La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

Tax reforms and inequality: theoretical and empirical implications

In this paper we examine the effect of tax policy on the relationship between inequality and growth in a two-sector non-scale model. With non-scale models, the longrun equilibrium growth rate is determined by technological parameters and it is independent of macroeconomic policy instruments. However, this fact does not imply that fiscal policy is unimportant for long-run economic performance. It indeed has important effects on the different levels of key economic variables such as per capita stock of capital and output. Hence, although the economy grows at the same rate across steady states, the bases for economic growth may be different.The model has three essential features. First, we explicitly model skill accumulation, second, we introduce government finance into the production function, and we introduce an income tax to mirror the fiscal events of the 1980¿s and 1990¿s in the US. The fact that the non-scale model is associated with higher order dynamics enables it to replicate the distinctly non-linear nature of inequality in the US with relative ease. The results derived in this paper attract attention to the fact that the non-scale growth model does not only fit the US data well for the long-run (Jones, 1995b) but also that it possesses unique abilities in explaining short term fluctuations of the economy. It is shown that during transition the response of the relative simulated wage to changes in the tax code is rather non-monotonic, quite in accordance to the US inequality pattern in the 1980¿s and early 1990¿s.More specifically, we have analyzed in detail the dynamics following the simulation of an isolated tax decrease and an isolated tax increase. So, after a tax decrease the skill premium follows a lower trajectory than the one it would follow without a tax decrease. Hence we are able to reduce inequality for several periods after the fiscal shock. On the contrary, following a tax increase, the evolution of the skill premium remains above the trajectory carried on by the skill premium under a situation with no tax increase. Consequently, a tax increase would imply a higher level of inequality in the economy

Tax reforms and inequality: theoretical and empirical implications

In this paper we examine the effect of tax policy on the relationship between inequality and growth in a two-sector non-scale model. With non-scale models, the longrun equilibrium growth rate is determined by technological parameters and it is independent of macroeconomic policy instruments. However, this fact does not imply that fiscal policy is unimportant for long-run economic performance. It indeed has important effects on the different levels of key economic variables such as per capita stock of capital and output. Hence, although the economy grows at the same rate across steady states, the bases for economic growth may be different.The model has three essential features. First, we explicitly model skill accumulation, second, we introduce government finance into the production function, and we introduce an income tax to mirror the fiscal events of the 1980¿s and 1990¿s in the US. The fact that the non-scale model is associated with higher order dynamics enables it to replicate the distinctly non-linear nature of inequality in the US with relative ease. The results derived in this paper attract attention to the fact that the non-scale growth model does not only fit the US data well for the long-run (Jones, 1995b) but also that it possesses unique abilities in explaining short term fluctuations of the economy. It is shown that during transition the response of the relative simulated wage to changes in the tax code is rather non-monotonic, quite in accordance to the US inequality pattern in the 1980¿s and early 1990¿s.More specifically, we have analyzed in detail the dynamics following the simulation of an isolated tax decrease and an isolated tax increase. So, after a tax decrease the skill premium follows a lower trajectory than the one it would follow without a tax decrease. Hence we are able to reduce inequality for several periods after the fiscal shock. On the contrary, following a tax increase, the evolution of the skill premium remains above the trajectory carried on by the skill premium under a situation with no tax increase. Consequently, a tax increase would imply a higher level of inequality in the economy

La política monetaria europea y sus posibles repercusiones sobre la economía española

La política monetaria llevada a cabo por parte de la Reserva Federaly el Bundesbank durante los últimos años puede caracterizarse con bastante precisión mediante una regla de tipo de interés como la propuesta por Taylor (1994). La forma que toma la regla de Taylor es similar a la de la regla óptima de política monetaria que se obtiene como solución del problema de un banco central preocupado por estabilizar la inflación y el producto, en el contexto de un modelo keynesiano convencional. Esta propiedad, junto con el éxito notable de las autoridades monetarias alemanas y norteamericanas en el mantenimiento sostenido de un nivel de inflación bajo y estable, justifican el uso de la regla de Taylor como una primera aproximación al comportamiento esperado y deseable por parte del banco central de un país industrializado y, por lo tanto, a la futura política monetaria del BCE.Teniendo tal consideración como punto de partida, se ha llevado a cabo una evaluación de las posibles repercusiones de la integración en la UME sobre la economía española. Dicha evaluación se ha basado en tres ejercicios complementarios: (a) el análisis de la experiencia española a partir de la entrada en el SME, (b) el comportamiento de un índicede tensión monetaria que refleja las discrepancias entre el tipo de interés generado por la regla de Taylor para la Unión Europea y para España, y (c) la simulación de un modelo estructural.Por lo general, los resultados de dichos ejercicios sugieren que los costes para la economía española de renunciar a una política monetaria propia deberían ser muy limitados, por lo menos en la medida en que (a) el BCE siga una política monetaria consistente con la regla de Taylor, y (b) el grado de sincronización del ciclo económico y la inflación española con sus homólogos europeos sea parecido al observado en el pasado reciente. Cabe esperar que los costes de la integración monetaria tomen la forma de una mayor volatilidad del producto y de la inflación, resultante de una mayor persistencia en los efectos de los shocks de oferta y demanda domésticos. Estos costes deberían contrastarse con las ventajas de pertenecer a la unión monetaria europea que son independientes del grado de estabilidad macroeconómica (baja inflación, aumento de la competencia, contribución a la integración política, etc....).Dicha conclusión podría modificarse si se produjese en un futuro una disminución significativa en el grado de correlación entre shocks domésticos (a nivel de España) y shocks agregados (a nivel de la UME), aunque no hay motivo para anticipar un cambio en tal sentido. En cualquier caso, el presente trabajo sugiere un simple indicador (el índice de tensión monetaria desarrollado en la Sección 5), que nos permitirá cuantificar la medida en que la política monetaria del BCE se ajusta a las necesidades e intereses de la economía española.