Sin opción. Comentario a la STS, 1ª, 17.2.2006, por la que se niega el derecho de opción de las víctimas de exigir responsabilidad civil a los funcionarios públicos ante los órganos de la jurisdicción ordinaria

Actualmente, tras la reforma del art. 146.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC) llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, nadie duda ya que las víctimas de daños causados por los funcionarios y demás agentes públicos en el ejercicio de sus funciones están obligadas a dirigir su reclamación indemnizatoria a la Administración a la que aquellos pertenezcan, sin poder demandarles ante los órganos de la jurisdicción civil en exigencia de su responsabilidad extracontractual. Según el art. 145 LRJPAC, la víctima deberá reclamar directamente a la Administración ­iniciando la tramitación del procedimiento administrativo específico previsto en los arts. 142 y 143 LRJPAC e interponiendo, eventualmente, recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria que le ponga fin­, y ésta, una vez haya satisfecho la indemnización, ejercerá acción de repetición contra el funcionario o agente responsable cuando el mismo haya ocasionado el daño con dolo o culpa grave. Ya no existe, por tanto, el genérico derecho de opción anteriormente reconocido por el art. 43 de la Ley de régimen jurídico de la administración del Estado de 1957.

Que lo urgente no relegue lo importante: absentismo vs. productividad

[spa] El debate sobre la productividad de los empleados públicos se mezcla a menudo con alusiones al grado de absentismo de estos. Existe la percepción de que la productividad es baja y el absentismo es muy preocupante y principal causa de la primera. Sin embargo, esta presumida relación causa-efecto es, en muchos casos, cuestionable. Por ello quisimos conocer la opinión de quienes tienen responsabilidad política, directiva o de gestión sobre la ocupación pública. Para ello realizamos una encuesta entre personas con dicho perfil en las Administraciones catalanas (142 encuestados). Un primer análisis nos permite aventurar que el absentismo no es tan apabullante; sin embargo, sí que preocupa la dudosa veracidad de las motivaciones de muchas de las bajas de corta duración. También destaca que la gran mayoría de los entrevistados crea que se debe incidir menos en la presencia efectiva del empleado y más en la fórmula de flexibilidad horaria y de logro de objetivos. Estas y otras observaciones nos llevan a cuestionarnos si la urgencia por combatir un nivel de absentismo que ni los datos ni la percepción entre gestores públicos le confieren el atributo de alarmante nos aleja de lo que sí es importante: la productividad.

Naturaleza y regimen jurídico del impuesto sobre los sueldos y salarios de los funcionarios de las Coumnidades Europeas

La prevalencia del interés comunitario para salvaguardar la igualdad entre los funcionarios de la Comunidad y la independencia de la Administración comunitaria, movieron al establecimiento de un impuesto comunitario en los Protocolos sobre Privilegios e Inmunidades anejos a los Tratados de Roma, privando a la exención de impuestos nacionales del carácter de privilegio, para configurarla como directa consecuencia de la creación de un impuesto comunitario. La realización del presente estudio nos lleva a plantearnos, en primer lugar, el problema de la naturaleza del recurso objeto del mismo.

Objeción de conciencia y uniones civiles entre personas del mismo sexo: comentarios acerca del caso Ladele C. Reino Unido

El artículo es un comentario sobre el caso Ladele v. Reino Unido; se estudia la decisión de la Corte de Estrasburgo, y las resoluciones de los tribunales británicos. La cuestión analizada es si un funcionario público puede ejercer objeción de conciencia en sus deberes profesionales. El caso ha sido apelado ante la Gran Sala, pero se ha rechazado la petición.

Tipología de sistemas de evaluación del empleado público

Desde la aprobación del EBEP, las administraciones públicas pueden, con el propósito de potenciar la carrera horizontal o determinar la formación o las retribuciones complementarias, evaluar el rendimiento y la conducta del empleado público. No son muchas las administraciones del Estado que han avanzado en esta línea; pero en cambio, son muy fuertes las reticencias que, desde diferentes vertientes, se contemplan hacia esta medida. ¿Qué modelos de evaluación han tenido éxito y por qué? Esta es la principal motivación de nuestras investigaciones. Hemos hecho balance de las que hemos considerado principales experiencias evaluadoras existentes en el ámbito público de Cataluña y España. Desde este análisis hemos podido determinar cuáles son las principales características que se han de contemplar en el diseño de un sistema evaluativo y, desde éstas, planteamos una tipología de los diferentes sistemas de evaluación.

Ante la polisemia del término absentismo, un intento de concreción de las condiciones necesarias del concepto

[spa] Las distintas aproximaciones al absentismo que se han realizado desde diferentes ramas del conocimiento: económico, legal, médico y psicosocial, no sólo no han ayudado a definir el concepto sino que han aportado una considerable confusión. Las múltiples invocaciones al término se mueven en una escala de generalidad en la que la mayor intensión correlaciona negativamente con la extensión. Porque cuando se asimila cualquier ausencia del puesto de trabajo con el absentismo, casi todo cabe; pero el concepto se vuelve vago y se pierde en una mezcolanza de adjetivos que no permiten avanzar en su comprensión. Si por el contrario, sólo denominamos absentismo a las conductas que tengan los atributos básicos, muchas de las definiciones que hemos analizado no versarán sobre absentismo. Pero como contrapartida, tendremos una referencia conceptual desde la que estudiar y afrontar el fenómeno. Para nosotros son tres las condiciones necesarias, aunque no suficientes por sí mismas, que permiten afrontar el absentismo como un fenómeno de interés politológico: la ausencia, la inexistencia de causa habilitante y la improductividad.

Should fiscal authorities cooperate in a monetary union with public deficit targets?

In this paper we analyse the setting of optimal policies in a monetary union with one monetary authority and various fiscal authorities that have a public deficit target. We will show that fiscal cooperation among the fiscal authorities, in the presence of positive supply shocks, ends up producing higher public deficits than in a non-cooperative regime. JEL No. E61, E63, F33, H0. Keywords: monetary union, fiscal policy coordination.

The private and fiscal returns to schooling and the effect of public policies on private incentives to invest in education: a general framework and some results for the EU

This paper develops a comprehensive framework for the quantitative analysis of the private and fiscal returns to schooling and of the effect of public policies on private incentives to invest in education. This framework is applied to 14 member states of the European Union. For each of these countries, we construct estimates of the private return to an additional year of schooling for an individual of average attainment, taking into account the effects of education on wages and employment probabilities after allowing for academic failure rates, the direct and opportunity costs of schooling, and the impact of personal taxes, social security contributions and unemployment and pension benefits on net incomes. We also construct a set of effective tax and subsidy rates that measure the effects of different public policies on the private returns to education, and measures of the fiscal returns to schooling that capture the long-term effects of a marginal increase in attainment on public finances under c

Social capital and government in the production of public goods

As a response to the rapidly growing empirical literature on social capital and the evidence of its correlation with government performance, we build a theoretical framework to study the interactions between social capital and government's action. This paper presents a model of homogeneous agents in an overlapping generations framework incorporating social capital as the values transmitted from parent to child. The government's role is to provide public goods. First, government expenditure is exogenously given. Then, it will be chosen at the preferred level of the representative agent. For both setups the equilibrium outcomes are characterized and the resulting dynamics studied. Briefly we include an analysis of the effect of productivity growth on the evolution of social capital. The results obtained caution caution against both the crowding out effect of the welfare state and the impact of sustained economic growth on social capital.

Personal redistribution and the regional allocation of public investment

How should an equity-motivated policy-marker allocate public capital (infrastructure) across regions. Should it aim at reducing interregional differences in per capita output, or at maximizing total output? Such a normative question is examined in a model where the policy-marker is exclusively concerned about personal inequality and has access to two policy instruments. (i) a personal tax-transfer system (taxation is distortionary), and (ii) the regional allocation of public investment. I show that the case for public investment as a significant instrument for interpersonal redistribution is rather weak. In the most favorable case, when the tax code is constrained to be uniform across regions, it is optimal to distort the allocation of public investment in favor of the poor regions, but only to a limited extent. The reason is that poor individuals are relatively more sensitive to public trans fers, which are maximized by allocating public investment efficiently. If! the tax code can vary across regions then the optimal policy may involve an allocation of public investment distorted in favor of the rich regions.