980 y, concretamente, en el tema de la antinomia escuela pública-escuela privada. Artículos sobre educación de la Constitución de la II República. Pacto del Frente Popular, 1936. Artículo 27 de la Constitución española, 1978. Comunicado de la Asamblea General de la FERE. Ley Orgánica, 1980, por la que se regula el estatuto de centros escolares. Distribuciones. Porcentajes. La escuela pública tuvo en la II República el intento más serio de configuración como elemento conformador de la democracia. Después de la Guerra Civil, el nuevo Estado, entregará prácticamente la enseñanza en manos de la Iglesia; la inhibición del Estado es casi total, hasta Ruiz Giménez. La LGE de Villar Palasí, 1970, llega con retraso y cuando empieza a aplicarse la crisis económica modifica los presupuestos sobre los que se basaba; esto unido a la demanda educativa de calificación de fuerza de trabajo, hace que casi desde un inicio se modifique y se recorte (contrarreforma educativa de 1973). En el umbral de los 80, casi la mitad de la población escolar en los niveles básico y medio, asiste a centros no estatales, en su mayoría a instituciones religiosas; esto hace que se de una superposición a lo religioso o confesional. Este fenómeno hizo que la contraposicion escuela pública - escuela privada, se deslizase peligrosamente hacia una nueva variante del antagonismo laicismo-confesionalidad, de la época republicana, cuyo fruto fue una contrarreforma legislativa: Estatuto de Centros Escolares a favor de los sectores más conservadores de la sociedad. En estos momentos es pura utopía pensar que la extensión de la educación estatal pudiera conseguir a corto o medio plazo desplazar a la educación privada. Sería atentar contra la lógica del servicio público el despojar de fondos públicos al sector estatal para entregarselos a los colegios privados. En esta perspectiva cobra su significado la polémica acerca de las subvenciones públicas a los centros privados en relación con el 'ideario de centros': estos centros deberían cubrir unos mínimos de enseñanza homogénea con la de los centros públicos. En la medida en que hoy es más posible el acceso a la privada, las familias se plantean la opción en términos de eficacia de la enseñanza.

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Muchas investigaciones en todo el mundo se financian con los impuestos de los ciudadanos, pero los mecanismos de difusión, las revistas científicas, están en manos de empresas privadas multinacionales que imponen sus condiciones a unos y a otros, como obligar a los autores a renunciar a todo derecho presente y futuro de difusión en cualquier medio, idioma, sistema o para cualquier propósito, y se enriquecen distribuyendo algo que no producen: conocimiento. Además, el incremento de precio de las revistas ha provocado que cada día las bibliotecas compren menos libros y que el mercado de libros especializados se haya reducido notablemente. Pero la solución ya está en marcha: una concepción más social y pública del conocimiento puede llegar a proponer como condición necesaria que cualquier investigación financiada con fondos públicos sea públicamente accesible a todos a través de internet.

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Se interroga sobre cómo se realiza la evaluación universitaria y de qué manera influye en ésta el contexto en que se lleva a cabo y cuál es la comprensión que tienen los participantes sobre los procesos críticos, las características y eventos más significativos que ocurren dentro y como consecuencia de las prácticas de la evaluación universitaria. La hipótesis central es que las prácticas de evaluación de la institución podrían constituir espacios, no sólo para reflexionar o juzgar, sino para mejorar las condiciones y sentar las bases que transformaran los procesos educativos. Los objetivos son: ofrecer una visión sobre la manera en que las políticas y las prácticas de evaluación institucional responden a los principios de la educación universitaria, contribuir a mejorar la comprensión que sobre la evaluación tengan los participantes y promover la reflexión y el cambio de perspectiva de quienes están involucrados en la evaluación universitaria. Todo el estudio se centra en la práctica evaluativa de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México). Las prácticas de la evaluación universitaria desde el ámbito de la docencia universitaria, particularmente para los 59 planes de estudio y los 119 programas educativos del nivel licenciatura. Investigaciones previas, detección de la problemática en la evaluación, concreción del proyecto de investigación, búsqueda bibliográfica e informativa, aplicación de estrategias, análisis de datos, y, por último, conclusiones. Una síntesis de los resultados perfila una evaluación institucional universitaria con diversas debilidades en su veracidad, credibilidad y justicia, por factores de naturaleza política y económica, y una cultura que la ritualiza y burocratiza; la actual evaluación está desconectada de los principios universitarios y anclada cada vez más a la política educativa federal para la obtención de recursos; la importancia ahora concedida a la evaluación, no está en su contribución para mejorar la educación, más bien en una ÷calidad certificada que facilita el acceso a fondos públicos.

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Se trata de un análisis sobre el desarrollo de los fondos bibliográficos de la región y de un estudio de la biblioteca de Castilla La Mancha como depositaria de dichos fondos. El origen de estos fondos se debe en su mayor parte a la desamortización llevada a cabo en 1836 y actualmente se sigue en un proceso de consolidación de los fondos bibliográficos .

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Se analiza la situación de la población de Albacete afectada por la obras del Canal de María Cristina en la última fase de su construcción, a finales de 1860. Cuando el Gobierno Central da por concluidos sus trabajos y la población es víctima de las emanaciones de gas producidas por el Canal, de las epidemias y de los perjuicios en la agricultura. El Ayuntamiento de Albacete, al asumir la administración del Canal y considerando los trabajos concluidos mantiene lo realizado hasta el momento. A consecuencia de la demora para repartir las indemnizaciones concedidas por la reina Isabel II entre las familias más necesitadas y construir nuevas casas para alojar a la población más afectada, se prolonga la agonía de éstos, víctima de las fiebres y epidemias.

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Resumen basado en el del proyecto. Premiado en la convocatoria: Premios para proyectos de innovación concluidos durante el curso 2007-2008, en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Orden 12-12-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Resolución de 5-5-2009, de la Viceconsejería de Educación)