Encuentros de Capacitación y Formación. “El derecho a la ciudad: los desafíos de su construcción en y desde los territorios populares”

Los problemas de acceso a la tierra, a la vivienda y, a la ciudad en general, se manifiestan, por un lado, en el alarmante déficit habitacional que sufre la Provincia de Córdoba en general, y la ciudad capital en particular. Según datos censales del año 2010, el problema habitacional abarcaba alrededor del 48% de la población de la provincia, considerando situaciones de hacinamiento, de propiedad o de estructuras edilicias deficitarias. Por otro lado, estos problemas se intensifican al considerar las diferentes formas de estigmatización territorial que sufren algunas zonas o barrios de la ciudad que derivan en dificultades para acceder o disfrutar de servicios o bienes urbanos básicos (electricidad, gas, transporte, seguridad, salud, etc.). En los últimos años, la re-emergencia de conflictos sociales en torno al acceso o disfrute de la vivienda, la tierra o la ciudad es un síntoma de este estado de la situación que, a su vez, encuentra explicación en la conjunción de una multiplicidad de factores: el incremento del valor de la tierra y la vivienda; el avance del desarrollismo inmobiliario y los grandes emprendimientos urbanos, con indeseadas implicancias en términos de gentrificación urbana y desplazamientos. La Asociación Civil “Construyendo Dignidad” es una organización cuyo eje de trabajo vertebral es el acceso, mejoramiento o desarrollo de un hábitat integral y en condiciones dignas en barrios populares, barrios-ciudad, villas y asentamientos urbanos y periurbanos de la ciudad de Córdoba. Entre ellos: barrio Güemes, barrio Suárez, Villa La Lonja, Villa Costa Cañada, Parque de las Rosas, Villa La Tela, Villa El Nylon, Villa Los Galpones, barrio Renacimiento, Piedra Blanca, Villa Azpacia. En la actualidad, las situaciones más extremas en algunos de estos territorios las representan amenazas o procesos efectivos de desalojos, relocalizaciones, suba de alquileres y otras situaciones que intensifican la precariedad habitacional. Más aún, las familias que allí habitan suelen tener escasos conocimientos específicos acerca de sus derechos, obligaciones y garantías en términos de acceso a la vivienda y hábitat urbano; o, carecen de redes de solidaridad y apoyo que puedan ayudarlos a contener la situación de extrema vulnerabilidad social y urbana. De esta manera, aparece la demanda fundamental y concreta de la Asociación Civil de obtener una perspectiva de formación adecuada para abordar y comprender desde un enfoque sociopolítico los problemas que refieren a la producción, distribución y uso del espacio urbano: principales actores intervinientes; instrumentos de ordenamiento territorial vigentes; políticas públicas urbanas, de vivienda y mejoramiento de barrios; consecuencias socioambientales de la precariedad habitacional; experiencias organizativas de urbanizaciones populares, proyectos comunitarios actuales de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en barrios populares, entre otras. El acceso a una instancia de formación de este tipo representa, para los miembros de la Asociación, una oportunidad de aunar y consensuar criterios, horizontes y sentidos entre la multiplicidad de trayectorias de formación y estudio de sus integrantes. Por otro lado, este tipo de contenidos podrán ser puestos al servicio de la construcción de respuestas democráticas y participativas a la problemática del hábitat y desarrollo de condiciones de vida dignas en los barrios donde la Asociación Civil trabaja. Así, la democratización del conocimiento y la promoción de las herramientas analíticas y técnicas a los sectores organizados contribuyen, por un lado, a fortalecer su unidad como núcleo organizativo de la sociedad civil, y por otro, a ampliar las posibilidades de construcción de alternativas participativas, transdisciplinares y multiactorales orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida urbana en las comunidades marginalizadas, al tiempo que promueven el empoderamiento de las mismas.

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LAS POLITICAS PÚBLICAS: OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El problema que enfrenta la institucionalidad estatal argentina es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar un resultado, sino ya al momento de diseñar la política. Las estadísticas oficiales de hechos vitales, salud y educación son difundidas en el mejor de los casos con un año de atraso. La información de indicadores de salud por su nivel de desagregación no permite conocer las realidades locales. Es posible constatar la falta de información sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo relativo a políticas y programas de salud mental. Del mismo modo que los organismos internacionales determinan los deficits de los sistemas de atención a la salud mental a través de las brechas de tratamiento y aun cuando no se dispone de estimaciones precisas se habla de brechas de información, que expresarían la distancia entre la información necesaria y la efectivamente disponible (OPS, 2009). Desde el mes de diciembre de 2007 se conforma la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, con el objeto de instalar en agenda la necesidad de contar con una legislación que brinde el marco normativo para la transformación del sector. En los meses de octubre y noviembre de 2010 se aprobaron sendas leyes de salud mental en la Provincia de Córdoba y a nivel nacional. Ambas proponen la transformación progresiva en los sistemas de atención a los problemas de salud mental de la población. Desde la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos se afirma que la legislación es un marco necesario pero no suficiente, en tanto se constata que las princiales violaciones a los derechos humanos se producen en situaciones concretas. El presente proyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de información que permita conocer la transformación de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la ley 9848 de Salud Mental en el mes de octubre de 2010. Una vez logrado este objetivo legislativo, se pretende monitorear la gestión con la formulación de los siguientes interrogantes: ¿a través de qué indicadores medir, evaluar y monitorear si la producción de los servicios de salud mental se lleva adelante desde la perspectiva del enfoque de derechos sancionada en el marco normativo vigente?; ¿cuáles son los indicadores que desde dicha perspectiva los organismos estatales de producción de servicios deben elaborar para el compromiso de acción y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía? ¿cuáles son los indicadores que la ciudadanía debe reclamar a los fines de monitorear el cumplimiento de dichos compromisos? La puesta en marcha del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos permitirá analizar las políticas y programas de salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos y avanzar en el monitoreo de la producción de los servicios de salud mental. Objetivo General: analizar y hacer visible el cumplimiento de los objetivos sancionados en la ley 9848 de Salud Mental a través de la observación, el monitoreo y la incidencia en las políticas de salud mental de la provincia de Córdoba. Metodología: la construcción de indicadores de derechos humanos para la salud mental. El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos pretende dar cuenta de las transformaciones que van a ocurrir a partir de la sanción de la ley 9848. Los resultados esperados están ligados a la producción y difusión de información sistematizada sobre las transformaciones en salud mental, a la vigilancia y el análisis del efecto/impacto de las políticas e incidir en las decisiones. El Observatorio pretende reconocer e integrar la información disponible y proponer indicadores que den cuenta de la situación inicial al momento de la implementación de los marcos normativos y permitir el monitoreo de las transformaciones emergentes.