Participación ciudadana y rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: alcances, limitaciones, y contribuciones para su fortalecimiento (Programa: indicadores ciudadanos y participación para una ciudad justa, democrática y sustentable).

Una concepción multidimensional del desarrollo sostiene que la calidad de las instituciones y las prácticas democráticas importan en la generación de condiciones efectivas para la gobernabilidad democrática en las sociedades. Cada contexto sociopolítico estructura y es estructurado a partir de los modos en que se organizan y llevan a cabo los procesos de toma decisión respecto de cuestiones fundamentales que hacen a la vida en sociedad y al interés público. La posibilidad de orientar el desarrollo y la definición de qué tipo de desarrollo se propone están fuertemente condicionada por el grado de inclusión de los actores en esas definiciones. Por ello la cuestión de la democratización es considerada un tema de central interés a la hora de pensar el desarrollo local. La democracia local constituye, a la vez, un objetivo y un medio para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sustentables. En nuestras sociedades existen, sin embargo, obstáculos estructurales e institucionales que dificultan la posibilidad de ampliar y democratizar los procesos de formación de la voluntad colectiva y restringen y dificultan la sostenibilidad y legitimidad social de los acuerdos. Este proyecto sostiene, por un lado, que la posibilidad de democratizar los procesos de toma de decisión requieren de la generación de condiciones que hagan factibles y efectivos la participación ciudadana y la rendición de cuentas, restableciendo de este modo un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad. La posibilidad de mayor o menor inclusión y representatividad de las decisiones públicas es dependiente del mayor o menor grado de participación de la sociedad sociedad civil y la ciudadanía en dichos procesos de decisión, y la participación está, a su vez, fuertemente condicionada por la posibilidad efectiva que tienen los ciudadanos de informarse sobre los procesos sociales, sobre los criterios que orientan las decisiones y sobre las acciones llevadas a cabo por los agentes estatales. Sin información y rendición de cuentas no hay posibilidad de formación de una opinión pública crítica y autónoma capaz de argumentar y defender eficazmente diferentes posicionamientos, de incluirlos en la agenda de discusión y en los procesos de decisión, y de monitorear las políticas públicas. Pero por otro lado, la participación es también condicionada por los marcos institucionales, la estructura y procesos previstos para viabilizarla y por las prácticas tanto de los agentes estatales como de los propios ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. El presente proyecto se propone analizar los alcances y limitaciones de las instituciones y prácticas vinculadas a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas en el ámbito de la ciudad de Córdoba, a fin de contribuir a la discusión pública y abordaje de los obstáculos identificados, aportando al fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para emprender procesos de desarrollo local sostenibles y democráticos. Para ello focalizará principalmente en: 1- Mecanismos horizontales de rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: pedidos de informes del concejo deliberante al departamento ejecutivo, concurrencia de intendentes y secretarios al recinto y/o comisiones, monitoreo de la implementación de la ordenanza 11.942 (Plan de Metas de Gobierno) por parte del concejo deliberante, entre otros. 2- Acceso a la Información Pública: implementación de la Ordenanza 11.877 de AIP, la estructura organizativa municipal y los procesos y sistemas de producción y acceso a la información, entre otros, 3- Democracia Participativa e institutos de democracia semi-directa en la ciudad de Córdoba: Juntas de Participación Vecinal, Presupuesto Participativo, Audiencias Públicas. 4- Los procesos de definición, ejecución y control presupuestario en la Ciudad de Córdoba.

Participación ciudadana y rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: alcances, limitaciones, y contribuciones para su fortalecimiento (Programa: indicadores ciudadanos y participación para una ciudad justa, democrática y sustentable).

Una concepción multidimensional del desarrollo sostiene que la calidad de las instituciones y las prácticas democráticas importan en la generación de condiciones efectivas para la gobernabilidad democrática en las sociedades. Cada contexto sociopolítico estructura y es estructurado a partir de los modos en que se organizan y llevan a cabo los procesos de toma decisión respecto de cuestiones fundamentales que hacen a la vida en sociedad y al interés público. La posibilidad de orientar el desarrollo y la definición de qué tipo de desarrollo se propone están fuertemente condicionada por el grado de inclusión de los actores en esas definiciones. Por ello la cuestión de la democratización es considerada un tema de central interés a la hora de pensar el desarrollo local. La democracia local constituye, a la vez, un objetivo y un medio para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sustentables. En nuestras sociedades existen, sin embargo, obstáculos estructurales e institucionales que dificultan la posibilidad de ampliar y democratizar los procesos de formación de la voluntad colectiva y restringen y dificultan la sostenibilidad y legitimidad social de los acuerdos. Este proyecto sostiene, por un lado, que la posibilidad de democratizar los procesos de toma de decisión requieren de la generación de condiciones que hagan factibles y efectivos la participación ciudadana y la rendición de cuentas, restableciendo de este modo un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad. La posibilidad de mayor o menor inclusión y representatividad de las decisiones públicas es dependiente del mayor o menor grado de participación de la sociedad sociedad civil y la ciudadanía en dichos procesos de decisión, y la participación está, a su vez, fuertemente condicionada por la posibilidad efectiva que tienen los ciudadanos de informarse sobre los procesos sociales, sobre los criterios que orientan las decisiones y sobre las acciones llevadas a cabo por los agentes estatales. Sin información y rendición de cuentas no hay posibilidad de formación de una opinión pública crítica y autónoma capaz de argumentar y defender eficazmente diferentes posicionamientos, de incluirlos en la agenda de discusión y en los procesos de decisión, y de monitorear las políticas públicas. Pero por otro lado, la participación es también condicionada por los marcos institucionales, la estructura y procesos previstos para viabilizarla y por las prácticas tanto de los agentes estatales como de los propios ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. El presente proyecto se propone analizar los alcances y limitaciones de las instituciones y prácticas vinculadas a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas en el ámbito de la ciudad de Córdoba, a fin de contribuir a la discusión pública y abordaje de los obstáculos identificados, aportando al fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para emprender procesos de desarrollo local sostenibles y democráticos. Para ello focalizará principalmente en: 1- Mecanismos horizontales de rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: pedidos de informes del concejo deliberante al departamento ejecutivo, concurrencia de intendentes y secretarios al recinto y/o comisiones, monitoreo de la implementación de la ordenanza 11.942 (Plan de Metas de Gobierno) por parte del concejo deliberante, entre otros. 2- Acceso a la Información Pública: implementación de la Ordenanza 11.877 de AIP, la estructura organizativa municipal y los procesos y sistemas de producción y acceso a la información, entre otros, 3- Democracia Participativa e institutos de democracia semi-directa en la ciudad de Córdoba: Juntas de Participación Vecinal, Presupuesto Participativo, Audiencias Públicas. 4- Los procesos de definición, ejecución y control presupuestario en la Ciudad de Córdoba.

Indicadores ciudadanos y participación para una ciudad más justa democrática y sustentable

El proyecto articula la investigación, el desarrollo de redes interinstitucionales y la proyección social de la universidad. Desde el desarrollo de las capacidades y actividades propias de la investigación, el equipo del programa apoya y sirve de soporte técnico al proceso de construcción de indicadores ciudadanos, la deliberación y la construcción de consensos en el marco de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. La Red constituye un espacio que reúne a organizaciones sociales, universidades, empresas, ciudadanos y ciudadanas de Córdoba para re-pensar y actuar en favor de una ciudad más Justa, Democrática y Sustentable. El proceso de construcción de los indicadores y de consensos es el resultado de la interacción dialógica con otros actores institucionales y ciudadanos de la Ciudad. En estos espacios los saberes y perspectivas especializados y/o expertos se conjugan con otros saberes a los fines de generar aprendizajes y alternativas que integren la diversidad y multidimensionalidad de las cuestiones sociales y de interés público, hagan visibles, a través de la información producida, problemas sistemáticamente postergados en la ciudad, propicien la participación y la transparencia en los procesos de toma de decisión y la rendición de cuentas por parte de los agentes públicos. Internamente articula, desarrolla y potencia los recursos institucionales y humanos a partir del diálogo, reflexión y acción interdisciplinaria en torno a problemáticas concretas de la sociedad en las que la universidad se inserta, propiciando el involucramiento e interacción de docentes, investigadores y alumnos. Integran el proyecto 36 investigadores de las Facultades de Medicina, Arquitectura, Ciencia Política, Ciencias Económicas, Educación e Ingeniería y del ICDA de la UCC

Producción de información para las políticas públicas: observatorio de salud mental y derechos humanos en la provincia de córdoba. Documented information and indicators for the pubic policies in mental health: human rights obseratory in córdoba

El problema que enfrenta la institucionalidad estatal argentina es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar un resultado, sino ya al momento de diseñar la política. Las estadísticas oficiales de hechos vitales, salud y educación son difundidas en el mejor de los casos con un año de atraso. La información de indicadores de salud por su nivel de desagregación no permite conocer las realidades locales. Es posible constatar la falta de información sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo relativo a políticas y programas de salud mental. Del mismo modo que los organismos internacionales determinan los deficits de los sistemas de atención a la salud mental a través de las brechas de tratamiento y aun cuando no se dispone de estimaciones precisas se habla de brechas de información, que expresarían la distancia entre la información necesaria y la efectivamente disponible (OPS, 2009). Desde el mes de diciembre de 2007 se conforma la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, con el objeto de instalar en agenda la necesidad de contar con una legislación que brinde el marco normativo para la transformación del sector. En los meses de octubre y noviembre de 2010 se aprobaron sendas leyes de salud mental en la Provincia de Córdoba y a nivel nacional. Ambas proponen la transformación progresiva en los sistemas de atención a los problemas de salud mental de la población. Desde la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos se afirma que la legislación es un marco necesario pero no suficiente, en tanto se constata que las princiales violaciones a los derechos humanos se producen en situaciones concretas. El presente proyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer la transformación de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la ley 9848 de Salud Mental en el mes de octubre de 2010. Una vez logrado este objetivo legislativo, se pretende monitorear la gestión con la formulación de los siguientes interrogantes: ¿a través de qué indicadores medir, evaluar y monitorear si la producción de los servicios de salud mental se lleva adelante desde la perspectiva del enfoque de derechos sancionada en el marco normativo vigente?; ¿cuáles son los indicadores que desde dicha perspectiva los organismos estatales de producción de servicios deben elaborar para el compromiso de acción y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía? ¿cuáles son los indicadores que la ciudadanía debe reclamar a los fines de monitorear el cumplimiento de dichos compromisos? La puesta en marcha del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos permitirá analizar las políticas y programas de salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos y avanzar en el monitoreo de la producción de los servicios de salud mental. Objetivo General: analizar y hacer visible el cumplimiento de los objetivos sancionados en la ley 9848 de Salud Mental a través de la observación, el monitoreo y la incidencia en las políticas de salud mental de la provincia de Córdoba. Metodología: la construcción de indicadores de derechos humanos para la salud mental. El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos pretende dar cuenta de las transformaciones que van a ocurrir a partir de la sanción de la ley 9848. Los resultados esperados están ligados a la producción y difusión de información sistematizada sobre las transformaciones en salud mental, a la vigilancia y el análisis del efecto/impacto de las políticas e incidir en las decisiones. El Observatorio pretende reconocer e integrar la información disponible y proponer indicadores que den cuenta de la situación inicial al momento de la implementación de los marcos normativos y permitir el monitoreo de las transformaciones emergentes. This project stems from the need for an information system designed to show the transformation of mental health services in the province of Cordoba after the enactment of the Mental Health Act 9848 in October 2010. Once achieved this legislative objective is to monitor the management with the formulation of the following questions: through which indicators to measure, evaluate and monitor whether the production of mental health services are carried forward from the perspective of rights-based approach enacted in two laws?, What are the indicators from that perspective the production agencies should develop services for the commitment to action and accountability to the public? What are the indicators that the public should demand that the purpose of monitoring compliance with these commitments? The launch of the Centre for Mental Health and Human Rights will review the policies and mental health programs from the perspective of human rights and progress in monitoring the production of mental health services. General Objective: to analyze and highlight the achievement of the objectives sanctioned by the Mental Health Act 9848 through the observation, monitoring and impact on mental health policy in the province of Cordoba. Methodology: building human rights indicators for mental health Mental Observatory Health and Human Rights aims to account for the changes that will occur after the enactment of Law 9848. The expected results are linked to production and dissemination of systematic information about changes in mental health, surveillance and analysis of the effect / impact and influence policy decisions. The Centre aims to recognize and integrate the available information and propose indicators that account for the initial situation at the time of implementation of regulatory frameworks and allow monitoring of change emerging.

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LAS POLITICAS PÚBLICAS: OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El problema que enfrenta la institucionalidad estatal argentina es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar un resultado, sino ya al momento de diseñar la política. Las estadísticas oficiales de hechos vitales, salud y educación son difundidas en el mejor de los casos con un año de atraso. La información de indicadores de salud por su nivel de desagregación no permite conocer las realidades locales. Es posible constatar la falta de información sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo relativo a políticas y programas de salud mental. Del mismo modo que los organismos internacionales determinan los deficits de los sistemas de atención a la salud mental a través de las brechas de tratamiento y aun cuando no se dispone de estimaciones precisas se habla de brechas de información, que expresarían la distancia entre la información necesaria y la efectivamente disponible (OPS, 2009). Desde el mes de diciembre de 2007 se conforma la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, con el objeto de instalar en agenda la necesidad de contar con una legislación que brinde el marco normativo para la transformación del sector. En los meses de octubre y noviembre de 2010 se aprobaron sendas leyes de salud mental en la Provincia de Córdoba y a nivel nacional. Ambas proponen la transformación progresiva en los sistemas de atención a los problemas de salud mental de la población. Desde la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos se afirma que la legislación es un marco necesario pero no suficiente, en tanto se constata que las princiales violaciones a los derechos humanos se producen en situaciones concretas. El presente proyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer la transformación de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la ley 9848 de Salud Mental en el mes de octubre de 2010. Una vez logrado este objetivo legislativo, se pretende monitorear la gestión con la formulación de los siguientes interrogantes: ¿a través de qué indicadores medir, evaluar y monitorear si la producción de los servicios de salud mental se lleva adelante desde la perspectiva del enfoque de derechos sancionada en el marco normativo vigente?; ¿cuáles son los indicadores que desde dicha perspectiva los organismos estatales de producción de servicios deben elaborar para el compromiso de acción y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía? ¿cuáles son los indicadores que la ciudadanía debe reclamar a los fines de monitorear el cumplimiento de dichos compromisos? La puesta en marcha del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos permitirá analizar las políticas y programas de salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos y avanzar en el monitoreo de la producción de los servicios de salud mental. Objetivo General: analizar y hacer visible el cumplimiento de los objetivos sancionados en la ley 9848 de Salud Mental a través de la observación, el monitoreo y la incidencia en las políticas de salud mental de la provincia de Córdoba. Metodología: la construcción de indicadores de derechos humanos para la salud mental. El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos pretende dar cuenta de las transformaciones que van a ocurrir a partir de la sanción de la ley 9848. Los resultados esperados están ligados a la producción y difusión de información sistematizada sobre las transformaciones en salud mental, a la vigilancia y el análisis del efecto/impacto de las políticas e incidir en las decisiones. El Observatorio pretende reconocer e integrar la información disponible y proponer indicadores que den cuenta de la situación inicial al momento de la implementación de los marcos normativos y permitir el monitoreo de las transformaciones emergentes.