14 resultados para Ley 1314 de 2009
em Cor-Ciencia - Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC), Argentina
Resumo:
La proliferación de entes intermunicipales e intralocales (que involucran actores sociales) que se ha dado en la última década, indica que los decisores políticos advierten la necesidad de avanzar en procesos de coordinación política. Sin embargo, pese a la importancia y cuantía de estas estrategias, la literatura indica que estos intentos no lograron consolidar estructuras institucionalizadas de coordinación y cooperación. Frente a la inestabilidad de estos procesos, el Gobierno Provincial en el 2001 lanzó un proyecto de constitución de Entes de Recaudación Fiscal y Gestión (primer mandato del gobernador De la Sota) y, ante el fracaso, diseñó una nueva iniciativa con la Ley de Regionalización 9602 del año 2005 y hoy en vigencia, que crea Comunidades Regionales en base a los “Departamentos de la Provincia”. Este poyecto tiene como objetivo general estudiar los procesos de coordinación socio-política en dos comunidades regionales desde la prespectiva de la gobernanza. El enfoque problematiza dos cuestiones, la democracia de las estructuras y procesos y la efectividad de los mismos en la coordinación-conducción socio-política. En base a estos dos ejes de debate se plantean dos dimensiones de análisis que orientan las siguientes hipótesis de trabajo: A- la construcción de estructuras decisorias departamentales tienen una lógica de inclusión – exclusión que condiciona la representatividad democrática de las mismas. B- La lógica de inclusión-exclusión está enmarcada en una lucha de poder entre actores y grupos con intereses, quienes ven condicionado su éxito (y por tanto el resultado estructural del conjunto) por el capital social estructural que poseen. C- La conformación de un capital social grupal en términos de normas compartidas y de vínculos estructurales, permite procesar los conflictos y condicionan el desempeño de las redes políticas.
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La relación del Gobierno de Kirchner con el poder Legislativo implicó un proceso de concentración del poder en manos del Ejecutivo, no obstante lo cual, a poco de iniciado el mandato de Cristina Fernández, la relación con el Congreso queda en el medio de una crisis que llegó a poner en duda la propia continuidad de la presidenta. Este proyecto pretende examinar las características de este proceso delegativo en sus diferentes dimensiones, con el fin de entender el origen de esta crisis y especificar sus alcances. En este marco, la dinámica de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo pareciera corresponder a lo que especifica la Teoría del Cártel tal como ha sido reformulada por Jones y Hwang. Esta perspectiva, no obstante, se centra exclusivamente en los aspectos distributivos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, obviando la dimensión electoral y la ideológicodiscursiva. Dadas las características del Gobierno de Kirchner, en este proyecto abordaremos el estudio de aquella relación desde una perspectiva multidimensional, tomando en cuenta no sólo los aspectos distributivos, sino también los electorales y los discursivos. La pregunta que guía nuestro trabajo es por qué las estrategias de acumulación desplegadas simultáneamente en las tres dimensiones, no lograron (o sólo lo hicieron parcialmente) desactivar el carácter condicional de la delegación de los jefes políticos provinciales al liderzgo presidencial. Nuestra hipótesis general es que, aún cuando el Gobierno consiguió reforzar sustancialmente su posición en la dimensión distributiva a partir de la prolongación de la situación de emergencia, tuvo un éxito parcial en las dimensiones electoral e ideológico-discursiva. Sin compromiso ideológico articulado en un discurso común, y sin una conexión electoral que vincule los intereses electorales a nivel provincial con los del nivel nacional, la estrategia distributiva sólo puede contener parcialmente la defección de buena parte del oficialismo en el Congreso frente a una crisis de grandes proporciones.
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La protección de la parte más débil en toda relación jurídica, fuere de índole contractual o no, debe ser objetivo prioritario del Derecho. Ahora bien, éste se plasma en normas que son las que rigen la vida social, las cuales muchas veces no contemplan estas prioridades. Lo que crea la paradoja de que existan normas legales, pero no legítimas. El desarrollo social hace que esas leyes queden retrasadas, lo que las hace devenir inútiles para los fines que se tuvieron en vista al crearlas. Partiendo de aquí es importante recurrir al Derecho Romano. Quien piense a éste como una colección de reglas añejas y obsoletas, se equivoca. Quien lo considere arqueología jurídica, también se equivoca. Y yerra igualmente el que limita (y degrada) su importancia reduciéndolo a un mero antecedente de los códigos actuales. Es la equivocación de los dogmáticos, pero una visión humanista razona diferente. El Derecho Romano es la ratio scripta, el Derecho Natural en acto, y como tal conserva su vigencia. El extremo y salvaje liberalismo olvidó y desnaturalizó muchos de sus principios, cuya actualidad deseamos rescatar: El respeto a la ancianidad, regímenes tuitivos, como el amparo del pródigo, la defensa del más débil en un contrato. El trabajo y el trabajador, el asesoramiento gratuito. Los ejemplos resultan numerosísimos. Sobre este tema pretendemos investigar, presentando soluciones romanas a problemas actuales, y demostrando así que un marco normativo superador del que actualmente tenemos es posible.
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Se examinará con un criterio sistemático e integrativo la regulación de la prescripción liberatoria en el derecho privado argentino, tanto a nivel legal como jurisprudencial, tanto en los códigos generales como en las leyes especiales, con el objeto de verificar si el sistema es simple o complejo, genera seguridad jurídica o se muestra desordenado e inseguro, es compatible con parámetros de justicia o conduce a resultados axiológicamente inaceptables, considera debidamente la situación de los débiles jurídicos o no los tiene en cuenta y da lugar a espacios de desprotección. Se realizará este estudio considerando los diferentes aspectos técnicos implicados (plazos, cómputo de plazos, interrupción, suspensión, requisitos, etc.), trazando un panorama general del sistema. Si del estudio realizado surge la imperfección o deficiencia del sistema, por resultar demasiado complejo, inseguro, injusto o insuficientemente tuitivo de los débiles jurídicos, se propondrán los criterios adecuados para maximizar su simplicidad, la satisfacción de la seguridad jurídica y la justicia y la adecuada tutela de los débiles, proyectando en caso de considerarse pertinente las reformas legales respectivas, con su respectiva fundamentación general y en particular.
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La sociedad argentina vive una revalorización de la memoria en relación con los hechos de la última dictadura militar; simultáneamente, la Iglesia argentina elabora su propia interpretación autocrítica, tomando conciencia de los motivos que configuraron su comportamiento. En la relación Iglesia y «proceso» hay dos momentos: la actuación y el discurso eclesial durante la última dictadura y, concluida ésta, la comprensión que manifiesta sobre la misma, su toma de posición frente a las víctimas, y el pedido de perdón por las culpas del pasado. Investigaciones recientes vinculan la ideología de la seguridad nacional a una autocomprensión de la iglesia ligada al «mito de la nación católica». La teología «académica» argentina, por su parte, prácticamente no ha generado una reflexión a la altura de las circunstancias y del debate general de la sociedad, sobre estos años. Este silencio es en sí mismo una cuestión teológica a ahondar. El objetivo del proyecto es repensar críticamente, a partir de diversos conceptos y perspectivas de la teología de Metz, los discursos y las prácticas institucionales de la Iglesia católica, desde 1981 hasta hoy, en relación con la memoria de las víctimas. Se procura determinar los motivos teológicos y prácticos que dificultaron una oposición efectiva y pública a la violación de los derechos humanos; e individualizar los argumentos que impulsaron un discurso y una praxis de reconciliación que privilegió el olvido de las víctimas y apoyó acríticamente los «proyectos de olvido», como la ley de punto final, los indultos. Para analizar dichos discursos y praxis se recurre principalmente a Metz quien, vinculado a Ernst Bloch y a Walter Benjamin, sus “interlocutores cruciales” y, en general, a la Escuela de Frankfurt, propone, en diálogo crítico con Jürgen Habermas, una razón anamnética del sufrimiento ajeno. La originalidad del proyecto es doble, por su contenido y por su enfoque: la confrontación del «servicio de reconciliación» eclesial con la «memoria de las víctimas».
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Durante el período 2007-2008, las actividades de investigación y asistencia técnica de este equipo enfatizaron en la necesaria práctica social y política de horizontalidad en las relaciones, en la ‘dimensión intersubjetiva o relacional de la regionalización’, considerando a la identidad regional como un condicionante relevante de la ‘construcción de la región como unidad de acción’. De cara a la profundización del Programa de Investigación para 2009-2010, se propone el fortalecimiento institucional de la Comunidad Regional Punilla a través de la conformación de un espacio plural de deliberación para el diseño y gestión de políticas de desarrollo regional, un mecanismo que, a través del Consejo de la Sociedad Civil, está previsto en la Ley provincial y en las normativas regionales y que aún no ha sido consolidado. El proyecto suscribe el carácter interdisciplinario e intersectorial de la red social y política en la que se sustentará el Consejo y la lógica ‘procesal y consensual’ de su construcción. De manera que los esfuerzos se orientarán al estudio y promoción de un modo específico de planificación y gestión realizados de manera compartida entre el Estado (considérese el gobierno regional a través de la Comisión Política de Intendentes como órgano de la CRP) y la sociedad (en tanto red que, con cierto grado de consolidación previa, se insertará en el ámbito específico del Consejo de la Sociedad Civil en el marco de la CRP). Se promoverá, entonces, un mecanismo específico de diseño de políticas públicas basado en la gestión asociada de las decisiones considerando la nueva configuración del mapa político de la CRP ‘en tanto cambios estructurales en la relación gobierno y oposición que se presentan como una oportunidad para desarrollar los espacios participativos que la sociedad civil de la región puede ocupar para canalizar institucionalmente sus demandas’. Metodológicamente y continuando una línea de trabajo iniciada por el equipo PROFIM/ICDA a partir de 2004, esta propuesta se inscribe en la investigación-acción participativa. Los objetivos del proyecto se basan en una concepción epistemológica crítica y receptan buena parte de los aspectos teórico-conceptuales que sustentan las metodologías conocidas como PPGA (Planificación Participativa y Gestión Asociada) reconociendo sus potencialidades para el estudio y la promoción de prácticas participativas cogestivas en procesos de cambio político y social. Asimismo, receptan el marco teórico y las metodologías del modelo relacional de diseño y gestión de políticas públicas desarrollado en la Cátedra de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC.
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Aclarar en el plano conceptual la relación existente entre los principios jurídicos y las normas de contenido indeterminado y la jurisprudencia remite a dilucidar cómo se exhibe una práctica relevante en el Estado de Derecho cual es la vinculación entre la actividad legislativa y la actividad judicial. La función legislativa identifica delegaciones a la función judicial lo que conjeturamos con potencialidad para provocar inestabilidad en el esquema de regulación de las conductas en un segmento de la realidad dado, pues siempre será necesaria una nueva decisión institucional para cancelar el conflicto. Hemos elegido el derecho laboral. Lo precedente, en una perspectiva, mina una de las notas del Derecho del Trabajo: la auto-composición del conflicto. Sin embargo, la delegación legislativa hace posible, de otro costado, la asignación temática de regulaciones de conducta que colabora en determinar relaciones caracterizadas por la disparidad negocial y por los cambios tecnológicos y de las creencias. Entonces, el rol asignado a la autoridad legislativa y judicial en materia laboral es relevante para abordar el tema y su especial consideración destaca la convivencia, dentro de nuestra cultura jurídica, de dos concepciones fuertemente opuestas acerca del desempeño o función jurisdiccional en un Estado de Derecho así como la concreta actividad intelectiva que se despliega en función de determinar los hechos del caso en conflicto. El enfrentamiento se produce entre aquellos que sostienen una clara deferencia al legislador y aquellos que la soslayan.
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La creciente literatura sobre el “giro a la izquierda” en América Latina ha dejado en un llamativo descuido el tratamiento de los factores políticos involucrados en la política económica de los gobiernos de la así llamada Nueva Izquierda latinoamericana. En este proyecto, sobre la base y la crítica de los escasos estudios sobre la temática, nos proponemos abordar la economía política de aquellos gobiernos a partir de una estrategia comparativa de tres casos que consideramos paradigmáticos: Chile, Argentina y Bolivia. Apoyándonos analíticamente en las nociones de coaliciones y de manejo de coaliciones, desarrollamos las hipótesis de que: 1) los gobiernos de la Nueva Izquierda responden a tres tipos diferentes según las características originales de su coalición de apoyo; 2) que los gobiernos tienden a implementar políticas económico-sociales compatibles con estas características cuya “cara izquierda” puede ser incompleta si tales características así lo exigen, y 3) que el mantenimiento, los cambios y eventual crisis de estas políticas se relaciona con los desequilibrios propios de cada tipo de gobierno y el intento de reequilibrio por parte de este a través del manejo -decisiones económicas y políticas orientadas a producir redistribuciones de recursos y a incentivar la continuidad o cambio de comportamientos económicos y políticos, respectivamente- de su coalición de apoyo. Con la guía de estas hipótesis procedemos, siguiendo la estrategia de process tracing, a la especificación de los mecanismos involucrados en los procesos de cada caso seleccionado con el fin de avanzar en el desarrollo de una teoría tipológica.
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Durante el período 2006-2008, las actividades de investigación y asistencia técnica de este equipo enfatizaron en la necesaria práctica social y política de horizontalidad en las relaciones, en la 'dimensión intersubjetiva o relacional de la regionalización' (Cáceres, 2006) en el marco de la Comunidad Regional Punilla (CRP), considerando a la identidad regional como un condicionante relevante de la 'construcción de la región como unidad de acción(Boisier, 2003). Así, durante ese período, se ha ido conformando un espacio 'regional' de composición multiactoral, social y gubernamental, para el trabajo asociativo (PROFIM, SIP, UCC 2007, 2008). Con el propósito de profundizar el Programa, este proyecto propone el fortalecimiento institucional de la CRP a través de la formalización del escenario participativo regional (Poggiese, 2001, 2002) para el diseño y gestión asociada de políticas de desarrollo. Tales propósitos y mecanismos están previstos en la Ley Orgánica de Regionalización de la Provincia de Córdoba (9.206/04) y en las normativas regionales derivadas de ésta a través de la figura del 'Consejo de la Sociedad Civil'. Con base en la observación del proceso desarrollado en Punilla desde el año 2006, esta propuesta suscribe el carácter interdisciplinario e intersectorial de la red social y política en la que se sustentará el Consejo y la lógica 'procesal y consensual' de su construcción, considerando, además, la nueva configuración del mapa político de la CRP a partir de los resultados electorales del año 2008 en tanto cambios estructurales en la relación gobierno y oposición que se presentan como una oportunidad para desarrollar los espacios públicos participativos que la sociedad regional puede ocupar para canalizar institucionalmente sus demandas. El proyecto busca 'analizar' pero también 'promover' el proceso de cambio político y social en marcha para facilitar su 'ampliación democrática' (Redín y Moroni, 2003), reflexionado críticamente y poniendo en cuestión algunos de los supuestos que han caracterizado a la retórica de la regionalización provincial: la existencia de una sociedad civil debidamente organizada en cada una de las regiones, cuya concurrencia al proceso decisorio puede asegurarse una vez 'abiertos' -formalizados- los canales de participación; la superación de la dirección bottom up en los procesos de toma de decisiones y la preeminencia de modalidades de 'articulación intermunicipal' para la gestión de políticas allí donde la Ley y las ordenanzas locales declaran establecida una 'Comunidad Regional'. El cuestionamiento de dichos supuestos sustenta, en definitiva, las preguntas que delimitan los temas- problema que se abordarán a partir de este trabajo.
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En el marco de la recuperación de la memoria en relación con los hechos de la última dictadura militar es importante determinar los motivos ideológico-teológicos y prácticos que dificultaron una oposición significativa por parte de la jerarquía de la iglesia a la violación de los derechos humanos, e individualizar los argumentos que impulsaron un discurso y una praxis de reconciliación que privilegió el olvido de las víctimas y apoyó acríticamente los «proyectos de olvido», como la ley de punto final, entre otros. Para analizar dichos discursos y praxis se recurre principalmente a Johann Metz, quien, vinculado a la Escuela de Frankfurt, propone una razón anamnética del sufrimiento ajeno. La originalidad del proyecto es doble, por su contenido y por su enfoque: la confrontación del «servicio de reconciliación» eclesial con la «memoria de las víctimas». Hipótesis de trabajo: el discurso y la praxis eclesial en relación al «servicio de reconciliación» realizado por el Episcopado argentino a partir de 1981, pone de manifiesto: primero, que siguieron vinculados a la idea de "nación católica" (Zanatta 1996, Dri 1997, Esquivel 2004), lo que dificultó, junto a otros factores, la visibilización de las víctimas; segundo, a su vez, analizados a la luz de los aportes filosófico-teológicos mencionados, muestran una notable carencia en la valoración de la memoria de las víctimas, esperable en una reconciliación. Objetivo general: realizar un análisis crítico de los discursos y prácticas institucionales oficiales de la Iglesia católica en Argentina en relación con la memoria de las víctimas de la última dictadura militar. Objetivos específicos: confrontar las experiencias eclesiales argentinas recientes, y sus conceptualizaciones y tipos de argumentación, con una tradición de pensamiento que en relación al acontecimiento del Holocausto sitúa en el centro de la reflexión temas como el de la memoria, el sufrimiento de las víctimas, y un modo peculiar de tratamiento de los hechos históricos; además, individualizar y analizar los argumentos que dificultaron la búsqueda de la justicia y la memoria de las víctimas. Metodología y etapas. 1° Etapa: analizar y sistematizar algunos aspectos de las teorías del conocimiento histórico y de la razón comunicativa en determinadas obras de Benjamin, Bloch y Habermas; posteriormente, precisar la apropiación conceptual de las categorías histórico-filosóficas de dichas corrientes llevada a cabo por Metz para elaborar su «memoria de las víctimas». 2° Etapa: revisar el discurso y la praxis eclesial a partir de 1981 a la luz del marco teórico ya estudiado. Será necesario, por una parte, detenerse en las declaraciones eclesiales oficiales referidas al retorno de la democracia, a las leyes de punto final y obediencia debida, como así también, en el reconocimiento y pedido de perdón por las culpas del pasado.
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El proyecto de investigación se propone el análisis de la Ley 9848 de “Protección de Salud Mental” promulgada en la Provincia de Córdoba a fines del 2010. En ese sentido, se aborda el enfoque de derechos humanos y su contribución al nuevo paradigma de salud mental presente en esa Ley; así como también el movimiento de desmanicomialización, en cuanto anclaje teórico de la misma. Todo lo anterior con el objetivo central de revisar la currícula de la formación de grado de la carrera de psicología en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, a fin de proponer las transformaciones pertinentes y la posibilidad de una presencia transversal y como contenido específico de esta Ley en ese plan de carrera; toda vez que la hipótesis de trabajo formulada anticipa su ausencia y postula que sólo mediante esta imbricación entre la nueva Ley y la currícula de los alumnos, se logrará formar profesionales capaces de comprender y actuar en base a las profundas implicancias de esta normativa en la práctica profesional de la salud pública. Para propender al cumplimiento de ese propósito, el proyecto examina las concepciones teóricas sobre los procesos de salud-enfermedad; la evolución histórica de la política social sobre salud mental en Argentina; las experiencias nacionales e internacionales de desmanicomialización, y sistematiza los aportes teóricos de Michel Foucault sobre la locura, que sirven de sustento teórico al movimiento social de desmanicomialización.
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El debate en torno a la manera en que se producen las decisiones colectivas y los resultados comunes ha constituido un importante campo de observación de las Ciencias Sociales en las últimas décadas, pero ha sido poco abordado en la Ciencia Política de nuestro país. El estudio de la coordinación socio-política requiere examinar la manera en que se producen las decisiones colectivas y se orienta el sesgo institucional, e importa la observación de las estructuras y procesos que subyacen a los mecanismos formales de decisión. La teoría pluralista sostiene que las decisiones y políticas públicas resultan de una competencia entre sectores y grupos con diversos recursos de poder, pero que éste se encuentra disperso de tal modo que ninguno puede imponer sus intereses al resto de la sociedad. De otro lado, algunos estudiosos insisten en que existe una diferencia suficientemente importante en la distribución de recursos de poder, lo que produce que las decisiones públicas y los resultados comunes se encuentren fuertemente condicionados por los intereses y perspectivas de grupos poderosos, corporaciones y elites. En esta línea, una parte de la literatura politológica insiste en la necesidad de estudiar no sólo las decisiones que se toman en el estado, sino también las no decisiones e incluso las problemáticas sociales que no logran entrar en agenda de decisiones públicas. La mayoría de los estudios clásicos sobre las élites analizan aspectos de la ecología política y no las relaciones estructurales que se producen entre actores, sectores y grupos. Así, estos enfoques no logran dar cuenta de los procesos y mecanismos que subyacen a la resolución de lo común y cómo se produce y reproduce el poder. El análisis de redes socio-políticas, como sistemas de decisión colectiva, resulta un enfoque más propicio para dar cuenta de esta problemática. Esta perspectiva permite superar las limitaciones de los estudios clásicos porque se enfoca en las estructuras relacionales que configuran los actores y en el efecto que éstos y sus coaliciones tienen sobre los resultados políticos. La presente investigación pretende tomar esta línea de trabajo y estudiar la coordinación socio-política provincial, su grado de apertura y pluralidad. Con estre fin se pretende identificar y analizar la configuración de las redes de influencia y las estructuras de poder socio-político que se configuran en torno a la política provincial. El estudio permite, además: a- analizar los factores subyacentes y los mecanismos de producción y reproducción del poder y la influencia socio-política; y b- analizar las áreas de política provincial en las que los actores y sectores que configuran la estructura de poder, ejercen influencia
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El problema que enfrenta la institucionalidad estatal argentina es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar un resultado, sino ya al momento de diseñar la política. Las estadísticas oficiales de hechos vitales, salud y educación son difundidas en el mejor de los casos con un año de atraso. La información de indicadores de salud por su nivel de desagregación no permite conocer las realidades locales. Es posible constatar la falta de información sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo relativo a políticas y programas de salud mental. Del mismo modo que los organismos internacionales determinan los deficits de los sistemas de atención a la salud mental a través de las brechas de tratamiento y aun cuando no se dispone de estimaciones precisas se habla de brechas de información, que expresarían la distancia entre la información necesaria y la efectivamente disponible (OPS, 2009). Desde el mes de diciembre de 2007 se conforma la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, con el objeto de instalar en agenda la necesidad de contar con una legislación que brinde el marco normativo para la transformación del sector. En los meses de octubre y noviembre de 2010 se aprobaron sendas leyes de salud mental en la Provincia de Córdoba y a nivel nacional. Ambas proponen la transformación progresiva en los sistemas de atención a los problemas de salud mental de la población. Desde la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos se afirma que la legislación es un marco necesario pero no suficiente, en tanto se constata que las princiales violaciones a los derechos humanos se producen en situaciones concretas. El presente proyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer la transformación de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la ley 9848 de Salud Mental en el mes de octubre de 2010. Una vez logrado este objetivo legislativo, se pretende monitorear la gestión con la formulación de los siguientes interrogantes: ¿a través de qué indicadores medir, evaluar y monitorear si la producción de los servicios de salud mental se lleva adelante desde la perspectiva del enfoque de derechos sancionada en el marco normativo vigente?; ¿cuáles son los indicadores que desde dicha perspectiva los organismos estatales de producción de servicios deben elaborar para el compromiso de acción y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía? ¿cuáles son los indicadores que la ciudadanía debe reclamar a los fines de monitorear el cumplimiento de dichos compromisos? La puesta en marcha del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos permitirá analizar las políticas y programas de salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos y avanzar en el monitoreo de la producción de los servicios de salud mental. Objetivo General: analizar y hacer visible el cumplimiento de los objetivos sancionados en la ley 9848 de Salud Mental a través de la observación, el monitoreo y la incidencia en las políticas de salud mental de la provincia de Córdoba. Metodología: la construcción de indicadores de derechos humanos para la salud mental. El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos pretende dar cuenta de las transformaciones que van a ocurrir a partir de la sanción de la ley 9848. Los resultados esperados están ligados a la producción y difusión de información sistematizada sobre las transformaciones en salud mental, a la vigilancia y el análisis del efecto/impacto de las políticas e incidir en las decisiones. El Observatorio pretende reconocer e integrar la información disponible y proponer indicadores que den cuenta de la situación inicial al momento de la implementación de los marcos normativos y permitir el monitoreo de las transformaciones emergentes. This project stems from the need for an information system designed to show the transformation of mental health services in the province of Cordoba after the enactment of the Mental Health Act 9848 in October 2010. Once achieved this legislative objective is to monitor the management with the formulation of the following questions: through which indicators to measure, evaluate and monitor whether the production of mental health services are carried forward from the perspective of rights-based approach enacted in two laws?, What are the indicators from that perspective the production agencies should develop services for the commitment to action and accountability to the public? What are the indicators that the public should demand that the purpose of monitoring compliance with these commitments? The launch of the Centre for Mental Health and Human Rights will review the policies and mental health programs from the perspective of human rights and progress in monitoring the production of mental health services. General Objective: to analyze and highlight the achievement of the objectives sanctioned by the Mental Health Act 9848 through the observation, monitoring and impact on mental health policy in the province of Cordoba. Methodology: building human rights indicators for mental health Mental Observatory Health and Human Rights aims to account for the changes that will occur after the enactment of Law 9848. The expected results are linked to production and dissemination of systematic information about changes in mental health, surveillance and analysis of the effect / impact and influence policy decisions. The Centre aims to recognize and integrate the available information and propose indicators that account for the initial situation at the time of implementation of regulatory frameworks and allow monitoring of change emerging.