INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ADAPTADOS PARA ARGENTINA

La evaluación de la atención primaria de la salud (APS) es una actividad de investigación que no se puede limitar al contexto académico y científico sino que está íntimamente ligada a la planificación y a la gestión de los recursos de Salud Pública, tanto en el contexto programático de Ministerios y Secretarías de Salud gubernamentales, de obras sociales o de proveedores privados de cobertura médica, como el de equipos locales de profesionales proveedores de servicios de salud. La evaluación de servicios sanitarios recurre habitualmente a datos de estructura, procesos y resultados obtenidos sistemáticamente por procedimientos administrativos de financiamiento y de prestación de servicios. En cambio, el desarrollo de líneas de investigación sobre la base de modelos conceptuales integrales y capaces de obtener datos de otras fuentes, son escasas en nuestro país. Por ejemplo, existe una notable carencia de conocimiento sobre la perspectiva de la población acerca de su salud y de sus experiencias con la atención médica para analizar si los servicios provistos son apropiados o existe una brecha de necesidades no cubiertas. El grupo de investigación que realiza esta propuesta adaptó un conjunto de cuestionarios para evaluar la APS (PCAT: Primary Care Assessment Tools) cuyo uso a nivel internacional es muy promisorio (ver Descripción del tema abordado). El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS) de la Municipalidad de Córdoba, manifestaron su interés por la difusión de estos instrumentos entre gestores y efectores de salud para promover su implementación. En la ciudad de Córdoba, estas instituciones tienen a su cargo la totalidad de centros de atención médica pública de primer nivel, 95 municipales y 20 provinciales, que con un plantel profesional de más de 900 personas proporciona cuidados de salud a más de 500.000 habitantes de la ciudad de Córdoba. En boletín estadístico 2009 de la DAPS informa que en los 95 CAPS y en el transcurso de un año, se atienden aproximadamente un 1.000.000 de consultas. Datos provenientes de acciones preventivas muestran que el Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño atiende mensualmente a unos 42.000 niños y niñas menores de 5 años, el de Control de Embarazo y Puerperio registra cada año entre 4.000 y 5.000 mujeres, mientras que en 2009 se contabilizó más de 50.000 mujeres en el Programa de Salud Reproductiva. En cuanto a la población adulta, los Programas de Hipertensión Arterial y de Control del Paciente Diabético registran más de 12.000 y de 6.500 personas, respectivamente. Estos datos dan cuenta de acciones que responden mayoritariamente a demandas efectuadas por la población para los cuales se cuenta con un programa en particular. La información disponible a nivel provincial es aún más acotada y heterogénea, ya que los servicios de APS están descentralizados, a cargo de los municipios. El Ministerio de Salud participa en el financiamiento de la APS a través de los llamados pactos sanitarios y otros tipos de acuerdos. El control de gestión se realiza también a través de indicadores administrativos, por lo que existe un gran interés por la implementación de un nuevo modelo de evaluación de la APS a nivel provincial. La difusión del modelo conceptual y las herramientas PCAT pretende facilitar el acceso a otro tipo de información acerca de características transversales de la organización y particularmente, sobre aspectos de calidad de la atención para la evaluación y la planificación de los servicios. Esta información, que podría ser colectada de una manera uniforme, sería útil para explicar los resultados de la atención sanitaria en función de las necesidades en salud de la población.

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LAS POLITICAS PÚBLICAS: OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El problema que enfrenta la institucionalidad estatal argentina es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar un resultado, sino ya al momento de diseñar la política. Las estadísticas oficiales de hechos vitales, salud y educación son difundidas en el mejor de los casos con un año de atraso. La información de indicadores de salud por su nivel de desagregación no permite conocer las realidades locales. Es posible constatar la falta de información sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo relativo a políticas y programas de salud mental. Del mismo modo que los organismos internacionales determinan los deficits de los sistemas de atención a la salud mental a través de las brechas de tratamiento y aun cuando no se dispone de estimaciones precisas se habla de brechas de información, que expresarían la distancia entre la información necesaria y la efectivamente disponible (OPS, 2009). Desde el mes de diciembre de 2007 se conforma la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, con el objeto de instalar en agenda la necesidad de contar con una legislación que brinde el marco normativo para la transformación del sector. En los meses de octubre y noviembre de 2010 se aprobaron sendas leyes de salud mental en la Provincia de Córdoba y a nivel nacional. Ambas proponen la transformación progresiva en los sistemas de atención a los problemas de salud mental de la población. Desde la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos se afirma que la legislación es un marco necesario pero no suficiente, en tanto se constata que las princiales violaciones a los derechos humanos se producen en situaciones concretas. El presente proyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer la transformación de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la ley 9848 de Salud Mental en el mes de octubre de 2010. Una vez logrado este objetivo legislativo, se pretende monitorear la gestión con la formulación de los siguientes interrogantes: ¿a través de qué indicadores medir, evaluar y monitorear si la producción de los servicios de salud mental se lleva adelante desde la perspectiva del enfoque de derechos sancionada en el marco normativo vigente?; ¿cuáles son los indicadores que desde dicha perspectiva los organismos estatales de producción de servicios deben elaborar para el compromiso de acción y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía? ¿cuáles son los indicadores que la ciudadanía debe reclamar a los fines de monitorear el cumplimiento de dichos compromisos? La puesta en marcha del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos permitirá analizar las políticas y programas de salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos y avanzar en el monitoreo de la producción de los servicios de salud mental. Objetivo General: analizar y hacer visible el cumplimiento de los objetivos sancionados en la ley 9848 de Salud Mental a través de la observación, el monitoreo y la incidencia en las políticas de salud mental de la provincia de Córdoba. Metodología: la construcción de indicadores de derechos humanos para la salud mental. El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos pretende dar cuenta de las transformaciones que van a ocurrir a partir de la sanción de la ley 9848. Los resultados esperados están ligados a la producción y difusión de información sistematizada sobre las transformaciones en salud mental, a la vigilancia y el análisis del efecto/impacto de las políticas e incidir en las decisiones. El Observatorio pretende reconocer e integrar la información disponible y proponer indicadores que den cuenta de la situación inicial al momento de la implementación de los marcos normativos y permitir el monitoreo de las transformaciones emergentes.

Fortalecimiento de la Gestión de los servicios de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Jesús María.

La estrategia de la Atención Primaria de Salud (APS) es reconocida como un componente clave de los sistemas y servicios de salud, tanto para los organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud, como para las autoridades sanitarias nacionales y provinciales de nuestro país. Así, en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, señala a la APS como organizadora del sistema y como estrategia fundamental para mejorar diversos componentes de la atención de la salud. En este marco la gestión de los servicios a nivel local adquiere una alta relevancia, toda vez que es en ese nivel desde donde deben estructurarse las redes de atención que contribuyan a garantizar equidad en el acceso a los servicios de salud y a promover mejores condiciones de vida que favorezcan la salud y el bienestar social. Así, para que los centros de salud basados en APS que garanticen accesibilidad a servicios de salud de calidad, implementación de programas específicos y el seguimiento del estado de salud de la población se requiere que los mismos actúen en red, coordinando y complementando sus actividades mediante una gestión integrada. La Municipalidad de Jesús María cuenta con una estructura de atención conformada por 5 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Complejo para la Tercera Edad, el Complejo para la Discapacidad y el Vacunatorio Municipal. En el área se desempeñan 70 trabajadores ofreciendo cobertura de salud y acción social a los sectores más vulnerables de la ciudad. La Dirección de Calidad de Vida, es el área que tiene a cargo la gestión de los programas de salud que se ejecutan desde la mencionada estructura sanitaria y sus responsables plantean como problemática la carencia de información sistematizada y falta de capacitación especializada para cumplimentar con los objetivos propuestos por la dirección; por ello, perciben la necesidad de implantar un modelo de gestión de los servicios de salud y el seguimiento de los programas implementados, que promueva la toma de decisiones basadas en información de calidad. En base a la demanda mencionada, la pretensión de este proyecto, es colaborar en la creación de las bases para la implantación de un modelo de gestión, que posibilite la efectiva identificación de las necesidades de salud de la población y la adecuación de los servicios y programas ofrecidos a esas necesidades.

Gestión de la información ciudadana con el formato Marc21

Las implementación de las TICs han permitido a diferentes entidades, tanto gubernamentales como organismos no gubernamentales ofrecer información sobre sus servicios de manera más sencilla y con menor costo. Sin embargo esta información no siempre llega a quienes la necesitan, sea por falta de conocimiento sobre su existencia como por la escasez de habilidades u oportunidades de acceder a las nuevas tecnologías. Las bibliotecas populares y públicas pueden llenar este vacío en cuanto a que se encuentran fuertemente enraizadas en sus comunidades, trabajan con grupos en condiciones de vulnerabilidad social (mujeres, niños, ancianos, pobres) y tienen experiencia en realizar actividades de empoderamiento a través de la transmisión de habilidades y destrezas culturales. Si bien el estado reconoce a las bibliotecas populares como centros de información a través de la legislación correspondiente, en la práctica el servicio de información ciudadana encuentra dificultades a la hora de su implementación. A pesar de que hay mucha información publicada principalmente en los sitios Web de los organismos públicos, de fundaciones y de asociaciones civiles, en la práctica la abundancia de información, las complicaciones para navegar por sitios extensos y dificultades particulares tales como las restricciones de los diferentes planes y programas asistenciales dificultan la recepción de la información a quienes más la necesitan.

Clusters de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Desempeño de las Empresas Locales y Generación de Empleos en Córdoba

Un argumento conocido es que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han creado una brecha digital creciente entre las economías maduras y la de los países de menor desarrollo relativo. A su vez, se plantea con carácter de paradigma, que esta tendencia podría revertirse con la incorporación de incentivos al desarrollo local de industrias TIC en los países menos desarrollados. En los últimos años muchos gobiernos de países en vías de industrialización prestan creciente atención al desarrollo de industrias TIC en sus territorios. En esa promoción se observa, sin embargo, la persistencia de un viejo debate sobre las opciones de aplicar un fuerte “impulso masivo”, o impulsos “hacia adelante” y “hacia atrás”. Por ello resulta de gran interés el estudio de casos exitosos de desarrollo local de empresas TIC que permitan interpretar la naturaleza de las políticas de promoción y el impacto en cuanto a: (i) generación y fortalecimiento de eslabonamientos, con los proveedores, por un lado, y con la demanda, por el otro, (ii) diferenciación según el carácter nacional o multinacional de las empresas impulsoras, (iii) papel de las universidades e institutos de investigación, (iv) efectos sobre la generación de empleo directo e indirecto. Esta propuesta asume que existe la necesidad de comprender mejor el impacto del desarrollo local de ofertas TIC, la interrelación entre firmas locales, firmas locales y multinacionales y entre todas estas, y la capacidad doméstica de investigación, desarrollo e inversión. Un corpus de conocimiento de esta naturaleza es indispensable para que los responsables puedan diseñar las políticas públicas de incentivos adecuadas para generar los estímulos apropiados y contribuir al fortalecimiento del sector. Bajo este enfoque, es que el objetivo general del proyecto es investigar el impacto, en Córdoba, del paradigma TIC en la generación de una oferta local de firmas que elaboran productos y desarrollan servicios TIC, a partir de decisiones empresariales independientes, o como parte de una cadena productiva en la cual interviene una variedad de firmas locales e internacionales. La investigación estará centrada, por una parte, en el estudio de la evolución de los ordenamientos institucionales y legales para la promoción del sector TIC en el país y en Córdoba, y, por la otra, se focalizará en el análisis de los datos de fuente primaria sobre las firmas radicadas en el Gran Córdoba, que elaboran productos y desarrollan servicios TIC. El abordaje conjunto de ambos planos de análisis, permitirá contrastar la principal hipótesis de investigación que postula que, si se proveen entornos adecuados, orientados a facilitar los medios para superar las restricciones económicas, sociales, legales e institucionales, es posible lograr el desarrollo de cadenas productivas de firmas TIC, que generan impacto positivo en el medio local – principalmente el empleo - e integran a firmas domésticas y multinacionales, a centros de investigación, e incluso, a organizaciones de consumidores. Una segunda hipótesis a ser contratada en el trabajo, es que el desarrollo TIC en la provincia de Córdoba respondió a una estrategia de fuerte impulso masivo y servirá como evidencia empírica que contribuya al debate teórico sobre el tema. En la metodología se prevé realizar una recopilación de datos de fuentes secundarias del sector público y privado, a partir de la cual se elaborará un marco general para llevar a cabo la recolección de datos de fuentes primarias, mediante un conjunto de entrevistas en profundidad a informantes calificados y una encuesta a empresas TIC, nacionales y multinacionales, radicadas en el Gran Córdoba. El tratamiento y análisis de los datos comprenderá la elaboración de tablas, gráficos y cálculo de correlaciones e indicadores descriptivos, como así también la aplicación de modelos econométricos de riesgo y de supervivencia con fines predictivos. Los procesamientos se realizarán con el soft STATA.