Etica y política en la novela y el ensayo de José Saramago

Al plantear la dimensión ético-política de un texto se presupone un análisis axiológico de los valores que sostiene y sustrae en su emergencia discursiva, esto es la imagen de mundo, la concepción filosófica en que se sustenta y la voluntad práctica que propicia. Una lectura ético-política de un texto –en este orden– supone «usarlo» (al menos en el sentido que Humberto Eco le concede) al «autotelizarlo», es decir, transformarlo en vehículo de una reflexión colectiva. Potenciarlo en sus posibilidades y tornarlo acontecimiento de lenguaje; pragmatizarlo en su intención para leerlo documentaria y documentalmente, sin dejar de reconocerlo como ente en sí mismo. Se está haciendo referencia –claro está– a las implicancias ético-culturales y ético-políticas que los textos literarios presuponen, pero también a una dimensión productiva que opera en su enunciación, aquella que Saramago refiere cuando proclama la necesidad de una «insurrección ética» que devuelva a los seres humanos la capacidad de responsabilizarse de su lugar en el mundo. De allí el imperativo categórico que se imprime en sus textos y que al Equipo Saramaguiano de Teoría y Crítica Literarias le interesa explicitar. La lectura propuesta por el Equipo de investigación, además de explorar las potencialidades significativas de los textos, pretende contribuir a través de ellas a una segunda lectura, de orden refractaria esta última, es decir, inscripta en una dimensión situada: la perspectiva latinoamericana. No se trata de explorar el significado en sí mismo ni de ordenarlo conforme a una coordenada que le es referencialmente precisa, sino de aportar reflexiva y responsablemente a un análisis más profundo de la realidad inmediata en la que habitamos como investigadores. Se busca –en suma– potenciar los procedimientos heurísticos al máximo pero hacerlos conscientes de una mirada propia, al costurarlos con «nuestro» aquí y ahora de universitarios latinoamericanos.

Observatorio sobre Pobreza en América Latina de la Red de Universidades Latinoamericanas confiadas a la Compañía de Jesús

La “Red de Homólogos de Pobreza de AUSJAL”, en el marco de una decidida voluntad institucional de las universidades jesuitas de América Latina deoptar estratégicamente por contribuir a la comprensión y la superación de la pobreza en la región, ha puesto en marcha el “Observatorio sobre Pobreza en América Latina de AUSJAL”, un proyecto de investigaciónacción con el cuál se espera fortalecer la capacidad de las Universidades de aportar a la superación de la pobreza en el continente. El objetivo general del proyecto es construir un instrumento de diagnóstico, seguimiento y evaluación sobre el estado de la pobreza en el continente, con miras a generar información académica actualizada que permita impulsar la voz de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en materia de compromiso social e incidir en los decisores de políticas públicas en cada uno de nuestros países. Para el cumplimiento de ese objetivo el proyecto de investigación se ha estructurado en base a tres componentes. Un primer componente denominado Monitor Social Latinoamericano (MSL) que tiene como producto una publicación de un conjunto de reportes nacionales y uno consolidado para América Latina con periodicidad de cada 18 meses; un segundo componente denominado Análisis de políticas Sociales Para la Superación de la Pobreza en América Latina (APSN) con el cual se espera definir un marco metodológico común y una agenda temática por edición que acompañe la publicación del primer componente en una edición de gran volumen con sus respectivos “resúmenes ejecutivos”; y un tercer componente denominado Desarrollo de Capacidades para el trabajo en Red (DCTR) encargado de la coordinación académica y editorial, la gestión administrativa y, muy especialmente, al fortalecimiento de las capacidades institucionales de las universidades para la gestión de conocimiento en red

Participación ciudadana y rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: alcances, limitaciones, y contribuciones para su fortalecimiento (Programa: indicadores ciudadanos y participación para una ciudad justa, democrática y sustentable).

Una concepción multidimensional del desarrollo sostiene que la calidad de las instituciones y las prácticas democráticas importan en la generación de condiciones efectivas para la gobernabilidad democrática en las sociedades. Cada contexto sociopolítico estructura y es estructurado a partir de los modos en que se organizan y llevan a cabo los procesos de toma decisión respecto de cuestiones fundamentales que hacen a la vida en sociedad y al interés público. La posibilidad de orientar el desarrollo y la definición de qué tipo de desarrollo se propone están fuertemente condicionada por el grado de inclusión de los actores en esas definiciones. Por ello la cuestión de la democratización es considerada un tema de central interés a la hora de pensar el desarrollo local. La democracia local constituye, a la vez, un objetivo y un medio para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sustentables. En nuestras sociedades existen, sin embargo, obstáculos estructurales e institucionales que dificultan la posibilidad de ampliar y democratizar los procesos de formación de la voluntad colectiva y restringen y dificultan la sostenibilidad y legitimidad social de los acuerdos. Este proyecto sostiene, por un lado, que la posibilidad de democratizar los procesos de toma de decisión requieren de la generación de condiciones que hagan factibles y efectivos la participación ciudadana y la rendición de cuentas, restableciendo de este modo un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad. La posibilidad de mayor o menor inclusión y representatividad de las decisiones públicas es dependiente del mayor o menor grado de participación de la sociedad sociedad civil y la ciudadanía en dichos procesos de decisión, y la participación está, a su vez, fuertemente condicionada por la posibilidad efectiva que tienen los ciudadanos de informarse sobre los procesos sociales, sobre los criterios que orientan las decisiones y sobre las acciones llevadas a cabo por los agentes estatales. Sin información y rendición de cuentas no hay posibilidad de formación de una opinión pública crítica y autónoma capaz de argumentar y defender eficazmente diferentes posicionamientos, de incluirlos en la agenda de discusión y en los procesos de decisión, y de monitorear las políticas públicas. Pero por otro lado, la participación es también condicionada por los marcos institucionales, la estructura y procesos previstos para viabilizarla y por las prácticas tanto de los agentes estatales como de los propios ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. El presente proyecto se propone analizar los alcances y limitaciones de las instituciones y prácticas vinculadas a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas en el ámbito de la ciudad de Córdoba, a fin de contribuir a la discusión pública y abordaje de los obstáculos identificados, aportando al fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para emprender procesos de desarrollo local sostenibles y democráticos. Para ello focalizará principalmente en: 1- Mecanismos horizontales de rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: pedidos de informes del concejo deliberante al departamento ejecutivo, concurrencia de intendentes y secretarios al recinto y/o comisiones, monitoreo de la implementación de la ordenanza 11.942 (Plan de Metas de Gobierno) por parte del concejo deliberante, entre otros. 2- Acceso a la Información Pública: implementación de la Ordenanza 11.877 de AIP, la estructura organizativa municipal y los procesos y sistemas de producción y acceso a la información, entre otros, 3- Democracia Participativa e institutos de democracia semi-directa en la ciudad de Córdoba: Juntas de Participación Vecinal, Presupuesto Participativo, Audiencias Públicas. 4- Los procesos de definición, ejecución y control presupuestario en la Ciudad de Córdoba.

Participación ciudadana y rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: alcances, limitaciones, y contribuciones para su fortalecimiento (Programa: indicadores ciudadanos y participación para una ciudad justa, democrática y sustentable).

Una concepción multidimensional del desarrollo sostiene que la calidad de las instituciones y las prácticas democráticas importan en la generación de condiciones efectivas para la gobernabilidad democrática en las sociedades. Cada contexto sociopolítico estructura y es estructurado a partir de los modos en que se organizan y llevan a cabo los procesos de toma decisión respecto de cuestiones fundamentales que hacen a la vida en sociedad y al interés público. La posibilidad de orientar el desarrollo y la definición de qué tipo de desarrollo se propone están fuertemente condicionada por el grado de inclusión de los actores en esas definiciones. Por ello la cuestión de la democratización es considerada un tema de central interés a la hora de pensar el desarrollo local. La democracia local constituye, a la vez, un objetivo y un medio para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sustentables. En nuestras sociedades existen, sin embargo, obstáculos estructurales e institucionales que dificultan la posibilidad de ampliar y democratizar los procesos de formación de la voluntad colectiva y restringen y dificultan la sostenibilidad y legitimidad social de los acuerdos. Este proyecto sostiene, por un lado, que la posibilidad de democratizar los procesos de toma de decisión requieren de la generación de condiciones que hagan factibles y efectivos la participación ciudadana y la rendición de cuentas, restableciendo de este modo un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad. La posibilidad de mayor o menor inclusión y representatividad de las decisiones públicas es dependiente del mayor o menor grado de participación de la sociedad sociedad civil y la ciudadanía en dichos procesos de decisión, y la participación está, a su vez, fuertemente condicionada por la posibilidad efectiva que tienen los ciudadanos de informarse sobre los procesos sociales, sobre los criterios que orientan las decisiones y sobre las acciones llevadas a cabo por los agentes estatales. Sin información y rendición de cuentas no hay posibilidad de formación de una opinión pública crítica y autónoma capaz de argumentar y defender eficazmente diferentes posicionamientos, de incluirlos en la agenda de discusión y en los procesos de decisión, y de monitorear las políticas públicas. Pero por otro lado, la participación es también condicionada por los marcos institucionales, la estructura y procesos previstos para viabilizarla y por las prácticas tanto de los agentes estatales como de los propios ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. El presente proyecto se propone analizar los alcances y limitaciones de las instituciones y prácticas vinculadas a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas en el ámbito de la ciudad de Córdoba, a fin de contribuir a la discusión pública y abordaje de los obstáculos identificados, aportando al fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para emprender procesos de desarrollo local sostenibles y democráticos. Para ello focalizará principalmente en: 1- Mecanismos horizontales de rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: pedidos de informes del concejo deliberante al departamento ejecutivo, concurrencia de intendentes y secretarios al recinto y/o comisiones, monitoreo de la implementación de la ordenanza 11.942 (Plan de Metas de Gobierno) por parte del concejo deliberante, entre otros. 2- Acceso a la Información Pública: implementación de la Ordenanza 11.877 de AIP, la estructura organizativa municipal y los procesos y sistemas de producción y acceso a la información, entre otros, 3- Democracia Participativa e institutos de democracia semi-directa en la ciudad de Córdoba: Juntas de Participación Vecinal, Presupuesto Participativo, Audiencias Públicas. 4- Los procesos de definición, ejecución y control presupuestario en la Ciudad de Córdoba.

La equidad y la calidad educativa en la ciudad de Córdoba (Programa: indicadores ciudadanos y participación para una ciudad justa, democrática y sustentable).

El proyecto articula la investigación, la participación y la proyección social de la universidad. Desde el desarrollo de las capacidades y actividades propias de la investigación, el equipo del proyecto apoya y sirve de soporte técnico al proceso de construcción de indicadores de educación en el marco de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. El objetivo del proyecto es contribuir al conocimiento sobre las problemáticas educativas, que permitan profundizar el debate público, como la participación ciudadana y la inclusión en la agenda del Estado de problemáticas que obstaculizan la equidad y la calidad educativa, reconociendo y desarrollando el potencial que la democratización del conocimiento y la información implican para la transformación social orientada al bien común. La propuesta pretende relevar información en las escuelas de nivel inicial y primario de la ciudad de Córdoba, que permita evaluar la aplicación de programas y el cumplimiento de los derechos educativos. La información generada y sistematizada por el sistema educativo permite monitorear algunos derechos, fundamentalmente los que pueden categorizarse en condiciones y cobertura del sistema educativo, pero impide absolutamente observar el cumplimiento de los derechos incluidos en las categorías de calidad y ciudadanía. Los objetivos específicos se pueden sintetizar en el siguiente párrafo: Monitorear el ejercicio de los derechos educativos de los niños de la ciudad de Córdoba; desarrollar las capacidades para la investigación interdisciplinaria potenciando los recursos humanos, tecnológicos e institucionales existentes en la Universidad Católica de Córdoba; potenciar vínculos con instituciones académicas, de la sociedad civil, empresariales y ciudadanas con el fin de ejercer nuevas formas de responsabilidad, participación y acción ante los problemas educativos que aquejan a nuestra sociedad. Se priorizan estrategias que permiten poner de manifiesto de manera primordial los problemas educativos y que sirvan de insumo para la deliberación pública y la participación ciudadana; ejerciendo distintas formas de monitoreo y control ciudadano de la acción Estatal en todos los niveles y jurisdicciones con injerencia y responsabilidades vinculadas a cuestiones educativas y también, promoviendo y facilitando procesos de participación y deliberación que amplíen y democraticen los espacios y mecanismos de formación de la voluntad colectiva