128 resultados para 5699 Otras especialidades jurídicas (Derecho Mercantil)


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Mediante este software se proporciona información sobre el mapa de camas de un hospital. Situación general y especica, según las diferentes especialidades u otras criterios.

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La formación del personal de la administración de justicia en el seno de una sociedad democrática constituye un proceso que implica a una pluralidad de sujetos y de cuyo resultado depende en buena medida el correcto funcionamiento de esta misma sociedad tanto desde la perspectiva del ciudadano como desde el necesario equilibrio entre los distintos poderes concurrentes. En una sociedad en la que se incrementa aceleradamente el nivel de incertidumbre la figura del juez, con su central competencia decisoria, cobra una significación muy relevante que condiciona forzosamente la orientación de su formación. Dejando a un lado el problema de su selección, que merece un comentario aparte, a la hora de preguntarse cuál debe ser la formación que debería tener un juez para el ejercicio de su función jurisdiccional es necesario partir de la definición de su perfil profesional y preguntarse por las habilidades que integran su competencia, así como por el camino metodológico para llegar a alcanzarla. La importante renovación que están experimentando los estudios en el campo del aprendizaje del derecho al hilo de las profundas transformaciones que están sacudiendo la actual sociedad democrática motiva un replanteamiento de la formación tradicional de jueces y fiscales, así como la del resto del personal de la Administración de Justicia. En este sentido es de apreciar ya propuestas educativas que con distintas formulaciones tienden a vincular las propuestas metodológicas a los estilos de aprendizaje y a los factores contextuales como referentes para la definición de los procesos de toma de decisiones. El trabajo que se presenta pretende indagar sobre la contribución del uso del aprendizaje basado en problemas como propuesta educativa y como estrategia metodológica adecuada para el el desarrollo de determinadas habilidades de pensamiento complejo que ocupan un lugar central en la tarea decisoria del juez. Una de las ventajas que posee el aprendizaje basado en problemas frente a otras propuestas consiste en el tratamiento holístico de las habilidades que integran la competencia del juez.

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La escuela ha estado siendo objeto de un conjunto de demandas para que se hiciera cargo de «todas» las problemáticas de «la» infancia. Este comienzo de siglo nos muestra, con inusitada crudeza, que la única institución pública hasta hoy entronizada por la política social para la educación de las jóvenes generaciones, la escuela, no es suficiente para dar cauce a las múltiples demandas emergentes. Se trata, por tanto, de que la escuela re-centre su función, poniendo coto a un exceso de acumulación de funciones, que, en realidad, pretende ocultar los nuevos designios de la globalización para la escuela pública: su desaparición como instancia democrática y democratizadora en la tramitación de las herencias culturales. El mundo ha cambiado. También el de los niños. La noción misma de sistema que se emplea: un único orden posible para encauzar a «la» infancia, se transforma en el principal obstáculo epistemológico para pensar nuevas maneras de sostener la responsabilidad pública ante las nuevas generaciones. Se trata de realizar un esfuerzo de invención para un siglo nuevo. Podríamos pensar, por ejemplo, en cómo dar soporte a los niños y a los adolescentes para que puedan mantener con éxito su escolaridad, y acceder a lo social en sentido amplio y plural. Tal vez pase por otorgarles estatuto de sujetos de derecho, con quienes es posible convenir propuestas, propulsar proyectos, discutir alternativas. La educación social puede aquí iniciar su andadura. Podríamos pensar también en cómo dar soporte a la escuela para que re-centre su función en la transmisión de los valiosos legados culturales y trabaje en red con otras instituciones, para que niños y adolescentes puedan realizar sus experiencias de movilidad y confrontación. En suma, se trata de apostar porque la educación recupere, ante los procesos de banalización y vaciamiento culturales, la transmisión como polea social y cultural que articule a los jóvenes con el mundo.

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La formación en Derecho ha sido tradicionalmente una formación que puede orientarse y resolverse en un abanico de posibilidades profesionales muy elevado. Sin embargo esta amplitud y diversidad de referentes profesionales no ha sido históricamente asumido por el modelo de formación general seguido por las universidades españolas, centralizado y orientado a un aprendizaje fundamentalmente memorístico de los contenidos a los que se somete a un tratamiento muy dogmático. No obstante existen enfoques estratégicos distintos, de calidad y contrastados, para la formación profesional en Derecho. Entre ellos, destaca el enfoque conocido como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). En este artículo se analizan los referentes que aportan sentido y valor a esta opción estratégica, se validan en datos empíricos las opiniones de los estudiantes y se analizan aquellos aspectos susceptibles de atención en su implementación y desarrollo en las aulas. Los estudiantes consideran que adquieren conocimientos y competencias que les ayudarán en la práctica profesional futura, valorando positivamente el reforzamiento de su autonomía, la interacción con los compañeros y con el profesor y el poder disponer de una"orientación hacia la acción" más o menos clara.

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Introducción. El efecto combinado de la reorganización mercantil de los servicios de salud, del aumento de las demandas sociales a la sanidad, de la tecnologización de la asistencia sanitaria y de la creciente presión asistencial genera notables cambios en las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. Objetivo: analizar la influencia de este nuevo entorno laboral en la salud y el bienestar ocupacional de los mismos. Método: Se diseñó una investigación que combinó metodologías cualitativa y cuantitativa. Participaron en ella unos tres cientos profesionales de la medicina y otros seiscientos de la enfermería empleados en hospitales de España y de varios países de América Latina, que respondieron un cuestionario que permitió recoger información sobre la valoración de los aspectos materiales, sociales y psicosociales de las condiciones de trabajo y las dimensiones cognitivas, emocionales y somáticas del bienestar laboral. Resultados. Los datos obtenidos pusieron de manifiesto la tendencia general a una relativa satisfacción con las condiciones de trabajo contrapesada por sentimientos ambivalentes asociados a la sobrecarga laboral percibida, a la densificación e intensificación del tiempo de trabajo, a la creciente incertidumbre por la carrera laboral y a los nuevos requerimientos técnicos y administrativos de la información que los profesionales deben producir y gestionar. Discusión. Estas constataciones convergen con las de otras investigaciones y plantean nuevos desafíos para la investigación y la intervención, en lo que concierne a la prevención de factores de riesgo psicosocial asociados a la sobrecarga de trabajo y a la presión asistencial; así como a la promoción de dispositivos organizacionales facilitadores de un entorno laboral saludable.

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La externalización mediante actores privados del uso de la fuerza en conflictos internos e internacionales es un fenómeno creciente que el artículo analiza desde la perspectiva de sus repercusiones en el respeto de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y tomando como caso de estudio en conflicto en Irak.

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La utilización de ADR en el ámbito de las reclamaciones de consumo tiene un marco legal específico en España ¿y también en la UE? desde 1993, que deriva de sus características especiales. Algunas son de cuño exclusivamente jurídico: se trata de reclamaciones en las que el marco legal aplicable es el denominado derecho de consumo; otras poseen un soporte básicamente fáctico: suelen tener poca entidad económica, es decir, entran en la categoría de lo que denominamos small claims, y el hecho de que las reclamaciones ¿en algunos supuestos que van en aumento? sean transfronterizas condiciona la opción entre jurisdicción tradicional y ADR, como también tendremos ocasión de analizar. Hay que añadir a estos elementos jurídicos y fácticos un elemento importante de política legislativa en un ámbito de la UE; los ADR se entienden como un instrumento básico para garantizar el acceso de los consumidores a la justicia, pero al mismo tiempo, en el ámbito del comercio electrónico, son un elemento de gran trascendencia en la creación de la denominada e-confidence. Por este motivo, se exploran continuamente formas de ODR (On-line Dispute Resolution). Los ODR pretenden la mayor eficacia ofreciendo un soporte técnico capaz de solucionar una controversia con o sin la intervención de un tercero, y dentro o fuera de la organización del empresario. De este modo, se usa un mismo expediente técnico para poner en marcha sucesivamente más de un ADR, o se potencian los mecanismos automáticos que prescinden de los conceptos jurídicos y, en medio de la exploración constante, España apuesta por el arbitraje electrónico de consumo en el RD 236/2008. A estos temas vamos a referirnos a continuación

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El Decreto de Nueva Planta (1716) suprimió las instituciones propias del Principado, derogó el derecho público e impidió la evolución del derecho privado catalán.1 Desde entonces, el derecho castellano o común y el llamado derecho foral o catalán configuraron un sistema jurídico que pervivió en Cataluña hasta que las sucesivas comisiones, proyectos codificadores y la promulgación de leyes generales del siglo XIX facilitaron la redacción definitiva del Código Civil (CC) español de 1889. Los códigos tendían a centralizar y uniformizar el ordenamiento jurídico, y restringían la pluralidad de fuentes y de ordenamientos de un país.

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El artículo expone la actividad de las instituciones en el ámbito de la política europea de medio ambiente. Se analiza también el papel de la Unión Europea en materia de cambio climático y biodiversidad.

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Uno de los temas que merece ser objeto de reflexión en el nuevo marco docente diseñado en España como consecuencia de la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior es el de la evaluación, pues ésta adquiere una nueva dimensión al colocarse el estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y al aplicarse un enfoque docente basado en competencias y, por ello, se hace necesario replantearse su naturaleza y el diseño de todos los elementos estructurales que la configuran. El objeto de nuestro trabajo se circunscribe a la evaluación de una competencia determinada en el primer curso de grado en Derecho y a la experiencia adquirida en distintas universidades, públicas y privadas, en los primeros años de su aplicación; centrándonos, en concreto, en el caso práctico semipresencial (trabajo colaborativo) como actividad decisiva para el aprendizaje de la competencia asignada a nuestra disciplina y procedimiento óptimo para evaluar su adquisición.

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El artículo parte de la situación estructural de hambre crónica que sufre una séptima parte de la humanidad y la contrapone a la vigencia del derecho humano a la alimentación. Analizamos el contenido jurídico de este derecho y nos centramos en el alcance de su exigibilidad, así como en las posibles vías para hacerla efectiva en derecho internacional actual.

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El acceso al agua potable y al saneamiento sin discriminación ha sido formalmente elevado a la condición de derecho humano internacionalmente reconocido en la resolución 64/292 de la Asamblea General, de 28 de julio de 2010. El propósito del artículo es dotar de contenido dicha declaración sobre la base de los trabajos del comité DESC y de la relatora especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, haciendo una especial referencia a la situación específica del continente europeo. Se desprenden de la investigación unos contenidos mínimos del derecho al agua y al saneamiento que los estados deben respetar en toda circunstancia.

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El VIII Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2012) que s'ha dut a terme a Barcelona els dies 9 i 10 de juliol de 2012 sota el títol genèric de "Reptes i oportunitats de l'entreteniment en línia", ha abordat alguns dels principals reptes als que s'enfronta la societat de la informació des de la perspectiva jurídica i politològica. Concretament, els temes centrals han estat el debat sobre l'entreteniment a la xarxa, així com altres qüestions relacionades amb Internet i els drets de propietat intel·lectual, la privacitat, la seguretat o la llibertat d'expressió.

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El análisis de la prueba electrónica en nuestro ordenamiento debe de tener en cuenta que dicha fuente de prueba ha sido introducida a partir de la LEC 1/2000, aun cuando la misma ya venía siendo atendida y considerada por nuestra jurisprudencia, así para el caso del fax.Uno de los problemas que nos encontramos es dilucidar el cómo accede al proceso ya sea penal o civil o bien de otras jurisdicciones, y ello no sólo por cuestiones de "logística", sino por razones procesales ya que en muchos casos los tribunales son reacios a que se aporten los soportes informáticos, y tienden más a que el propio contenido de la prueba electrónica se aporte mediante los medios de prueba tradicionales.El objeto del presente trabajo es dar unas pautas al profesional del derecho para que sepa qué caminos puede usar para que la prueba electrónica acceda al proceso con plenas garantías, y gozando de la seguridad jurídico-procesal ante una impugnación de la adversa.

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Grado en derecho Practicum Informe urbanismo autora Josefina Escobar Niebla