Mujeres víctimas de trata en prisión en España

La trata de seres humanos constituye uno de los fenómenos criminales emergentes en la sociedad globalizada. La comunidad internacional emprendió una estrategia global contra este fenómeno a comienzos de los 2000, adoptando una política esencialmente criminalizadora. Más contemporáneamente, las políticas emprendidas contra este fenómeno pretenden abordarlo integralmente, incidiendo también en la prevención y esencialmente en la protección de las víctimas, que pasa por su identificación como tales. El Estado español ha efectuado en los últimos dos años esfuerzos para alcanzar los estándares internacionalmente establecidos para luchar contra este fenómeno. Sin embargo, el estudio empírico que aquí se presenta muestra como en el plano aplicativo queda todavía mucho por hacer. Se trata de un estudio cualitativo efectuado con 45 mujeres recluidas en dos Centros penitenciarios españoles algunas de las cuales han sido objeto de una grave victimización institucional. En el caso de 10 de estas mujeres, identificadas como víctimas de trata en este estudio, al padecimiento del proceso victimizador propio de haber sufrido los efectos de la trata de seres humanos, se suma la victimización integrada no sólo por no haber sido detectadas como víctimas de este fenómeno por el sistema, sino además por haber sido condenadas y hallarse recluidas cumpliendo condena por la comisión de un delito producida en fase de explotación del proceso de trata.

Políticas criminalizadoras de la prostitución en España: efectos sobre las trabajadoras sexuales

España no ha mantenido tradicionalmente una política clara en materia de prostitución. Se trata de una actividad cuyo ejercicio no está regulado, pero que tampoco había sido prohibido, salvo cuando implicaba a menores de edad o a adultos que la ejercían de manera forzada. Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un claro viraje hacia la criminalización de las conductas relacionadas con la prostitución voluntaria. Los ayuntamientos de varias ciudades españolas han prohibido el ejercicio del trabajo sexual en las calles, multando a trabajadores sexuales y clientes. Esta política se ha implementado, entre otras ciudades, en Lleida (Cataluña). Con el objeto de conocer qué efectos ha tenido la sanción de estas conductas en el desarrollo del trabajo sexual, se ha realizado en esta ciudad un estudio, encuestando a 79 trabajadoras sexuales extranjeras y entrevistando en profundidad a 20 de ellas, cuyos resultados se exponen aquí.