75 resultados para Comisión mercantil
Resumo:
Esta investigación está motivada por el interés por las suspensiones judiciales como medida más adecuada para determinados sujetos con perfiles toxicológicos y que requieren una intervención que se puede abordar en un contexto comunitario. Con el fin de valorar su eficacia, el equipo de investigadores se ha centrado en los índices de reincidencia y aquellos factores que pueden influir a partir del análisis estadístico de una muestra de 237 sujetos sometidos a la obligación de tratamiento de deshabituación. Observando el índice de reincidencia, en función del análisis de variables sociopersonales y judiciales de los sujetos, se buscan aquellos indicadores que pueden ser eficaces para reducir la comisión de nuevos hechos delictivos. De los resultados obtenidos, se concluye que variables como una buena adherencia familiar, la estabilidad laboral o la finalización correcta de un tratamiento de deshabituación aportan unos niveles de reincidencia bajos Asimismo, se justifica el otorgamiento de suspensiones judiciales como herramienta punitiva más eficaz para aquellos sujetos con características toxicológicas y necesidades rehabilitadoras debido a su adicción, dado que los niveles de reincidencia obtenidos en esta investigación aportan unos índices más bajos que los niveles actuales de reincidencia penitenciaria (siempre teniendo en cuenta la diferencia de perfiles). Se concluye en este estudio que la aplicación de estas medidas penales alternativas son una herramienta más integradora debido a que se desarrolla dentro del entorno comunitario.
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En el curso 2011-12 la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona ha iniciado la asignatura de "Trabajo Fin de Grado" (TFG) en los estudios de Farmacia. Esta asignatura consiste en la elaboración de un trabajo de integración que da lugar a una memoria escrita y a su exposición y defensa ante una comisión. En este primer año han cursado la asignatura un total de 159 alumnos. Los estudiantes se preinscriben a través de una plataforma digital y manifiestan sus preferencias en relación a los proyectos que ofrecen los diferentes Departamentos. Este proceso tiene como finalidad que cada estudiante quede asignado a un Departamento concreto para hacer el TFG
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En el curso 2011-12 la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona ha iniciado la asignatura de "Trabajo Fin de Grado" (TFG) en los estudios de Farmacia. Esta asignatura consiste en la elaboración de un trabajo de integración que da lugar a una memoria escrita y a su exposición y defensa ante una comisión. En este primer año han cursado la asignatura un total de 159 alumnos. Los estudiantes se preinscriben a través de una plataforma digital y manifiestan sus preferencias en relación a los proyectos que ofrecen los diferentes Departamentos. Este proceso tiene como finalidad que cada estudiante quede asignado a un Departamento concreto para hacer el TFG
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En el curso 2011-12 la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona ha iniciado la asignatura de "Trabajo Fin de Grado" (TFG) en los estudios de Farmacia. Esta asignatura consiste en la elaboración de un trabajo de integración que da lugar a una memoria escrita y a su exposición y defensa ante una comisión. En este primer año han cursado la asignatura un total de 159 alumnos. Los estudiantes se preinscriben a través de una plataforma digital y manifiestan sus preferencias en relación a los proyectos que ofrecen los diferentes Departamentos. Este proceso tiene como finalidad que cada estudiante quede asignado a un Departamento concreto para hacer el TFG
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En el curso 2011-12 la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona ha iniciado la asignatura de "Trabajo Fin de Grado" (TFG) en los estudios de Farmacia. Esta asignatura consiste en la elaboración de un trabajo de integración que da lugar a una memoria escrita y a su exposición y defensa ante una comisión. En este primer año han cursado la asignatura un total de 159 alumnos. Los estudiantes se preinscriben a través de una plataforma digital y manifiestan sus preferencias en relación a los proyectos que ofrecen los diferentes Departamentos. Este proceso tiene como finalidad que cada estudiante quede asignado a un Departamento concreto para hacer el TFG
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La trata de seres humanos constituye uno de los fenómenos criminales emergentes en la sociedad globalizada. La comunidad internacional emprendió una estrategia global contra este fenómeno a comienzos de los 2000, adoptando una política esencialmente criminalizadora. Más contemporáneamente, las políticas emprendidas contra este fenómeno pretenden abordarlo integralmente, incidiendo también en la prevención y esencialmente en la protección de las víctimas, que pasa por su identificación como tales. El Estado español ha efectuado en los últimos dos años esfuerzos para alcanzar los estándares internacionalmente establecidos para luchar contra este fenómeno. Sin embargo, el estudio empírico que aquí se presenta muestra como en el plano aplicativo queda todavía mucho por hacer. Se trata de un estudio cualitativo efectuado con 45 mujeres recluidas en dos Centros penitenciarios españoles algunas de las cuales han sido objeto de una grave victimización institucional. En el caso de 10 de estas mujeres, identificadas como víctimas de trata en este estudio, al padecimiento del proceso victimizador propio de haber sufrido los efectos de la trata de seres humanos, se suma la victimización integrada no sólo por no haber sido detectadas como víctimas de este fenómeno por el sistema, sino además por haber sido condenadas y hallarse recluidas cumpliendo condena por la comisión de un delito producida en fase de explotación del proceso de trata.
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Este trabajo aborda el estudio del tipo cualificado del delito de trata de personas cometido en el seno de organizaciones o asociaciones criminales introducido en el Código penal en la reforma de 2010. Con dicha finalidad, se analizan los mandatos de incriminación de esta forma de comisión del delito de trata en instrumentos normativos internacionales y se coteja la coherencia de la regulación interna española con las obligaciones de tipificación asumidas por el Estado español conforme a dichos instrumentos, analizando críticamente la duplicidad incriminatoria de esta manifestación delictiva en nuestro código penal. El estudio jurídico se completa con el análisis fenomenológico acerca de la relación entre el fenómeno de la trata de seres humanos y el de la delincuencia organizada.
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores” (1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como “no-personas” (3).
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores”(1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como“no-personas” (3).
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La Propuesta para la Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos, hecha pública por la Sección Primera, de Derecho Civil, de la Comisión General de Codificación española en 2009, introduce una nueva concepción del contrato civil, de manera especial incorpora el nuevo concepto de cumplimiento contractual que se defiende en los textos legales europeos sobre la compraventa y en el borrador del Commnon Frame of Reference, así como en la normativa europea sobre los Derechos de los consumidores. En este artículo se da cuenta de tales avances en cuanto pueden referirse, no solo al contrato de compraventa, regulado ex novo en la Propuesta, sino también al contrato de servicios. Se propone centrar la mirada también en este contrato y acometer su regulación.
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El trabajo propuesto consiste en implementar un sistema de BD para dar respuesta a una necesidad planteada para la Comisión Europea de la energía que necesita tener controlada la gestión del consumo energético que hacen las diferentes compañías implicadas en el suministro y control de este servicio.
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[spa] Para hacer frente a los riesgos relacionados con la contaminación atmosférica, es ampliamente aceptada la necesidad de instrumentos de política encaminados a reducir las emisiones. La intervención tiene por objeto reducir las conductas contaminantes y incentivar una conducta más respetuosa y el uso de tecnologías más eficientes. La Unión Europea cuenta con dos importantes mecanismos económicos para el control de emisiones a escala europea: la directiva sobre los impuestos energéticos, un instrumento de fiscalidad ambiental aprobado en 2003 que afecta el precio de los productos energéticos, y el sistema de comercio de los derechos de emisiones, introducido en 2005, que afecta directamente a la cantidad de emisiones de CO2. En 2011, la Comisión Europea propuso una nueva versión de la directiva sobre los impuestos energéticos. El objetivo principal de la propuesta es aumentar la eficacia del instrumento a través de una mayor presión fiscal sobre los productos energéticos y de coordinar este instrumento de fiscalidad medioambiental con el sistema de comercio de los derechos de emisiones, para establecer una señal de precio de CO2 coherente para todos los sectores. Sin embargo, en mayo de 2012 el Parlamento Europeo bloqueó la propuesta de la nueva versión del impuesto, y el proceso de actualización se detuvo. La preocupación principal parecía ser el efecto de dicha propuesta en la competitividad, en particular para los sectores que serían los más afectados dado el uso intensivo de los productos energéticos, como el sector del transporte. El objetivo de este estudio es analizar el efecto que la reforma de la directiva sobre los impuestos energéticos podría tener sobre el nivel de precios, en particular en los países de la Unión Europea donde esta reforma implicaría un aumento de los impuestos energéticos. Utilizando datos del proyecto “World Input-Output Database”, la principal conclusión es que el nuevo sistema de impuestos energéticos tendría un impacto muy bajo sobre los precios. Por lo tanto, dado que los precios no serían fuertemente afectados por la reforma, no habrá inconvenientes para la competitividad y implicaciones en términos de distribución, pero, por otro lado, este resultado también implica una baja capacidad de esta reforma para provocar cambios en el consumo y la producción hacia menos presiones ambientales.
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[spa] Para hacer frente a los riesgos relacionados con la contaminación atmosférica, es ampliamente aceptada la necesidad de instrumentos de política encaminados a reducir las emisiones. La intervención tiene por objeto reducir las conductas contaminantes y incentivar una conducta más respetuosa y el uso de tecnologías más eficientes. La Unión Europea cuenta con dos importantes mecanismos económicos para el control de emisiones a escala europea: la directiva sobre los impuestos energéticos, un instrumento de fiscalidad ambiental aprobado en 2003 que afecta el precio de los productos energéticos, y el sistema de comercio de los derechos de emisiones, introducido en 2005, que afecta directamente a la cantidad de emisiones de CO2. En 2011, la Comisión Europea propuso una nueva versión de la directiva sobre los impuestos energéticos. El objetivo principal de la propuesta es aumentar la eficacia del instrumento a través de una mayor presión fiscal sobre los productos energéticos y de coordinar este instrumento de fiscalidad medioambiental con el sistema de comercio de los derechos de emisiones, para establecer una señal de precio de CO2 coherente para todos los sectores. Sin embargo, en mayo de 2012 el Parlamento Europeo bloqueó la propuesta de la nueva versión del impuesto, y el proceso de actualización se detuvo. La preocupación principal parecía ser el efecto de dicha propuesta en la competitividad, en particular para los sectores que serían los más afectados dado el uso intensivo de los productos energéticos, como el sector del transporte. El objetivo de este estudio es analizar el efecto que la reforma de la directiva sobre los impuestos energéticos podría tener sobre el nivel de precios, en particular en los países de la Unión Europea donde esta reforma implicaría un aumento de los impuestos energéticos. Utilizando datos del proyecto “World Input-Output Database”, la principal conclusión es que el nuevo sistema de impuestos energéticos tendría un impacto muy bajo sobre los precios. Por lo tanto, dado que los precios no serían fuertemente afectados por la reforma, no habrá inconvenientes para la competitividad y implicaciones en términos de distribución, pero, por otro lado, este resultado también implica una baja capacidad de esta reforma para provocar cambios en el consumo y la producción hacia menos presiones ambientales.
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Introducción. El efecto combinado de la reorganización mercantil de los servicios de salud, del aumento de las demandas sociales a la sanidad, de la tecnologización de la asistencia sanitaria y de la creciente presión asistencial genera notables cambios en las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. Objetivo: analizar la influencia de este nuevo entorno laboral en la salud y el bienestar ocupacional de los mismos. Método: Se diseñó una investigación que combinó metodologías cualitativa y cuantitativa. Participaron en ella unos tres cientos profesionales de la medicina y otros seiscientos de la enfermería empleados en hospitales de España y de varios países de América Latina, que respondieron un cuestionario que permitió recoger información sobre la valoración de los aspectos materiales, sociales y psicosociales de las condiciones de trabajo y las dimensiones cognitivas, emocionales y somáticas del bienestar laboral. Resultados. Los datos obtenidos pusieron de manifiesto la tendencia general a una relativa satisfacción con las condiciones de trabajo contrapesada por sentimientos ambivalentes asociados a la sobrecarga laboral percibida, a la densificación e intensificación del tiempo de trabajo, a la creciente incertidumbre por la carrera laboral y a los nuevos requerimientos técnicos y administrativos de la información que los profesionales deben producir y gestionar. Discusión. Estas constataciones convergen con las de otras investigaciones y plantean nuevos desafíos para la investigación y la intervención, en lo que concierne a la prevención de factores de riesgo psicosocial asociados a la sobrecarga de trabajo y a la presión asistencial; así como a la promoción de dispositivos organizacionales facilitadores de un entorno laboral saludable.
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Este trabajo investiga la relación existente entre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los indicadores financieros (Rentabilidad financiera, rentabilidad económica, solvencia y endeudamiento) de las empresas no financieras del IBEX 35. Como medida de la RSC se ha utilizado el índice publicado por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa de las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 de los ejercicios comprendidos entre el período 2007-2010. La fuente de datos referentes a los indicadores financieros de las empresas de este índice bursátil proceden del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) que contiene información financiera depositada en el Registro Mercantil. El principal resultado alcanzado se concreta en la correlación nula entre los indicadores de calidad de la RSC y los financieros. También se ha detectado una evolución positiva de los indicadores de calidad de información de la RSC a lo largo del período analizado aunque sigue siendo necesaria una mayor transparencia para apostar decididamente por la RSC.