6 resultados para Estado de Derecho

em Cor-Ciencia - Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC), Argentina


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Aclarar en el plano conceptual la relación existente entre los principios jurídicos y las normas de contenido indeterminado y la jurisprudencia remite a dilucidar cómo se exhibe una práctica relevante en el Estado de Derecho cual es la vinculación entre la actividad legislativa y la actividad judicial. La función legislativa identifica delegaciones a la función judicial lo que conjeturamos con potencialidad para provocar inestabilidad en el esquema de regulación de las conductas en un segmento de la realidad dado, pues siempre será necesaria una nueva decisión institucional para cancelar el conflicto. Hemos elegido el derecho laboral. Lo precedente, en una perspectiva, mina una de las notas del Derecho del Trabajo: la auto-composición del conflicto. Sin embargo, la delegación legislativa hace posible, de otro costado, la asignación temática de regulaciones de conducta que colabora en determinar relaciones caracterizadas por la disparidad negocial y por los cambios tecnológicos y de las creencias. Entonces, el rol asignado a la autoridad legislativa y judicial en materia laboral es relevante para abordar el tema y su especial consideración destaca la convivencia, dentro de nuestra cultura jurídica, de dos concepciones fuertemente opuestas acerca del desempeño o función jurisdiccional en un Estado de Derecho así como la concreta actividad intelectiva que se despliega en función de determinar los hechos del caso en conflicto. El enfrentamiento se produce entre aquellos que sostienen una clara deferencia al legislador y aquellos que la soslayan.

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La investigación pretende hacer aportes para la reformulación ético-discursiva de las ideas de ciudadanía y bien común, que sea capaz de articular la libertad y la equidad con la corresponsabilidad solidaria en contextos post-neoliberales de globalización, interculturalidad y exclusión. En este sentido, una reconfiguración de la sociedad y de la ciudadanía implicará mostrar en qué sentido y de qué modo el espacio público tiene que estar abierto no sólo a la competencia y a los consumidores, sino a ciudadanos ilustrados, autónomos y críticos. La investigación parte del supuesto que, desde los presupuestos teóricos, conceptuales y metodológicos de la teoría del discurso y de la teoría de la democracia deliberativa es posible reformular un concepto de bien común apto para articular la integración social en contextos de interacción pluralista y conflictiva, como son las democracias actuales. Puede parecer extraño, y no sin razón, que el concepto de bien común pueda ser rehabilitado en el contexto de sociedades pluralistas y democráticas, e incorporada convincentemente en la estructura de una nueva ética cívica. La extrañeza puede ser aún mayor si se piensa que, en la actualidad, la formulación de una nueva ética cívica se ve enfrentada tanto a desafíos internos, estrictamente ético-filosóficos, como externos, provenientes de problemas y conflictos histórico-contextuales y culturales (Michelini, 1998, 2000). Finalmente, es posible que la supuesta extrañeza esté relacionada también con el hecho de que el concepto de bien común sea empleado no sólo de modo ambiguo, sino que, además, haya sido utilizado en prácticas muy diversas: desde la búsqueda filosófica de la ciudad perfecta y del Estado ideal -en la que Platón manifiesta que "las cosas de los amigos deben ser comunes" (Platón, 1974a, V, 424a, 449c; 1974b, 739a-e)-, hasta las múltiples instrumentalizaciones históricas en las que el concepto de bien común se utilizó para articular la religión con el patriotismo o la razón de Estado. En la historia más o menos reciente de muchos países latinoamericanos encontramos, en este respecto, ejemplos trágicos: en nombre de la razón de Estado y del bien común, no pocas veces se ha pretendido mantener el orden establecido o defender una determinada ideología, incluso vulnerando la legitimidad del Estado de Derecho y lesionando normas éticas fundamentales. El objetivo general de la investigación es fundamentar un sustento teórico coherente para una reelaboración de los conceptos de ciudadanía y bien común en vista de una ética pública de la corresponsabilidad solidaria en sociedades democráticas y en contextos de globalización, interculturalidad y exclusión, e indagar acerca de su aplicabilidad a los campos de la práctica política y educativa. Los resultados del proyecto tendrán un impacto no sólo teórico, sino también práctico en el ámbito de las ciencias humanas, particularmente en el ámbito de la filosofía práctica, la ética pública, la política y el sistema educativo. Además, se propone elaborar lineamientos de acción para las instituciones sociales, educativas y políticas locales, regionales y nacionales, ayudar a esclarecer aspectos centrales de una convivencia democrática y pluralista, y contribuir al esclarecimiento de los deberes, de los derechos y de la corresponsabilidad solidaria.

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Se examinará con un criterio sistemático e integrativo el sistema vigente del derecho civil argentino, con la finalidad de establecer cuál es la situación de los débiles en esta rama del derecho, a fin de determinar si gozan o no gozan de una protección adecuada. Se individualizará las normas o grupo de normas, instituciones o teorías legales, doctrinarias o jurisprudenciales que dispensan algún tipo de protección a los débiles, y las normas o grupo de normas, instituciones o teorías legales, doctrinarias o jurisprudenciales que no consideran la situación del débil jurídico, o lo hacen deficientemente, o lo dejan desprotegido. Si del estudio realizado surge la imperfección o deficiencia del sistema, la necesidad de modificar normas o introducir nuevas figuras o instituciones, se estudiará la manera más adecuada de hacerlo, proyectando las reformas legales respectivas, con su respectiva fundamentación en general y en particular

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Se trabajará sobre la redacción de normas procesales que permitan vehiculizar la aplicación de la ley nacional 24.240 de defensa del consumidor en la provincia de Córdoba. Se pretende investigar sobre el estado de la ciencia del derecho en la materia, realizar análisis teóricos y prácticos, buscar legislación comparada sobre la materia y, sobre esa base, confeccionar un proyecto de ley con su respectiva exposición de motivos. Los objetivos se centran en el desarrollo de normas procesales que vengan a paliar una situación de hecho en la cual la ausencia de una regulación procedimental adecuada conspira contra la efectividad y vigencia del sistema tutelar de los derechos de consumidores.

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En base a la selección y estudio de la legislación, doctrina y jurisprudencia locales y nacionales, se determinará el estado actual relativo a la responsabilidad civil del estado, a fin de establecer si en este contexto se brinda adecuada satisfacción al derecho constitucional a la reparación plena de los daños sufridos por los particulares. A esos efectos, se realizará un test de reparabilidad plena, resultante de verificar si en general las decisiones jurisdiccionales rechazan o tienden a rechazar demandas de daños contra el estado siendo que (1) serían admitidas en caso de que el causante del daño fuera un particular (no estatal); (2) de acuerdo a criterios doctrinarios (cualitativos), ese rechazo de demandas es contrario al principio de reparación plena. Se elaborará un informe final sobre el tema y, en caso de resultar que no se satisface plenamente el derecho a la reparación plena, se desarrollarán propuestas hermenéuticas (dirigidas a la doctrina y la jurisprudencia) y eventualmente proyectos de reforma legislativa, que tiendan a maximizar la satisfacción de ese derecho

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Los problemas de acceso a la tierra, a la vivienda y, a la ciudad en general, se manifiestan, por un lado, en el alarmante déficit habitacional que sufre la Provincia de Córdoba en general, y la ciudad capital en particular. Según datos censales del año 2010, el problema habitacional abarcaba alrededor del 48% de la población de la provincia, considerando situaciones de hacinamiento, de propiedad o de estructuras edilicias deficitarias. Por otro lado, estos problemas se intensifican al considerar las diferentes formas de estigmatización territorial que sufren algunas zonas o barrios de la ciudad que derivan en dificultades para acceder o disfrutar de servicios o bienes urbanos básicos (electricidad, gas, transporte, seguridad, salud, etc.). En los últimos años, la re-emergencia de conflictos sociales en torno al acceso o disfrute de la vivienda, la tierra o la ciudad es un síntoma de este estado de la situación que, a su vez, encuentra explicación en la conjunción de una multiplicidad de factores: el incremento del valor de la tierra y la vivienda; el avance del desarrollismo inmobiliario y los grandes emprendimientos urbanos, con indeseadas implicancias en términos de gentrificación urbana y desplazamientos. La Asociación Civil “Construyendo Dignidad” es una organización cuyo eje de trabajo vertebral es el acceso, mejoramiento o desarrollo de un hábitat integral y en condiciones dignas en barrios populares, barrios-ciudad, villas y asentamientos urbanos y periurbanos de la ciudad de Córdoba. Entre ellos: barrio Güemes, barrio Suárez, Villa La Lonja, Villa Costa Cañada, Parque de las Rosas, Villa La Tela, Villa El Nylon, Villa Los Galpones, barrio Renacimiento, Piedra Blanca, Villa Azpacia. En la actualidad, las situaciones más extremas en algunos de estos territorios las representan amenazas o procesos efectivos de desalojos, relocalizaciones, suba de alquileres y otras situaciones que intensifican la precariedad habitacional. Más aún, las familias que allí habitan suelen tener escasos conocimientos específicos acerca de sus derechos, obligaciones y garantías en términos de acceso a la vivienda y hábitat urbano; o, carecen de redes de solidaridad y apoyo que puedan ayudarlos a contener la situación de extrema vulnerabilidad social y urbana. De esta manera, aparece la demanda fundamental y concreta de la Asociación Civil de obtener una perspectiva de formación adecuada para abordar y comprender desde un enfoque sociopolítico los problemas que refieren a la producción, distribución y uso del espacio urbano: principales actores intervinientes; instrumentos de ordenamiento territorial vigentes; políticas públicas urbanas, de vivienda y mejoramiento de barrios; consecuencias socioambientales de la precariedad habitacional; experiencias organizativas de urbanizaciones populares, proyectos comunitarios actuales de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en barrios populares, entre otras. El acceso a una instancia de formación de este tipo representa, para los miembros de la Asociación, una oportunidad de aunar y consensuar criterios, horizontes y sentidos entre la multiplicidad de trayectorias de formación y estudio de sus integrantes. Por otro lado, este tipo de contenidos podrán ser puestos al servicio de la construcción de respuestas democráticas y participativas a la problemática del hábitat y desarrollo de condiciones de vida dignas en los barrios donde la Asociación Civil trabaja. Así, la democratización del conocimiento y la promoción de las herramientas analíticas y técnicas a los sectores organizados contribuyen, por un lado, a fortalecer su unidad como núcleo organizativo de la sociedad civil, y por otro, a ampliar las posibilidades de construcción de alternativas participativas, transdisciplinares y multiactorales orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida urbana en las comunidades marginalizadas, al tiempo que promueven el empoderamiento de las mismas.