3 resultados para monopolio

em Universidad de Alicante


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La gestión del servicio de abastecimiento de agua es un tema de muy relevante y de plena actualidad, no solo en España sino a nivel mundial. En España, desde la forma de prestación del servicio a través de la gestión directa o la gestión indirecta, o el tipo en sí de gestión indirecta que se desarrolle –empresa privada, pública o mixta- dan como resultado prácticamente tantas situaciones como ayuntamientos existen ya que la competencia es municipal, según reconoce la Ley de Bases de Régimen Local. La heterogeneidad de circunstancias de gestión de los recursos hídricos, la fragmentación de un sector clave y la falta de indicadores comparables entre diferentes opciones para la prestación de este servicio, parece indicar la necesidad de apostar por la creación de un ente regulador independiente dada la naturaleza monopolística del sector del abastecimiento y el saneamiento, junto con el carácter esencial del bien que se gestiona. Mientras que las instituciones gubernamentales dictan las políticas generales a través de leyes y reglamentos, los operadores -públicos, privados o mixtos- son los responsables de prestar los servicios a la población, y sería el órgano regulador quien velaría por el cumplimiento de las normas. El MAGRAMA está estudiando la posibilidad de elaborar una Ley sobre el Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano con las dificultades que esto tiene en consideración a las competencias de las Comunidades Autónomas, lo que sin duda ayudaría a homologar la gestión del agua urbana en España, regulando un monopolio natural, ahora en manos de más de 8.100 municipios y un reducido número de empresas concesionarias, auténticas detentadoras de estos servicios. En este trabajo tratamos de analizar las ventajas que supondría para España contar con una agencia de regulación similar a las existentes en numerosos países, tanto europeos como de América Latina.

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El cambio climático está alterando el comportamiento de los ciclos hídricos en diferentes partes del planeta y amenaza con fuertes repercusiones en la vida de muchas especies, incluida la humana. Sobran evidencias de que el estilo de vida y las formas productivas de la sociedad actual, principalmente de los países desarrollados, están contribuyendo a acelerar el cambio climático, posiblemente hasta niveles que rebasarían la capacidad de asimilación de la biota del planeta. Ante las alarmantes evidencias del problema ambiental en general y del problema hídrico en particular se han iniciado gestiones encaminadas a disminuir en lo posible las causas humanas. Pero la distribución de responsabilidades todavía entraña serios inconvenientes tanto a nivel internacional, como regional y local; uno de los desafíos es determinar el valor económico de los recursos afectados, como referencia para establecer compensaciones, prioridades, planes de gestión y también contribuciones por parte de los mismos beneficiarios de los recursos hídricos. En el presente estudio se ha analizado la situación particular de riesgo para un páramo andino, el Parque Nacional Cajas, fuente de agua que, potabilizada por una empresa estatal, cubre los requerimientos de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Con base en la teoría actual, el método de valor contingente resulta ser, si no el óptimo, uno de los más adecuados para estos casos. Mediante una muestra de familias usuarias del servicio y aplicando el modelo dicotómico de doble límite, se estableció en 3,44 USD el valor económico promedio asignado por las familias encuestadas. Los estadísticos de precisión dieron la razón en buena medida a las predicciones de Hanemann et al., y el valor resultante, comparado con el obtenido en otros países en desarrollo, presentó correlaciones altas con los PIB per cápita respectivos. Pese a haberse procedido canónicamente, en este estudio se planteó la hipótesis de que la DAP no mide el real valor económico del bien cuando se trata de un monopolio estatal, y se constató que el 91% de los encuestados, aunque con claras manifestaciones de disconformidad, finalmente se resignaron a pagar valores mayores al máximo DAP que declararon previamente, con lo cual se falsea este último como medida del valor económico, al menos en la perspectiva de la teoría utilitarista.

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Este artículo constituye una aproximación al análisis de la estrategia adoptada por el Gobierno republicano para asegurar durante la guerra civil española el suministro continuo de productos petrolíferos con los que alimentar la maquinaria bélica y el sector de economía civil residual. Se apoya, fundamentalmente, en la documentación depositada en el Archivo General de la Cía. Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A. (Campsa) al que el autor ha tenido acceso gracias a la colaboración de su dirección y al apoyo del B. de España. El testimonio de testigos directos ha contribuido a colmar una parte de las lagunas documentales encontradas en la investigación.