38 resultados para Análisis económico del derecho


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El mundo ha evolucionado imparablemente en el último siglo. El hombre ha dado ungran salto en el progreso modificando los sistemas productivos, el ritmo de vida eincluso la organización económica. Varias son las voces de alarma que se han alzado enlos últimos años poniendo de relieve las nefastas consecuencias que todo elloproyectaba sobre el medio ambiente. Y es que el progreso ha ido innegablemente ligadoa otro nuevo concepto: la contaminación.La preocupación por adaptar sistemas productivos sostenibles, reduciendo el impactoambiental, ha ido en aumento implicando a los gobiernos y los entes internacionales. Unimportante instrumento para reducir el impacto medioambiental ha sido laconcienciación y la educación de la población pero, desafortunadamente, es una tareaque requiere mucho tiempo, por lo que, acorto plazo, no siempre es suficiente. Por ello,en los últimos años, se ha sucedido un aluvión de normas cuyo objetivo se centra en lapreservación del medioambiente imponiendo obligaciones a los ciudadanos a fin de irmoldeando actitudes sostenibles.El presente trabajo se centra en el análisis de las normas administrativas en materiamedioambiental. Nuestro estudio pretende analizar si los incentivos económicos que deellas se derivan son suficientes para imprimir una actitud cívica y respetuosa con elmedio ambiente o, si de lo contrario, el legislador se ha de servir de instrumentos másseveros como las sanciones penales o la clausura de actividades empresariales. Unapregunta clave se esconde tras este estudio ¿es rentable económicamente cumplir lanormativa medioambiental?Las principales conclusiones que hemos alcanzado tras la realización de este estudiogravitan sobre la idea de que los incentivos económicos son muy débiles como paraconseguir guiar la conducta de los empresarios conduciéndola al cumplimiento de lanormativa. Son necesarias medidas más drásticas, más coercitivas, para conseguir laadecuación del comportamiento de los agentes económicos. Lamentablemente, laAdministración no les puede conceder la libertad de decidir cumplir o no cumplir, bajola amenaza de la sanción económica. Por el contrario, debe imprimir sobre el agenteeconómico un grado superior de fiscalización, controlando, antes del inicio de suactividad, la adecuación de su comportamiento a la normativa de protección del medioambiente, bajo pena de no poder desarrollar su empresa.Sin embargo, nuestro estudio también arroja conclusiones esperanzadoras: a pesar deque el análisis económico de la normativa conduce al empresario a la solución óptimade no cumplir, las medidas alternativas emprendidas por la Administración van forjandoen la mente de los agentes económicos la percepción de que el desarrollo sostenible esuna obligación, más allá de los incentivos pecuniarios, y las medidas en pro de lapreservación del medio ambiente se van convirtiendo, con el paso del tiempo, enacciones que indudablemente se tienen que emprender. Por ello, la idea central quedebemos extraer de este estudio es que, a pesar de que las sanciones -económicas o deotro tipo- son necesarias para reorientar la conducta de los empresarios, toda vez queotorgan incentivos para actuar de una forma que no lo hubieran hecho en el ejercicio dela más absoluta libertad, al final lo que verdaderamente lleva a conjugar los interesespúblicos y privados es la concienciación de los individuos, su educación y elafianzamiento de la creencia de que el mundo es un pequeño paraíso que debemoscuidar. Cueste lo que cueste.

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Este trabajo aspira a plantear en qué estado se halla actualmente la regulación de la intervención de las comunicaciones telefónicas en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro enfoque en el presente trabajo será plantearnos la legitimidad o licitud de las medidas de intervención telefónica así como su ámbito de validez y eficacia a efectos de su utilización en el proceso penal en el sentido de qué límites o controles deben establecerse. Asimismo analizaremos el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones consagrado en el art. 18.3 de la Constitución y la regulación positiva de dicho derecho en nuestro ordenamiento jurídico. En definitiva, se trata de plantear la problemática en términos amplios para posteriormente profundizar y abordar cuestiones de gran relevancia tales como qué sucede o qué tratamiento debe darse a los llamados hallazgos casuales o a la prueba ilegalmente obtenida, elementos que debido a su extensión trataremos de una forma puntual y que serán objeto de desarrollo en un trabajo posterior.

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En el presente trabajo se ponen de manifiesto los numerosos problemas del análisis económico convencional en la evaluación de las políticas de mitigación del cambio climático causado antropogénicamente. Tras señalar las principales características del fenómeno, se destacan las muchas limitaciones, arbitrariedades y omisiones que han caracterizado a la mayoría de modelos aplicados hasta el momento. Éstas actúan de forma casi abrumadora sesgando el resultado hacia la recomendación de una menor agresividad en las políticas de mitigación. En consecuencia, se cuestiona que los resultados obtenidos por los modelos convencionales de evaluación den una respuesta adecuada al problema. A continuación, se señalan algunos de los puntos que deberían tenerse en cuenta para realizar un análisis de las políticas de mitigación coherente con el desarrollo sostenible. Finalmente, se recogen las principales conclusiones del trabajo.

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Objetivos: Describir el proyecto Google books y analizarlo desde la perspectiva legal, teniendo en cuenta los tres agentes principales implicados en el mismo: Google, los titulares de derechos de propiedad intelectual y las bibliotecas. Metodología: Análisis legal comparado (legislaciones de Estados Unidos, Francia y España) de las implicaciones del proyecto Google books sobre los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Estudio de las demandas planteadas contra Google en Estados Unidos y en Europa, así como las posibles consecuencias del acuerdo de conciliación adoptado por Google y las asociaciones de autores y editores en Estados Unidos. Resultados: Google books ha supuesto una infracción masiva de derechos de propiedad intelectual. Para determinar si los libros que se encuentran en una biblioteca han entrado o no el dominio público, es preciso determinar previamente qué ley nacional resulta aplicable a cada libro. La puesta a disposición en Google books de obras descatalogadas y únicamente de fragmentos de libros que se encuentran a la venta no puede llevarse a cabo sin laautorización de los titulares. En el caso de las obras huérfanas, su explotación exige la adopción de ciertas medidas previas para garantizar los derechos de los titulares, en el caso de que estos lleguen a conocerse. El acuerdo de conciliación adoptado en Estados Unidos entre Google y las asociaciones de autores y editores puede implicar una posición de monopolio por parte de Google en relación a la venta de los libros descatalogados y de las obras huérfanas.

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En este trabajo, se presenta un estudio de la situación económica y financiera del conjunto de cooperativas productoras de aceite de oliva inscritas en la Denominación de Origen Protegida «Les Garrigues» (DOPG) (Lleida). A partir de las cuentas anuales de dichas entidades se realiza un análisis de los estados financieros desde el punto de vista patrimonial, financiero y económico mediante la técnica de las ratios. De los resultados obtenidos, hemos podido observar que las cooperativas productoras de aceite de la Denominación de Origen Garrigues presentan un reducido volumen de actividad y tienen una baja capacidad de crecimiento, y la financiación ajena a corto plazo supone un porcentaje muy elevado en el conjunto de los fondos ajenos.

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En Riegel v. Medtronic Inc. (552 U.S.__2008; February 20, 2008), el Sr. Riegel tuvo que ser sometido a un by-pass como consecuencia de la rotura del catéter, fabricado por Medtronic, con el que su médico le practicaba una angioplastia. A pesar de que el catéter había obtenido la autorización de comercialización de la FDA y cumplía los requisitos de seguridad previstos por el sistema regulatorio federal, el Sr. Riegel y su mujer interpusieron una acción de daños contra Medtronic –y no contra el médico- conforme a las reglas de responsabilidad civil objetiva y por negligencia del Common Law neoyorquino. Sin embargo, el Tribunal Supremo federal de los EE.UU., en ponencia del Magistrado Antonin Gregory Scalia, votó, por mayoría de ocho magistrados, rechazar el recurso de la Sra. Riegel y confirmar la sentencia de segunda instancia, desestimatoria de la demanda, porque consideró que la regla de primacía del derecho regulatorio federal sobre seguridad de productos sanitarios [Medical Device Amendments de 1976, 21 U.S.C. Artículo 360k(a)] excluye la aplicabilidad no sólo del derecho regulatorio estatal sobre seguridad de productos sanitarios, sino también del Common Law sobre responsabilidad civil del fabricante.

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En este trabajo, se presenta un estudio de la situación económica y financiera del conjunto de cooperativas productoras de aceite de oliva inscritas en la Denominación de Origen Protegida «Les Garrigues» (DOPG)(Lleida). A partir de las cuentas anuales de dichas entidades se realiza un análisis de los estados financieros desde el punto de vista patrimonial, financiero y económico mediante la técnica de las ratios. De los resultados obtenidos, hemos podido observar que las cooperativas productoras de aceite de la Denominación de Origen Garrigues presentan un reducido volumen de actividad y tienen una baja capacidad de crecimiento, y la financiación ajena a corto plazo supone un porcentaje muy elevado en el conjunto de los fondos ajenos.

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En el ámbito de la Economía de la Empresa tiene mucha importancia el estudio de los gastos de producción E(Q) que se originarán en el proceso y que generalmente vendrán expresados matemáticamente por una dependencia lineal o cuadrática de las unidades Q que se proponen fabricar. Supondremos, además, que esta función está afectada por dos restricciones: una es de productividad, Q1 ≤ Q2 ≤ Q3 , y otra de limitación de gastos máximos permitidos, E(Q) ≤ EM . En el presente artículo partiremos de una función cuadrática nítida, en la cual justificaremos el signo de los coeficientes que hemos empleado. Después, para adentrarnos en el campo fuzzy, la generalizaremos con otra de coeficientes borrosos. Naturalmente, la nueva función borrosa ya no se expresará a través de una única curva, sino que estará constituida por un haz infinito de curvas nítidas, cada una de ellas con un determinado grado de posibilidad. Centramos nuestra atención en las curvas que llamamos central, inferior y superior. El núcleo de nuestro análisis consistirá básicamente en reducir paulatinamente los soportes de los coeficientes hasta hallar un cierto valor k del α-corte, de manera que a partir de él todas las curvas del haz borroso tengan sentido económico y cumplan las dos restricciones impuestas. En último lugar, y a través de un caso numérico, comprobaremos las deducciones teóricas que hemos obtenido en el análisis anterior

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A principis dels anys 80 es va implementar a Espanya un sistema de regulació pel sector elèctric conegut com a Marco Legal Estable, que pretenia donar una solució a la situació de precarietat econòmica i financera per la que passava la indústria en aquests moments. Aquest marc legal es basava en un sitema multiproducte, en el que es retribuïa a les empreses no pels costos efectivaments 'incurridos', sino per uns costos estàndards calculats pel regulador d'igual manera per a totes les empreses. En aquest treball s'analitzan les conseqüències que va tenir l'aplicació d'aquest sistema de regulació en l'activitat de distribució elèctrica.

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Este trabajo analiza los lazos existentes entre productividad, innovación e investigación a nivel de empresa utilizando una extensión del modelo estructural de función de producción de Crépon, Duguet y Mairesse (1998). El modelo explica la productividad por medio de la innovación y, la innovación a través de la inversión en investigación. El estudio se realiza para las empresas del sector manufacturero español utilizando datos provenientes de la Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2004. Se corrigen los sesgos de selectividad y simultaneidad que se presentan dadas las características estadísticas de los datos y de las relaciones económicas entre las variables: sólo una pequeña proporción de las empresas realizan actividades de investigación; y la investigación, innovación y productividad se determinan de forma endógena. Al aplicar la forma tradicional de estimación del modelo se encuentran resultados muy similares a trabajos anteriores realizados para España. Sin embargo, se demuestra que dicha formulación no produce estimaciones consistentes, por lo que aquí se utilizan extensiones alternativas, y se exploran nuevas especificaciones para las decisiones de realizar actividades internas de investigación y desarrollo.

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La Directiva és una norma de resultat. Quan els Estats membres incompleixen la seva obligació de transposar la Directiva en termini i correctament al Dret intern, el principi d’efecte directe, com a construcció jurisprudencial, permet als particulars invocar la Directiva en front de l’Estat. El Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees és contrari a l’aplicació de l’efecte directe horitzontal o entre particulars de la Directiva. Si l’efecte directe no és d’aplicació, per pal•liar l’ incompliment entren en joc el principi d’interpretació conforme o el principi de responsabilitat de l’Estat infractor pels danys ocasionats.

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El objetivo principal del estudio ha sido responder a la cuestión sobre los marcos cognitivos e institucionales que soportan las Políticas Penitenciarias de Dinamarca, Francia, Reino Unido y Gales, y Canadá. Se presentan pautas de comparación, analizando los discursos presentes de fuentes directas e indirectas.

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El present Treball de Fi de Carrera desenvolupa un anàlisi del concepte y el Dret de la competència, orientat a establir els fonaments per a la configuració de la normativa comunitària sobre l’abús de la posició dominant y la seva vertebració en el cas Microsoft. Tot això de forma que permeti, en ultima instancia, resoldre si Google podria vulnerar el dret europeu de la competència.

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Projecte de recerca elaborat a partir d’una estada al Centro di Documentazione Europea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona,Itàlia , entre setembre del 2007 i l’agost del 2008. Tot i que, generalment, la doctrina penalista encara no és gaire inclinada a reconèixer que les comunitats europees ostentin cap tipus de competència penal, el cert és que a través de certes vies indirectes s’ha anat creant la base d’un Dret penal europeu. Més encara, i fixant-los en les darreres sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i en el procés de ratificació del Tractat de Lisboa, sembla poder afirmar-se la creació d’un Dret penal europeu creat directament per les institucions comunitàries, si bé amb la deguda atenció al principi de subsidiarietat per part dels parlaments nacionals que, al seu torn, permeten assegurar el respecte al principi de legalitat penal i a les garanties i llibertats individuals, patrimoni de la Ciència penal europea.