La polémica identidad de los valencianos: a propósito de las reformas de los Estatutos de Autonomía

La cuestión de las nacionalidades se ha reabierto en España al calor de las reformas de los Estatutos de Autonomía impulsadas por el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero. Sin embargo, no todas las reformas emprendidas por las Comunidades Autónomas han reivindicado el mismo tratamiento identitario en sus Estatutos. Este trabajo pretende ofrecer alguna luz, desde la ciencia política, para explicar el diferente curso identitario que caracteriza a la Comunidad Valenciana en relación a otras comunidades, como es el caso de Cataluña o Andalucía. A tal fin se exponen los modelos de autopercepción identitaria y su distribución o anclaje entre los valencianos, junto con el análisis de la repercusión de esta dimensión en términos electorales. Esos datos permiten al autor sugerir algunas explicaciones sobre el pacto estatutario alcanzado en torno a la identidad de los valencianos y sobre el comportamiento de los principales actores políticos valencianos en el proceso de reforma estatutaria de 2006.

Leyes a golpe de suceso: el efecto de los discursos mediáticos en las reformas políticas en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor

El present treball| estudia l'efecte dels discursos mediàtics en les reformes promogudes en la Llei de Responsabilitat Penal del Menor. Entre 2003 i 2003, 4 esdeveniments delictius, comesos per menors, van causar fort impacte segons l'opinió pública espanyola. A partir de la teoria de l'agenda-setting, observem una transferència de rellevància de l'agenda dels mitjans cap a l'agenda pública que, posteriorment, es va fer present a l'agenda política. Entenem que els professionals de la política van legislar sota la immediatesa d'aquests esdeveniments i el seu eco mediàtic, no contemplant principis constitucionals, en una clara accepció de populisme punitiu.

La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

¿Qué reformas necesita el sistema de financiación regional?

This paper argues that the current Spanish system of regional financing does not adequately respect the principles of equality, autonomy, responsibility and transparency that should guide its design. It also advances a series of recommendations for the reform of the system that can be classified into two broad headings: guaranteeing the effective application of the constitucional principle of equality and reinforcing the fiscal responsibility and the accountability of regional governments.

El control de la Carta Social Europea por actores no estatales: el protocolo de 22 de junio 1995 para las reclamaciones colectivas

El texto analiza los motivos por los que el Protocolo de 1995 sobre reclamaciones colectivas no sea un medio de supervisión alternativo a los informes estatales del artículo 21 de la Carta Social Europea, sino más bien una herramienta de uso marginal.

Viabilidad del sistema de pensiones y reformas por el lado de los ingresos: una aproximación intergeneracional

Este artículo, mediante el método de la Contabilidad Generacional, examina la viabilidad a largo plazo y los efectos sobre la redistribución intergeneracional de la renta del sistema de pensiones español. Dado la enorme deuda acumulada, que se traslada a las generaciones futuras, se explora la posibilidad de introducir políticas de reforma por el lado de los ingresos que pretenden mitigar la fuerte dependencia demográfica de las finanzas de la Seguridad Social. El principal resultado obtenido es que la gravedad de la crisis demográfica hace que estos tipos de medidas estudiadas sean claramente insuficientes para restaurar el equilibrio intergeneracional.

Viabilidad del sistema de pensiones y reformas por el lado de los ingresos: una aproximación intergeneracional

Este artículo, mediante el método de la Contabilidad Generacional, examina la viabilidad a largo plazo y los efectos sobre la redistribución intergeneracional de la renta del sistema de pensiones español. Dado la enorme deuda acumulada, que se traslada a las generaciones futuras, se explora la posibilidad de introducir políticas de reforma por el lado de los ingresos que pretenden mitigar la fuerte dependencia demográfica de las finanzas de la Seguridad Social. El principal resultado obtenido es que la gravedad de la crisis demográfica hace que estos tipos de medidas estudiadas sean claramente insuficientes para restaurar el equilibrio intergeneracional.

Estrategias, objetivos y toma de decisiones de los partidos políticos españoles en la formación de gobiernos estatales

El artículo aborda el estudio de las estrategias desarrolladas por los partidos políticos españoles frente a los procesos de formación de gobierno en el ámbito estatal. A partir de la discusión de los objetivos perseguidos por los partidos, se analizan las estrategias dirigidas a reducir los costes y aumentar los beneficios en dichos procesos. Así, se observa que la ausencia de gobiernos de coalición en España es el resultado de cálculos estratégicos, que desmienten los supuestos comúnmente aceptados por las teorías formales de las coaliciones políticas.

GESREF : Gestión empresa de reformas

Con este proyecto se pretende dar una visión global del uso de la tecnología Entity Framework 6 mediante la creación de una aplicación web con páginas ASPX y que se utilizará para controlar la gestión de una empresa de reformas.