Suburbanizacion, distribución espacial de la renta y segregación residencial en la región metropolitana de Barcelona

La región metropolitana de Barcelona ha experimentado durante los últimos veinte años un intenso proceso de suburbanización e integración metropolitana. La combinación de ambos procesos ha dejado una profunda huella en el territorio conformando una conurbación policéntrica a la vez que dispersa. Esta nueva realidad plantea algunas preguntas interesantes: (a) ¿cuáles son las características de los municipios que atraen población, (b) ¿cómo se ha redistribuido espacialmente la renta debido al proceso de suburbanización? y (c) ¿se ha intensificado el carácter especializado segregado- de los municipios de la RMB?.

Los mecanismos de cohesión territorial en España: un análisis y algunas propuestas

El presente informe describe y cuantifica los principales mecanismos de cohesión social y territorial existentes en España, analiza su incidencia sobre la distribución regional de la renta y su contribución a la nivelación de la calidad de los servicios básicos, y propone algunos cambios en su diseño con el objetivo de mejorar sus propiedades de eficiencia y su adecuación a los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y autonomía. La tesis central del tabajo es que el proceso de reformas autonómicas que ahora se inicia no debería en ningún caso suponer la ruptura de los mecanismos existentes de cohesión y debería aprovecharse para perfeccionarlos.

Convergencia real y envejecimiento: retos y propuestas

España se enfrenta en las próximas décadas a dos grandes retos económicos y sociales: completar el proceso de convergencia en renta y bienestar con los países de nuestro entorno y asegurar la sostenibilidad del Estado del bienestar en un contexto demográfico desfavorable. La superación de estos retos exigirá reformas en muchos ámbitos para cuya implementación sería muy deseable contar con un amplio consenso político y social. Tras examinar la situación actual de la economía española y su evolución durante las últimas décadas desde una perspectiva comparada con la OCDE, en el presente trabajo se examinan las reformas necesarias en tres ámbitos que consideramos cruciales: educación, mercados de trabajo y de bienes y servicios, y sistema de pensiones.

La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

La financiación de la Renta Básica, un modelo de microsimulación

[spa] La financiación es uno de los aspectos de la Renta Básica en que más se ha avanzado en los últimos 10 o 12 años. Por Renta Básica aquí se entenderá en todo momento un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. Diversas e interesantes investigaciones para ámbitos geográficos distintos han hecho acto de aparición y han alimentado un vivo debate acerca de las formas de financiar la Renta Básica. La Renta Básica puede ser pagada por parte de distintas instituciones públicas. La propuesta de financiación de la Renta Básica a la que se refiere este artículo consiste en una reforma en profundidad del actual Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El estudio opta por este camino porque se ha tenido acceso a datos individualizados del IRPF de Cataluña, pero también porque este impuesto es especialmente útil para apreciar, por ejemplo, la redistribución resultante de la renta. Está basado en un programa de microsimulación específicamente diseñado para este objetivo, aplicado sobre una base de datos provenientes de una muestra de 110.474 declaraciones del IRPF de Cataluña, para evaluar diferentes opciones de políticas de integración de impuestos y prestaciones que incluyan una Renta Básica. Este estudio muestra que la reforma propuesta es viable en términos económicos y que el impacto en la distribución de la renta sería muy progresivo, como después se especificará.

La financiación de la Renta Básica, un modelo de microsimulación

[spa] La financiación es uno de los aspectos de la Renta Básica en que más se ha avanzado en los últimos 10 o 12 años. Por Renta Básica aquí se entenderá en todo momento un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. Diversas e interesantes investigaciones para ámbitos geográficos distintos han hecho acto de aparición y han alimentado un vivo debate acerca de las formas de financiar la Renta Básica. La Renta Básica puede ser pagada por parte de distintas instituciones públicas. La propuesta de financiación de la Renta Básica a la que se refiere este artículo consiste en una reforma en profundidad del actual Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El estudio opta por este camino porque se ha tenido acceso a datos individualizados del IRPF de Cataluña, pero también porque este impuesto es especialmente útil para apreciar, por ejemplo, la redistribución resultante de la renta. Está basado en un programa de microsimulación específicamente diseñado para este objetivo, aplicado sobre una base de datos provenientes de una muestra de 110.474 declaraciones del IRPF de Cataluña, para evaluar diferentes opciones de políticas de integración de impuestos y prestaciones que incluyan una Renta Básica. Este estudio muestra que la reforma propuesta es viable en términos económicos y que el impacto en la distribución de la renta sería muy progresivo, como después se especificará.

Los sectores agroalimentarios español y catalán, un análisis comparativo a través de la tabla input-output

En este trabajo se pretende ofrecer una visión del sector Agroalimentario (SAA) catalán, y muy especialmente, de cual es su situación comparativa dentro del SAA español. Analizando por medio de las tablas input-output aquellas ramas del SAA que actúan como motor en cada una de las economías estudiadas, al mismo tiempo que se detectan las analogías o divergencias entre las dos realidades, la autónoma y la nacional. Los indicadores utilizados para el estudio de la tabla input-output son: Chenery-Watanabe, Rasmussen, Backward linkages, Forward linkdages, multiplicador renta y multiplicador de las importaciones.

Rentas y seguros privados de dependencia: Un complemento a las prestaciones públicas de dependencia.

La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia del 14 de diciembre del 2006 permitirá desarrollar en España un modelo de atención a la dependencia de carácter mixto, en el que el sector público garantizará, mediante el copago, unas coberturas básicas y el sector privado podrá mejorar y complementar las prestaciones ofrecidas por el sector público. En este trabajo nos centraremos en el tratamiento actuarial de la prestación privada de dependencia, la cual se puede percibir en forma de renta o de seguro. El objetivo de una renta de dependencia podría ser ayudar a financiar, periódicamente, el coste que supone para el asegurado la situación de dependencia, mientras que el seguro de dependencia estaría más enfocado a financiar la adquisición, o adecuación, de una determinada infraestructura como consecuencia de la falta de autonomía. Calcularemos la prima única y la provisión matemática de una renta y de un seguro de dependencia contratado por una persona autónoma, basándonos en un modelo de dependencia con los tres grados de dependencia, que son los que se contemplan en la Ley, y supondremos que la cuantía de la renta y del seguro es variable según el grado de dependencia que alcance el asegurado. Para realizar las aplicaciones numéricas utilizaremos distribuciones de mortalidad y tasas de prevalencia que pueden ser adecuadas para la población española y que han surgido de un análisis preliminar.

Una Nota sobre la dinámica de la financiación regional

En esta nota se analizan las propiedades dinámicas del actual sistema de financiación y se comparan con las de su antecesor, prestando especial atención a la sensibilidad de ambos al crecimiento de la renta y la población regional así como a la evolución de la estructura por edades de esta última

La Respuesta pública al problema de la vivienda

“Señor Presidente, ¿cuándo tendré mi piso?” 1A pesar de la existencia de otros y muy diversos problemas, el acceso a la viviendasupone un auténtico quebradero de cabeza para aquellos que, por suerte o por desgracia,desean independizarse. En las encuestas, el encarecimiento de los precios es el principalproblema de los españoles; en la calle, el acceso a una vivienda supone una auténtica carrerade obstáculos; en los platós de televisión, sin embargo, el problema de la emancipaciónúnicamente sirve para poner en aprietos al Presidente del Gobierno.¿Qué hay de cierto en la mediatización del problema? ¿Es realmente difícil accedera una vivienda? Si lo es, ¿por qué? ¿Puede la Administración dar respuesta a este problemade forma eficaz y, siendo más exigentes, de forma eficiente? ¿O es la intervención fácticaun problema al libre funcionamiento del mercado? En las páginas que siguen hemosintentado dar respuesta a estas y muchas otras consideraciones.Podemos argüir, en una primera reflexión, que el problema de acceso a la viviendase debe a su encarecimiento en los últimos años. Pero, ¿cómo? Pues bien, el encarecimientoha sido motivado por un increíble aumento de la demanda especulativa no habitacional (esdecir, gente que invierte para no habitar y revender), al mismo tiempo que el sustitutomercado del alquiler se ha mostrado descoordinado y poco preparado para dar cabida aaquellos desdeñados por la propiedad.Ante esta situación, el Estado tenía dos opciones: intervenir en el mercado opermitir el libre albedrío. La creación de Viviendas de Protección Oficial y el incentivo alalquiler han sido los estandartes de la intervención pública en estos últimos años. Las VPOno han podido dar cabida a la totalidad de la demanda, precisamente por la restricción en lacapacidad financiera estatal que impide tal nivel de inversión. La discriminación por nivelde renta y la alta movilidad de los inquilinos se hacen imprescindibles.Mientras, el alquiler, cuyo futuro es casi panaceico, se enfrenta a diversos retos. Lanula protección contractual y la baja rentabilidad suponen serias trabas a la salida de pisosal mercado. La potencialidad de este tipo de tenencia es conceptualmente prometedora:consumo de vivienda a precios más bajos.1 Pregunta formulada al Presidente del Gobierno por uno de los participantes del programa televisivo“Tengo una pregunta para usted”, emitido por Televisión Española.

Economic ideas and economists in the Parliament in the liberal age: The attempt to implement a tax on incomes in Spain in 1868-1869

[spa] El estudio de la presencia de ideas económicas en los debates parlamentarios se ha convertido recientemente en un objeto importante dentro de la investigación sobre el proceso de institucionalización de la economía política en Europa Occidental en la llamada era liberal. En este marco general, este artículo se centra en el análisis de un caso de particular interés: La relevancia del pensamiento económico y el papel jugado por los economistas en los debates parlamentarios que siguieron a la creación de un nuevo impuesto que trataba de captar la renta personal, que fue lanzado por el ministro de Hacienda Laureano Figuerola en 1868. El artículo intenta demostrar, en primer lugar, que las ideas económicas jugaron efectivamente un papel relevante en las discusiones sobre el impuesto sobre la renta y que la presencia e influencia de los economistas en el Legislativo en este tiempo fue notable. En segundo lugar, que este fue un intento serio de modernizar la estructura fiscal española llevado a cabo por el Gobierno Provisional, el cual trató de diseñar un sistema impositivo capaz de fomentar el crecimiento económico del país.

Economic ideas and economists in the Parliament in the liberal age: The attempt to implement a tax on incomes in Spain in 1868-1869

[spa] El estudio de la presencia de ideas económicas en los debates parlamentarios se ha convertido recientemente en un objeto importante dentro de la investigación sobre el proceso de institucionalización de la economía política en Europa Occidental en la llamada era liberal. En este marco general, este artículo se centra en el análisis de un caso de particular interés: La relevancia del pensamiento económico y el papel jugado por los economistas en los debates parlamentarios que siguieron a la creación de un nuevo impuesto que trataba de captar la renta personal, que fue lanzado por el ministro de Hacienda Laureano Figuerola en 1868. El artículo intenta demostrar, en primer lugar, que las ideas económicas jugaron efectivamente un papel relevante en las discusiones sobre el impuesto sobre la renta y que la presencia e influencia de los economistas en el Legislativo en este tiempo fue notable. En segundo lugar, que este fue un intento serio de modernizar la estructura fiscal española llevado a cabo por el Gobierno Provisional, el cual trató de diseñar un sistema impositivo capaz de fomentar el crecimiento económico del país.

El Riesgo y las estrategias en la evaluación de los fondos de inversión de renta variable

El objetivo de este trabajo consiste en proponer una medida de performance adecuada para los fondos de inversión de renta variable. Las características específicas de este tipo de carteras inducen a tomar un enfoque basado en la L.M.C., por lo que se escoge como medida de riesgo el riesgo total de la cartera (pσ). Se introducen las estrategias pasivas y activas en el análisis, con lo que se consigue desarrollar una medida de performance que, además de medir la rentabilidad por gestión efectiva, la pondera en función del grado de actividad asumido por la cartera a evaluar.

Huella de carbono de movilidad y energía en el Área Metropolitana de Concepción. Una comparativa entre los barrios de Brisas del Sol y Pedro Valdivia Alto como ejemplos del urbanismo de baja densidad en zonas de renta alta del Área Metropolitana de Concepción

Mediante el uso de la herramienta de la huella de carbono se busca saber el impacto ambiental de la vida cotidiana de las clases de renta alta de ciertos barrios seleccionados del Área Metropolitana de Concepción. Concretamente se estudiará la huella de carbono de la movilidad y el consumo energético en las viviendas. La extracción de información se basa en el uso de encuestas casa por casa y un posterior análisis informático de los datos obtenidos. Finalmente se propondrán medidas para reducir la huella de carbono en el caso que esta exceda los valores considerados sostenibles a largo plazo.